Red Nacional de Investigadores en Comunicación
Red Nacional de
Investigadores en Comunicación
III Jornadas
Nacionales de Investigadores en Comunicación
"Comunicación: campos de investigación y
prácticas"
Comunicación y Justicia:
el abordaje periodístico
Carlos A. Sortino
Vayamos a las fuentes:
Cuando confundimos la noción de justicia con la expresión de un sentimiento y con la nostalgia de valores perdidos, nos alejamos de ella. Porque la noción de justicia no tiene mucho que ver con sentimientos y valores. Es algo más que eso. Es una praxis. Una política de Estado.
Si no logramos definir con claridad qué es lo justo y qué es lo injusto, nuestra comprensión política de la realidad desaparece. Y con ella se diluye nuestra responsabilidad. Es así que se legitiman las relaciones de poder.
Una antigua noción de justicia, legada por los romanos y aún vigente: "vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo". Las dos primeras proposiciones son fácilmente comprensibles y aplicables, pero ¿cómo interpretar la tercera proposición? Dar a cada uno lo suyo. ¿El huevo de la serpiente o el nido de la cigüeña?
Una antigua noción de pueblo, también legada por los romanos y aún vigente: "no es pueblo una multitud reunida de cualquier forma, sino por el consenso del derecho y la persecución del bien común". Claro, habría que interpretar qué cosa es eso que llaman el bien común, pues de esa interpretación surgirá la aplicación del derecho.
Definir claramente y articular políticamente las nociones de pueblo y justicia: en eso estamos desde hace cientos de años.
Este es el marco político dentro del cual se mueven las piezas del ensayo de interpretación que sigue.
Situemos el objeto:
Sólo accedemos a los actos del servicio de justicia a través del periodismo. No hay otra posibilidad de acceso, excepto cuando somos parte (imputados, víctimas, testigos) del proceso. Pero en estas ocasiones, el alcance de nuestra versión de esa realidad es limitado al propio mundo de referencia (familiares, amigos, vecinos). Sólo el periodismo puede asumir la pretensión de dar cuenta de esta realidad como un todo comprensible. Y lo hace. Y nosotros lo aceptamos. Pero,
¿qué es lo que nos informa
el periodismo acerca de la justicia?
¿por qué es creíble
esta versión de la realidad,
independientemente del fatalismo
de que sea el único camino de acceso?
¿sabemos, acaso
(no la formalidad sino la realidad sobre)
cómo se sitúa el periodista
(cada periodista)
frente al campo jurídico,
pero, antes,
frente al medio para el cual trabaja?
¿desde qué lugar
se introduce en ellos
(campo jurídico y medio)
para extraer los materiales que necesita?
¿qué materiales son éstos?
¿cómo los ubica, los distingue, los selecciona?
¿de qué forma los organiza
y hacia qué lugar los dispara?
¿qué condiciones le proponen
(medio y campo jurídico)
y cómo las resuelve?
Vemos así, en el abordaje periodístico, un proceso que el mismo periodista va construyendo y que deviene en la producción de sentido, un sentido que caerá sólo como conclusión válida sobre las cabezas de la gente, pues la trama, con su carga de avances y retrocesos, equívocos y aciertos, con su mensaje intranquilizador, en suma, quedará para siempre resguardada en la redacción.
***
El Poder Judicial no cuenta con otra estrategia comunicacional que la directa circulación de sentido entre los participantes del proceso. Estrategia no planificada, por cierto, sino lisa y llanamente actuada, de manera dispar, según el buen saber y entender de cada magistrado y/o funcionario de ese poder político del Estado. Y no son pocos los que se están enfrentando al problema de cómo resolver esta comunicación con lo que ellos llaman "el justiciable" (léase imputado), pues han llegado a darse cuenta que el lenguaje no es uno solo y que las palabras son metáforas que cada cual cargará de sentido según su situación social. Y más aún se profundiza este agujero semántico si se trata de procesos enmarañados que anulan, nada más y nada menos, la libertad (y en muchos casos, la vida) de las personas implicadas (léase justiciables).
Al mismo tiempo, y no ya como estrategia en los términos apuntados, sino como fatalidad, los magistrados y/o funcionarios del Poder Judicial se enfrentan a otro nuevo problema: soportar (o, según el caso, disfrutar) el abordaje periodístico. Y aquí también, según el buen saber y entender de cada uno y según el mayor o menor interés que le adjudiquen, se las arreglarán para explicar de qué se trata, poniéndole ellos mismos el cuerpo a la situación, delegando la tarea en un vocero de su juzgado o abriendo el expediente a la vista de esos personajes molestos llamados periodistas. Esto, en el mejor de las casos. En el peor de ellos (las más de las veces), sólo hablarán por sus sentencias y durante el proceso se mantendrán inexpugnables.
Ambas problemáticas (la comunicación con el justiciable y la comunicación con el periodista) tienen un común denominador: cada cual se las arreglará (o no) como pueda o como quiera, porque no hay políticas orientadas a su abordaje. Aunque ésto bien podría suponer una política, si uno fuera mal pensado.
***
El caso, entonces, es que la construcción social del sentido de justicia es producto del cruce traumático entre las dos situaciones descriptas y que, entre ambas, el protagonismo se corporiza en la figura del periodista. Así, es su discurso el que prevalece. Y, encima, es creíble. Sabemos de la justicia lo que el periodista quiere que sepamos. O, para que no suene tan conspirativo, lo que el periodista considera valioso para el bien común.
Pasemos a los hechos:
Conversación con un juez:
- ¿Cómo puede usted definirme
la recepción social del servicio de justicia?
- La administración de justicia
condiciona las conductas sociales,
es formadora de cultura.
De la conducta de los jueces
y demás funcionarios del Poder Judicial,
de las relaciones sociales que establecen durante el proceso,
de sus decisiones al momento de dictar sentencias
y de cómo luego éstas se resuelven en la práctica,
depende, en mucho,
la construcción de un imaginario social
del que se van a derivar
determinadas relaciones sociales,
determinadas conductas,
determinados valores.
En síntesis: una cultura.
Dime qué justicia tienes y te diré cómo te comportas, podría ser la conclusión de este discurso. Pero ocurre que es un discurso imaginante. Con las mejores intenciones, por cierto. Pero imaginante al fin. Porque ignora de qué manera y por cuáles medios esa ejemplaridad social que pregona llega efectivamente a sus destinatarios. La cosa es realmente así como se dice, sólo que siempre hay un valor agregado que es, en definitiva, el que le otorga sentido. Y ese valor agregado es el tipo de mediación que se establece entre los actos jurídicos y su recepción social.
Sólo si la frase "de las relaciones sociales que establecen (los magistrados) durante el proceso" incluye en esas relaciones una determinada política de comunicación, podría superarse el corte esencialista que domina la totalidad del discurso. Pero no es así. Esa política no existe aún. La frase citada sólo incluye a los participantes del proceso y, en el mejor de los casos, a un periodista imaginado con un alto grado de preparación jurídica y un sentido heroico de la ética.
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Digamos, entonces, que, en tanto orden social, el campo jurídico (el espacio de la ley) produce una cultura (el discurso del orden), sistema significante a través del cual se comunica, se reproduce, se experimenta y se investiga. En tanto cultura que se pretende ejemplarizante, el discurso del orden necesita proyectarse hacia el sentido común, entendido éste como las relaciones sociales, sus conflictos y sus crisis, tal y como son vividas y estructuradas por los hombres en significaciones, imágenes y valores. La bisagra que articula el discurso del orden con el sentido común lleva por nombre hoy medio de comunicación.
En las relaciones recíprocas entre el campo de la comunicación y el campo de la justicia es que se construye el sentido de una cultura democrática. En esta relación de dos velocidades, los hombres y mujeres que deben sentar las bases del sentido de justicia sólo tienen en cuenta (tanto para proyectarse hacia ellos cuanto para rechazarlos) que los medios de comunicación se rigen por una sola ley: la ley del mercado. Y que el relato periodístico es la mercancía que los medios hacen circular por ese mercado.
Convengamos en que tienen razón y tomemos a los medios como lo que realmente son: empresas con fines de lucro. Pero se equivocan al darles la espalda o al entrar en ese juego. Apocalípticos e integrados es hoy, el menos en este campo, una antinomia anacrónica. El equívoco sólo provoca que el sentido de justicia sea una construcción unilateral. Y no de ellos, precisamente. No se trata aquí de abonar la teoría del receptor pasivo, sino de señalar que los receptores construyen su sentido común con su propia experiencia y con la información a la que pueden acceder.
En estas complejas relaciones entre periodismo y justicia puede observarse un conflicto central, con dos añejos prejuicios como ejes constitutivos:
a) el periodista pretende
que toda información sea inmediatamente accesible
en cualquier momento del proceso;
b) el magistrado pretende
que ninguna información sea accesible
hasta el momento de la sentencia.
Este choque de intereses produce derivaciones poco deseables que, en muchos casos, lleva a la confusión a los receptores de la información y al consecuente descrédito de las instituciones.
No se trata aquí de poner en tela de juicio las intenciones de periodistas y magistrados, sino, simplemente, de observar los efectos sociales de sus actos. Es preciso comprender la realidad tal como se nos presenta. Y no como límite, sino como condición para una acción que pretenda modificarla. Es dentro de este nudo conceptual que también resulta necesario observar a periodistas y magistrados como sujetos de una práctica y no como depositarios de una función o servidores de un arte.
Y para ello es fundamental no sólo captar los mensajes de estas formaciones sociales (medios y campo jurídico) e interpretarlos, sino, además, ir al mismo centro de producción de estos mensajes a observar cómo cobran cuerpo, cómo es su proceso de construcción.
***
El periodista necesita llegar al cierre de la edición con, al menos, una información concreta de carácter noticiable. Y si no la obtiene por boca del magistrado o por su propia percepción del expediente, tratará de obtenerla por otras fuentes: la policía, los abogados de las partes, familiares, vecinos y/o amigos de quienes estén involucrados en el proceso y "buchones" varios.
De la satisfacción de esta necesidad (y aquí vemos al periodista como sujeto de una práctica) depende su trabajo, que, en la cruda realidad, es un trabajo como cualquier otro: hay una persona (y su familia) que vive del salario que le asigna una empresa con fines de lucro. Esa empresa necesita vender su producto (en este caso, la información) y si fracasa en su objetivo, no dudará en deshacerse de aquella persona que no sea capaz de evitar tal fracaso.
Llegamos así a la cuestión de las fuentes. Cuando la fuente oficial no existe, aparecen las otras. Y no hay fuente desinteresada. Toda persona que se adjudica el rol de fuente, lo hace porque tiene un interés. Legítimo en algunos casos (por ejemplo, los abogados de las partes que defienden los intereses de sus clientes) y desviacionista en otros casos (de las informaciones que salen de fuentes policiales, por ejemplo, es usual encontrarnos con "pescado podrido"). Ardua tarea la del periodista, cuando debe chequear el cúmulo de información que se le acerca por distintas vías para discriminar lo fiable de lo sospechoso. Y estamos hablando de un periodista con cierto sentido de la ética. De los otros, ya sabemos cuáles son los resultados.
Supongamos ahora que la trama sufre una radical modificación: se abre el expediente y el periodista puede leerlo y transmitir información fiable. Aparece entonces un nuevo conflicto, el conflicto del lenguaje y de su descontextualización. Dicen muchos jueces que el remedio más eficaz es la especialización del periodista en cuestiones de derecho: hay que ser abogado para ejercer el periodismo en el campo jurídico. Pero aquí vemos una concepción esencialista de parte de los magistrados, que ignoran al periodista como sujeto de una práctica y lo perciben como depositario de una función o servidor de un arte.
La realidad es que son pocos los periodistas que pueden dedicarse exclusivamente a esta materia, pues, en líneas generales, mudan periódicamente de área de trabajo y no pueden estar especializándose en cada una de ellas. Y no sólo por una cuestión de presupuestos o tiempos, sino porque está especializado en su oficio, el oficio de periodista, que consiste en el conocimiento y la experiencia de tácticas y estrategias que lo conduzcan a la obtención de información que merezca ser publicada.
El lenguaje jurídico no es, precisamente, de los más cristalinos. Una frase o proposición puede ser interpretada de distintos modos y el desconocimiento de algún acto procesal puede descontextualizarla por completo y conducir a una información falsa que hasta podría complicar el proceso. Pensemos, por un instante, que la necesidad de una mínima dosis de espectacularidad que reclama la lógica periodística ya está alterando, aunque no necesariamente desvirtuando, la llamada "verdad procesal". Si sumamos la lógica del lenguaje jurídico y la lógica periodística, sin ningún tipo de mediación, el resultado puede ser terrible. La simple apertura del expediente no es una solución. Es un nuevo conflicto. Hace falta una persona que guíe la lectura de la causa y pueda traducir el lenguaje jurídico.
Esta compleja trama se extiende a lo largo de un solo día. Y al día siguiente se repite. La conclusión de la trama es lo que la sociedad recibe jornada tras jornada de todos los medios de comunicación, gráficos, radiales y televisivos. La construcción social del sentido de justicia es el resultado de la trama descripta.
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Conversación con otro juez:
- ¿Qué reflexión le merece
la bajísima credibilidad social
que convoca la justicia?
- A Galileo, en su época,
le creía menos gente todavía.
No podemos analizar esta problemática
a partir de las encuestas.
Es poco serio.
La respuesta debería haber sido:
- Claro, Galileo tenía razón.
Pero si no abjuraba públicamente de sus teorías,
tal como finalmente lo hizo,
estaba condenado a morir en la hoguera.
La verdad que sustentaba Galileo
no tenía sentido social alguno.
No fue esa la respuesta en ese momento porque no era esta charla una entrevista periodística, sino una simple exploración ideológica. El mismo método que fuera empleado para el caso anterior: ¿Cómo percibe un magistrado la realidad social? ¿Cuál es el continente ideológico de esta percepción? Y el elegido para ello, con idéntico criterio selectivo utilizado para el otro entrevistado, fue un magistrado de los más probos, independientes y progresistas del fuero penal (el anterior pertenece al fuero laboral). Valdría como símbolo para abonar esta definición el libro "Vigilar y castigar", de Foucault, apoyado en el escritorio de su despacho.
Sin embargo, la respuesta fue también de corte esencialista, tanto como la famosa frase de Fidel Castro "la historia me absolverá", frase que, más o menos textualmente, también disparó Emilio Eduardo Massera en el juicio a las juntas. Pero la historia no absolvió ni a uno ni a otro. Fidel Castro se absolvió a sí mismo a través de una acción militar. Y a Emilio Eduardo Massera lo absolvieron otros a través de una acción política. Igual que a Galileo. Sólo que en este último caso, la absolución llegó sobre el polvo de los huesos de un cadáver de 500 años de antigüedad.
¿La historia? Bien, gracias. ¿Justicia? Dentro de 500 años.
***
Sujeto de una práctica es también el magistrado y esa práctica indica (tomamos como muestra el Departamento Judicial de La Plata) que un juzgado del fuero penal entra de turno cada ocho meses y por quince días corridos. En ese período recibe más de mil casos nuevos que se incorporan a los que ya se encuentran en trámite. La planta funcional de un juzgado se compone de diez personas, incluído el juez. Si se descuentan dos personas para la gestión de la mesa de entradas, restan ocho para la gestión de los casos: 125 casos nuevos por cabeza cada turno, más los casos anteriores.
El magistrado debe encabezar y hacerse responsable de comprender, interpretar y aplicar la ley en cada uno de aquellos casos, lo que implica controlar la instrucción policial, lidiar con los abogados de las partes, vigilar los plazos procesales. Por ejemplo: en un turno pueden producirse media docena de homicidos e innumerable cantidad de robos con armas (por tomar sólo dos de los tantos delitos que ocurren), cuyas derivaciones llegan a la detención de medio centenar de personas, decenas de pedidos de peritajes de distinto tipo, inspecciones oculares diversas. Demasiado para un solo juez, que, además, debe hacerse cargo también de la gestión administrativa del juzgado.
¿En qué contexto ocurre semejante cosa? A partir de aquí, citas textuales de un diagnóstico de situación elaborado por magistrados de la provincia de Buenos Aires hace poco tiempo:
"Los índices de crecimiento de la conflictividad social penal se han duplicado desde el advenimiento de la democracia. Esto también se verifica en la superpoblación carcelaria, que presenta un impacto similar tanto en el orden federal como local. Este impacto no fue acompañado por un crecimiento similar en la administración de los recursos ni en la elaboración de alternativas de emergencia.
"Frente a esta emergencia no ha existido una lógica adecuada para administrar la crisis. En primer lugar, por falta de una conciencia clara de la dimensión de la crisis y de un adecuado registro de la misma. No se la ha estudiado con mínimo detalle ni se la ha localizado adecuadamente. Luego, por la carencia de criterios de emergencia en la administración judicial. Criterios que, por otra parte, no son simples de establecer, ya que si bien existe una clara convicción de que los casos simples y triviales se mezclan con los graves y complejos, no es sencillo en absoluto establecer estas diferencias. Por un lado, casos triviales son complejos -piénsese en una lesión culposa- y, por otro, es a través de los casos aparentemente más triviales donde se han filtrado graves problemas institucionales. Fue con motivo de autores ignorados que se legitimaron autos dobles y en suicidios se encubrieron homicidios.
"La enorme cantidad de casos que cada juzgado debe tramitar señala ya la mayoría de las dificultades: el control de las causas producidas por la instrucción policial y las enormes dificultades de su gestión judicial, sumado ésto a la ausencia de tecnología para unificar información disponible entre los juzgados y con la instrucción y a la ausencia de recursos para investigar delitos especiales".
¿Cómo puede un magistrado resolver en este contexto (y dejemos de lado sus prejuicios) el abordaje periodístico?
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Conversación con otro juez (mismo criterio selectivo y temático que en los casos anteriores, con la salvedad de que aquí se trata de un magistrado de la Justicia Federal, mientras que los dos anteriores forman parte de la Justicia Ordinaria):
- ¿De qué manera es posible
comunicar a la justicia,
en tanto estructura política,
con las necesidades y expectativas
de la sociedad?
- La justicia,
y sobre todo la justicia penal,
es algo demasiado importante
como para dejarla en manos
de burócratas profesionales,
que somos los jueces.
Creo que la participación popular
es allí absolutamente necesaria
para un sistema democrático.
La Constitución consagra desde 1853
la existencia del jurado.
¿Y? No está en ningún lado.
Claro que jueces y juristas
a los cuales el jurado les resulta incómodo,
lo han rechazado.
Pero en realidad se sabe muy bien,
ahora que la gente empieza a tener experiencia,
de lo poco confiables que somos los jueces
como órgano de justicia.
¿Qué es un juez?
Un hombre que hace una carrera,
que tiene todos los problemas de la limitación profesional,
que está en un mecanismo burocrático.
¿Cuánto sirve un funcionario judicial para hacer justicia?
En realidad,
los grandes demócratas nunca creyeron en eso.
De allí que democracia y jurado
siempre han ido unidos.
Los medios siguen ausentes. La desconfianza es tal que la alternativa que se propone es, directamente, pasarlos por encima e instalar a la sociedad misma en el tribunal, a través del jurado, cuyos integrantes obrarían así como sus representantes, con voz y voto para decidir el destino del imputado. No sabemos si ésto será mejor, peor o igual que ahora. Lo que sí podemos intuir es que el debate sobre la instalación o no del juicio por jurados no tardará en caer sobre la arena política de este país. ¿Qué pasará entonces con los medios? ¿De qué manera tomarán este debate? ¿Cuál será su grado de influencia y en función de qué objetivos? ¿Qué intereses políticos, económicos, ideológicos, trazarán esos objetivos?
***
Y así desembocamos, naturalmente, en la cuestión del poder. ¿Qué es el poder? Es la fuerza de los intereses económicos, políticos e ideológicos que se articulan, no sin conflictos internos, para conservar la dominación y el control social. Pero el poder no es simplemente fuerza. El poder es un productor constante de cultura y esa cultura se expresa fundamentalmente en el discurso del orden. Sin embargo, es por aquellos conflictos internos que originan diversas estrategias políticas que el discurso del orden no es totalitario, sino, más bien, flexible. Y contenedor de potencias, tal vez no revolucionarias, pero sí lo suficientemente peligrosas para el poder mismo. Aunque, claro, estas posibilidades no llegan con la suficiente transparencia al sentido común. Entonces,
¿Cuál es la estrategia comunicacional,
implícita o explícita,
del Discurso del Orden?
¿Cómo lo recepciona
el Sentido Común?
¿Dónde ubicar las brechas?
¿Cómo se producen?
¿Cuáles son sus efectos?
¿Qué correspondencias pueden observarse
entre el Poder y el Discurso del Orden?
¿Qué lógica es posible observar
entre estas correspondencias
(Poder-Discurso del Orden)
y aquellas brechas comunicacionales
(Discurso del Orden-Sentido Común)?
No descansemos en paz:
Es alarmante la endeblez de la realidad que solemos percibir, no sólo como receptores de información, sino también como justiciables. Y es de uso común descifrar las intenciones, tanto del servicio de justicia cuanto de los medios de comunicación (no como discursos, sino como actos), de la política concreta que legitiman. Intereses políticos, económicos e ideológicos son atribuídos a un sistema preparado de tal manera para preservarlos o, al menos, para reducir al mínimo las posibilidades de colocarlos en riesgo.
Es cierto. Pero también es cierto que sería saludable, sin olvidar esta "macrolectura", emprender el camino de una "microlectura" como la expuesta, para explorar hasta dónde llega la sinceridad de quienes, desde el campo de la comunicación y desde el campo de la justicia, muestran una discursiva preocupación por estas complejas y conflictivas relaciones, cuyos efectos sociales, hoy por hoy, llegan a entronizar al periodismo como única fuente confiable para saber de qué se trata y al descrédito generalizado del único poder político de la República que tiene la posibilidad de dar a cada uno lo suyo.
La cruda realidad es que ni sabemos de qué se trata ni tenemos cada uno lo nuestro.
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