Introducción

LA PETROLIZACION de nuestra economía, el enorme crecimiento de nuestra deuda externa y la profunda crisis que sacudió al país a principios de la década de los 80, durante el gobierno de José López Portillo, sirvieron de extraordinario pretexto a los neoliberales para empezar a aplicar en México las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Esos organismos financieros al servicio del imperialismo norteamericano, aprovechando la situación de crisis creada por ellos mismos al propiciar una política generalizada de endeudamiento, más allá de las posibilidades reales de los países subdesarrollados, particularmente de los de América Latina, les impusieron su proyecto neocolonial. En México a través de las llamadas cartas de intención suscritas por el gobierno y el FMI se adquirieron muchos compromisos, entre ellos la política consistente en deshacerse de las empresas públicas, la de establecer topes salariales y otras similares, todas ellas contrarias a los intereses nacionales y populares.

El nuevo proyecto, proponía superar la profunda crisis económica que aquejaba al país, lograr un crecimiento sostenido de la economía y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Durante los últimos 17 años los resultados de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país son los siguientes:

Primera etapa: el desmantelamiento del sector estatal

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se inicia, con el pretexto de que la crisis se había presentado porque el Estado estaba obeso y que por ello no podía cumplir con su función fundamental que es la de proporcionar bienestar a los mexicanos, la aplicación en nuestro país del proyecto neoliberal. La primera medida consistió en realizar el proceso llamado, eufemísticamente, de desincorporación de empresas públicas por las siguientes vías: la extinción, la fusión, la liquidación, la transferencia a las entidades federativas y municipios, la venta a los trabajadores de la empresa que se desincorpora, y sobre todo, la venta a los empresarios privados nacionales y extranjeros.

El 3 de diciembre de 1982, apenas dos días después de haber tomado posesión como presidente de la República, Miguel de la Madrid envió al Congreso de la Unión, un par de iniciativas para modificar la Constitución1. Dichas propuestas fueron aprobadas y entre las modificaciones realizadas es indispensable destacar las relativas al los artículos 25 y 134 constitucionales.

En el nuevo artículo 25 se incluyeron tesis ajenas y contrarias al proyecto emanado de la Revolución Mexicana. Al definir al Estado como rector se le suprimió, en la práctica, su papel de productor directo de bienes y servicios y en contra partida se le dejó solamente la facultad de dictar las normas, a partir de las cuales deberían desarrollar sus actividades los particulares, es decir, se sentaron las bases para convertir al Estado mexicano en algo similar al Estado policía que propone el neoliberalismo. El objetivo central era debilitarlo, como paso previó para poder desarrollar el proyecto económico dependiente del imperialismo.

Partiendo del principio que establece que en derecho constitucional lo que no está expresamente facultado no lo puede realizar la autoridad, se realizaron las modificaciones al artículo 134 de nuestra Carta Magna para incluir en dicho ordenamiento el sustento jurídico del gobierno mexicano para vender las empresas del Estado, sustento que no estaba incluido en ningún otro artículo constitucional.

Al amparo de estas y otras modificaciones legales, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se produjeron los siguientes hechos: si durante el primer año de ese régimen, el gobierno federal participaba en 45 ramas de la economía, para el último solamente lo hacía en 23; si en 1982 tenía 1155 empresas: 744 de participación estatal mayoritaria, 231 fideicomisos públicos, 102 organismos descentralizados y 78 empresas de participación estatal minoritaria, en 1988 tenía solamente 412; de las 705 empresas desincorporadas 219, es decir, el 30 por ciento, fueron vendidas2. El gobierno federal proporcionó la información anterior en un documento en el que se establecía que sólo se había procedido a desincorporar empresas que no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional, que el 18 por ciento de las empresas vendidas tenían como nuevo dueño al sector social, es decir, a los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores y que en más del 90 por ciento de los casos los compradores habían sido inversionistas nacionales.3

A pesar de que también informó de los ingresos totales obtenidos por las ventas, no proporcionó el monto de lo que correspondía a cada una de ellas y qué porcentaje del total correspondió al sector social, cual al capital privado nacional y cual al extranjero. Esos importantes datos hubieran evidenciado, como en realidad sucedió, que el monto mayor correspondía al capital externo.

El gobierno de Miguel de la Madrid afirmó que a partir de su gobierno se podría iniciar una mejor etapa de la historia del país, que las bases sólidas se estaban fincando a partir de una readecuación presupuestal y disciplina estricta del gasto público. Las principales líneas de su política económica fueron el saneamiento de las finanzas públicas; el redimensionamiento del sector público; la apertura económica; la reconversión industrial; y, la contención salarial.

Además, casi al finalizar su gestión, en diciembre de 1987, propuso a los sectores productivos del país la suscripción de un Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que obligaba al gobierno a no incrementar los precios de los bienes y servicios que proporcionaba a través de sus empresas; establecía, violando los derechos de los trabajadores, el tope a los incrementos salariales y solamente recomendaba al sector privado el no incremento de sus precios por encima de los costos reales. Con ello, decía, se estabilizaría la economía, esta empezaría a crecer y los trabajadores irían recuperando, poco a poco, el poder adquisitivo de sus salarios.

Sin embargo, los resultados de esa política económica no pudieron ser más desastrosos, se continuó incrementando la deuda externa pública y total, la inflación creció a tasas muy elevadas, 86.7 por ciento de promedio anual; el Producto Interno Bruto tuvo saldo negativo en el sexenio y el salario mínimo real perdió, durante esos seis años, el 41 por ciento de su poder adquisitivo.

Segunda etapa: la profundización del proyecto neoliberal

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon ya con más claridad los principales postulados de la política económica gubernamental y se fue definiendo con mayor descaro el rumbo antinacional y antipopular.

Carlos Salinas vendió empresas del Estado con el argumento de que había que vender bienes para remediar males, que con los ingresos provenientes de esa venta, se resolverían problemas fundamentales para el pueblo: agua potable, drenaje, alcantarillado, vivienda, etc.

Sin embargo, es muy significativo que el monto obtenido por el gobierno de Salinas de Gortari por la venta de empresas, que fue de 64 mil millones 894 mil 306 pesos4, o lo que es lo mismo, un poco más de 20 mil millones de dólares, era una cifra equiparable a lo que México había pagado por intereses de la deuda externa.

Lo anterior refleja que el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), creado durante ese sexenio y que supuestamente tenía el propósito de resolver los problemas más lacerantes de los sectores más desprotegidos de la sociedad, como decía la propaganda oficial, fue solamente una nueva forma para engañar a los mexicanos. El propósito de esa política publicitaria era el de evitar que el pueblo protestara por la política privatizadora de los bienes de la nación; fue una estrategia bien montada para hacerle creer que en verdad, lo obtenido por la venta de las empresas era para resolver los problemas de la población de menores recursos, que era para ayudar a los que menos tienen.

Era evidente que a pesar de que Salinas de Gortari seguía aplicando el mismo proyecto que Miguel de la Madrid, lo estaba haciendo con mayor profundidad. Ahora ya no se trataba de un Estado obeso e ineficiente, sino de la aplicación de un proyecto denominado por el propio Salinas como liberalismo social que trataba de hacernos creer que recogía lo mejor de nuestra historia: el liberalismo de la época de Juárez y el contenido social de la Revolución Mexicana de 1910. Sin embargo, el análisis de los postulados de ese proyecto remitía necesariamente a las tesis en boga en materia económica, las tesis impulsadas por los gobiernos conservadores de Margaret Tatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en los Estados Unidos: el neoliberalismo.

Al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en materia de reformas jurídicas de carácter económico, le correspondió promover las constitucionales al artículo 27 para dar fin al reparto agrario, privatizar los ejidos y propiciar la compra de tierra por parte de los capitalistas nacionales y extranjeros; y al artículo 28 para dar autonomía al Banco de México.

Por lo que respecta a la autonomía del Banco de México, esta decisión se produjo involucrando aspectos económicos, pero también políticos, ya que le permitió al gobierno de Salinas dejar por varios años al frente de dicha institución a un funcionario que compartía su política monetaria y crediticia y a través de esa designación pretendía influir en la marcha de la economía del país.

Adicionalmente, la autonomía del Banco de México, puede ser utilizada como un poder paralelo, en el caso de que en el año 2000 o posteriormente, el titular del Poder Ejecutivo federal provenga de un una corriente contraria a la que actualmente gobierna, sobre todo si pretende modificar aspectos esenciales de la política económica neoliberal que estén vinculados a la política monetaria o crediticia.

En cuanto a las leyes secundarias, impulsó modificaciones a casi todas ellas, para suprimir el derecho del Estado y de algunos sectores como el de las cooperativas, para actuar en forma exclusiva en ciertas actividades económicas; para abrir las puertas a fin de que el capital extranjero pudiera participar en esas áreas y, en general, para desregular la actividad económica en favor de los intereses del gran capital.

Otra medida legislativa, consistió en convertir a Pemex en una empresa controladora de varias empresas, que a partir de la modificación legal se llaman, Pemex petroquímica, Pemex exploración, etc. Este mecanismo lo establecieron para poder apartar Pemex Petroquímica y así poderla vender. Además, pretenden hacerle creer a la opinión pública que apartar esta empresa y venderla al capital privado, inclusive al capital extranjero, no significa atentar contra Petróleos Mexicanos, ni contra el país, ni contra la historia, ni contra los objetivos que se propuso la nacionalización de 1938.

Por lo que respecta a los reglamentos que corresponde modificar al titular del Poder Ejecutivo federal aplicó la misma política y continuó con los cambios iniciados por el gobierno anterior para suprimir de la relación de productos petroquímicos básicos la gran mayoría de éstos, convirtiendo a través de un decreto a decenas de ellos en secundarios y reduciéndolos finalmente a ocho.5

De esa manera se abrieron los cauces para iniciar el proceso privatizador de la industria petroquímica y de Petróleos Mexicanos.

También realizó modificaciones en materia de inversiones extranjeras, primero al reglamento y después a la Ley correspondiente, con la finalidad de suprimir la prohibición para que los extranjeros puedan participar con un capital mayor al 49 por ciento en las empresas. Durante este sexenio también se suscribió del Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos lo que representa no sólo un acuerdo comercial para suprimir barreras arancelarias, sino el inicio de una política de integración subordinada al imperialismo norteamericano.

Dicho tratado no es algo que surja de la dinámica misma del crecimiento o del desarrollo de nuestra economía, sino que nos fue impuesta desde el exterior. Ello fue posible porque se contó con la complicidad de los funcionarios que comparten las tesis ideológicas del neoliberalismo y que ocupan los principales cargos gubernamentales desde 1982.

Al amparo de los objetivos y compromisos adquiridos con la suscripción del TLC, se modificaron muchas leyes y se tomaron importantes decisiones que resultaron contrarias al interés nacional y al de diversos sectores como el de la micro, pequeña y mediana industria, el agrícola y el laboral, ya que los empresarios y productores mexicanos fueron puestos en clara desventaja frente a los monopolios del exterior y los trabajadores resintieron los efectos de una política gubernamental, que apartándose de la ley, aplicó medidas para favorecer los requerimientos del capital financiero internacional. No importó en ningún momento, que para aplicar esa política antinacional y antipopular, se tuviera que actuar, inclusive, en oposición flagrante a lo establecido por las normas constitucionales de nuestro país.

Uno de los ejemplos más claros, de modificaciones anticonstitucionales a la legislación del país, es el relativo a la Ley de Energía. Inicialmente se incluyó en el texto del TLC, la figura de los productores independientes, posteriormente, esa figura fue incluida en la Ley de Energía, aunque en ambos casos era contraria a lo establecido en la parte final del párrafo sexto del artículo 27 de la Carta Magna que señala que "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público."

El TLC, que profundizó la apertura comercial iniciada en el sexenio anterior; la privatización de grandes y productivas empresas estatales como los bancos y la telefonía; y, la entrada en grandes proporciones de inversión extranjera, gran parte de ella de cartera, fueron los ejes centrales de la política del sexenio de Carlos Salinas. A partir de ella, prometió un crecimiento sostenido de la economía del 6 por ciento y reducir la inflación a un dígito, porcentaje semejante a los que tiene los otros integrantes del Tratado: Estados Unidos y Canadá.

Los resultados tampoco fueron los prometidos; se continuó incrementando, aunque en menor proporción, la deuda externa pública y total, la inflación creció 15.9 por ciento de promedio anual; el Producto Interno Bruto creció aproximadamente el 3 por ciento en promedio en el sexenio y el salario mínimo real siguió perdiendo parte de su poder adquisitivo, en este caso casi el 24 por ciento durante el sexenio, es decir, que en 12 años había perdido cerca del 66 por ciento.

Tercera etapa: la política de las promesas, las propuestas y los compromisos incumplidos

Al gobierno del Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) le ha correspondido también, promover modificaciones negativas en el plano legislativo. En el terreno constitucional, la relativa al párrafo cuarto del artículo 28 para suprimir del listado de áreas estratégicas, la comunicación vía satelital y los ferrocarriles, para incluirlas sólo como prioritarias, con el objetivo de permitir la participación del capital privado en ellas o de plano, para entregárselas totalmente. En las llamadas de carácter secundario, para modificar la Ley del Seguro Social con el propósito de crear las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y a fines de marzo de 1997, la relativa a la legislación financiera y bancaria, entre otras cosas, para permitir que el capital extranjero pueda detentar el control de los bancos que tengan un capital contable mayor al 6 por ciento del total nacional de la banca mexicana. En esa situación se encuentran tres bancos que concentran, en conjunto, el 56.8 por ciento de ese capital: Banamex con el 25.9 por ciento; Bancomer con el 21.6 por ciento y Serfín con el 9.3 por ciento.6 Esta propuesta representa un retroceso de más de 30 años, ya que en 1965 fue el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz el que propuso medidas legislativas para impedir que la banca mexicana pudiera subordinarse o quedar controlada por el exterior, de que el capital extranjero, a través de la banca, se convirtiera en un factor determinante de la política económica del país.

El sexenio de Ernesto Zedillo, se puede caracterizar por su incapacidad para llevar a cabo aspectos fundamentales de su proyecto. Propuso convertir su propuesta económica en política económica de Estado, pero jamás pudo lograr el consenso con las otras fuerzas políticas para modificar el marco legal constitucional, necesario para tal fin.

Se comprometió con el capital financiero internacional a privatizar la petroquímica. El rechazo de diversos sectores de la sociedad: investigadores, académicos, partidos políticos, organizaciones sociales y el propio sindicato de Pemex, obligaron al gobierno a dar marcha atrás en la privatización de las 61 plantas petroquímicas.

Lo mismo sucedió con la industria eléctrica, la que hasta el momento, por la actitud asumida por el Sindicato Mexicano de Electricistas y numerosos sectores de la sociedad, incluyendo destacados militantes del PRI, no se ha podido realizar y se espera no se logre en los escasos meses que le quedan de su gestión, antes de que se inicie formalmente la campaña electoral en enero del 2000.

Además Zedillo candidato se planteó7 como retos, lo que ahora podemos afirmar que son propuestas incumplidas, cuando menos, las siguientes:

1.- Crear un promedio anual de un millón de empleos. A pesar de que el gobierno afirma haber creado 2.5 millones de empleos de fines de 1995 a la fecha, a ello habría que restarle las centenas de miles de empleos perdidos en 1995 debido a la crisis de inicio de sexenio. Esta meta no pudo lograrse, no se llegó ni siquiera al 50 por ciento de lo prometido y como consecuencia el desempleo siguió creciendo durante su mandato.

2.- Pasar de la estabilidad y el ajuste estructural, a una decidida política de fomento a la inversión y crecimiento económico a una tasa superior al 5 por ciento durante el sexenio. En 1995 el PIB cayó 6.2 por ciento y aunque en los siguientes años creció, cada vez lo hace a tasas menores, por lo que la tasa del 5 por ciento no podrá lograrse.

3.- Lograr una mejor educación y mejores servicios de salud para que los trabajadores sean más productivos y estén mejor remunerados. La Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima institución educativa del país, lleva más de seis meses en paro por lo que miles de estudiantes han perdido ya un semestre y están en riesgo de perder otro. Las modificaciones a la Ley del Seguro Social tienen a limitar la atención médica a los sectores de menores ingresos.

4.- Poner al fisco al servicio de los contribuyentes a través de un órgano descentralizado, moderno y autónomo, que sea la autoridad fiscal encargada de ejecutar las leyes fiscales, recaudar y cobrar los impuestos. A escasos meses de concluir su mandato, ni siquiera existe una propuesta legislativa al respecto.

5.- Establecer la tasa de interés de un dígito. Las tasas de interés están todavía por arriba del 20 por ciento.

6.-Estimular una competencia más intensa en el sistema financiero y extender los beneficios del fondeo a largo plazo de la banca de desarrollo a las pequeñas y medianas empresas; impulsar el surgimiento de instituciones financieras locales que canalicen recursos de la banca de desarrollo y promuevan el ahorro popular; promover nuevos mecanismos institucionales y operativos para que el crédito llegue al campo con oportunidad y a bajo precio; y darle impulso a un mercado secundario de créditos hipotecarios que canalice más recursos a la construcción de vivienda. El sistema bancario entró en crisis y la respuesta del gobierno ha sido la de entregar a los banqueros apoyos a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) primero y del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab) después, por un monto mayor a los 700, 000 millones de pesos. Solamente este año, del presupuesto federal, más de 50 mil millones de pesos serán utilizados para pagar parte de la deuda que, violando la Constitución, solicitó el gobierno para rescatar a banqueros y empresarios corruptos.

7.- Lograr una mayor desregulación la que se extenderá a todos los sectores de la actividad económica, reduciendo barreras de entrada, eliminando ventajas y fijando reglas claras, a través del establecimiento de mecanismos de coordinación con estados y municipios en torno al transporte y al uso del suelo, para abrir nuevas oportunidades para pequeños y medianos empresarios y comerciantes atrapados en regulaciones caprichosas y obsoletas y de promover reformas legales para que concesiones y servicios públicos sean otorgados con criterios de eficiencia, para fomentar activamente la política de competencia. Jamás hubo intentos de realizar algo al respecto.

8.- Lograr una mayor participación de los particulares en la construcción y operación de la red carretera. El gobierno tuvo que entrar al rescate de los empresarios ineficientes que invirtieron en la construcción de carreteras en el sexenio anterior, lo que también fue pagado con recursos públicos. No hubo nuevos proyectos de particulares en el ramo.

9.- Realizar una profunda transformación de la estructura ferroviaria para modernizar el comercio interior y reducir costos de importaciones y exportaciones; y en las telecomunicaciones, lograr su modernización y una vigorosa competencia en el sector. En el primer caso la modernización no se dio y a duras penas ha podido privatizar algunas ramas ferroviarias. En el segundo caso sí se modernizó pero no hubo competencia, el capital monopólico se apropió de ese sector.

11.- Consolidar y perfeccionar Procampo, dar prioridad al desarrollo de la infraestructura; y, acabar con el intermediarismo excesivo. Procampo ha sido utilizado con fines electoreros, no hay importantes inversiones en infraestructura y el intermediarismo sigue creciendo con el consiguiente incremento de los precios de los productos agrícolas.

12.- Establecer un nuevo federalismo en lo fiscal y transferencia de facultades, autoridad, atribuciones y recursos, a estados y municipios, y genuina división de poderes. No hubo modificaciones legales ni medidas concretas en materia fiscal, ni para asegurar un nuevo federalismo, ni mucho menos para lograr una adecuada división de poderes.

Por otro lado un somero balance de lo obtenido en el sexenio nos lleva a las siguientes conclusiones: la inflación sigue siendo un pesado lastre para la economía del país; la deuda pública externa ha seguido creciendo y rebasó por primera vez la barrera de los 100 mil millones de dólares y la pobreza extrema, la pérdida del poder adquisitivo del salario -que durante este sexenio se espera pierda más del 30 por ciento, con lo que sumando los tres sexenios habría perdido más del 80 por ciento- y el desempleo, continuaron su avance afectando a un mayor número de mexicanos.

En estos resultados tuvo una gran influencia la crisis financiera de 1994, que se produjo apenas unas semanas después que el actual gobierno iniciara su gestión. Dicha crisis conocida como el error de diciembre que generó el llamado efecto tequila, reflejó los efectos de la apertura comercial y la suscripción del Tratado de Libre Comercio y de la política antiinflacionaria sustentada en bases falsas y en perjuicio de los trabajadores; las consecuencias de abrir la puerta de par en par al capital extranjero, gran parte de él de carácter especulativo; las consecuencias de la política de privatizaciones que desmanteló el sector estatal de la economía; los resultados de la política de los pactos, que después de siete años fueron incapaces de mejorar el poder adquisitivo del salario y que por el contrario contribuyeron a la gran concentración de la riqueza y de la injusta distribución del ingreso; en fin, los profundamente negativos resultados de aplicar un proyecto neoliberal antinacional y antipopular, que sólo ha servido para beneficiar al gran capital nacional y a los monopolios extranjeros.

El gobierno actual al continuar aplicando dicho proyecto ha contribuido, además, a generar otros problemas que ahora se están presentando en nuestra economía y que se suman a los anteriores. Entre estos signos preocupantes está el incremento de las exportaciones, el decremento de las importaciones y el consecuente aumento del déficit en la balanza comercial; la inestabilidad cambiaria y de la Bolsa Mexicana de Valores y la ausencia de certidumbre acerca del futuro económico del país.

Estos resultados reflejan que la política económica neoliberal aplicada por Ernesto Zedillo no es capaz de resolver los problemas de la nación, ni tampoco de satisfacer las necesidades de la población.

Todo lo señalado en el párrafo anterior, evidencia que los ofrecimientos de campaña, de hacer crecer la economía y de proporcionar bienestar a las familias mexicanas, no pudieron ser cumplidos, porque el proyecto neoliberal no permite que existan las condiciones objetivas para hacerlos realidad.

Sintetizando, podemos afirmar que después de más de tres lustros de soportar esa política depredadora que ha hecho más dependiente a México respecto del capital financiero internacional y a su pueblo más pobre debido a la cada vez más injusta distribución del ingreso y la riqueza, podemos afirmar que el neoliberalismo que nos fue impuesto bajo el supuesto de que a partir de él era posible superar la crisis de nuestro país, nos ha llevado a una situación insostenible que de agudizarse podría ser el preludio de profundas conmociones sociales de resultados impredecibles.

La verdad es que la política neoliberal aplicada en México a partir de 1982 no sólo no ha logrado ninguno de los objetivos que se propuso, ya que la crisis aún está presente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse y la población es ahora más miserable que cuando se inició la aplicación de esa política contraria a los intereses nacionales y populares, sino que ella misma ha demostrado su incapacidad para enfrentar los retos del presente

El hecho concreto es que el neoliberalismo en México, al igual que ha sucedido en el mundo entero, ha entrado a su vez en crisis, la cual sólo podrá remontarse si se le sustituye por un proyecto que, recogiendo las mejores tradiciones de nuestro pueblo y las más valiosas experiencias de los avances conseguidos a lo largo de nuestra historia, particularmente en el presente siglo, se articule tomando en cuenta las nuevas condiciones políticas y económicas del mundo actual y nos conduzca a un desarrollo económico con independencia del exterior y a la elevación de las condiciones de vida del pueblo. Un proyecto que nos permita transitar por el sendero que nos pueda llevar a nuestra liberación definitiva.

1 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. México, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 4a edición, LV legislatura, 1994. Tomo III, pp. 252-263 y 1106-1119.
2 La venta de empresas del sector público. Fundamentos, procedimientos y resultados 1983-1988. México, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 1988. p. 60.
3 La venta de empresas del sector público... op. cit. p. 72.
4 Rogozinski, Jacques. La privatización de empresas paraestatales. México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 204.
5 El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, por un decreto presidencial de octubre de 1986, convirtió en secundarios 36 de los 70 productos petroquímicos básicos. En agosto de 1989 y en agosto de 1992, Carlos Salinas de Gortari, a través de sendos decretos, convirtió en petroquímicos secundarios 14 básicos en el primero y 12 en el segundo, o sea, que a través de 3 decretos presidenciales se reducen de 70 a 8 los productos de la petroquímica básica, convirtiendo a 62 de ellos en secundarios. Adicionalmente, en la última de estas reclasificaciones, algunos productos definidos como petroquímicos secundarios fueron excluidos de la relación y por tanto, a partir de ese momento, fue posible que participaran en su producción los inversionistas privados, nacionales y extranjeros.
6 Podrían extranjeros controlar los grandes bancos mexicanos en El Universal, México, viernes 27 de marzo de 1998. (Con datos de Banamex, Molsa Mexicana de Valores y bancos).
7 Acerca del tema ver Zedillo, Ernesto. Propuestas y compromisos. México, Editorial Limusa, 1994.