AREA TEMÁTICA: Comunicación y Política

TEMA: "Los organismos de derechos humanos y el juicio a las Juntas"

Esta es una breve reseña de nuestra Tesina de Grado de la Carrera de Cs. de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires: "Los organismos de derechos humanos y el juicio a las Juntas".

A más de diez años del juicio a las Juntas nos propusimos analizar discursivamente las demandas específicas de los organismos de derechos humanos en torno al tema de la Justicia. Nos concentramos especialmente en las significaciones construidas a partir de una práctica social concreta: el juicio a las Juntas Militares (de abril a diciembre de 1985). Para ello tomamos a Madres de Plaza de Mayo, Servicio de Paz y Justicia, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas como actores sociales principales.

Teniendo en cuenta sus expectativas iniciales con respecto al juicio, su accionar durante el mismo y las lecturas que se hicieron de la sentencia intentamos dar cuenta de cómo se fueron posicionando en la lo que "guerra de las interpretaciones" (Laclau, 1993 : 225).

Para hacer un análisis descriptivo del discurso de los organismos de los derechos humanos también tuvimos que considerar el discurso de otros actores sociales: el del gobierno y el de los militares. El del primero porque a él se dirigían los reclamos de estas instituciones y el de los militares porque ellos estaban directamente involucrados en dichos reclamos.

Inicialmente creímos que el discurso de las entidades defensoras de los derechos humanos se presentaba como unificado y sin fisuras. Sin embargo, a lo largo de la investigación comenzamos a detectar distintas posiciones discursivas. Nuestro principal objetivo fue, entonces, rastrear el sentido diferencial que fueron adquiriendo estas demandas durante el juicio a las Juntas Militares, en 1985.

Para ello partimos de las siguientes preguntas:

-¿Los organismos de Derechos Humanos le otorgan el mismo sentido a dichas consignas?

-¿Cómo construyen su identidad frente al gobierno y los militares?

Dado que nos concentramos en los organismos de Derechos Humanos y en el juicio a las Juntas, el material de referencia empírica consistió en las declaraciones de miembros de estas entidades en los diarios (Clarín y La Nación), solicitadas, comunicados de prensa y publicaciones de ese período, además de la Cronología Argentina sobre los Derechos Humanos, elaborada por el CEDES. Como complemento del material de referencia empírica de la investigación entrevistamos a miembros de los organismos. Pero dado que las entrevistas fueron hechas entre 1995 y 1996 existe, necesariamente, una reinterpretación de los acontecimientos a la luz de todo lo que sucedió después (Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida e Indulto). Sin embargo, en algunos casos las entrevistas permitieron completar la falta de material de la época analizada.

Para investigar la posición de los otros actores sociales, recurrimos a los diarios "La Nación" y "Clarín", así como también a artículos de la revista "El Porteño". Cabe aclarar que si bien dichos medios representan a distintos sectores de la sociedad y construyen la realidad discursivamente, no los tomamos como "sujetos de enunciación", sino que nos limitamos a trabajar con los discursos referidos.

El andamiaje teórico utilizado se basa principalmente en algunos conceptos planteados por: Ernesto Laclau y Eliseo Verón.

En 1983, gran parte de la ciudadanía creyó que el fin de la impunidad sería posible, es decir, que quienes habían sido responsables de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar serían juzgados y recibirían algún tipo de castigo, en caso de ser hallados culpables. Por lo tanto, uno de los principales problemas del gobierno democrático era qué hacer con la cuestión militar. Para analizar la puja por imponer el sentido con respecto al reclamo de justicia que se produjo en la sociedad - durante los primeros años del gobierno de Alfonsín - partimos de las concepciones de lo discursivo que aparecen en Laclau y Verón.

Estos dos autores plantean conceptos que son compatibles. Laclau define al discurso en tanto "horizonte de constitución de todo objeto" (Laclau, 1993: 194); mientras que Verón sostiene que "el análisis de los discursos no es otra cosa que la descripción de las huellas de las condiciones productivas en los discursos, ya sean las de su generación o las que dan cuenta de sus efectos".(Verón, 1987: 127). Por lo tanto, consideramos al discurso como el plano de inscripción de la lucha por imponer las diferentes significaciones sociales en juego. A partir de ahí, intentamos dar cuenta de cómo los distintos actores sociales construyeron la producción de sentido discursivamente.

Además utilizamos los conceptos de equivalencia y diferencia de Ernesto Laclau. El autor explica que la estructuración de los espacios políticos se da a partir de estas dos lógicas opuestas que están siempre presentes. La de la equivalencia es una lógica de la simplificación del espacio político, mientras que la de la diferencia es una lógica de la expansión y complejización del mismo.

Lo importante es que dos términos para equivalerse, deben ser diferentes, ya que de otra forma estaríamos ante la simple identidad. Las diferencias se anulan en la medida en que son usadas para expresar algo idéntico que subyace a todas ellas. Por lo tanto, la identidad de los términos está dada por su referencia común a algo exterior.

A partir de este planteo vimos cómo, hacia fines de la dictadura y durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, las demandas de Justicia de los organismos de derechos humanos son identificadas con las de gran parte de la sociedad, vimos cómo estas demandas se vuelven hegemónicas en tanto que representan lo universal. Además, analizamos cómo se daba la dimensión equivalencial, qué es lo que hacía que los organismos fueran equivalentes entre sí, y cómo y en qué contexto comienza a predominar la dimensión diferencial en el seno de los propios organismos.

Si durante la dictadura las demandas de Justicia podían ser interpretadas como una oposición al sistema de gobierno, con el advenimiento de la democracia hay una complejización del espacio político. De todas formas, si bien las demandas y los slogans utilizados siguen siendo los mismos, esto no implica que los organismos de Derechos Humanos se propongan reemplazar al poder existente por algo diferente, pero sí buscan imponer su propio concepto de Justicia. Al exigir "Juicio y castigo a todos los culpables" y "No a la impunidad", las entidades instituyen una utopía: la de una justicia posible.

El objetivo principal de este trabajo fue rastrear los distintos conceptos de justicia de los organismos de Derechos Humanos durante el juicio a las Juntas. Quizás sea conveniente recordar cuáles eran las preguntas iniciales:

A través de la investigación realizada hemos podido comprobar que los organismos de Derechos Humanos no constituyen un todo homogéneo durante el período bajo estudio. Cada organización comparte objetivos comunes pero tiene un funcionamiento autónomo y objetivos específicos además de un estilo que le es propio. En términos de Laclau, podemos decir que la dimensión diferencial se mantiene a lo largo del proceso judicial. Sin embargo, los organismos se hacen equivalentes cuando declaraciones concretas del gobierno o de los militares afectan de alguna manera sus demandas (por ejemplo, cuando se habla de la posibilidad de amnistía, punto final, etc.).

A partir de los distintos documentos relevados en este trabajo, encontramos ciertas invariantes en el discurso de los organismos:

El eje Justicia-Verdad es recurrente. Sin embargo, estas entidades conceptuales aparecen incluidas en distintas estructuras jerárquicas. En algunos casos, el concepto de "justicia" engloba a la "verdad" reclamada (como el caso del Medh y Abuelas, donde conocerla forma parte de la justicia). En el resto de los organismos, la "verdad" aparece como un reclamo autónomo y con la misma importancia que la demanda de "justicia".

A pesar de estas diferencias creemos que en todos los casos el concepto de "verdad" alude a lo mismo: saber qué pasó con los desaparecidos, es decir: saber cómo, quiénes y de qué forma los mataron, dónde están los cuerpos y, en el caso de las Abuelas, dónde están los hijos de los desaparecidos. Aquí no estamos ante la dimensión equivalencial laclauniana, sino ante la simple identidad, ya que todos los organismos de Derechos Humanos otorgan el mismo sentido al término "verdad".

Por otra parte, la demanda de "verdad" se vincula a la lógica utilizada por la dictadura militar ya que ésta fue responsable de la creación de la figura del desaparecido. Esto contribuyó, a largo plazo, a borrar el cuerpo del delito, las huellas de lo actuado.

La "desilusión" a la que aluden los organismos de Derechos Humanos tras la sentencia está relacionada con que los acusados no revelaron datos sobre el destino de los desaparecidos y esto socavó la posibilidad de acceder a la verdad exigida.

Con respecto al reclamo de "justicia", el concepto es, en general, homologado a la consigna "juicio y castigo a todos los culpables", pero no todos los organismos le otorgan el mismo sentido a los términos en cuestión.

En líneas generales, el castigo reclamado consiste en la cárcel, la cadena perpetua a "todos" los responsables del "terrible genocidio". El único organismo que a pesar de coincidir con este reclamo plantea la posibilidad de otra alternativa de castigo es el Medh. En la entrevista efectuada, un miembro de la entidad dijo que se podrían establecer "castigos más creativos" como por ejemplo, que los condenados fueran obligados a donar la mitad de sus salarios para financiar las actividades de los organismos de derechos humanos. Para esta entidad, el castigo sólo es un acto de justicia si se repara la injusticia cometida contra las víctimas. Una forma de reparación consiste, justamente, en esclarecer lo que ocurrió.

Con respecto al "todos" de la consigna compartida, es posible establecer otro elemento diferencial entre las entidades. Aquí, los organismos coinciden en que el juicio debe alcanzar a todos los responsables - directos o indirectos - de las violaciones a los derechos humanos; sin embargo, la concepción de la Liga y de Familiares incluye además a los responsables de la crisis económica.

Si tenemos en cuenta los textos de los funcionarios del gobierno, se observan algunos conceptos que se repiten durante todo el proceso judicial y se mantienen después de la sentencia: "reconciliación/pacificación", "democracia" y "futuro". Si nos colocamos a nivel del funcionamiento discursivo no percibimos una ruptura en el discurso gubernamental. Los documentos analizados revelan que el enunciador se apropia del genérico "democracia", ubicándola como un bien supremo, que va más allá de cualquier otro valor (inclusive la justicia). En su rol de mediador, el enunciador apela a los conceptos de "reconciliación "y "pacificación" buscando conciliar posiciones encontradas. El mensaje subyacente es que sin "reconciliación/pacificación" entre los argentinos el futuro de la democracia está amenazado.

Por otra parte, los organismos de Derechos Humanos se niegan a aceptar la reconciliación planteada por el gobierno en tanto entienden que sólo se podrá alcanzar la paz entre los argentinos luego de que se "juzgue a todos los culpables". Cabe aclarar que el MEDH vuelve a tener una posición diferencial, pues plantea que quien debe tener la iniciativa de la reconciliación es aquel que ha cometido una injusticia.

Con respecto al discurso de los militares tampoco observamos discontinuidad en el período analizado. En líneas generales, se mantiene la estrategia discursiva de desconocer la legitimidad del juicio, a pesar de someterse a él. Los acusados se responsabilizan de sus actuaciones en tanto jefes de las Fuerzas pero no admiten culpabilidad alguna con respecto a los delitos imputados.

Es interesante señalar que además existen ciertas invariantes que aparecen en el discurso de los actores sociales analizados. El eje "nosotros-ellos" estructura la mayoría de los textos estudiados y se llena con un contenido específico en cada coyuntura particular. En el discurso gubernamental, por ejemplo, el "nosotros" coincide con "los defensores de la democracia" y el "ellos" remite a los "antidemocráticos". Esta nueva categorización de los argentinos aparece como superadora de la dicotomía civiles/militares y es reformulada por el gobierno en función del bien supremo "democracia", de acuerdo con el rol de "mediador" que éste asume.

En el caso de las entidades defensoras de los Derechos Humanos, el "nosotros" incluye - generalmente - al colectivo "pueblo". Las demandas de estas instituciones son presentadas como las de todo el pueblo o de toda la sociedad.

También es interesante destacar que en algunos casos, discursos aparentemente dicotómicos coinciden en el sentido otorgado a algunos términos. Por ejemplo: Madres y los militares acusados utilizan peyorativamente el término "político". En los dos casos hay una relación de exterioridad con respecto a este concepto. Las Madres se presentan como una alternativa "no política", mientras los militares califican al juicio de "político" en tanto que para ellos es arbitrario.

A través de las entrevistas realizadas percibimos que la posición de los organismos defensores de los Derechos Humanos con respecto al juicio es de mayor valoración de la que tenían tras conocerse la sentencia. Incluso en aquellos temas en los que - en su momento - no acordaron totalmente con el gobierno (por ejemplo: la creación de la Conadep, ya que ellos querían una comisión bicameral) ahora la posición de estas entidades, en líneas generales, es menos crítica.

A la luz de los acontecimientos que se sucedieron luego de la sentencia a los ex-comandantes, la utopía de "justicia" compartida por los organismos de Derechos Humanos se ha vuelto cada vez más lejana. No obstante, estas entidades no abandonaron la lucha, aún cuando quizás hayan perdido una batalla en la guerra de las significaciones.

En la actualidad continúan manteniendo su búsqueda de verdad y justicia aunque su peso en el espectro político ya no sea tan importante. Estas entidades coinciden en la necesidad de mantener viva la memoria de lo sucedido como forma de evitar la repetición de los hechos. Sin embargo, no podemos ignorar que no hay memoria que pueda reemplazar la justicia.

Aquí cabría preguntarse si la "decepción" de la que hablan los organismos de Derechos Humanos tras la sentencia no fue el primer paso del quiebre de la "confianza" en el poder judicial en tanto institución autónoma capaz de administrar justicia; quiebre que hoy indudablemente está instalado en la sociedad argentina.

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