Red Nacional de Investigadores en Comunicación
Red Nacional de
Investigadores en Comunicación
III Jornadas
Nacionales de Investigadores en Comunicación
"Comunicación: campos de investigación y
prácticas"
LA RADIO ESTATAL DE MERCADO
Carlos Alberto Sahade, María Cristina Pauli.
INTRODUCCIÓN
Parece extemporáneo dedicarse a estudiar las radios del Estado en un momento en que el Estado está en retirada. Sin embargo, como decía Silvio Frondizi1 : "Tenemos una profunda fe en la fuerza de las ideas; por ello nos dedicamos a la tarea que nos hemos propuesto, y lo hacemos con la confianza y tranquilidad que depara el deber cumplido, ya que cumple con su deber quien aporta, con buena voluntad, un esfuerzo, por más modesto que sea, para que el hombre continúe escalando la montaña...".
Dicho esto como defensa anticipada para quienes nos acusen de habernos "quedado en el 45" o "en el 27 de agosto de 1920"2 , debemos reconocer que los partidos políticos y los investigadores no nos hemos abocado a la tarea de encarar un estudio serio sobre qué hacer con las radios del Estado, las que nos pertenecen.
El presente trabajo es un intento por pensar que ha pasado con las radios del estado desde 1983, analizando específicamente el caso de Radio Provincia de Buenos Aires, Radio Universidad de la Plata y Radio Nacional.
LOS DILEMAS DE ANTAÑO, LA LETRA Y LOS HECHOS
En primer lugar es necesario hacer un paneo por la historia , para poder comprender el presente.
Durante años, cada vez que se estaba por legislar en materia de radiodifusión, aparecían dos debates, dos opciones, aunque vinculadas entre sí: "pública o privada" y "servicio público o servicio de interés público".
La primera de ellas quedó saldada con la ya indiscutible fórmula del sistema mixto (adoptado en todo el mundo capitalista); la segunda se resolvió en favor de la última posibilidad (no adoptada en todo el mundo capitalista), aunque el debate sigue abierto, pero curiosamente no vigente.
¿Qué se entiende por "servicio público"? "Es toda acción o prestación que se repute indispensable para la convivencia social y que deba ser realizada de una manera uniforme, imparcial, regular y continua, para la satisfacción concreta de necesidades colectivas, en un régimen jurídico especial de derecho público, que puede ser modificado en cualquier momento por la administración pública. De la naturaleza e importancia de estas condiciones se desprende que la prestación de los servicios públicos es función que corresponde potencialmente al Estado, sin perjuicio de que éste pueda delegar en concesionarios, permisionarios o personas autorizadas cuando no prefiera o no pueda tomarla a su cargo directamente, pero reservándose siempre un derecho de control, inspección, vigilancia y policía".3
¿Qué se entiende por interés público? Es cuando el estado es un mero administrador que se limita a reglamentar el uso de los particulares y carece de todos los atributos esenciales del propietario
Con este debate siempre presente, predominando cada postura en épocas diferentes, es que se comenzó el camino de la legislación sobre la radiodifusión, tarea que resultó por cierto nada sencilla
En todo el mundo hubo un desarrollo espontáneo de la actividad partir de iniciativas privadas y los gobiernos no sabían cómo encuadrarla legalmente. En la Argentina se recurrió a la Ley 750½ de Telégrafos que databa de 1875. Luego, en 1904, se promulgó la Ley 4.408 que declaraba comprendida en esa norma a las empresas de radiotelegrafía "que liguen un territorio federal con un provincial, dos provincias entre sí o un punto cualquiera de la Nación con un estado extranjero". Posteriormente, la Corte Suprema resolvió que "deben considerarse incluidas también las estaciones transmisoras de "broadcasting" o de difusión" .4
A partir de allí hubo muchos decretos, reglamentos y alguna que otra ley sobre el tema.
En 1947, una nota reservada de Correos y Telecomunicaciones señalaba la necesidad de adquirir las emisoras privadas "por elementales razones de defensa nacional y concepción espiritual". A raíz de ello, entre 1948 y 1951 pasaron a manos del Estado todas las radios del país, con excepción de Radio Graffigna de San Juan, que no se vendió por la negativa de sus propietarios. Al poco tiempo se sanciona la única Ley de Radiodifusión dictada por un gobierno constitucional, la Ley 14.241 y luego su decreto reglamentario.5
Independientemente de la definición de "servicio público" que le otorgaba a la radiodifusión el Decreto 1.895/44 y del carácter de "interés público" que estableció la Ley 14.241/53, nadie deja de recordar el férreo control y la censura que existieron en los medios de comunicación durante el gobierno de Juan Domingo Perón, fundamentalmente en el segundo, como tampoco la siguiente frase del ex Presidente: "En 1955 fuimos derrocados con todos los medios a nuestro favor. En 1946 y 1973, con todos los medios en contra, ganamos las elecciones".
La llamada "Revolución Libertadora", ni bien asumió, derogó "por monopólica" toda la legislación que había dictado el gobierno constitucional de Perón6
Se anularon todas la licitaciones que había otorgado el gobierno anterior y la prohibición tajante de mencionar la palabra "Perón" o "Peronismo" quedó grabada en la sociedad como el símbolo de esa horrorosa etapa de la vida nacional. A la censura, la Libertadora le agregó un elemento nuevo, el negocio: "Las radios fueron intervenidas por militares que lograron conspicuas ganancias gracias al sistema, sin que hicieran un uso adecuado del medio".7
En febrero de 1958 iba a haber elecciones presidenciales y Pedro Eugenio Aramburu inaugura un criterio que haría escuela en los siguientes regímenes militares: Legislar poco antes de entregar el gobierno.8
Posteriormente, y durante muchos años, poco y nada se legisló, pero merecen destacarse tres hechos. 1) En 1958 se privatizaron 17 emisoras de radio y 33 quedaron en manos del Estado durante aproximadamente 30 años; 2) En 1958 se crea ARPA, Asociación de Radiodifusores Privados Argentinos, que ha presionado y que presiona para que las leyes no se interpongan a sus intereses; 3) El Decreto Ley 15.469 dictado en 1957 por Pedro E. Aramburu, fue reglamentado recién ocho después de su sanción. Decreto 5.490 del 12 de julio de 1965 (Pte. Arturo Illia)
EL PRESENTE NOS CONDENA
Lo ocurrido luego es bastante más conocido. No obstante, hay que destacar que las leyes de radiodifusión sancionadas posteriormente fueron las siguientes: Decreto Ley 19.798 del 23 de agosto de 1972 y su reglamentación, Decreto 4.097 del 9 de mayo de 1973. (Pte. Alejandro Lanusse). Decreto Ley 22.285 del 19 de setiembre de 1980 y su reglamentación, Decreto 286 del 24 de febrero de 1981 (Pte. Jorge Videla).
Así no ubicarnos en el año 1983, punto de partida de esta investigación. Con la apertura democrática los partidos exponían sus visiones. Recordemos qué decían en ese año las plataformas electorales de los partidos políticos más importantes:
UCR: "Ante la grave situación existente y teniendo en cuenta la importancia de los Medios de Comunicación para la preservación de las formas democráticas de convivencia, el radicalismo sostiene que no son suficientes meros retoques de la situación actual y que debe promoverse la búsqueda de soluciones nuevas y transformadoras que nos permitan romper la falsa disyuntiva entre una total estatización de los medios de comunicación y una total privatización de los mismos. Ambos regímenes deben respetarse, porque cada uno sirve a intereses lícitos que deben ser protegidos, pero es indispensable aprovechar a fondo la posibilidad que nos ofrece la circunstancial posesión por parte del Estado de un número de canales y emisoras para poner en funcionamiento, en algunas un régimen distinto, que abra posibilidades de expresión a toda la capacidad creativa existente en la sociedad argentina. Por ello se propone la creación de una nueva forma de explotación de Canales y Emisoras, a través de un Ente Autónomo de Derecho Público no gubernamental y sin fines de lucro".
PJ: "Los medios de comunicación social constituyen servicios comunitarios que, como tales, deben organizarse, promoverse y reglamentarse para lograr el desarrollo y la elevación cultural del pueblo, en el marco de una irrestricta pero responsable libertad de expresión y de prensa sin censura previa. Si bien para ello rigen los derechos de la propiedad privada con marcada función social, es deber del Estado velar para que la comunidad aproveche de ellos sin deformaciones que afecten la naturaleza de nuestra integridad nacional. En lo que hace a la radio y televisión, el análisis retrospectivo indica que hay que mantener este servicio como un área de explotación mixta del Estado y los permisionarios, quienes podrán no sólo ser personas físicas o sociedades comerciales, sino también las asociaciones intermedias como las universidades, sindicatos, entes culturales, etc., a las que actualmente no se les permite intervenir en las licitaciones. Crear en esfera de competencia del nuevo COMFER una comisión asesora ad-honórem para los medios de comunicación social, integrada por representantes de las asociaciones intermedias de la comunidad interesados en la actividad. Revisar los concursos de adjudicación a los efectos de comprobar su legitimidad".
De más está decir que la realidad no pasa por las promesas y nada de lo expresado en las plataformas se llevó a cabo. A partir de 1984 se presentaron numerosos proyectos de Ley de Radiodifusión en el Congreso Nacional, pero lo concreto es que sigue vigente (¿vigente?) el Decreto Ley sancionado durante la dictadura de Jorge Videla.
Ya hemos señalado anteriormente que hay muchos intereses que presionan, y con éxito, para que no se produzcan cambios substanciales, pero qué se ha hecho desde la otra vereda. ¿Se ha estudiado qué función debe cumplir el Estado en materia de radiodifusión? ¿Se ha elaborado una política de comunicación deseable y factible de ser implementada? A primera vista nos parecía que no, y en base a esa hipótesis es que analizamos los casos de LRA1 Radio Nacional, LS11 Radio Provincia y LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata
Sin que las conclusiones generales a las hemos podido arribar signifiquen desconocer algunas experiencias auspiciosas, debemos señalar respecto de las radios del Estado:
1) Las emisoras funcionan como radios estatales sino como gubernamentales, ya sea dependientes de gobierno provincial, nacional o de la universidad.
2) Ningún partido político ha elaborado una estrategia comunicacional y hay una ausencia notoria de equipos dedicados a investigar el tema.
3) Las disputas internas entre corrientes opuestas de una misma gestión gubernamental se han manifestado a través de continuos cambios de directores que implementaban ideas, en muchos casos, diametralmente opuestas.
4) El objetivo fundamental de las distintas gestiones ha sido complacer a las autoridades a través de una política obsecuente con fines electoralistas.
Esto se ha podido verificar a través de numerosos testimonios y documentos, pero para esta instancia vamos a remitirnos a lo que dicen algunos de los directores de esas emisoras que hemos entrevistado con motivo de la presente investigación:
Horacio Alfaro9 : "Durante mi gestión Radio Provincia fue democrática y plural, cosa que no es fácil, porque cada cuál tiene su idea. Nos faltó conocimiento o un debate más profundo sobre qué hacer con los medios. No hay que olvidar que durante la dictadura no tuvimos posibilidad de discutir eso, o de tomar contacto con libros o experiencias en otros países. Todos los congresos y las jornadas vinieron después".
Raúl Balbín10 : "Yo tuve, sobre todo con Domeniani15 , bastantes desencuentros. El no entendía que el director de una radio del Estado debe mantener un equilibrio. Hay funcionarios que creen que la radio debe estar al servicio de lo que ellos quieren decir y no es así. La Radio tiene que ser un medio abierto. Si sólo es una propaladora del gobierno, no sirve, y eso no era debidamente interpretado. (...) Tuve bastante libertad para decidir la programación. Entonces ¿qué hicimos? Si no podíamos crear algo nuevo por lo menos intentamos imitar a las radios que tenían una buena programación. (...)Yo reconozco que por lo menos en mi partido no existió un debate sobre qué hacer con los medios en manos del Estado. No quiero decir que el partido fue indiferente al tema, sino que no había un proyecto específico. Reconozco que en algunas cosas, cuando llegué a la radio, tuve que improvisar".
Fernando Coradazzi11 : "Las radios estatales se están muriendo, en vez de conservar un espacio, que para mí nunca se pudo hacer porque existen muchos egoísmos, muchas parcialidades, internas políticas... hasta intereses comerciales. Yo quisiera que las radios estatales funcionen como las de otros países , donde hay criticas de la oposición , pero funcionan comisiones parlamentarias. (...) En los partidos políticos no hay políticas de comunicación, lo que hay son comunicadores, sociólogos, gente que está en los medios que adhiere a determinada cuestión política o que es contratada por determinado grupo. Los partidos políticos no tienen políticas de comunicación, no la tiene la UCR, a pesar de que el actual presidente (Rodolfo Terragno) ha sido periodista; conoce el medio pero no comparte su experiencia, sino que la usa para manejarse él. Tampoco la veo en el PJ, que tienen buenos comunicadores pero adherentes o contratados, ni en el FREPASO ni en ningún otro partido. Es un tema que interesa pero no a nivel orgánico".
Julio Espstein12 : "Creo que no existen radios oficiales. Está por desaparecer Radio Municipal y es por la falta de proyectos que coadyuva a que no podamos determinar para qué queremos una radio. Yo le preguntaría a Julio Marbiz13 para qué quiere un radio oficial, ¿para pasar folklore... tango? ¿Vale la pena que el Estado mantenga una radio para pasar tango y folklore o vamos a utilizar la radio como medio de difusión cultural donde no descarto ni el tango ni el folklore? (...)El objetivo por el cual fueron creadas las radios estatales se ha desvirtuado. Radio Nacional tenía una orquesta juvenil, la Orquesta de Radio Nacional que daba conciertos con reparto gratuito de entradas y había una cola de una manzana entera esperando. Quiere decir que con esa radio la intención del gobierno era difundir un aspecto cultural que no cubrían las otras radios. ¿Qué empresa privada podría mantener tres orquestas, una juvenil, otra de cámara y una sinfónica? (...) El Estado tiene que hacerse cargo de la enseñanza, de la difusión de la cultura en general. ¿Qué medios puede utilizar? Además de la TV, que está visto que no la usa; podría utilizar la radio, que tampoco la usa. ¿Qué otro medio popular hay de uso masivo? Ninguno. (...) Creo que yo fui el cuarto o el quinto director que tuvo Radio Nacional en la era Alfonsín. Si en cinco años la radio tuvo cuatro directores quiere decir que ninguno, y me incluyo, sirvió para nada. No le sirvió al Estado; cada uno hizo lo que quiso. Creo que no hay salida. Este gobierno está empeñado en vender todo; la venta de Municipal es la prueba más evidente de la entrega a mansalva de un medio de comunicación".
María Cristina Mata14 "Creo que hoy no estamos pensando en que hacer con los medios del estado, tal vez por esa historia de que el estado no asume el carácter público que tienen que tener esos medios; sino que los transforma en herramientas del gobierno. Uno, en cambio, ha pensado mucho más acerca de lo que tiene que hacer el estado, y en ese sentido, creo que no es que tenga que tener sus propios medios, sino operar como un ente regulador, es decir, dando leyes -que no hay en nuestro país- que favorezcan lo referido a la radiodifusión pública. Creo que la función del estado es asegurar la posibilidad de acceso al uso de la radio por sectores de la sociedad civil que no sean solamente los sectores empresariales."
Para el análisis también sirve dar una mirada a los modelos que funcionan, como el caso del Servicio Español de radiodifusión o bien el caso de Holanda. Sintéticamente podemos señalar que ambos países existe una administración integrada por diferentes sectores de la comunidad y con control parlamentario los que las hace tener un proyecto con continuidad, una garantía presupuestaria y una misión hacia la comunidad 15
En 1988 el Comité Nacional de la U.C.R. conformó diversas comisiones para analizar, área por área, lo actuado hasta ese momento por el gobierno de Raúl Alfonsín. Pese al pedido de algunos dirigentes, el máximo organismo de la U.C.R. se negó a incluir una comisión sobre medios de comunicación.
A raíz de esta circunstancia, el tema fue considerado, fuera de los canales orgánicos, por la Junta Coordinadora Nacional de la Provincia de Buenos Aires. Este nucleamiento, que estuvo vinculado con la gestión radical en Radio Provincia, Radio Universidad y ATC, elaboró un informe que elevó a las autoridades partidarias sin que hasta el momento se haya dado a conocer. Estas son algunas de sus conclusiones:
1) "En materia de comunicación social, el fracaso de lo instrumentado por el gobierno democrático ha sido estrepitoso. Lo que hace más lamentable el resultado obtenido hasta aquí lo constituye el hecho de no haberse implementado política alguna. Salvo honrosísimas excepciones, hemos andado a los tumbos, atinando sólo a tirar "trompadas de loco", sin llevar adelante proyecto alguno. La falla más grave fue no haber intentado siquiera un método planificado previamente. Nos pasamos cuatro años improvisando".
2) "...el largo camino que no se recorrió en este campo durante estos cinco años de democracia es, lamentablemente, tiempo perdido que, sin dudas, implica un claro retroceso porque -y esto lo podemos comprobar con sólo mirar la televisión del Estado- todo el terreno que no ha avanzado la democracia lo han hecho sus enemigos"
3) Si convenimos que el sistema educativo y cultural debe necesariamente ser controlado por el Estado, estaremos contestes en afirmar que los medios de comunicación también tendrán que ser controlados por el Estado. De nade servirá sino el esfuerzo y el gasto que todos hacemos a través de los impuestos para crear mentalidades solidarias, democráticas, si acto seguido a la actividad escolar nuestros hijos asistirán pasivamente al bombardeo psicológico que produce la televisión".
Sobre la actuación de gobierno de Raúl Alfonsín en esta materia, este equipo de investigación consultó a personas que se han dedicado a estudiar el tema. La siguiente es una de ellas que, además, nos introduce en la presente etapa, la del Presidente Carlos Menem:
Washington Uranga16 : "Alfonsín nunca entendió, y creo que es uno de sus errores políticos, la importancia que tenía el diseño de una política comunicacional. Creo que le temían tanto a los medios como a los militares. Menem, por el contrario, aplicó en éste campo el mismo pragmatismo que aplica en todo. Así, yo soy el que distribuyo, yo reparto, y entonces mi poder surge de eso, de que tengo la posibilidad de repartir, y esto forma parte de mi negociación permanente. Le fue bien por otras razones, ajenas a lo estrictamente comunicacional. La política de Menem me parece directamente perversa; porque además reparte con el mismo criterio con que imparte justicia, reparte desde una lógica muy sectaria políticamente, mafiosa en otros términos, que divide a la sociedad entre los amigos y los enemigos. Y probablemente, sobre el test del convencimiento de que todo es corruptible".
LA EMERGENCIA MENEMISTA
No se puede negar que el Presidente Menem supo qué hacer con los medios del Estado y lo hizo ni bien arribó a la Casa Rosada. En Agosto de 1989, a un mes de haber asumido su cargo crea una comisión para privatizar los medios y los declara en emergencia17 .
Dos días después de la firma de esos decretos, el 17 de agosto de 1989, era sancionada la Ley 23.696 de Reforma del Estado, más conocida como Ley Dromi. El art.1 declara en estado de emergencia a todo organismo de la "Administración pública nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en el que el Estado nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias". Por el art. 2 se autoriza al PEN a disponer la intervención "de todos los entes, empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado nacional y/o de otras entidades del sector público nacional de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos. Excluyéndose expresamente a las universidades nacionales del régimen de intervenciones establecido en el presente artículo".
El art. 65 se refiere concretamente a la radiodifusión eliminando los articulos que ponen limite al otorgamiento de licencias, y que exigen que el licenciatario no sea propietario de otras empresas periodisticas. Tambien suprime el carater intranferible de las licencias y la exigencia de dedicarse exclusivamente al explotar y prestar servicios de radiodifusión. En sintesis se habre la puerta a la formacion de multimedios y se amplia la gama de negoscios que puede hacer el licenciatario.18
Bajo estas nuevas condiciones, el Anexo 1 de la Ley Dromi, especifica que serán privatizados los siguientes medios: LS 84 TV Canal 11, LS 85 TV Canal 13, LR 3 Radio Belgrano, LR 5 Radio Excelsior y todos los medios de comunicación administrados por el Estado exceptuando: LS 82 ATC Canal 7, LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Radio Difusión Argentina el Exterior (RAE) y las emisoras que integran el Servicio Nacional de Radiodifusión.
Todo se cumplió y la onda privatizadora, juntamente con la "economía popular de mercado" modificó el contenido de un debate que nunca se resolvió sobre la función de las radios del Estado. La discusión de fin de siglo es ver cómo se hace para que las radios del Estado no tengan déficit.
Esta nueva etapa encontró innumerables e impensados adherentes. El siguiente no es un caso paradigmático, pero sí un ejemplo.
En 1986 el entonces diputado bonaerense Víctor Manuel Tomaselli (PJ) presentó dos proyectos: Ley provincial de Radioteledifusión y la Ley que crea la Empresa de Radio y Televisión Bonaerense. La primera de las normas propuestas señala en su Art. 1: "La Radiodifusión es un ámbito cultura y un servicio público prestado por el Estado y permisionarios privados". El Art. 7 establece que la autoridad de aplicación de la norma será el Consejo de Radioteledifusión de la Provincia de Buenos Aires, que, según el Art. 8 "estará integrado con representantes del Poder Ejecutivo Provincial, de los municipios, de ambas Cámaras Legislativas Provinciales, de los sindicatos de trabajadores de la Radioteledifusión con asiento en la Provincia, de las organizaciones de licenciatarios privados de servicios de Radioteledifusión y de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, de cuyo seno surgirá un Comité Ejecutivo".
El mismo Víctor Manuel Tomaselli asume en 1992 como director de LS 11 Radio Provincia de Buenos Aires y desde allí impulsa FUNDAPRA (Fundación para la Proyección y Fomento de la Cultura, Educación, Prensa, Radio, Televisión, Servicios de Radiodifusión y Telemática), a través de la cual se logró incorporar publicidad comercial a la emisora bonaerense que, para sorpresa de empleados y oyentes, y con el pretexto de lograr el ansiado cierre de las cuentas, comenzó a transmitir música en cadena con FM Tropicalísima 92.7, Fantástico FM 104.7 y FM Tropical 93.9.
Tomaselli dejó Radio Provincia ante una ola de críticas y sin que se supiera qué había sido de la suerte de los fondos recaudados por FUNDAPRA.
Actualmente la radio vende publicidad, off de récord algunos funcionarios reconocen que al gobierno provincial no le interesa la radio pero que no es privatizada porque ese hecho tendría un costo político muy grande. Cabe señalar que Radio Provincia no cuenta con un departamento comercial propio, sino que tiene organizada la venta de avisos a través de una agencia privada. Por otra parte el precio del segundo es mas caro que cualquier radio de la capital federal (Rivadavia por ej.). Y otro detalle: la radio gasta al año un millón y medio de dólares, sin incluir sueltos del personal que son absorbidos por el presupuesto provincial.
Por su parte radio Universidad está abocada a no producir déficit y mantenerse tecnológicamente. Con el magro aporte del rectorado mantiene su planta de personal, con los sueldos mas bajos de plaza. Gracias a la incorporación de avisos realiza mejoras a través de canjes publicitarios con comercios locales, pero también, y llamativamente, sin estructura comercial alguna.
Esta es la constante de las radios que pretenden vender pero no hacen nada para lograrlo. Habría que preguntarse que hay detrás de esta supuesta contradicción?
Este interrogante es sin duda una puerta para continuar el camino iniciado , siempre aportando nuestro modesto esfuerzo para "continuar escalando la montaña".
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo. Centro Universitario - Parque General San Martín. CP (5500) - Mendoza. Fax: 061-381347. Tels: (061) 234393 / (061) 257701 [int. 2024]
