Los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, Sindicato que nuclea a los electricistas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), nos sentimos orgullosos y agradecidos de nuestros hermanos mejicanos, que nos invitan a participar de este importante encuentro sobre las privatizaciones, en especial del sector energía eléctrica.

Traemos nuestra experiencia en este trabajo que pretende humildemente reflejar las vivencias que protagonizamos, con avances y retrocesos para que todos los participantes puedan evaluar, analizar y criticar. En ese sentido esperamos aportar algo nuevo, algo importante.

Pero de lo que estamos seguro es que podemos aprender como trabajadores organizados, que venimos a escuchar y compartir a Méjico, un país glorioso por sus luchas obreras y populares, en estos días reúne a compañeros de diferentes latitudes y tradiciones.

Nuestra responsabilidad se acrecienta porque resulta ineludible la obligación de arrimar a este Congreso de trabajadores, cuáles han sido los elementos esenciales que han caracterizado al proceso de desnacionalización, venta, aniquilación y entrega de valiosas empresas de servicio público, que ahora dan grandes ganancias a los privados y desocupación, hambre y condiciones aberrantes a sus trabajadores.

Finalmente, también estamos seguro que las consignas fundamentales de organización, solidaridad internacional y unidad van a sellar nuestra amistad y compromiso.

En 1976, con el inicio de la Dictadura Militar, encontramos los antecedentes de la aplicación del actual modelo neoliberal de nuestro país.

La llegada de las FFAA al poder significó, la eliminación de cualquier tipo de oposición, que entorpeciera la conformación de un reducido sector -local y extranjero- beneficiado por los lineamientos fundacionales de una política económica netamente liberal. Dicha política, profundizada a fines del los ochenta, determinará la mayor concentración de riquezas en pocas manos en la historia argentina.

Como dice Daniel Aizpiazu, en su libro El Desarrollo Ausente:

Situamos en este periodo el inicio del vaciamiento de las empresas de servicio público

Nuevamente citamos a Aizpiazu, quien al respecto escribe:

"La administración de gobierno que asumió a mediados de 1989 devino en la profundización de ciertas acciones y orientaciones de las políticas públicas que han coadyuvado a modificar radicalmente algunos de los ejes ordenadores de la economía e, incluso, a sentar ciertas bases sustantivas de un proyecto de mediano y largo plazo estructurado sobre nuevos patrones económicos – sociales. Al respecto la remoción de una amplia gama de mecanismos regulatorios, la liberalización del mercado cambiario, el fuerte debilitamiento del poder del Estado, la apertura externa de la economía, el reconocimiento teórico de las fuerzas del mercado como asignadoras naturales de los recursos, la creciente desregulación del mercado del trabajo, y la consiguiente pérdida de conquistas laborales de vieja data son, entre otras cosas, algunas de las transformaciones que se han ido sucediendo desde fines del decenio de los años ochenta y que, como tales, han alterado por completo el contexto operativo de las firmas. Así, a principios de los noventa, parecen replantearse con mayor profundidad gran parte de las líneas centrales de la política económica implementada bajo la dictadura militar que, con ligeros matices e instrumentos variados, también procuró consolidar nuevas condiciones fundacionales del desenvolvimiento económico y social del país.

A poco de asumir el gobierno, Menem, a través de la Ley 23696 de Reforma del Estado, impulsa el proceso de privatización más acelerado y masivo del mundo occidental.

En menos de tres años (1990-1993) son desestatizadas las principales empresas públicas. De esta forma, a partir de 1990, el gobierno, en un año, se despojó de las empresas nacionales de telecomunicaciones, de aeronavegación, las tenencias accionarias de la industria petroquímica, áreas centrales y secundarias de la explotación petrolífera, más de un tercio de la red nacional de carreteras, el ramal ferroviario Rosario-Bahía Blanca (más de 5.000 Km), etc.

Asimismo y, a pesar de no haberse cumplimentado el programa original, entre 1992 y 1993, el proceso de privatizaciones más vertiginoso siguió con la venta del transporte y distribución del gas natural, de la energía eléctrica (generación, transporte y distribución), de Obras Sanitarias de la Nación, de los elevadores portuarios, de las dos empresas siderúrgicas integradas así como la continuidad y profundización de los procesos ya iniciados en materia de explotación petrolífera de áreas centrales y secundarias - se le adiciona la privatización de refinerías, oleoductos, destilerías y otros activos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.) -, la privatización parcial de la propia Y.P.F., de ramales ferroviarios, de la red caminera, de tenencias de acciones en empresas industriales(Petroquímica Río III, Carboquímica) de empresas del área de Defensa y de otros muy diversos activos (como el Hipódromo, el Mercado de Hacienda de Liniers, más de 5.000 inmuebles, etc.).

Desde los orígenes de la industria eléctrica en el país (1877) hasta mediados de la década del 60’, la tendencia reinante fue la progresiva concentración de los servicios bajo el dominio de unas pocas empresas, integradas inicialmente por concesionarias privadas, contando a partir de mediados de siglo con una participación creciente del Estado Nacional.

Aún cuando en lo que se refiere al dominio de las instalaciones, los organismos estatales, desplazaron casi totalmente a los entes privados, aunque en los últimos 25 años se ha ido avanzando hacia una descentralización, tanto en la etapa de la generación como en la distribución, dando origen a la intervención de numerosos organismos Provinciales en la prestación del servicio eléctrico.

Esta diversidad de entes prestatarios se superpone a la existencia de tres jurisdicciones regulatorias que son: la nacional, la provincial y la municipal. El proceso de descentralización de los últimos años ha modificado sustancialmente la importancia relativa de estas jurisdicciones, dentro de la industria eléctrica, especialmente en lo relativo al proceso de la distribución de la energía.

Los entes provinciales aumentaron su participación en la facturación eléctrica en el País, pasando del 9% al 35% entre 1966 y 1990.

Pero más allá de la transferencia de servicios de una jurisdicción a otra, como ha sucedido en la última década, la descentralización se produjo también el ámbito de la jurisdicción nacional.

La política de desarrollo de los recursos hidroeléctricos del País y de la generación nuclear se implementó fuera de la estructura de las dos grandes empresas nacionales (integradas verticalmente), dando origen a una serie de entes de diversos status jurídicos, todos ellos dependientes del Estado Nacional pero con dependencia funcional diversa.

Todos los entes generadores se ceñían, en lo que respecta a la operación del sistema, a la regulación y despachos establecidos por la Secretaría de Energía y el Despacho Nacional de Carga. En relación con la naturaleza jurídica de los entes, también existía una amplia diversidad ya que coexistían entes de la administración Central, autárquicos, sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, entes provinciales, cooperativas, entes binacionales, particulares, etc.

Las empresas eléctricas agobiadas por su pésima administración, por su utilización como instrumento de recaudación fiscal, por su enorme endeudamiento y por los excesivos costos originados en los precios pagados a contratistas, fueron deteriorando su desempeño en los últimos años lo que condujo a una importante crisis de abastecimiento.

Los signos mas visibles de la crisis en la faz técnica son: la alta indisponibilidad del equipamiento térmico de generación, que obligó a racionar el consumo en 1988/89 en condiciones de bajos aportes hidráulicos y con la salida de funcionamiento de una central nuclear; con el aumento de las pérdidas de distribución, hasta alcanzar el 23% de la facturación y las demoras en los plazos de ejecución de obras, el sector comenzó a transitar un difícil camino de crisis.

Pero los orígenes del deterioro técnico, son fundamentalmente las dificultades económicas y financieras que las empresas eléctricas que tuvieron que atravesar en los últimos 20 años.

Dicho deterioro no puede ser analizado con independencia del contexto en el cual se ha desenvuelto la economía desde 1976.

Este período se caracteriza por una persistente recesión económica, con una pérdida del ingreso per cápita del 23% entre 1974 y 1990, acompañada por un proceso de desindustrialización creciente. Simultáneamente se produjo un cambio estructural en la actividad industrial y una progresiva concentración de riqueza cuya consecuencia natural fue un acentuado deterioro social de importantes capas de la población argentina, acrecentada aún más por la alta inflación interna (con picos superiores equivalentes a 4000% anual).

La industria eléctrica sufrió como el resto del sector industrial, el impacto de este deterioro económico y social a través de una disminución brusca del ritmo de crecimiento de sus ingresos reales, la inmovilización de activos que le produjo un plan de obras sobredimensionado para las nuevas características del mercado, el incremento de robos y conexiones clandestinas y las políticas macroeconómicas implementadas por los gobiernos para manejar la crisis, en especial por la tendencia a implementar una pésima política tarifaria y a cargar sobre ellas impuestos provocando el ahogo financiero de las empresas del sector.

Durante este período se sucedieron distintos planes de ajuste económico destinados a controlar la inflación y a lograr el cierre de todas las cuentas fiscales. Simultáneamente se restringieron, y en ciertos casos períodos se eliminaron, los aportes del Tesoro Nacional a las empresas eléctricas, obligándolas a endeudarse, a reducir los gastos en mantenimiento.

La falta de financiamiento de las empresas eléctricas se agravó aún más a partir de 1989 con la eliminación de los fondos específicos provenientes de los impuestos al consumo de combustibles que históricamente constituyeron unas de las fuentes de financiamiento más importante para el desarrollo del sector.

Estas políticas nacionales se dieron con un contexto financiero internacional especialmente desfavorable para las características de la industria eléctrica. La mayor disponibilidad de fondos en el mercado internacional de capitales durante la segunda mitad de los 70’ se registraba en la banca privada, dispuesta a otorgar préstamos a corta duración y a tasas de interés variables. Dado ese ahogo financiero, las empresas eléctricas argentinas se vieron forzadas a contraer préstamos externos en estas condiciones, aún cuando su responsabilidad en la generación de la deuda externa argentina no es superior a la de otros sectores económicos privados. El posterior incremento de la tasa internacional de interés deterioró aún más la situación económica y financiera de las empresas, que a comienzos de los 80’ y en contexto de -la crisis de la deuda externa- debieron recurrir al mercado local de capitales tomando préstamos en condiciones igualmente desfavorables.

El Marco Regulatorio es el instrumento base para las privatizaciones. En Argentina se instaura para la electricidad mediante la Ley Nacional Nº 24065, que fija las reglas de juego para otorgar otro elemento fundamental para atraer los capitales privados: la seguridad jurídica, que es la salvaguarda que hace prácticamente imposible por razones políticas y económicas la reestatización futura que podrían llevar a cabo otros gobiernos de signo distinto. O también las restricciones futuras y/o cambio en sentido negativo con respecto a las condiciones que determinan variables sensibles como las tasas de ganancia y de retorno de la inversión prefijadas al comienzo de la privatización.

Una buena descripción sintética del Marco Regulatorio de Argentina, la realiza Daniel Enrique Capece, Gerente de Organización y Desarrollo de EDESUR S.A. en Revista del CIER (Comisión de Integración Regional)-Año V, Nº 15, marzo 1996.

"El instrumento está destinado a regir la industria eléctrica bajo una organización institucional y un régimen de propiedad absolutamente diferente del vigente hasta fines de 1991. En lo institucional se propone realizar la máxima participación horizontal y vertical de las empresas para facilitar la competencia, mecanismo elegido para promover la eficiencia en el sector. En relación al dominio es intención de las autoridades que el Estado Nacional se retire de la industria eléctrica transfiriendo sus activos al capital privado.

Mediante estos cambios, inspirados en gran medida en las reformas de Inglaterra, la ley enuncia una serie de objetivos tales como:

• Proteger los derechos de los usuarios.
• Promover la competitividad de los mercados y alentar inversiones privadas para el suministro a largo plazo.
• Promover la operación confiable y el libre acceso a los servicios.
• Regular las actividades de Transporte y la Distribución asegurando tarifas razonables."

En la misma fuente, el autor citado describe a los actores potenciales que se crean en el Marco Regulatorio:

• Generadores, sean independientes, del Estado Nacional, de los estados Provinciales, entes binacionales o empresas eléctricas extranjeras vinculadas por interconexiones internacionales.
• Demandantes, sean Distribuidores, Grandes Consumidores o empresas eléctricas extranjeras interconectadas.
• Transportistas, ( a través de la creación de una empresa de Transporte, llamada TRANSENER S.A.
• Organos reguladores, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (Cammesa)."

A su vez el Ing. Carlos Bastos, que tuvo a su cargo la Secretaría de Energía de la Nación, bajo la órbita del Ministro Domingo Cavallo y del Presidente Menem, ejecutor y también responsable principal del diseño de esta privatización, en su libro Transformación Sector Eléctrico Argentino, Editorial Antártica, dice sobre el Marco Regulatorio:

Tomando citas de Marta Hesse (1991) expresa que esta especialista... "señala algunas tendencias en la industria eléctrica de estos tiempos que vale la pena mencionar. En primer lugar, se destaca la creciente competencia, manifestada principalmente en la generación, mientras que en el transporte y distribución se puede observar cierta competencia por comparación (yeardstick competition). En segundo término, se menciona el descubrimiento del marketing, donde debido a la amenaza de la competencia los generadores se esfuerzan más por conseguir contratos con distribuidores y grandes usuarios.

Y agrega también de Hesse: ...la razón que fundamenta la regulación económica es la protección frente a los abusos de poder del mercado y no el proteger de la competencia a las empresas reguladas, ni que el criterio de los funcionarios (reguladores) reemplace al de los directivos (managers). "

Afirma más adelante Bastos que:..."el espíritu general de la regulación en el nuevo ordenamiento económico institucional del sector eléctrico argentino incorpora estos elementos innovadores de la regulación en donde se pretende controlar a las firmas reguladas a través de la verificación del cumplimiento de obligaciones, sujeto a penalidades e incentivos, sin necesidad de inmiscuirse en la función de producción de la empresa, ni en su estructura de costos o metas de inversión.

Si uno de los objetivos principales de la transformación es la promoción de la competencia ¿cómo introducir competencia en un mercado cautivo como el de la distribución? En el caso de SEGBA (Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires), la distribución se vio sometida a tres nuevas fuentes de introducción y/o simulación de competencia. En primer término, la división horizontal de la actividad (tres prestadores donde antes había uno) permitirá la competencia en comparación. Las ventajas de esta división horizontal no se limitarían solamente a la eventualidad de que los usuarios y el regulador reclamen en función de la prestación de la otra empresa que brinda servicios en condiciones similares. También esta acción permitirá que en le futuro, si la tecnología evoluciona de forma tal en que el servicio ya no es definido como monopolio natural en su ámbito de incumbencia, el sector queda estructuralmente mejor preparado para la interacción competitiva futura. En segundo lugar, el sistema de incentivos y penalidades que se describirá más adelante está diseñado de forma tal que simule lo mejor posible condiciones competitivas en la prestación del servicio. Finalmente, y quizás esto sea lo más importante en cuanto a los impactos más inmediatos, parte de los clientes que antes eran cautivos (los grandes usuarios) ahora pueden optar por abastecerse por la fuente tradicional, vía distribuidor, o hacerlo a través de proveedores alternativos que sean agentes del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) y que esté dispuesto a vender excedentes.

La regulación a través de incentivos en la etapa de distribución debe ser complementada con la regulación en el transporte, actividad que también aparece en condiciones monopolísticas. La clave del esquema propuesto para el transporte yace en la definición de acceso abierto de la red, con la consecuente obligación de transportar por parte del concesionario o propietario de la línea. Esto se ha complementado con un adecuado sistema de precios que permita una remuneración justa a esta actividad y con mecanismos preestablecidos para facilitar la expansión de capacidad del sistema.

La instrumentación de la regulación fue pensada a través de organizaciones que están interrelacionadas entre sí. En primer lugar, el rol de establecer las políticas del sector y las normas que regulan a la actividad queda reservado al ámbito de la SE (Secretaría de Energía de la Nación). ....el CFEE (Consejo Federal de la Energía Eléctrica) maneja, como en el pasado , las cuestiones con las provincias y la administración de los fondos especiales. Dos nuevos agentes aparecen en escena. La regulación física de las operaciones de despacho y la administración del mercado recae sobre CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), organismo que se crea sobre la base del Despacho Nacional de Cargas pero que se transforma en una sociedad anónima representada por todos los grupos integrantes del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) junto al Estado Nacional. Finalmente, el ENRE (Ente Nacional de Regulación Eléctrica) tendrá amplias funciones de poder regulatorio, en especial en cuanto a las connotaciones económicas relacionadas a aspectos tarifarios, entrada a la industria, verificación y control de metas de calidad, y solución de conflictos entre partes."

"Las bases en que se fundamenta el funcionamiento del sector es la conformación de: un mercado de energía eléctrica; un sistema de establecimiento de precios; y un administrador de dicho mercado.

El MEM es el punto donde converge la oferta con la demanda, para definir el precio de la energía como el costo marginal de la última máquina, que fue requerida para abastecer a dicha demanda. Se entiende que dicho valor, representa precisamente el precio que los compradores están dispuesto a pagar por sus requerimientos de energía.

El funcionamiento del MEM se sustenta en dos aspectos: la prestación y la recepción del servicio. En la prestación se reconocen los tres segmentos de actividad: producción, transporte y distribución (industria eléctrica).

La recepción del servicio está representado por los grandes (clientes) usuarios que pueden comprar en forma directa al MEM y los medianos y pequeños clientes que compran a las compañías de distribución.

• En la producción de energía, la generación térmica funciona en libre competencia, es decir los precios menores desplazan a los más altos. La generación hidroeléctrica y nuclear están sometidas a lo que establecen los contratos de concesión. La producción está abierta a todos aquellos que deseen efectuar inversiones de riesgo.
• El transporte es una actividad definida como "servicio público". Tiene la obligación de brindar libre acceso a sus redes, para que pueda transitar la energía de generadores a distribuidores y grandes usuarios. No puede intervenir en la compra ni en la venta de energía eléctrica. Está relevada de la obligación de expandir la red pero puede participar en nuevas construcciones. Los recursos para la explotación y la expansión del equipamiento de transporte, provienen de quiénes utilizan el servicio: generadores, distribuidores y grandes usuarios.
• La distribución ha sido definida como "servicio público" y debe cumplir con las obligaciones que les impone un contrato de concesión. Debe abastecer a toda la demanda en su área de concesión en condiciones de calidad y precios establecidos. El distribuidor debe asegurarse en forma permanente el abastecimiento de energía, su confiabilidad y su calidad para asegurar también estas condiciones a sus propios clientes.
• El MEM argentino dispone de señales económicas que tienden a aumentar la eficiencia:
• El precio de la energía surge como convergencia de la oferta y la demanda y tiene un papel importante como mecanismo asignador de recursos.
• El mercado esta ubicado en un punto geográfico que representa el "baricentro" de la demanda. Los tránsitos hacia y desde ese punto se hacen en función de los precios de nodo.
• Lo servicios adicionales que se brindan en el MEM se remuneran a quiénes los prestan y se cobran a quiénes los reciben (frecuencia, tensión y potencia).
• El riesgo de no abastecer la demanda configura un precio adicional que induce a aumentar la oferta.
• La comercialización de la energía dentro del MEM se efectúa a través de tres formas diferentes:
• Mercado Spot: donde los precios varían en forma horaria de acuerdo a los requisitos y disponibilidad de equipos que haya en cada momento. El ingreso de máquinas para abastecer la demanda se hace con un orden prioritario de costos, es decir entran en servicio primero las más económicas hasta cubrir la potencia más las reservas y las que no son requeridas quedan sin operar. En este mercado existe un reconocimiento para la energía en función de los costos de combustibles y otro para la potencia que representa los costos fijos.
• Mercado Estacional: Se definen dos períodos semestrales en el año, con fecha de comienzo el 1 de Mayo y 1 de Noviembre relacionados con las épocas de hidraulicidad. En cada período estacional se define un precio estabilizado de la energía, en función de lo que se espera costará en esos 6 meses. Los distribuidores pueden comprar a ese precio y las diferencias que surgen con respecto a los precios reales que se produjeron en el mercado spot, se cargan al período siguiente.
• Mercado a Término: Se establece entre generador y distribuidor o gran usuario con la firma de un contrato. Se determina las condiciones de entrega de la energía y de pago, como así también los plazos de vigencia y los resarcimientos de una de las partes por incumplimiento de la otra. Los precios se pactan libremente.

A las empresas privatizadas, las crisis no las afectan. Siguen acumulando ganancias a pesar del efecto Tequila, la recesión, el derrumbe asiático, el colapso ruso o las devaluaciones de Brasil. Crecen en monopolios naturales, obtienen (des)regulaciones a medida, pueden renegociar contratos, lo que deviene en aumentos en las tarifas, las cuáles están dolarizadas. Consolidaron todas un núcleo de poder ante la ineficacia de los entes reguladores.

En el caso de las eléctricas la realidad demostró que las prevenciones que muchos creyeron tener con respecto al cuidado y control sobre los monopolios y consecuentemente, la defensa del usuario cautivo, para nada surtieron efecto.

Por ejemplo, la concentración monopólica se concretó entre los segmentos de generación, transporte y distribución a pesar de la Ley Marco Nº 24065.

Y no es nada secreto, la multinacional Camuzzi en la revista especializada Mercado Eléctrico de Febrero de 1998, declara por medio de su Gerente General, Ing. Juan José Mitjans que su negocio es integrado y la publicación detalla todos las unidades de negocio del grupo, de la siguiente manera:

Generación Hidroeléctrica: Hidroeléctrica Ameghino (46 MW)

Generación Térmica: Central Piedrabuena (640 MW);

Energía del Sur (77 MW).

Transporte: Transpa S.A. (1900 Km. en líneas de 330 kv, 132kv y 11 estaciones transformadoras.

Distribución: EDEA S.A. sirve a más de 350 mil clientes directos en la costa atlántica.

EDERSA: 127 mil cliente en la provincia de Río Negro, que a su vez también dispone de instalaciones dedicadas a generación y transmisión.

Además, relacionados con el sector energía son propietarios de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, ambas compañías distribuidoras de gas natural abastecen aproximadamente el 30 % del consumo de gas de Argentina.

Las tarifas bajaron y la demanda esta satisfecha a costa de que se transfirieron activos valiosos del Estado a precio vil. Otra ventaja sustantiva fue que se partió de un piso muy alto de tarifas y la incorporación de tecnología moderna en generación térmica jugó a favor para que parte de esa super-extraordinaria ganancia que reporta el sistema de costo marginal, se trasladase a un mejora en el precio final de la electricidad.

Frente a la fuerte ofensiva del capital en su proceso de concentración a través del proceso privatizador argentino fue determinante la actitud de los Sindicatos del sector. Solo en contadas excepciones los diferentes gremios que agrupaban a los trabajadores de las empresas públicas resistieron tenazmente la política neoliberal. No es casual que los dirigentes de las grandes Federaciones de trabajadores se sumaran al planteo de ¨participación privada¨, que ofrecía el modelo social de mercado. Para ello bastó con hacerlos socios del desguace y la venta de los activos públicos. Y conformar así el nuevo "sindicalismo empresario".

Si se analizan las posiciones históricas de las cúpulas sindicales de los electricistas argentinos nucleados en la FATLYF (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza), organismo gremial de segundo grado, que agrupa a casi todos los sindicatos provinciales y regionales del país, resulta conveniente dividir el proceso de los últimos 50 años, en dos etapas.

La primera es aquella donde sintéticamente la posición centraba en un fuerte y excluyente estatismo, que incluía conceptos como empresa nacional, estatal, única e integrada, con representante obreros en el directorio y cogestión. Estas definiciones fueron las que dominaron las deliberaciones de todos los congresos de la FATLYF y se forjaron a partir de la posguerra y el formidable desarrollo de las estatizaciones que se llevaron a cabo con los primeros gobiernos justicialistas y siguieron con otros, inclusive con administraciones militares y dictatoriales surgidas de golpes de estado. A propósito de las dictaduras militares (1966/1973) y (1976/1982) estos sindicalistas empresarios de los 90’, por aquellos años, desarrollaron una política denominada sindicalismo participativo y dialoguista, mientras las fuerzas armadas y la derecha nativa llevaban a cabo una feroz represión con cárcel, tortura y desapariciones de muchos lucifuercistas.

En los años 40’ y décadas subsiguientes Argentina sufría carencias severas de abastecimiento eléctrico, tarifas caras y pésimo servicio de los empresarios privados. Después del año 1945, el Estado Nacional y algunos Estados provinciales destinaron grandes recursos y esfuerzos para lograr el siempre ansiado equilibrio entre la oferta y la demanda de energía y eliminar esa traba al desarrollo económico y social de Argentina. Acompañando a la expansión del petróleo y del gas, el subsector de la electricidad crecía en nuevas presas y usinas hidráulicas, centrales térmicas y líneas de alta tensión que hoy son la base del sistema de transmisión. Y por supuesto, la distribución se desarrollaba bajo el concepto constitucional donde la electricidad es un derecho de todos los ciudadanos, más allá de su condición social o su asentamiento geográfico.

Es más, con el justicialismo nuevamente en el poder, con Menem presidente, se nombra en enero 1990 a Carlos Alderete (entonces Secretario General de FATLYF) como Presidente Interventor de Agua y Energía Eléctrica de la Nación (AyEE), la mayor empresa estatal del rubro en Argentina. En la Revista Contacto(Marzo de 1990), que es el órgano oficial de la Federación, este dirigente afirma:

" Quien cree, cree para siempre. En los hombres de Agua y Energía se encuentra la gente que cree en la empresa, que trata de avanzar hacia el progreso, para definir la conformación de una empresa federal de energía....."

Y más adelante declara ".....puede afirmarse que Agua y Energía Eléctrica es la base sobre que seguramente se construirá la Empresa Federal de Energía Eléctrica".

En el epígrafe de la foto en que abraza al Presidente Menem se puede leer una frase textual de su discurso: "Cada trabajador de la empresa sabe perfectamente cuáles son las metas y los objetivos a alcanzar. Trabajaremos todos juntos codo a codo para fortalecer AyEE, para sacarla adelante, recuperando aquella mística empresaria que tuviera desde su creación, para ponerla al servicio de la Revolución Productiva que encarna el Presidente Menem".

Pero a dos años estos mismos dirigentes nacionales adoptan posiciones diametralmente opuestas. Menem lidera un proceso de acabado tinte neoliberal y privatista y son ellos como dirigentes obreros los aliados estrátégicos fundamentales. No resisten a la destrucción, entrega y descuartizamiento de AyEE y demás empresas nacionales y provinciales de electricidad, si no que adoptan una táctica dual, esencialmente oportunista.

En Contacto Nº 73 de Agosto 1997, Julio César Ieraci que es el actual Secretario General de FATLYF, expresa en el discurso inaugural del 39º Congreso, entre otros conceptos:

..."todos sabemos que las principales víctimas son los trabajadores, ya que el Neoliberalismo se ha propuesto atomizar al Movimiento Sindical para terminar de extirpar las conquistas sociales y laborales edificadas en el último medio siglo.

Desgraciadamente, esta situación se ve agravada porque el modelo privilegia la "seguridad jurídica" de los inversores extranjeros, pero se muestra insensible ante el drama de los jubilados y de los millones de compatriotas que ven negado su derecho constitucional a un trabajo digno."

Y más adelante consigna:...." Por cierto que nuestro gremio no se resignó a quedar como un espectador pasivo y desesperanzado de este descarnado proceso de transformación, si no que desde el 34º Congreso Ordinario fue diseñando una doble estrategia para, por un lado fortalecer la militancia solidaria y la unidad orgánica en torno a nuestra Organización Sindical, mientras que complementariamente lanzábamos un proyecto empresario encaminado a producir nuevos recursos para ampliar y consolidaar la red de prestaciones sociales que ampara a la Familia Lucifuercista."

....."fuimos enfrentando los procesos de transformación en las distintas provincias con dos objetivos fundamentales: defender las fuentes de trabajo y reclamar por la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75."

El despacho de la Secretaría de Política Energética en ese Congreso, también tiene sus "perlas", por ejemplo:

"...También tomamos parte en el proceso final de privatización de la Dirección de Energía de la Provincia de Jujuy, adquiriendo los pliegos y estudiando todas las alternativas posibles. En el pliego licitatorio se incluyó una cláusula que otorgaba a Luz y Fuerza el "derecho de preferencia" para la compra de un porcentaje del paquete accionario. En los primeros meses de 1997, la Federación hizo uso de esa opción accediendo al control del 30 % de las empresas jujeñas E.J.E.S.A. y E.J.S.E.D.S.A....."Finalmente logramos que la administración de la usina (Central Hidráulica Reyes) quedara en manos del Sindicato, preservando las fuentes de trabajo y firmando un ventajoso contrato por un plazo de siete años."

El despacho se aprobó por unanimidad.

Desde los conceptos vayamos a los hechos y a la realidad. El Sindicalismo empresario que llevan adelante los dirigentes nacionales de la FATLYF, desde el punto de vista económico no es poca cosa. Ahora son por un lado administradores titulares de múltiples emprendimientos privados , abarcando unidades de negocio en generación, en transmisión y en distribución de energía eléctrica. En otros son los administradores de las acciones que el Estado dejó para los trabajadores de empresas privatizadas (Programa de Propiedad Participada). El mecanismo supone transferir parte del nuevo patrimonio privado a los trabajadores dependientes de esas unidades, pero que en los hechos, después de varios años, demuestra que va a resultar una fenomenal estafa para los directos beneficiarios debido a que nunca pueden hacerse del dominio de las acciones o de la posibilidad de vender esos activos que ahora tienen más valor. Además estos sindicalistas-empresarios no han desperdiciado ninguna oportunidad que el modelo neoliberal en Argentina de los 90’ les ha brindado. Son directivos de empresas privadas que ellos mismos han conformado con la FATLYF: de seguros de vida, de seguros de previsión (Administradora de Fondos de Jubilación y Pensión), de seguros sobre accidentes de trabajo, de turismo y ahora encaran en el rubro de la educación universitaria privada.

Pero por otro lado, no abandonan el doble discurso y no se sonrojan cuando siendo empresarios también ocupan la función de representar a los trabajadores como dirigentes sindicales que luchan por los derechos sociales y laborales. En estos últimos años han perdido las más valiosas conquistas laborales conseguidas en medio siglo, porque las empresas privadas de electricidad le han hecho firmar convenios colectivos donde se rebajan salarios, se flexibiliza al máximo las tareas, se amplía la jornada laboral, se pierde la estabilidad y los despidos son moneda corriente. Por supuesto que, a la hora de cumplir su función de patrones (con leves variaciones de forma), adoptan las mismas posiciones y exigen a su personal de igual manera que cualquier empresario privado.

Centrales Térmicas del NOA

Centrales Térmicas Patagónicas

Central Térmica Sorrento S.A.

Central Térmica Guemes S.A.

TRASNEA S.A. Transporte de energía eléctrica

TRASNOA S.A. Transporte de energía eléctrica-Distribución troncal

TRANSPA S.A. Transporte de energía (región patagónica)

CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL DOCK SUD S.A.

CENTRAL P. DE MENDOZA S.A.

EDESUR S.A.(Distribuidora en Buenos Aires)

EDENOR S.A. (Distribuidora en Buenos Aires)

EDELAP S.A. (Distribuidora en Buenos Aires)

GECOR S.A. (Generadora Córdoba S.A.) cuyo titular es el Sindicato de LyF de Villa María, por concesión de EPEC.

La ley nacional 23.696 de Reforma del Estado preveía el procedimiento -Programa de Propiedad Participada- por el cual, el personal de los entes o empresas públicas afectados por una privatización (en algunos casos los usuarios y/o productores vinculados a estas empresas) adquiriesen acciones de las nuevas sociedades a constituirse, participando por lo tanto de la propiedad y las ganancias de la mismas, que en primer lugar deben destinarse al pago de las acciones.

De esta forma las empresas privatizadas funcionarían como sociedades anónimas (S.A.) en las que el capital estaría representado por acciones de las cuales pueden ser dueños o titulares diversas personas (accionistas) incluido el personal de las empresas en forma voluntaria.

De semejante y complejo mecanismo, ahora en 1999 algunas cosas van quedando claras:

1. Los PPP nunca cumplieron el declarado propósito de dar participación en la conducción de las empresas privatizadas.
2. Los verdaderos objetivos fueron otros: evitar que los empleados de las empresas estatales resistieran el traspaso a manos privadas y entregar una arma poderosa a los sindicalistas amigos. De paso, amortiguar la reacción obrera a las olas de despidos que sobrevenían después de cada privatización.
3. En el caso de Luz y Fuerza, los PPP le sirven a los sindicalistas para estar en todos los directorios de las empresas que pueden competir con ellos (como dueños que son, de varias centrales y empresas del sector eléctrico argentino).

El modelo neoliberal cambió la economía y la sociedad hacia la estabilidad de precios, el enriquecimiento de unos pocos y la exclusión social de miles de argentinos. El producido de las ventas de los activos estatales no disminuyó la deuda externa que pasó de 60 mil a 130 mil millones de dólares; tampoco los fondos fueron a mejorar educación, salud, seguridad y justicia. Los desocupados del sector estatal sumaron 280 mil, con 30 mil de ellos provenientes de la industria eléctrica. Consecuentemente se despojó a los trabajadores de sus más elementales derechos, flexibilizando al máximo las condiciones laborales, congelando y disminuyendo salarios.

La virtual separación establecida en la ley marco, no se produjo. Ahora existe una gran monopolización vertical y horizontal en la rama energética, donde los productores, transportistas y distribuidores de energía primaria (gas y petróleo) son en muchos casos generadores, transportistas y distribuidores de electricidad y se encuentran unidos bajo poderosos grupos nacionales y extranjeros que tornan inservible ese mecanismo legal antimonopolio. A fines de esta década el precio mayorista de la electricidad que había subido en la hiperinflación, bajó sustancialmente (de 50 a 25 U$S/MWh), y la demanda antes insatisfecha fue cubierta por la creciente oferta, gracias a una importante inversión en Generación de más de 4 mil millones de dólares en potencia agregada.

En Transmisión y Distribución, los privados se sirvieron de lo que dejó el Estado y en Febrero de este año la falta de inversión en la Distribuidora EDESUR S.A. (Buenos Aires) dejó a casi media ciudad sin luz por once días, debido a la obsolescencia de las redes y ausencia de controles de parte del Ente Regulador.

Toda táctica o estrategia sindical se asienta siempre en diferentes cuestiones de orden objetivo y subjetivo. Se adopta uno u otro camino, considerando datos, informaciones, saberes, convicciones sobre los que luego se elaboran los análisis para la toma de decisiones. En el primer grupo junto a los elementos objetivos se podría incluir realidad económica de la región, del sector productivo concreto (rama energía y electricidad) y del país en su conjunto; las normativas legales vigentes y el marco jurídico que inciden directamente en la cuestión energética; la fortaleza económica de la organización gremial; el stock de información, formación y capacidad con que cuenta el Sindicato para procesar los asuntos de índole técnico, económico, legal y político.

De carácter subjetivo, tan importantes como las anteriores, se podrían citar la historia y la trayectoria de los trabajadores electricistas; la imagen del Sindicato ante la sociedad, sus luchas anteriores y las actuales junto con el estado de las relaciones que se tienen con otros sectores sociales y políticos que pueden jugar como aliados; los condicionantes políticos, los antecedentes históricos del gremio, las posiciones políticas de otros sindicatos, etc. No menos importante resulta ser el aspecto organizativo interno, la calidad ideológica-política de los dirigentes y de los cuadros directivos propios en todos los niveles. Por otra parte es conveniente auscultar, conocer las informaciones que vienen del lado de los grupos de poder político y económico, tanto nacionales como extranjeros interesados en energía. En suma, hay que tener todo a mano para ver que hicieron, que hacen los que opinan, accionan, inciden y deciden sobre la propiedad y control de las empresas. Otro elemento fundamental es conocer el grado de compromiso y/o de indiferencia del ciudadano común sobre la disyuntiva "estatal o privado". Visto sectorialmente, el grado de pertenencia y adhesión del usuario residencial, del pequeño comerciante o industrial con respecto a la opción privatista, sobre todo en un país donde el Estado no ha sido un ausente o actor secundario en la producción de bienes y servicios estratégicos.

Por último y quizás el más importante, el nivel de conciencia, de convicción, de autoestima y confianza que se tienen los trabajadores electricistas, individualmente y colectivamente organizados para afrontar esta difícil y compleja batalla.

Este listado podrá parecer excesivo o presuntuoso, pero es necesario tenerlo en cuenta por la complejidad del escenario donde se desarrolla el conflicto, ya que excede el marco clásico de confrontación obrera-patronal donde los factores externos no influyen decisivamente, como en esos conflictos cerrados donde se despliega la contradicción entre dos polos y en un marco político-sindical y social mucho más estrecho.

Y con respecto a las acciones sindicales propiamente dichas, se han utilizado y se utilizan la huelga (sin afectar el servicio, pero dejando guardias mínimas e indispensables en los sectores técnico-manuales); el paro activo, que significa a media jornada, el abandono de los lugares de trabajo, la concentración en un lugar del centro de la ciudad y la protesta callejera; todo lo anterior en un plan de lucha más la difusión en los medios de comunicación y campañas de publicidad en radio, tv y diarios con las consignas que explican la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, interesados por objetivos propios y aquellos que tienen que ver con toda la población.

Una de las razones de esta singular conformación se encuentra en el concepto básico de lo que se denomina ampliamente como Servicio Público de Electricidad. Se puede definir a la energía eléctrica, en estos momentos de grandes avances y transformaciones tecnológicas, como un utilitario de uso universal e imprescindible en la producción de bienes y servicios. Resulta casi imposible definir una actividad humana, individual o social sin el aporte de la electricidad, tanto en el campo como en la ciudad, en el sector primario, secundario o terciario de la economía.

Por lo tanto, la discusión es amplia, profunda, compleja y decisiva porque involucra a toda la sociedad en forma transversal y longitudinal, de ahí la importancia de los presupuestos previos a que se hace mención.

Era el año 1992, cuando en Argentina comenzaba a tener vigencia el nuevo Marco Regulatorio Eléctrico(Ley Nacional 24.065), instrumento que básicamente legisla para favorecer la privatización de los activos estatales dedicados a la electricidad y entre otras cosas, introducía mecanismos ampliamente favorables al subsector Generación de electricidad. En consecuencia, con esta licitación provincial, además de favorecer a Bayco con un sobreprecio en una reparación que luego a ella misma le servía, permitía acceder a esta nueva sociedad, que sin riesgo se hacía cargo de la renta de la Generación, con un cliente cautivo y la posibilidad de negociar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), pudiendo agregar más potencia y ampliando así la producción, venta y utilidades en un negocio que deliberadamente el Estado renunciaba y delegaba a un grupo de burgueses locales, asociados a CAT, firma subsidiaria de la multinacional italiana FIAT.

El Sindicato y los trabajadores reaccionaron con denuncias ante la opinión pública e incluso hicieron un formal pedido de investigación ante los Tribunales, para que se determine la responsabilidad de los funcionarios públicos, tanto directivos de la Empresa como miembros del Poder Ejecutivo provincial. Además se declaró una huelga que se extendió por 62 días, donde bajo la figura de "Retiro de Colaboración" los trabajadores colocaban al servicio público en severa situación. Este mecanismo, según las leyes argentinas, consiste en que los trabajadores ajustan sus tareas al estricto reglamento de trabajo y no pueden ser acusados penalmente por abandonar la atención de un servicio público elemental. Por ejemplo, un vehículo que no disponía de las luces reglamentarias de tránsito en buen estado, no entraba en servicio y por lo tanto la cuadrilla que necesitaba ser transportada no salía desde su base y permanecía (sin faltar al trabajo) en estado de asamblea permanente. Lo mismo cuando, por ejemplo, la ausencia de un trabajador enfermo, normalmente supone que otro lo reemplace, en este caso tampoco se cumplía con la orden de trabajo por que la dotación de la cuadrilla o equipo se encontraba incompleta y en esos casos reglamentariamente la empresa no puede obligar a trabajar contrariando sus propios reglamentos en materia de seguridad.

Este tipo de lucha trajo como consecuencia un deterioro avanzado en el estado de las líneas de distribución, la patronal recurrió al personal jerárquico que fue desbordado por el volumen de trabajo. Luego se implementó la contratación de empresas privadas para que realicen los trabajos de reparación de líneas e instalaciones, pero el servicio tampoco mejoraba. Consecuentemente la relación del Sindicato, de sus afiliados, con los ciudadanos también empeoraba porque muchos cordobeses estaban fastidiados con esta medida de lucha.

El Sindicato en una Asamblea histórica, decidió normalizar la provisión de energía a toda la población y en todos los sectores en 48 horas y a su cargo, para demostrar que no son los responsables de los inconvenientes. Los vehículos vuelven a funcionar, los trabajadores cumplen aceleradamente con las reparaciones acumuladas y después se retorna a la modalidad de Retiro de Colaboración o Trabajo a Reglamento y bajo condiciones estrictas de convenio. Otra vez los problemas que agravan el conflicto, pero finalmente el Gobierno cede y firma un acta donde suspende la decisión original, se cancelan los proyectos de concesión, privatización y tercerización de trabajos y se acuerda con los trabajadores formar una mesa de diálogo y concertación.

La acción sindical significó que los gobernantes provinciales fuesen criticados políticamente por amplios sectores de la sociedad (partidos políticos, legisladores, influyentes columnistas de los medios de comunicación, etc). Lo mismo con la plana mayor de la Empresa, que es vapuleada por el desastroso manejo del conflicto.

BAYCO desaparece de la escena y el CAT (Centro de Actividades Termomecánicas), responsable de la reparación de los turbogrupos declara su quiebra económica, se lleva más de 3 millones de dólares que había cobrado de adelanto y deja las máquinas en peor estado que cuando inició su trabajo.

Se enjuicia a los directivos de EPEC y se pide el juicio político al Gobernador de la Provincia, Eduardo César Angeloz, quién con su poder político influye en el Poder Judicial y logra la absolución de los directivos empresarios (que habían sido encarcelados) y se salva de su propio procesamiento y segura destitución.

2) El fraudulento crédito español

En 1994-1996 con los mismo métodos, llevando la discusión al parlamento local, los trabajadores abortaron un crédito fraudulento de la banca española por 45 millones de dólares para pagar una repotenciación de turbinas hidráulicas que costaba realmente un tercio de esa cantidad.

El momento político aconsejaba utilizar la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, en especial cuando se reunían las comisiones legislativas que prestaban acuerdo a los presupuestos anuales de las empresas estatales de Córdoba. Allí los diputados de la oposición recibían con sumo interés los estudios técnicos elaborados por el Sindicato donde se demostraba como era imposible, con los precios actuales de la energía, hacer factible el retorno de la inversión por la repotenciación de las turbinas hidráulicas de las usinas Cassaffousth y Fitz Simons.

Además la profunda investigación llevada a cabo por los trabajadores permitió saber que los ensayos técnicos en laboratorio no arrojaban resultados positivos, ya que la repotenciación (tal cual lo proponía la firma ABB) podría acarrear daños irreparables a la central. Aspectos que, además del excesivo precio, los contratistas ocultaban.

A su vez la contundencia de los argumentos esgrimidos por el Sindicato encontraban eco en los medios de prensa, ponían en duda la decisión de los funcionarios que temían por el alto costo político que significaba aprobar presupuestariamente la obra y como consecuencia, el gremio ganaba en la consideración del público por la acertada defensa de la empresa estatal.

En estos momentos, el crédito llamado "blando" por la banca española, está obturado y las gestiones de las autoridades pasan por su reconducción hacia otros destinos más convenientes y necesarios, mientras el Sindicato se mantiene alerta.

3) El Marco Regulatorio Provincial

Meses antes de octubre de 1996, un sector de la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba se había inclinado por acordar con el Gobierno sobre la posibilidad de instaurar en la Provincia un Marco Regulatorio. Similar al vigente en el plano nacional que posibilite el ingreso de capitales privados en forma parcial o total en el negocio eléctrico que está bajo la órbita de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Los trabajadores reaccionaron con movilizaciones y tomas de los lugares de trabajo, para repudiar las intenciones privatistas de esos dirigentes. El 3 de octubre de 1996, una Asamblea General expulsó al cabecilla de la maniobra y provocó la renuncia de todo ese sector, lo que devino en un adelantamiento de elecciones donde triunfó una lista de unidad que llevaba como consigna principal: "Por una EPEC integrada y estatal".

Entre tanto, el ejecutivo proponía (a través de sus Diputados más fieles) ese modelo de Marco Regulatorio que había sido rechazado adentro del Sindicato y en las calles de Córdoba. El Sindicato además llevó a la oposición otro proyecto que no permitía la desintegración de la empresa estatal y con fuertes protestas que dejaron en la cárcel por algunos días a dirigentes que no se rendían ante la violenta represión policial, el asunto quedó a finales de 1996 como un proyecto trunco, con dos versiones de Marco Regulatorio. Ambos ya sin valor práctico y legal.

Los trabajadores habíamos triunfado políticamente, porque el partido gobernante y sus legisladores no pudieron sacar ningún instrumento básico para comenzar a descuartizar y vender el patrimonio de todos los cordobeses.

En estos días el nuevo Gobierno provincial de Córdoba, más liberal y privatizador que el anterior, sigue con las tercerizaciones de trabajos y servicios que antes brindaba EPEC con su personal y participa de una fortísima campaña impulsada por grandes capitalistas locales, nacionales y del exterior (yankees, españoles, italianos y chilenos) que pretenden la privatización total o parcial de esta empresa que factura 370 millones de dólares anuales.

El ejecutivo al mando del flamante Gobernador De la Sota, del mismo partido y fracción que el Presidente Carlos Menem, designó como Presidente de nuestra empresa EPEC, al Ing. Carlos Bastos (citado más arriba), quién es el "arquitecto" que diseño la desregulación y privatización del sector eléctrico en Argentina. Modelo que es considerado como el más avanzado (desde el punto de vista neoliberal) que se ha implantado en Latinoamérica y en el mundo.

Frente a este panorama el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba se prepara para una decisiva batalla política-gremial donde estos personajes seguramente intentarán aplicar las mismas recetas ya probadas en el resto del país.

Los trabajadores electricistas de Córdoba contamos con elementos de fuerza que -a nuestro entender- se encuentran intactas: nuestra convicciones y el apoyo que podemos lograr de la población cordobesa que no ve con agrado la receta privatista en el servicio público de electricidad.

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba (Argentina)

Alderete, Carlos (1990): Revista Contacto, Marzo.

Azpiazu, Daniel y Nochteff, Hugo (1994): El Desarrollo Ausente, Tesis/Norma/Flacso,

Buenos Aires.

Bastos, Carlos M. y Abdala Manuel A. (1993): Transformación sector eléctrico argentino,

Capece, Daniel E. (1996): Revista del CIER (Comisión de Integración Regional) Año V,

nº 15, Marzo.

Cash, Suplemento económico Diario Página 12

Ieraci, Julio C. (1997): Revista Contacto, nº 73.

Proyecto Argentino (Página Internet) http://proyectoargentino.org.ar

Mitjans, Juan José (1998): Revista Mercado Eléctrico, Febrero.

Verbitsky, Horacio (1991): Robo para la corona, Editorial Planeta, Buenos Aires