Red Nacional de Investigadores en Comunicación
Red Nacional de
Investigadores en Comunicación
III Jornadas
Nacionales de Investigadores en Comunicación
"Comunicación: campos de investigación y
prácticas"
La política a los pies del mercado: la comunicación en la Argentina de los ‘90.
Luis Alfonso Albornoz - José Castillo - Pablo Hernández
Guillermo Mastrini - Glenn Postolski
Grupo de Investigación en Economía Política de la Comunicación
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires
Julio 1997
I En un artículo reciente, Rafael Roncagliolo señaló para América Latina: "...la obsesión de los investigadores ha sido el diseño de políticas democráticas de comunicación. Su propuesta hizo caer gobiernos y, en la escena internacional, llevó a la UNESCO a una crisis de la que todavía no se logra recuperar. Hoy existen contundentes políticas de comunicación en toda la región. Pero su signo se ubica en las antípodas de las propuestas de los académicos que introdujeron el término. En efecto, las políticas vigentes son políticas de privatización, concentración y transnacionalización de las comunicaciones" (1). La escena que describe el profesor peruano se ajusta al proceso de transformación de los sectores del audiovisual y las telecomunicaciones en la Argentina actual. Y destacamos el carácter temporal de la coincidencia, dado que nuestro país permaneció en gran medida ajeno a los intentos de democratización de las comunicaciones que se desarrollaron en América Latina en los setenta. No parece contradictorio entonces, que hoy la Argentina constituya uno de los casos testigo en la aplicación de los modelos neoconservadores para la radiodifusión y las telecomunicaciones en el continente.
El desarrollo alcanzado por el sector de las comunicaciones en la Argentina en los últimos años se ubica entre los más notables a nivel mundial, en relación a su crecimiento relativo. Ello se enmarca en un proceso de transformación económica caracterizado por la alianza del gobierno de Carlos Menem con un conjunto de sectores oligopólicos nacionales y transnacionales. A comienzos de su administración (1989) se inició una fase de privatización de áreas que no sólo incluyó a las tratadas en este artículo, sino a un conjunto más general de sectores primarios y de servicios.
Desde la perspectiva más global de la economía política de la comunicación, el profesor César Bolaño nos ayuda a pensar la articulación entre esta alianza político económica y el desarrollo de la comunicación en el país: "las transformaciones macroeconómicas y macrosociales que ocurren en este momento a nivel mundial convierten al sector de las comunicaciones -y especialmente a las telecomunicaciones- en un elemento central para la rearticulación del patrón de desarrollo capitalista, ya que tales transformaciones están acompañadas de cambios de orden tecnológico y económico que obligan a cada actor individual (empresas y Estado especialmente) a modificar estrategias y encontrar nuevas alianzas".(2)
La intención del presente trabajo es reconstruir el proceso de transformación ocurrido en la Argentina para analizar la puja entre los diversos actores sociales por el control de las comunicaciones, con el objetivo de abrir un debate sobre el tema y alertar acerca de los peligros que el proceso de concentración implica para las posibilidades de participación popular. A partir de una primera aproximación a las lógicas económico políticas de la transformación del sector audiovisual y las telecomunicaciones, nos centraremos en la descripción de la novedosa situación del sector de las comunicaciones en nuestro país.
II Asistimos a un particular proceso de transformaciones que está cambiando no sólo los términos de estructura, propiedad y distribución de las industrias relacionadas con las telecomunicaciones y la radiodifusión, sino las mismas concepciones tecnológicas y organizacionales, situación que lleva a una opacidad en las fronteras entre ambas.
La posibilidad de convergencia entre áreas existe a partir de un conjunto de nuevas tecnologías, lideradas por la fibra óptica, la digitalización y el satélite, que permiten la prestación de múltiples servicios a través de un único soporte. Al analizar la convergencia tecnológica, no podemos desconocer que se trata de un desarrollo intencional largamente buscado por empresas y gobiernos. Esto se entiende cuando se analizan los profundos cambios en la calidad y variedad de servicios, y productos que ofrece el sector, comparados con su importancia relativa en ámbitos políticos, económicos y sociales. Tanto la radiodifusión como las telecomunicaciones se relacionan con las privatizaciones y los procesos de concentración de la propiedad en la Argentina.
Desde una perspectiva económica, observamos que en el marco de un patrón tecnológico y de acumulación del capital hegemonizado por las lógicas post-fordistas, la producción, procesamiento y distribución de información, con preponderancia de la electrónica, se impone dentro de los procesos productivos y comerciales. Las telecomunicaciones hoy no son vistas exclusivamente como un simple soporte de servicios, ni la radiodifusión como un ámbito reducido a la industria cultural. La producción y comercialización de bienes materiales y de valorización financiera colocan a estos sectores en el centro del debate tecnológico y organizacional. La producción, distribución y el procesamiento de información hoy reemplazan el lugar de las cadenas de montaje de la producción fordista. En una economía globalizada, las redes de comunicación adquieren importancia estratégica, como articuladoras de una especie de gran telaraña por la que circulan cada vez más transacciones, con su consecuente creación de riqueza.
Desde una perspectiva política, coincidimos con Vincent Mosco (3) cuando observa "la capacidad del neoconservadurismo en usar la crisis de acumulación y legitimación para redefinir el rol del Estado respecto a la comunicación en favor de intereses de clase". No puede dejar de preocuparnos el nuevo carácter que ha adquirido su intervención, que en sintonía con las necesidades del capital ha supuesto en muchos casos terminar con políticas de redistribución para asumir la defensa de intereses corporativos privados. Por ello, es preciso estudiar en profundidad la labor estatal en sus múltiples roles de productor, consumidor, distribuidor y regulador de la comunicación. Pero a la vez, no es posible conformarse con la denuncia del carácter del proceso de privatización de importantes zonas de la esfera pública, sino que es menester preocuparse por apoyar el acceso público y el control de los movimientos sociales sobre los medios de comunicación, así como el fomento de prácticas alternativas a la ortodoxia económica.
Cabe preguntarnos entonces, si el único camino posible para las políticas públicas implica convalidar el proceso de concentración y convergencia de las comunicaciones. O si por el contrario, como marcan otras experiencias, se puede establecer algún punto de equilibrio entre las necesarias aplicaciones conjuntas que el postfordismo plantea y la garantía de la participación popular en la producción y acceso a la totalidad de los servicios.
III La historia de la televisión hertziana en la Argentina se desarrolló, en sus más de cuarenta años de existencia, en el marco de un sistema competitivo, con alternancia de administraciones privadas y estatales. Su funcionamiento respondió a una lógica de concentración geográfica estructurada en base a un sistema de productoras y emisoras de cabecera en la ciudad de Buenos Aires, con repetidoras en el interior del país (4). A partir de la década del '80, se inició el período de crecimiento y consolidación del sistema de televisión por cable, que alcanzó su máximo esplendor en la presente década, complejizando el panorama local de medios.
Una de las características del sistema televisivo abierto nacional ha sido su estrecha relación con el sistema político en general y con los gobiernos en particular. Luego de un período de propiedad estatal de los canales capitalinos -iniciado en 1975- la última dictadura militar sancionó un decreto-ley (Nº 22.285, de 1980) que sentaba las bases para una futura privatización de la prestación de los servicios, en tanto aseguraba al gobierno militar la posibilidad de mantener un férreo control sobre los contenidos (5). Los temores de la dictadura a crear un frente mediático opositor, generó que la ley tuviera un marcado carácter antimonopólico, al prohibir a los propietarios de medios gráficos la participación en empresas de radiodifusión. Salvo esta cuestión, de suma importancia, el resto del articulado respondía a los intereses de los propietarios de medios. Pese a la ley, y a un ambicioso plan técnico para la privatización y expansión del sistema audiovisual (PLANARA), la dictadura no pudo concretar las privatizaciones de medios, con excepción de algunos casos en el interior del país. El escaso éxito privatizador obedeció a una multiplicidad de factores entre los que destacamos la lógica totalitaria del control de los medios, la oposición de los propietarios de medios gráficos, y el acortamiento de los plazos políticos a partir de la derrota de Malvinas.
El retorno de la democracia, en 1983, abrió un espacio para los intentos de establecer políticas de medios en el marco de los derechos sociales a la comunicación. En este contexto, se elaboró una gran cantidad de proyectos de ley de radiodifusión con la intención de reemplazar la legislación militar. De ellos destacamos el diseñado por el Consejo para la Consolidación de la Democracia por constituir un intento de elaborar una política de comunicación democrática, propuesta desde sectores del Estado, y acompañada por la construcción de un consenso sectorial complejo. Sin embargo, los propios condicionamientos que marcaron el nuevo orden democrático y la falta de voluntad política, sumados a la cerrada oposición de los empresarios del área a un cambio en este sentido, hicieron que el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín no introdujera modificaciones sustanciales a la legislación de medios.
La alianza político-económica que arribó al poder en 1989, marcó el comienzo del reordenamiento del sector radiotelevisivo en la dirección y con las características que hoy posee. El inicio del proceso de privatización y concentración de la radiodifusión puede ubicarse a partir de la sanción de la ley de Reforma del Estado (Nº 23.696). En lo concerniente al área, sólo se modificaron aquellos artículos de la ley 22.285/80 que impedían la conformación de grupos multimedios. Es en este punto donde se observa como se articula la regulación de la comunicación con el proyecto de política económica que se afianzó en el país en aquellos momentos. Ajeno a cualquier criterio de política cultural, se produjo un cambio radical en en el marco regulatorio acorde a las necesidades de algunos grupos económicos.
Al amparo de esta legislación los principales grupos editoriales, Clarín (socio mayoritario de ARTEAR) y Atlántida (integrante junto a otros accionistas del grupo TELEFE) , resultaron adjudicatarios de los canales 13 y 11 respectivamente, ingresando al negocio de la televisión. En el caso de Editorial Atlántida se trató de un retorno, ya que había sido copropietaria de Canal 13 a comienzos de la década del '70. El Grupo Clarín ya poseía el control, a través de testaferros, de Radio Mitre y FM 100, las dos radios que encabezaban los índices de audiencias de Buenos Aires. A partir de entonces, el Grupo Clarín se conviertió en el principal grupo multimedia del país.
Como en la mayoría de las áreas de gobierno, el oficialismo produjo una fuerte alianza con los principales grupos económicos, que derivó en la total subordinación del aparato estatal a las políticas diseñadas por estos. A partir de aquel momento las modificaciones al sistema de radiodifusión se realizaron siguiendo las necesidades del mercado. Aparecieron entonces, las contradicciones de tomar partido por uno u otro grupo oligopólico en un nuevo marco signado por la presencia de las transnacionales y la convergencia tecnológica. Las regulaciones fueron siempre puntuales, específicas, pero invariablemente orientadas a favorecer el proceso de valorización de los capitales del sector.
Por otro lado, si bien hay que rastrear los orígenes de la televisión por cable en la década del 60, recién es en los años '80 cuando ésta inició su período de crecimiento y posterior concentración. En estos momentos existen más de cinco millones de hogares abonados a este sistema de televisión paga, representando una tasa de penetración del 53,2% del total, y que, considerando sólo los hogares con acceso al cable, trepa al 72,8%. Tales cifras colocan a la Argentina en el tercer lugar del continente en lo que respecta al desarrollo del sistema, detrás de los Estados Unidos y Canadá, y con gran margen respecto al resto de los países latinoamericanos.
La principal característica del mercado de televisión por cable en la Argentina, cuya facturación anual supera los 1.800 millones de dólares, es su fuerte concentración en tres grandes operadores que acaparan más del 50% del mismo.
A diferencia de la televisión abierta, el Estado nacional no participó de la administración de empresas del sector, limitándose a establecer un marco regulatorio mínimo. La actividad durante su primera década no estuvo considerada por la legislación; recién con la Ley de Telecomunicaciones de 1972 la televisión por cable comenzó a ser tomada en cuenta como un servicio especial de radiodifusión. Según la Ley de Radiodifusión de 1980, el cable es definido como "servicio complementario", lo que permite que un simple trámite administrativo habilite la explotación del servicio. Casi al mismo tiempo que se sancionó la Ley, comenzó el cableado de los grandes centros urbanos y una renovación tecnológica que continúa hasta nuestros días. Sin intervención estatal, el mercado del cable se constituyó a partir de la acción de empresarios ajenos al ámbito audiovisual (v.g. Eduardo Eurnekián, empresario textil), y se consolidó, en muchos casos, en forma de monopolios zonales.
Debemos detenernos en el decreto 1.613/86 firmado durante el gobierno del Dr. Alfonsín, que será fundamental para el crecimiento del sector. Mediante el mismo se permitió que los operadores de cable accedieran al uso del sistema satelital emitiendo y recibiendo señales. Significó la refundación de la televisión por cable. La etapa satelital dio lugar a la televisión multicanal, creciendo exponencialmente la oferta de señales a través de dos vías: la bajada de señales satelitales extranjeras para su redistribución, y el aumento de la producción propia debido a la unificación del mercado nacional.
En los primeros años del gobierno de Menem, el crecimiento del número de abonados a partir de la estabilidad monetaria junto con el crecimiento de la oferta de señales, tuvo como consecuencia la aparición de un gran número de operadores en todo el país. En una segunda etapa, el sector experimentó un acelerado proceso de concentración y las empresas de televisión por cable pasan a ser otro de los tentáculos de los grupos multimediáticos. Podemos distinguir tres grandes operadores (MSO): Cablevisión, Multicanal y Video Cable Comunicación; que se constituyeron a partir de la compra de pequeñas y medianas empresas de cable, con la lógica de mejorar la rentabilidad de las inversiones realizadas.
Finalmente, desde hace cuatro años se produce el ingreso de capitales foráneos, especialmente norteamericanos, al sector. A pesar de que la actual ley de radiodifusión prohibe la presencia de capital extranjero en las empresas licenciatarias, los tratados de promoción de inversiones firmados en esta época con diferentes países funcionan como mecanismo legal para que el mismo ingrese. Corren otros tiempos y el cable, lejos de ser instrumento para mejorar la recepción de televisión abierta, es visualizado como el soporte de una variedad de negocios. Los empresarios vernáculos ven la necesidad de renovar sus redes ante la futura nueva relación que se avecina con las telefónicas y para ello recurren al auxilio del capital extranjero celebrando distintas fusiones. La compra de más de la mitad del paquete accionario de Cablevisión por TCI, la presencia de Telefónica Internacional y Citicorp junto al Grupo Clarín en Multicanal o la alianza Video Cable Comunicación - Continental (US West) dan la idea de un mosaico de intereses inacabado, que se modifica día a día.
Resulta evidente que los cableoperadores agrupados a nivel nacional en la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), adquirieron el peso de un actor principal a la hora del dictado de cualquier marco normativo. Por lo pronto, presionan para que el servicio que ofertan deje de ser considerado "complementario" de la televisión hertziana, puesto que a partir del crecimiento que viene experimentando el sector entienden que el cable es un servicio en sí mismo, al que autoproclaman como la "otra televisión". Asimismo, defienden una nueva legislación que no contemple intromisiones en el negocio por parte del Estado, mientras reclaman su intervención con el fin de habilitar la prestación de nuevos servicios, y asegurar la competencia con las compañías telefónicas por la prestación del servicio básico.
IV Las telecomunicaciones en la Argentina fueron operadas y reguladas por el Estado desde el año 1946 cuando el gobierno del Gral. Perón decidió la nacionalización del área. Se creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTeL) que tuvo a cargo la prestación del servicio público telefónico. En la última etapa de gestión estatal, la empresa quedó expuesta a los negociados con la denominada "patria contratista", ofreciendo un servicio deficiente pero con políticas de subsidio tarifario. Esta situación se mantuvo hasta 1990 cuando el gobierno de Carlos Menem privatiza ENTeL tras la sanción de las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica.
El gobierno, antes de la adjudicación de ENTeL, efectuó una importante reducción de personal y un notable aumento tarifario con el fin de establecer condiciones más atractivas para la venta de la empresa. Mientras se proclamaba la necesidad de vender las empresas para reducir el gasto público, el Estado se hizo cargo de un costo,económico y político, que debieron haber asumido los ganadores de la licitación. Por otra parte, se garantizó en los pliegos de licitación una rentabilidad mínima anual del 16% para las adjudicatarias.
La prestación del servicio básico telefónico (urbano, interurbano e internacional) quedó en manos de capitales europeos que operan en dos zonas diferenciadas del país: TELECOM S.A. - una alianza entre Stet (Italia), Telecom (Francia), J.P. Morgan (EEUU) y Pérez Companc (Argentina)- en la zona norte y TELEFONICA de Argentina S.A. - conformada por Telefónica de España, Citicorp (EEUU), Banco Río (Argentina) y Techint (Argentina)- en el sur del país. En virtud de los pliegos, cada operador cuenta con el beneficio de un mercado cautivo exclusivo hasta noviembre de 1997 -con opción a prorrogarse hasta el 2000- si la Secretaría de Comunicaciones interpreta que las empresas prestatarias cumplieron con las metas establecidas.
El marco regulatorio vigente permite a las telefónicas sólo la transmisión de voz viva, e impide explícitamente la transmisión de imágenes. Para explotar servicios de valor agregado en régimen de competencia,mientras dure el período de exclusividad, las adjudicatarias deberán conformar otras empresas específicas. Telefónica y Telecom han planteado estrategias conjuntas con vistas a la explotación de distintos servicios. Su asociación dio origen a Telintar para las comunicaciones internacionales, Startel para la satelital y Movistar para la telefonía celular (6).
La participación de actores privados trajo aparejado un cambio en la gestión de las empresas telefónicas. Un vasto programa de inversiones, basado en la extensión y modernización del servicio, la instalación de cableado de fibra óptica y una nueva relación con el público, que mutó de usuario a "cliente". En la actualidad, el sector telefónico experimenta un fuerte crecimiento tanto en los volúmenes de facturación como en la gama de negocios que ofrece. Con más de 34.000 empleados, ocupa el tercer lugar en el ranking del empleo detrás del comercio minorista y las empresas alimenticias. Telefónica de Argentina emplea 15.900 trabajadores y registró durante 1996, 385 millones de dólares de ganancia, mientras que Telecom, con 13.500 empleados, declaró ganancias por 260 millones. El crecimiento de las telefónicas se ha visto acompañado por un fuerte incremento en los negocios de todo el sector de las telecomunicaciones
El resto de los servicios (telefonía móvil; DTH; transmisión de datos; servicio de audiotexto; aviso de personas; servicios satelitales; video conferencias; almacenamiento y remisión de fax; voz y telemando por satélite; distribución de señales de radiodifusión; y servicios integrados on line que combinan satélite, fibra óptica y microondas) está en régimen de competencia a partir del dictado de sucesivos decretos. El desarrollo de la mayoría de los mismos está signado por la convivencia de capitales extranjeros y nacionales. El Estado se limitó a generar los marcos regulatorios necesarios para maximizar la explotación. De acuerdo a la resolución 477/93, el ente regulador del área, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), estableció regímenes muy flexibles de acceso a las licencias.
Dentro del dinamismo del sector, la telefonía móvil surgida hace cinco años se destaca por su alto nivel de desarrollo. Cuenta con más de 600.000 usuarios y se estima que el "crecimiento explosivo" de los últimos meses se mantendrá hasta el 2000. El mercado de los celulares en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se distribuye entre dos empresas: MOVICOM -Bell South, Motorola y BGH de EEUU- y MINIPHONE S.A. -Telefónica de Argentina y Telecom-. La licitación internacional abierta en 1993 para la telefonía celular del interior del país fue ganada por la compañía CTI Móvil, (Clarín, GTE Mobile Communications Inc., y Lucent Technologies Inc. de AT&T, entre otros). En 1996 accedieron a la prestación de telefonía celular para el interior del país las empresas Unifon (de Telefónica) para la zona sur y Telecom Personal (Telecom) para la zona norte.
Las telefónicas compiten en estos nuevos escenarios con ventaja, ya que pueden compensar su oferta en las áreas desreguladas, a través del aumento tarifario del servicio telefónico básico en los centros urbanos. La política del Estado en el área evidencia dos líneas de acción: implementa medidas tendientes a favorecer la entrada de nuevos actores, al tiempo que protege los intereses de los actuales prestatarios de telefonía básica. Un ejemplo de esta última es la aprobación de un nuevo cuadro tarifario con aumentos de más del 40% en el servicio básico urbano, aún cuando las ganancias son exhorbitantes.
En relación al sistema satelital, la Argentina participa del consorcio Intelsat. En 1993 el gobierno, ante la posibilidad de perder las dos frecuencias geoestacionarias asignadas por la UIT, llamó a concurso internacional para la explotación de un sistema doméstico. Este se adjudicó al consorcio Nahuelsat, conformado por Daimler Benz-Aeroespace (Alemania), Aeroespatiale (Francia), Alenia Spazio (Italia), Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial), GE Capital Global Satellites Inc., y los socios regionales Publicom (Telecom),Grupo Banco Provincia, Bisa (del Bemberg Group), y Antel (Uruguay). El desarrollo de los sistemas satelitales sirve para ejemplificar la conjunción de intereses entre el Estado nacional y los grandes grupos económicos, permutando la lógica político - administrativa por otra de predominio mercantil.
V No es posible comprender la concentración que se dio en los sectores televisivos y de telecomunicaciones sin enmarcarlos en el proceso de convergencia tecnológica iniciado mundialmente. Las grandes fusiones autorizadas por la Unión Europea y la sanción de la nueva ley de telecomunicaciones de los Estados Unidos en 1996, han originado políticas que las empresas transnacionales trasladan a nuestro país.
El diseño de estrategias de largo plazo a cargo de los oligopolios europeos y norteamericanos se hace presente en la Argentina orientándose a disputar el mercado por la prestación de servicios múltiples integrados en red. Como bien señala Richeri: "las redes se convierten también en un lugar de transacciones económicas en un mercado. Los actores que pueden acceder a ese mercado son todos los conectados a la red, la geografía de mercado está definida por la extensión de la red, y los productos intercambiados están en función de las características de la red" (7).
Este escenario ha condicionado y, más aún, ha impedido la sanción de nuevas leyes de radiodifusión y telecomunicaciones en nuestro país. Por el momento el marco jurídico impide la prestación de servicios cruzados pero el fin de la exclusividad telefónica ha acelerado la disputa entre los conglomerados. De este modo, las complejas operaciones de los grupos internacionales en las direcciones mencionadas provocan competencias o asociaciones con los operadores a escala nacional y en los distintos niveles o servicios, de acuerdo al posicionamiento relativo que cada uno tenga.
A fines de 1995, los propietarios de medios nacionales impulsaron un proyecto de ley de radiodifusión que limitaba los servicios cruzados por parte de las telefónicas. La tenaz oposición del sector telecomunicaciones y las desaveniencias dentro del gobierno, impidieron la sanción del proyecto (8). Ante la paridad de fuerzas, los grupos involucrados proponen hoy una estrategia diferente, donde en lugar de establecer una ley que defina la situación se apuesta a que sea el propio mercado el que ajuste las posiciones, para luego legislar en forma acorde.
El desarrollo de esta puja se complejiza por la entrada de nuevos actores al mercado argentino encabezados por los grandes operadores norteamericanos, facilitada por la efectivización del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos en 1994. Estos grupos ingresan prestando los servicios de telecomunicaciones bajo régimen de competencia y en la televisión por cable, con la idea de desarrollar una red de distribución adecuada que les permita difundir los productos cuyo mercado ya dominan.
Por otro lado encontramos a las telefónicas europeas, que con el monopolio de la telefonía básica, aparecen inicialmente mejor posicionadas como transportadores (9). Sus iniciativas tienden a completar la incorporación de nuevas tecnologías que puedan adicionar servicios a la telefonía básica y a asociarse con productores de contenidos para hacer frente al bagaje audiovisual que detentan los norteamericanos.
Finalmente, si bien los grupos multimedia nacionales no pudieron imponer la sanción de una nueva ley de radiodifusión, no han perdido relevancia en la discusión por su estrecha relación con la clase dirigente a partir de su influencia en la construcción de la opinión pública. Entre ellos, se destaca el Grupo Clarín, que premonitoriamente advirtió el carácter estratégico de la comunicación y diversificó sus actividades en sintonía con la globalización y la convergencia. Hoy el conglomerado tiene más de 46 empresas de diversos sectores: telecomunicación, radiodifusión, prensa escrita, productoras de cine y televisión, agencias de noticias y encuestadoras, además de constructoras, financieras y cajas de retiro. Actualmente está asociado a dos de las principales operadoras americanas (AT&T y GTE) en telefonía móvil, a Telefónica Internacional en la televisión por cable y a TCI en la difusión de eventos deportivos. Los últimos ejemplos exponen la orientación estratégica del grupo que implica relacionarse con conglomerados internacionales.
Otros multimedios de menor dimensión como Televisión Federal (TELEFE) y América, optaron por fortalecerse como productores de programación, a veces como socios menores de los norteamericanos para integrar redes de distribución.
El dinamismo del mercado, sumado a la convergencia tecnológica, genera alianzas cada vez más complejas entre los distintos grupos, diluyendo las fronteras entre bloques. Esto se observa en la expectativa generada por la próxima licitación, para el área metropolitana de Buenos Aires, de un nuevo sistema de telefonía celular digital, el PCS (Personal Communication Service). El PCS permite la prestación de servicios integrados de voz y datos, fax, Internet y pager entre otros, y podrá prestar -una vez concluido el período de exclusividad- telefonía fija. Para la explotación de este nuevo servicio adquirieron los pliegos las estadounidenses AT&T, Mac Caw Celular y WPC Telecommunications del diario Washington Post, la Aliança Atlántica de TELEBRAS y Telefónica de Portugal, además de los grandes operadores de cable nacionales: Cablevisión con TCI, VCC de US West y Multicanal (Clarín) con los bancos Galicia y Francés.
VI Las estrategias enmarcadas en la utopía virtual de la megared mundial de servicios, intentan desplazar la posibilidad de introducir en su desarrollo otra racionalidad que no sea la económica. En un mercado donde los servicios públicos son brindados por actores privados es necesario un Estado que diseñe las políticas y que fije las reglas de juego en el sector, que cree organismos de aplicación con poder para arbitrar entre los intereses privados y los derechos del ciudadano.
Por su lado, el capital sólo propone una disputa entre los grupos internacionales por la distribución del mercado mundial, que se materializa en los procesos de privatización y concentración en el plano nacional. La puja se plantea en torno a ver quiénes serán finalmente los encargados de cobrar el peaje de la superautopista de la información.
Emblemáticamente, el diseño de políticas de comunicación desde el Estado en la Argentina de los últimos veinte años, ha estado vinculado a dos experiencias autoritarias disímiles. O bien la ausencia de debate político y social durante el gobierno de facto, con la preponderancia de un núcleo de decisión política sostenido por el terror, que estableció relaciones a veces contradictorias con los propietarios de medios y se las impuso al resto; o bien la preponderancia de una estrecha relación del Estado, a partir de un oficialismo con mayoría parlamentaria, con los intereses económicos hegemónicos cuyo acuerdo clausuró las posibilidades del debate de la sociedad civil, despolitizada y abrumada por la problemática económica. Más allá de las diferencias, queda claro que no es posible comprender la dimensión económico política del menemismo, sin considerar que su lógica encuentra raíces en las políticas neoliberales de la dictadura. Ambos casos, contrapuestos al fracaso del primer período democrático para legislar en el área, sedimentan históricamente el éxito de las políticas elaboradas desde la alianza de los sectores dominantes ante cuya aplicación los sectores populares no han podido aún desarrollar una alternativa.
El análisis del papel del Estado en materia de radiodifusión y telecomunicaciones nos lleva a caracterizar su intervención como decisiva para generar un nuevo marco regulatorio que sentó las bases de una nueva estructura de propiedad dominada por el capital concentrado. En un trabajo anterior (10), se ha señalado la falacia del concepto de desregulación y se propuso suplantarlo por el de rerregulación, más acorde a nuestro entender para comprender el rol del Estado en relación a las necesidades del capital.
El reordenamiento que se está produciendo al interior del sistema de telecomunicaciones y de radiodifusión constituye un movimiento endógeno de posicionamiento y disputa entre los "agentes adiestrados", de suma relevancia para la naturaleza del sistema de acumulación. Ampliamente protagonizado por los oligopolios, el proceso tiene como socios secundarios al Estado rerregulador que ejecuta sus iniciativas y a un sistema de partidos que, en plena crisis de representatividad, no logra siquiera establecer ejes de debate y menos aún modificaciones a la lógica del mercado mediático, principal sostén del discurso político.
En este contexto, quedan algunas cuestiones abiertas: ¿es posible discutir una política de medios sin cuestionar la concentración de la propiedad de los mismos?, ¿deben incorporarse nuevas concepciones de espacio y servicio público?, ¿qué implica la trabajosa tarea, incluso en términos de hegemonía, de pensar un nuevo Estado?, ¿en qué consiste una política de comunicación moderna, democrática y elaborada desde los sectores populares?. El análisis previo nos sugiere que la velocidad del mercado no resiste los tiempos necesarios para la construcción de consensos democráticos.
Notas
(1) Roncagliolo, Rafael (1995) "De las políticas de comunicación a la incomunicación de la política", en Revista Nueva Sociedad Nº 140. Caracas, noviembre-diciembre 1995, pags. 102-111.
(2) Bolaño, César (1995) "Economía política, globalización y comunicación", en Revista Nueva Sociedad Nº 140. Caracas, noviembre-diciembre 1995, pags. 138-153.
(3) Mosco, Vincent (1996) The political economy of communication, Londres. Sage.
(4) Para un análisis más detallado de los orígenes de la televisión argentina pueden consultarse los trabajos de Muraro, Heriberto (1974) Neocapitalismo y comunicación de masas, Eudeba, 1974 y Mastrini, Guillermo y Abregú, Martín (1990) Orígenes de la Televisión privada argentina, mimeo.
(5) La fórmula jurídica del decreto-ley es utilizada por los gobiernos de facto para legislar en remplazo de las funciones habitualmente desarrolladas por el Congreso Nacional. Su importancia radica en que en tiempos democráticos, aquellos tienen fuerza de ley, obligando a su modificación o caducidad mediante el dictado de una nueva ley.
(6) A partir de la alianza internacional celebrada entre Telefónica de España, British Telecom y MCI para la operación de las telecomunicaciones a nivel continental, Telefónica ha iniciado la disolución de estas sociedades.
(7) Richeri, Giuseppe (1994) La transición de la televisión, Bosch, Barcelona.
(8) Para mayor información puede consultarse: Albornoz, Luis; Mastrini, Guillermo y Mestman, Mariano (1996) "Radiodifusión: los caminos de la regulación" en Revista Causas y Azares Nº 4, invierno 1996. pags. 22-33.
(9) Richeri distingue entre transportadores, cuyo negocio de origen era la distribución de señales, y los grupos que se especializan en la producción. Esta frontera es, para el investigador italiano, cada vez mas difusa.
(10) Mastrini, Guillermo y Mestman, Mariano (1996) "¿Desregulación o rerregulación? De la derrota de las políticas a las políticas de la derrota", en Cuadernos de Información y Cultura Nº 2, Universidad Complutense de Madrid.
Bibliografía
- Albornoz, Luis; Mastrini, Guillermo y Mestman, Mariano (1996) "Radiodifusión: los caminos de la regulación" en Revista Causas y Azares Nº 4, invierno 1996. pags. 22-33.
- Albornoz, Luis y Mastrini, Guillermo (1996) "Reflexiones para un análisis de los sistemas de cable en la Argentina", ponencia presentada a las II Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, Olavarría.
- Bolaño, César (1995) "Economía política, globalización y comunicación", en Revista Nueva Sociedad Nº 140. Caracas, noviembre-diciembre 1995.
- Garnham, Nicholas (1990), "Contribution to a political economy of mass media", en Garnham, Nicholas (ed.), Capitalism and communication, Londres, Sage. Originalmente publicado con el mismo título por Media, Culture and Society, Vol. 1, 1979, pags. 123 a 146. Dos traducciones parciales al castellano pueden encontrarse en Moragas, Miguel de (ed.)(1985), Sociología de la comunicación de masas, Vol. 1, con el título de "Contribución a una economía política de la comunicación de masas", pags. 109-140; y en Richeri, Giuseppe (ed.) (1983), La televisión entre servicio público y negocio, Barcelona, Gustavo Gili, con el título, "La cultura como mercancía", pags. 20 a 31.
- Mastrini, Guillermo y Abregú, Martín (1990) Orígenes de la Televisión privada argentina, mimeo.
- Mastrini, Guillermo y Mestman, Mariano (1996) "¿Desregulación o rerregulación? De la derrota de las políticas a las políticas de la derrota", en Cuadernos de Información y Cultura Nº 2, Universidad Complutense de Madrid.
- Mosco, Vincent (1996) The political economy of communication, Londres. Sage.
- Muraro, Heriberto (1974) Neocapitalismo y comunicación de masas, Eudeba, Buenos Aires.
- Murdock, Graham y Golding, Peter (1981), "Capitalismo, Comunicaciones y relaciones de clase", en Curran, James (ed.), Sociedad y Comunicación de masas, México, Fondo de Cultura Económica.
- Richeri, Giuseppe (1994) La transición de la televisión, Bosch, Barcelona.
- Rossi, Diego (1995), Radiodifusión en la Argentina neoliberal, Buenos Aires, CECSo.
- Roncagliolo, Rafael (1995) "De las políticas de comunicación a la incomunicación de la política", en Revista Nueva Sociedad Nº 140. Caracas, noviembre-diciembre 1995.
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