La "sociedad de la información" surge originariamente como un modelo
conceptual que intenta dar cuenta de las profundas alteraciones
experimentadas por la sociedad industrial en las últimas décadas,
inducidas, fundamentalmente, por la revolución tecnológica. De este modo,
se suele considerar al nuevo modelo informacional como la meta deseada a la cual los
países se aproximan indefectiblemente. Sin embargo, las velocidades de
transición hacia la sociedad de la información dependen en gran medida
del grado de desarrollo y riqueza de los países, dado el bagaje de
capacidades, conocimientos e infraestructura necesarios para superar con
éxito tal transición. Los países del Sur se encuentran, como consecuencia de ello, nuevamente
rezagados con respecto a los más desarrollados, que han comenzado esta
transición desde un lugar de partida aventajado.
En este contexto surge la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI) como proceso global en el que participan los
principales actores vinculados a temáticas de información y comunicación,
tales como los gobiernos, la sociedad civil organizada, el sector privado
y la academia. El Plan de Acción aprobado en la primera fase de la Cumbre
en Ginebra ha sido objeto de variadas críticas, fundamentalmente desde
las organizaciones de la sociedad civil. Estas críticas abarcan desde
cuestiones organizativas (en la elaboración del mismo no se siguó el marco de trabajo
multisectorial propuesto para la organización de la Cumbre) hasta
profundos aspectos políticos e ideológicos. Se critica, por ejemplo, el
corte tecnicista del Plan de Acción de Ginebra, que prioriza cuestiones
de acceso y extensión de infraestructura frente a políticas de desarrollo
de capacidades; así como
la carencia de aplicabilidad frente a la altísima heterogeneidad de
situaciones registradas a nivel mundial. Asimismo, se ha interpretado que
el tipo de asociaciones publico-privadas previstas en el plan tiene el
riesgo de minimizar la intervención estatal y la batería de políticas
públicas necesarias, promoviendo soluciones basadas exclusivamente en el
libre mercado, que no aseguran la consecución de los fines de desarrollo
social deseados.
A pesar de estas limitaciones en cuanto a sus resultados concretos y pese
a la falta de visibilidad de la Cumbre frente a otras instancias
globales, ésta cumple con el cometido de introducir la sociedad de la
información como temática dentro de las agendas nacionales. De este modo
emergen las estrategias nacionales, ciberestrategias o estrategias-e, como marcos de
acción que sustentan la construcción de la sociedad de la información en
diferentes regiones y naciones. A nivel global, organismos
internacionales tales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UN
ICT Task Force han sentado precedentes en el diseño y promoción de este
tipo de estrategias.
Uno de los factores reconocibles que inciden sobre el éxito de estas
estrategias es la implementación de marcos de trabajo multisectoriales en
las fases de diseño y aplicación, de modo de lograr perspectivas
integrales, sustentadas en las visiones comparadas de todos los actores
protagonistas del
proceso (incluyendo a la sociedad civil y el sector privado). La
participación del sector privado en
estos procesos es considerada como
útil y necesaria, siempre y cuando sea ejecutada bajo control estatal. El
"dejar hacer" al sector privado suele tener la consecuencia
indeseada de extensión de infraestructura y conexión solamente en
aquellos espacios de mercado rentables. En este sentido, los planes de
acción para la sociedad de la información deben lidiar también con la
liberalización del sector de las telecomunicaciones, impuesta por las
instituciones financieras internacionales en numerosos países y regiones,
tales como América Latina. La consecuencia directa de tales reformas ha
sido la merma en las regulaciones a la acción del sector privado, que redunda en la
desvinculación entre políticas TIC y políticas de derechos humanos y
promoción de prácticas ciudadanas.
A esta compleja situación se suma el hecho de
que los gobiernos de los países menos desarrollados suelen destinar pocos
recursos a la inversión en este tipo de planes. Frente a presupuestos
reducidos, estos ocupan un segundo puesto con respecto a prioridades como la salud y
educación. Asimismo, una buena parte de estos países carecen en sus
gobiernos de cuerpos técnicos capacitados en la temática, lo cual impacta
sobre políticas fragmentarias y de corte alcance, y en la falta de
protagonismo en instancias globales de decisión, como la CMSI. Urge, de este modo, la
consulta e incorporación en el diseño de políticas de organizaciones de
la sociedad civil especializadas en temáticas de información y
comunicación, capaces de generar, desde su experiencia, aportes valiosos
al proceso.
Los planes de acción de aproximación a la sociedad de la información
deben ser considerados como políticas de estado
y no como
programas periféricos o accesorios. El paradigma actual apunta a
programas integrales, de coordinación multisectorial, e incorporados
activamente a las agendas del desarrollo
como los
más eficaces para la transición hacia la sociedad de la información. Es
necesario hacer hincapié, también, en la conjunción regional de esfuerzos
y en las estrategias o planes regionales.
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