EL PROCESO DE PRIVATIZACION DEL SECTOR ELECTRICO EN EL ECUADOR

México D.F., septiembre 1999.

Este fenómeno que recorre el mundo, no puede ser analizado sin el conocimiento de lo que actualmente sucede en cada uno de nuestros países.

La incapacidad del Gobierno y con el de la bancocracia que en las últimas décadas ha establecido una verdadera dictadura financiera sobre el conjunto de la economía.

En la actualidad, la crisis emergió en la superficie en la forma de un déficit fiscal del 6.5% del Producto Interno Bruto en el presupuesto de 1999, producido por las gigantescas asignaciones al pago de la deuda externa y su combinación con la explosión del sistema bancario corroído desde sus cimientos por la lujuria especulativa que desde agosto de 1998 ha llevado al Banco Central a otorgarle un crédito neto superior a los 9,2 billones de sucres, cifra al cambio a la fecha de su concesión equivalente a más de 1800 millones de dólares, acción que ha tenido el efecto de diezmar la reserva monetaria.

La principal causa de la crisis y el déficit fiscal es la asignación al pago de la deuda externa de 2500 millones de dólares, suma que representa más del 45% del Presupuesto General del Estado en 1999. La gigantesca obligación fue contraída en 1994 cuando el equipo económico del Gobierno de Durán Ballén, suscribió el Ecuadorian Brady Deal, canjeando una deuda privada convertida en pública gracias a la "sucretización" realizada en el anterior gobierno demócrata cristiano de Oswaldo Hurtado, valorada nominalmente en 7200 millones de dólares, con un valor real en el mercado secundario no superior a los 1500 millones de dólares, constante en "documentos viejos e ilegales y posiblemente caducados" por bonos de deuda certificados por la Tesorería de los EEUU que constituyen compromisos de pago a 30 años, los cuales implican erogaciones anuales crecientes y constituyen la parte del león de las asignaciones fiscales a la deuda, las que han suprimido toda perspectiva de estabilidad y crecimiento económico y han diseñado el escenario de la crisis actual.

La segunda causa de la crisis es el derrumbe de la superestructura financiera, armada con bajísimos niveles de encaje bancarios, fijados por años en alrededor del 10%, un 20% menos de los niveles mínimos de riesgo aceptables, que les ha permitido multiplicar su capacidad de giro por diez veces sobre los depósitos reales contantes y sonantes.

Sin duda un papel fundamental en la explosión de los bancos ha jugado la teoría subjetiva del valor, en la que descansan las ideologías monetaristas y neoliberales en boga que en sus novísimas versiones conceptúan a la banca como una industria y en consecuencia asumen que sus operaciones contables pueden generar nuevo valor, al margen de la inversión del dinero en el proceso productivo.

Su efecto inmediato y progresivo ha sido la disminución progresiva del superávit comercial y su transformación en un déficit creciente que afecta gravemente el flujo de divisas, asfixiando la reserva monetaria.

A este curso, resultado matemático del opio aperturista neoliberal, se añade la inestabilidad de los precios del petróleo.

Para pagar la deuda y sostener los bancos, no se ha vacilado en imponer la elevación sistemática de las tarifas de los servicios básicos, del gas, la luz y los teléfonos y en suspender durante meses el pago de sus remuneraciones a los servidores públicos, a los trabajadores de la educación y la salud, maestros, médicos y enfermeras, a la vez que ha amenazado con desconocer la legalidad de sus nuevos escalafones, ocasionando la paralización de escuelas, colegios y hospitales y ha estrangulado los desembolsos a los gobiernos seccionales y a las universidades. Por la misma causa, ha sido incapaz de iniciar con la urgencia del caso la reconstrucción del país que continúa sufriendo en el abandono de las devastadoras consecuencias del fenómeno del Niño.

Las reformas laborales generadas en 1991 abrieron la posibilidad de crear un sistema de empleo "formal" precario, bajo el esquema de contratación terciaria, la cual fue asumida por la mayoría de empresarios. Este modelo impide la sindicalización, no garantiza estabilidad alguna y evade el pago salarial legal.

Bajo estas características, las nóminas de las empresas llegaron a tener hasta un 40% de trabajadores contratados bajo este sistema precario, frente al grupo de trabajadores estables, los cuales han garantizado su estabilidad a través de los contratos colectivos.

La magnificación de este sueño dorado de un sector empresario: ausencia de estabilidad, no indemnización, no organización, ha desatado en este período de crisis una ola de desempleo, que según una vocera de las propias Cámaras de la Producción es del orden 7000 despidos diarios.

Nuestro país mantiene una tasa oficial de desempleo del orden del 14% (o del 17% de acuerdo con algunas instituciones independientes), una tasa de subempleo del 65%, lo que indica que apenas un 11 % de la población económicamente activa tiene acceso a un empleo de características formales. La realidad señala que de ese 11 %, un sector importante trabaja bajo las condiciones del precarismo que hemos señalado.

Ecuador no tiene seguro de desempleo y el fondo de cesantía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se puede solicitar luego de cesar 60 días en el empleo y por una sola ocasión.

Algunos estudios señalan que los períodos de desempleo en el sector de formación medio, se amplían hasta dos años y en el sector de baja o ninguna formación hasta un año con períodos de contratación de tres meses y cese posterior.

Una organización de rama señala la pérdida de 700 trabajadores de su área en los últimos 30 días, cantidad que representa por lo menos el 8% de su grupo organizado. La crisis y la recesión que vivimos, agudizada por la estupidez neoliberal que pretende generar dólares a través de la especulación financiera, limitando y/o eliminando la producción, no podrá responder a este grave proceso de desempleo.

El salario mínimo legal se habría comprimido a la mitad, unos 75 dólares mensuales. La dolarización de la economía se ha vuelto un fenómeno irresistible.

En 1961 se crea el Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL– con el propósito de desarrollar los grandes recursos hidroeléctricos que dispone el país y hacer realidad la integración eléctrica nacional mediante la construcción de un sistema eléctrico Nacional Interconectado. En 1970 se inicia la producción petrolera y el INECEL recibe el 50% de las regalías, esta participación en las regalías le significa al Instituto una gran inyección de recursos económicos y se inicia la construcción de los más importantes proyectos hidroeléctricos y el Sistema Nacional de Transmisión.

La ley de Régimen de¡ Sector Eléctrico, LRSE, aprobada por el Congreso Nacional el 18 de septiembre de 1996 define el nuevo rol del Estado, frente a la actividad eléctrica que permite la inversión privada en el mismo. Por el efecto, se crea el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, que en representación del Estado asume las funciones de planificación, regulación, control y fijación de tarifas. Además el CONELEC se encargará de otorgar las concesiones y en general de supervisar y garantizar el funcionamiento del mercado eléctrico.

Se crea el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, responsable de las operaciones técnicas, comerciales y financieras del Mercado Mayorista (MEM).

La ley dispone además, la creación de las Empresas Eléctricas Concesionarias de Generación, Transmisión y de Distribución y Comercialización.

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico, dispone que todas las acciones que el INECEL tiene en las Empresas Distribuidoras sean transferidas al Fondo de Solidaridad, y que las actuales instalaciones de generación y transmisión, se constituyan en empresas privadas de generación y transmisión según corresponda y pasen a ser propiedad del Fondo de Solidaridad.

De acuerdo al mandato de esta Ley, hasta el 31 de enero de 1999 se formaron las siguientes empresas: TERMOESMERALDAS, TERMOPICHINCHA, ELECTROGUAYAS, HIDROPAUTE, HIDROPISAYAMBO, HIDROAGOYAN, EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION Y EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE LA ENERGIA (CENACE)

El 31 de marzo de 1999, culminó la vida jurídica del INECEL, el Gobierno Nacional mediante argucias, sin fundamento ético y legal pretende desconocer el derecho al trabajo y a la vida digna de 1112 trabajadores de INECEL, a través del despido masivo y la confiscación de sus ingresos.

EL PROCESO DE PRIVATIZACION DEL SECTOR

La primera etapa del proceso está cumplida, es decir las empresas de generación están operando como sociedades anónimas. El CONSEJO NACIONAL DE MODERNIZACION -CONAM- ha seleccionado el Banco de Inversión que estudiará y determinará el valor de cada una de las empresas a privatizar para ofrecer el 39% de las acciones a los inversionistas privados. El Congreso Nacional estudia una propuesta del Gobierno para elevar al 51% o más el porcentaje de las acciones a venderse al sector privado.

De esta forma se crea un mercado abierto al nivel de la generación, y mercados regulados a los niveles de transmisión y distribución. Las empresas de generación, transmisión, distribución y a futuro los grandes consumidores se denominan Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que operan bajo la dirección del Centro Nacional de Control de la Energía CENACE. Este es el modelo impuesto, que como podemos apreciar no difiere de muchos ejemplos aplicados en América Latina.

De acuerdo con el Gobierno la infraestructura eléctrica de INECEL está valorada en 2000 millones de dólares. Los trabajadores la estimamos en 7700 millones de dólares. El Gobierno debe cobrar la deuda de la Empresa Eléctrica del Ecuador -EMELEC -que mantiene una concesión para el servicio eléctrico a la segunda ciudad más importante del Ecuador y la más poblada, que alcanza a 150 millones de dólares y terminar con la injusta "rentabilidad garantizada" entregando en concesión el servicio eléctrico a la ciudad de Guayaquil, mediante la licitación correspondiente.

La Red Nacional de Trabajadores Eléctricos del Ecuador afirma que no es posible rifar el Sector Eléctrico que tiene ventas anuales de 10.000 GWH que a 7 centavos de dólar alcanzan ingresos por una suma de 700 millones de dólares.

Las seis empresas de generación y la de transmisión tendrían ventas anuales que superan los 400 millones de dólares y gastos de operación y mantenimiento que no alcanzan los 30 millones de dólares.

El mantener las 7 empresas en manos del Estado; este podría disponer de 370 millones de dólares para el pago de la deuda de INECEL (900 millones de dólares en total, con un pago anual de 100 millones de dólares) y para inversión en el sector social 270 millones de dólares al año. Como ejemplo La corporación Andina de Fomento, CAF, prestaría al Fondo de Inversión Social Emergente -FISE- 200 millones de dólares para invertir en 4 años, por lo cual se puede establecer que sin la venta del sector eléctrico se puede triplicar la inversión social a través del FISE.

Si solamente se analiza la central Hidroeléctrica Paute, una de las más importantes, con 1000 MW, valorada en 1000 millones de dólares, ésta podría tener ventas anuales de 150 millones de dólares, gastos por operación y mantenimiento que suman 15 millones de dólares, es decir, dispondría de 135 millones de dólares para el pago de su deuda (300 millones de dólares, 40 millones para pago de amortización ) y aproximadamente 95 millones para inversión social para un período de 50 años o más que dure la central.

El país requiere nuevas empresas eléctricas, con nuevos proyectos para lo cual un inversionista serio requiere para invertir en el país: estabilidad económica, seguridad política, seguridad jurídica, eliminación de la corrupción, leyes, reglas y normas claras del sector, aplicación de un modelo definido en forma transparente, que incluso podría ser el propuesto.

El Estado, no puede abandonar la planificación y el monitoreo permanente del desarrollo del equipamiento eléctrico frente a la demanda, porque de lo contrario sucederá lo que está aconteciendo en varios países en donde tenemos severas restricciones de energía.

El papel del Estado es proveer de la infraestructura básica para el desarrollo: requiere de carreteras, caminos vecinales, aeropuertos, centrales eléctricas y telefónicas, hospitales y de gente que haga lo antes mencionado. Las carreteras no se construyen sin obreros, los aeropuertos no son operados únicamente por computadores, las centrales eléctricas no pueden funcionar sin el técnico, los hospitales funcionan con médicos, enfermeras, las escuelas y colegios funcionan con maestros. Todos ellos somos gente, que por su trabajo deben recibir un sueldo. Esto es lo que llaman burocracia.

Sucede ahora que, las carreteras están construidas, hay centrales telefónicas, hay generación de energía eléctrica, existen aeropuertos, puertos marítimos, todo construido por el Estado, nos señalan que es hora entonces que se entregue a la iniciativa privada, la concesión de estos servicios, la administración de los mismos y demandan leyes flexibles que no constituyan interferencia alguna para simplemente empezar a recolectar y usufructuar de los dineros que estos generan. Utilizan quinta columnistas para deteriorar los servicios, para que los precios de los activos se derrumben y entrar en los momentos precisos "a invertir" porque creen en el país.

La propaganda pretende confundir a nuestros pueblos y convertirlos en aliados de una privatización generalizada que solo busca incrementar escandalosamente las tarifas de energía eléctrica. El gobierno ha elevado las tarifas eléctricas en el siguiente orden, a los sectores más pobres que consumen 20 kw se las ha subido en un 650%. A los que utilizan 50kw el 1050%, a los de 80kw el 900% a los de 100kw el 800% y a los de 120 kw el 700%, estos son ciudadanos que apenas ganan para comer o subsistir. Mientras tanto a los grandes consumidores por ejemplo a los de 2100 Kw se les ha subido un 120% a pesar de que son grandes industriales, comerciantes, banqueros que han amasado enormes fortunas, amparados en una política que subsidia al que mas tiene.

Si esto ocurre a inicios de la privatización, ya pueden imaginarse nuestros pueblos lo que pasará cuando el servicio pase a manos de empresas que solo buscan el lucro.

Nuestros habitantes de los sectores urbano marginales y rurales, no tendrán acceso a la energía eléctrica, pues el costo de las tarifas no lo permitirá. Los procesos de privatización, son fuentes de corrupción en la que grupos poderosos y ciertos sectores políticos, pescan a río revuelto, incrementando sus fortunas dudosamente constituidas.

Los resultados de la privatización del sector eléctrico en América Latina, en los cuales a pesar de los altísimos costos de las tarifas por la prestación de este servicio, se han producido recurrentes crisis con los consiguientes y prolongados apagones, demuestran que esta vía en nada favorece a los intereses nacionales y al bienestar social, sino tan solo a la excesiva rentabilidad que debe pagarse a los especuladores financieros disfrazados de inversionistas. Por el contrario, si el Estado desea verdaderamente abaratar el costo de la electricidad debe olvidarse de la privatización del sector eléctrico e implementar políticas efectivas que permitan a las empresas que hoy prestan este servicio, introducir profundos cambios en su estructura de dirección a fin de alcanzar, cada vez mayores índices de eficiencia y productividad, sin desconocer que varias de ellas vienen en sostenido ascenso en cuanto a mejoras en beneficio de los usuarios, las cuales podrían tener un alcance mayor si no estuviera de por medio los intereses de los privatizadores, quienes incluso se han enquistado en niveles ejecutivos con el solo propósito de crear las condiciones propicias para la privatización, aun cuando sea a costo de presionar por enormes incrementos en las tarifas e, inclusive, colapsar al sector con nefastas repercusiones productivas y sociales. Muy al contrario de la distorsionada imagen creada para los trabajadores eléctricos, a quienes se pretende hacernos aparecer como beneficiarios de los permanentes incrementos de las tarifas o como receptores de "Iatisueldos", reiteramos nuestra predisposición para impulsar un real proceso de modernización del sector, en el contexto del respeto a los derechos de los usuarios.

Frente a esta realidad, se nos ha pedido siempre la necesidad de presentar propuestas, los trabajadores eléctricos de mi país, sobre algunos aspectos de la crisis económica como es el caso de la deuda, proponemos:

Una moratoria o una renegociación no convencional con los acreedores externos e internos del Estado ecuatoriano aparecería como una alternativa de política económica para que el país pueda mantenerse sobre la "línea de flotación".

Una renegociación política: condonación de las deudas tercermundistas con motivo del año 2000 de la era cristiana, trueque por la deuda ecológica e histórica de las metrópolis, sustitución parcial de la deuda por asignaciones para el armamentismo de las metrópolis.

La supervivencia y expansión de una empresa de servicios públicos en un ambiente competitivo está determinada por la capacidad de pago de los clientes, consumidores o usuarios; y esta capacidad de pago está condicionada por el ingreso per cápita de tales usuarios, los mismos que a su vez dependen del crecimiento de la economía del país. El ambiente competitivo de una empresa no es compatible con ingresos per cápita de los usuarios del país que están en los límites o por debajo de los límites de la pobreza, y por ello es el estado quien debe arbitrar las regulaciones para proteger como único ente de la sociedad autorizado para ello, a los más débiles; conduciéndoles al bienestar para favorecer a la sociedad.

Varias empresas estatales han sido eficientes como también varias empresas privadas han demostrado ser ineficientes. Esta es la ruta inicial de la modernización del sector eléctrico y no solamente detenerse a vender negocios que posiblemente no están en marcha. La tarea no es vender, la tarea es invertir y proporcionar bienestar a todos.

En mi país se percibe mucha pesadumbre y ansiedad, aunque también un renovado ánimo de resistencia. Para estos mismos días el Frente Patriótico -organismo que agrupa al Frente Unitario de los Trabajadores, Coordinadora de Movimientos Sociales, Unión Nacional de Educadores, Movimientos Sociales, Confederación Nacional de Indios, Trabajadores Eléctricos, Petroleros y otras entidades sindicales y populares, organizan acciones en contra de las privatizaciones.

Este evento se inscribe en la acción internacional que los trabajadores debemos levantar hoy en día, en defensa del Patrimonio de nuestros pueblos.