El Proyecto neoliberal y la Universidad Pública

DESDE HACE Desde hace algunos años se han venido impulsado, en torno a la educación media superior y superior, diversas acciones que forman parte del proyecto en materia educativa, impuesto por el proceso de globalización neoliberal.

Para entender cual es la esencia de este proyecto, es necesario conocer una de las características de la política que lo impulsa. El neoliberalismo que se aplica en nuestro país a partir de 1982, para satisfacer los requerimientos del capital financiero internacional, no llega y rompe violentamente con lo establecido, sino que paulatinamente empieza a modificar el marco legal y las condiciones concretas que le permitan avanzar en el logro de sus objetivos. Así lo hizo en el terreno económico, así lo hizo en el aspecto electoral y así lo está haciendo en materia educativa.

El proyecto neoliberal en materia educativa

A) La modificación del marco legal.

Durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), ya en pleno apogeo del neoliberalismo, se producen dos reformas al Artículo Tercero constitucional.

La modificación de 1991 -producida en el marco de la reforma de las relaciones Estado-Iglesia-, se encaminó, fundamentalmente, a suprimir la prohibición a las iglesias, a los ministros de culto y a las sociedades por acciones, para impartir educación primaria, secundaria, normal y la destinada a obreros y campesinos. Las modificaciones de 1992, encaminadas a establecer la obligatoriedad de la educación secundaria, incluyeron también una muy importante por lo que se refiere a la educación media-superior y superior. En la redacción anterior del Artículo Tercero, al referirse en el párrafo primero a "la educación que imparta el estado" se entendía que esta podía ser de todos los tipos y grados, mientras que en la redacción actual se especifica, en ese mismo párrafo, que el Estado impartirá la preescolar, la primaria y la secundaria, siendo estas dos últimas obligatorias. Por lo que se refiere a otros niveles educativos, en la fracción V se señala que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades -incluyendo la educación superior-, y también, que apoyará la investigación científica y tecnológica.

Lo anterior significa que, con esta reforma realizada durante el gobierno de Carlos Salinas, a propuesta del Secretario de Educación Pública Ernesto Zedillo, a la vez que se elevaba a rango de obligatoria la secundaria, se propiciaba que el Estado se desentendiera de su responsabilidad respecto de los niveles superiores de educación.

La redacción del Artículo Tercero, a partir de 1993, diferenció con toda claridad la relación que el Estado tendría para cada nivel educativo. Respecto de la educación preescolar, primaria y secundaria, estableció el compromiso del Estado de impartirla gratuitamente, además de señalar que las dos últimas serían obligatorias. Mientras tanto, con relación a la responsabilidad del Estado respecto de la educación normal, la media superior y la superior, sólo incluyó el compromiso de promoverla y atenderla.

Un análisis de las modificaciones realizadas en estos años al Artículo Tercero constitucional nos lleva a las siguientes conclusiones:

Las modificaciones neoliberales tienen un sentido opuesto a los avances que se habían logrado con anterioridad. En primer lugar, abre las puertas para que las escuelas particulares que imparten educación media superior y superior no tengan que regirse por los principios contenidos en el Artículo Tercero constitucional y, en segundo lugar, suprime la obligación del Estado para impartir este tipo de educación, ya que no es lo mismo impartir, es decir, considerarse obligado a proporcionar ese tipo de educación, que promover y atender, lo que implica tener en cuenta e impulsar la educación superior, ya que ello exime al Estado de la responsabilidad de impartirla y puede, sin que éste deje de cumplir con el mandato legal, limitar su acción a proporcionar las condiciones adecuadas para que sea el sector privado el que se encargue de impartir este nivel educativo.

B) Las condiciones concretas.

Además de esas medidas legislativas, el gobierno, ha tomado, entre otras, las siguientes acciones concretas:

a) En 1994 se celebró la III Reunión Trilateral sobre la Globalización de la Educación Superior en el marco del TLC. En ese mismo año surge el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), asociación creada para aplicar los exámenes nacionales de ingreso y egreso para el nivel medio superior y superior.

b) En 1997 los rectores de las universidades públicas y privadas, agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) aprobaron, en Asamblea General, el documento denominado Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Media Superior y Superior, y de él brota el compromiso de realizar el Examen General de Calidad Profesional, el cual tiene como objeto evaluar la capacidad profesional de los egresados de licenciatura y calificar la calidad del conocimiento adquirido, es decir, obtener parámetros para certificar los programas de estudio, evaluar al personal académico y a las instituciones y utilizar la evaluación como criterio para asignarles recursos a través del presupuesto federal, así como proporcionar al gobierno y a las empresas que lo requieran, la información de la calidad académica de los egresados.

Los antecedentes de esta decisión se remontan al año de 1992, cuando el Dr. Ernesto Zedillo era Secretario de Educación Pública, en aquel entonces cuestionó la viabilidad de la educación superior y planteó la necesidad de que fuera la "excelencia académica" el objetivo central de este nivel educativo y el establecimiento de requisitos más severos, el mecanismo para lograrlo.

Es evidente que esta política está claramente vinculada con las necesidades que plantea la globalización del mundo actual y en particular, la aplicación en nuestro país del proyecto neoliberal y la integración subordinada de México a los planes de los Estados Unidos de establecer bloques regionales supeditados a sus intereses, como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y más recientemente, la propuesta de constituir el Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA), que incluye a todo el continente, excepto Cuba.

El objetivo es contar con un modelo educativo utilitarista, sobre todo en el nivel medio-superior y superior, que esté al servicio de las finalidades económicas y políticas del capital financiero internacional. Su ámbito de aplicación serán no sólo las instituciones de educación de carácter privado, que por interés particular están interesadas en el proyecto, sino las instituciones públicas, las cuales ya están siendo presionadas, y lo serán en mayor grado en el futuro inmediato, a través de coerciones económicas derivadas de la asignación del presupuesto educativo gubernamental.

El objetivo central es obligarlas, por esa vía, a aplicar programas y planes de trabajo que correspondan a los intereses de las empresas transnacionales que ocupan, cada vez más, el papel determinante en la economía de nuestro país.

Además de estos aspectos negativos, es necesario incluir también como hechos opuestos a un proyecto educativo democrático y popular el que se pretenda considerar como científicos sólo los proyectos educativos destinados al mercado laboral; que se intente considerar a las disciplinas sociales como no científicas, si no ajustan sus programas para orientarlos solamente a sus aspectos prácticos, con lo cual se pretende cancelar el libre examen y discusión de las ideas garantizado por la Constitución.

Con todo lo anterior, el panorama que se presenta para las universidades e instituciones de educación superior públicas y con ello para importantes sectores de la juventud mexicana no puede ser peor, o se orienta la educación superior para ponerla al servicio de los intereses del capital financiero internacional o simplemente, se le reducen los recursos para evitar su existencia o limitar su acción y con ello se privilegia a los egresados de las instituciones privadas.

c) A estas medidas se adicionan las que se refiere a los exámenes de admisión que realizan los estudiantes para ingresar al nivel bachillerato o profesional. Este tipo de exámenes ha sido criticado porque no permite evaluar objetivamente los conocimientos adquiridos durante los anteriores niveles educativos en unas cuantas horas. Además, el hecho de que se realice en forma masiva, también es un elemento que hace desconfiar de la veracidad de sus resultados.

Dichos exámenes sólo tienen como objetivo limitar el acceso a un número importante de jóvenes a estos niveles educativos, no porque carezcan de los conocimientos necesarios, sino porque la institución no tiene los recursos suficientes para atenderlos y esa falta de recursos se ha agudizado por la política neoliberal de recortes presupuestales. Esa política restrictiva de los fondos públicos destinados a la educación motivó el reclamo de rectores de universidades y autoridades de instituciones educativas, las que consideraron insuficientes los recursos destinados a este nivel educativo en el presupuesto federal.

Si la situación del país no mejora o, como es de esperarse, empeora, el gobierno contará con menores recursos para la atención de las necesidades sociales de la población y, de manera particular, para financiar la educación superior.

Debido a lo anterior, ahora con mayor razón, el gobierno está interesado en acelerar su proyecto educativo que estará, cada vez más, sustentado en el estímulo y apoyo a las instituciones privadas y en el abandono presupuestal para las instituciones públicas. Estas últimas, sólo podrán ser consideradas por el gobierno federal, a condición de que accedan a establecer el proyecto educativo que está interesado en imponernos el capital financiero internacional y las empresas transnacionales.

d) Por si todo esto fuera poco, al examen de conocimientos se le adiciona un cuestionario socioeconómico que tiene como finalidad evaluar el nivel de ingresos de la familia del aspirante. Ello permite seleccionar sólo a los aspirantes cuyas familias tienen ingresos suficientes para que el alumno pueda continuar con sus estudios y no los abandone por razones económicas. Lo anterior explica que un elevado porcentaje, cercano al 95 por ciento de los universitarios, provenga de las capas medias o de sectores de altos ingresos y que los hijos de los trabajadores no tengan posibilidades de acceso real a este nivel educativo.

Al final, ambos aspectos que impiden el acceso de muchos jóvenes al bachillerato y a la licenciatura, aparecen ante la sociedad como una responsabilidad o incapacidad, económica o educativa del estudiante y no de las instituciones y de la política gubernamental.

La educación un derecho, no un privilegio

Además de todo lo anterior el año pasado el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), autorizó el incremento de las cuotas en dicha institución, lo que generó un paro que duró cerca de diez meses y que concluyó hace apenas un poco más de diez días, con la entrada de la Policía a la UNAM. Sin embargo, el movimiento aún no concluye, porque el problema universitario de nuestro país aún no está resuelto.

Si bien la implantación del proyecto educativo neoliberal en forma gradual, lo hace extremadamente peligroso, ya que la mayoría de los afectados advierten los riesgos cuando está en su fase final, otro peligro lo representan las corrientes que plantean el problema de las cuotas como el elemento fundamental que afecta el futuro de las universidades e instituciones públicas de educación superior, omitiendo abordar el problema de la orientación de dicha educación. Dichas corrientes ocultan los graves problemas que se ciernen sobre este nivel educativo y por ello se limitan a plantear paliativos para tratar de justificar su posición.

Frente a esa política demagógica que pugna por una educación gratuita sin que le importe que esta esté al servicio del capital financiero internacional y, en general, frente a todos los hechos comentados, adquiere singular importancia no sólo el advertir sobre los peligros del modelo educativo neoliberal, sino formular un proyecto educativo que responda a las necesidades actuales.

Se requiere una universidad pública que no solamente proporcione educación media superior y superior gratuita a los hijos de los trabajadores sino que, fundamentalmente, tenga una orientación nacionalista, democrática y popular y para ello debiera ajustarse a los criterios establecidos en el Artículo Tercero de nuestra Constitución que establece que las universidades e instituciones de educación superior a las que se otorgue autonomía, se gobernarán a sí mismas, determinarán sus planes y programas y realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del propio Artículo Tercero.

Y esos principios señalan que: la educación tenderá a desarrollar armónicamente al individuo, fomentará en él el amor a la patria y la solidaridad internacional; será ajena a cualquier doctrina religiosa y deberá basarse en los resultados de la ciencia, luchará contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios; pugnará por la democracia, entendiendo por ella el constante mejoramiento de las condiciones de vida económicas, políticas y sociales del pueblo; deberá ser nacional y por tanto luchar por el desarrollo económico independiente de México y por la continuidad y ampliación de la cultura nacional y pugnará por el respeto a la dignidad del hombre, por la integridad de la familia, por la fraternidad y la igualdad de derechos de todos los hombres y contra los privilegios de razas, sectas, grupos, sexos e individuos.

De lo que se trata es de que la universidad pública sea formadora de profesionales patriotas, conscientes, arraigados en nuestra historia y no de toda una generación con niveles de excelencia pero globalifílicos genuflexos, como el actual presidente de nuestro país y sus inmediatos antecesores.

Necesitamos un proyecto que haga que la educación superior en México contribuya a la lucha de nuestro pueblo por su definitiva independencia. Y necesitamos que esa educación, así concebida, sea un derecho para todos y no privilegio de unos cuantos.

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