SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR ELECTRICO S.T.S.E.L.

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SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

Este proceso se inicia formal y legalmente en septiembre de 1994, con la aprobación del Decreto No. 142 por la Asamblea Legislativa, conteniendo el marco general que establece los tiempos y las condiciones para realizar la Privatización de la Distribución y Generación Eléctrica en El Salvador.

Hay que aclarar que la distribución siempre había estado en manos de la Empresa Privada, pero debido a la finalización de la concesión en el año de 1986, el gobierno determinó la administración de ésta por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, (CEL), a excepción de una pequeña unidad dirigida por la Comisión encargada de la Electrificación Rural.

Aprobado en el mes de abril de 1997, el cual faculta a CEL la Venta de las Acciones de las diferentes Distribuidoras. En este Decreto los trabajadores logramos que se nos considere como posibles Accionistas de ésta, en el Artículo 12, se estableció que los recursos generados por la venta de las Sociedades Distribuidoras iban a ser utilizados exclusivamente para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica por medio de recursos naturales, proyectos de reforestación, como la amortización de préstamos obtenidos por la institución. Esta decisión al final fue modificada con el objetivo que el gobierno se quedara con la mayor parte de estos recursos económicos, orientándoles a otras actividades que no eran las contempladas en el decreto.

De igual forma no podemos dejar de mencionar el Artículo 14 de este mismo decreto, ya que este contenido garantiza la estabilidad laboral y la continuidad en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, como también el respeto a los contratos colectivos negociados.

El artículo 15, es el que nos permitió la participación en una comisión conformada por CEL y el Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico, para verificar que el proceso de transferencia de acciones se realice de conformidad con la ley.

Este decreto es una modificación al Decreto 1004 donde establece la venta de las acciones a los trabajadores en un 80% del valor en libro como también que en el caso que el inversionista estratégico comprara por debajo del valor pagado por los trabajadores, se modificarían los contratos de crédito a fin de garantizar una diferencia del 20% en relación del pago del inversionista estratégico.

Este decreto fue aprobado en el mes de abril de 1999, el cual faculta a CEL para realizar la venta de la Generación Térmica. Además contiene condiciones similares a los decretos anteriores en cuanto a la posibilidad para los trabajadores de accesar al 20% de las acciones, como también obtener créditos para este mismo fin.

De manera general los resultados son desastrosos para las grandes mayorías de nuestro país, produciendo un alto costo de vida, desempleo y pobreza. Aún los grandes millonarios no han podido evadir los efectos de este proceso ante la llegada de capitales internacionales que se han visto obligados a realizar alianzas en desventajas ó desaparecer.

El gobierno para implementar la privatización a utilizado argumentos como: mayor eficiencia, tarifas bajas y servicios de calidad. Argumentos que con la práctica el pueblo ha comprobado que no es cierto la eficiencia en la empresa privada; ya que se dan interrupciones constantes en el servicio de energía eléctrica por la falta de un mantenimiento adecuado, en cuanto a las tarifas se dan incrementos de hecho o de derecho, en el servicio de calidad esto es casi imposible ya que sus plantillas son reducidas con el único fin de bajar costos de operaciones y obtener mayores ganancias a costa de sacrificar a los usuarios del servicio.

Con estos antecedentes podemos deducir que no hay ningún interés en la electrificación rural, porque la recuperación de sus inversiones es a largo plazo desconociendo la necesidad de proyectos con función social.

Primero mencionar que es un modelo ordenado por las potencias económicas del mundo, y que los gobiernos de los países de economía dependientes están obligados a implementarlo.

Nuestro sindicado considera que los servicios vitales para nuestros pueblos, no deberían de ser privatizados; más sin embargo, nos hemos visto obligados a negociar por la maquinaria con que cuenta el gobierno que significa negociar o desaparecer como estructura sindical. Por otra parte queremos dejar constancia ante el movimiento sindical del mundo entero que ningún gobierno o empleador va a negociar con un sindicato débil, esto demanda de un movimiento -sindical fuerte, unido y propositivo para contrarrestar el objetivo principal de este modelo, el cual es aniquilar las organizaciones sindicales de cada pais.

Alirio Salvador Romero

Secretario General

Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico

Septiembre de 1999

San Salvador, El Salvador, Centro América