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Los
días 13, 24 y 25 de noviembre de 1999 se celebró en la
ciudad de Panamá la Conferencia
Anfictiónica Bolivariana de América Latina y el Caribe.
A este importantísimo evento concurrieron delegaciones representativas
de 10 países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador,
México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Luego de tres días de intensos debates, conferencias, ponencias
y discusión fraternal, se llegó a la aprobación por unanimidad
del documento que a continuación publicamos y que, de alguna manera,
constituye un antecedente con respecto de la Primera Conferencia
Mexicana Juarista-Bolivariana por la soberanía y la unidad de
los pueblos de América Latina y el Caribe, convocada para realizarse
en la ciudad de México los días 20 y 21 de marzo próximo
LOS
PARTICIPANTES
de la Conferencia Anfictiónica Bolivariana de América Latina y el
Caribe (III Congreso Anfictiónico), reunidos en Ciudad de Panamá
del día 23 al 25 de noviembre de 1999, compartimos el regocijo del
pueblo panameño por alcanzar la soberanía e integridad de todo el
territorio nacional; por el desmantelamiento de las bases militares
extranjeras de su territorio y. por la recuperación plena del Canal
de Panamá. Este hecho marca un hito en la historia de la lucha emancipadora
de América Latina y el Caribe. Sin lugar a dudas, la lucha indomable
del pueblo panameño, el liderazgo del General Omar Torrijos Herrera
y la solidaridad latinoamericana y de los países del Tercer Mundo
han sido factores decisivos en esta victoria, que se formalizará
al mediodía del 31 de diciembre de 1999.
Sin
embargo, la víspera de la finalización de la vigencia del Tratado
Torrijos-Carter, surgen nuevas y sutiles formas de prolongación
de la presencia militar de los Estados Unidos sobre la vía acuática
y el resto del territorio panameño, bajo el pretexto de la seguridad
del Canal y del peligro del narcotráfico. Convocamos a la opinión
pública internacional a movilizarse para impedir se concrete una
nueva imposición de Estados Unidos sobre Panamá. Asimismo, parte
del territorio ocupado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos
en la República de Panamá se haya contaminada con explosivos, minas
y municiones no detonadas y otros tóxicos de origen militar, a pesar
de la proximidad de su transferencia a este hermano país. Ello pone
en peligro la vida, salud y seguridad de los panameños y panameñas
que habrán de utilizar dichas áreas a partir del momento en que
éstas se incorporen al territorio nacional.
La
recuperación del territorio por parte de Panamá y su Canal, y de
la zona donde se asentaban las bases militares debe contribuir al
fortalecimiento de la soberanía e integración anfictiónica de América
Latina y el Caribe, en la perspectiva planteada por Simón Bolívar
cuando soñó con el istmo de Panamá como escenario unitario y solidario
del papel que debía jugar nuestra América en el concierto de las
naciones. Es en esta dirección que brindarnos todo el apoyo a la
convocatoria que hace el Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías,
de realizar un Congreso Anfictiónico en Caracas, en el mes de julio
del año 2000.
Las
potencias hegemónicas, bajo las banderas del neoliberalismo intensifican
su ofensiva para uncir a los pueblos latinoamericanos y caribeños
a nuevos yugos financieros, jurídicos, estratégicos, militares y
culturales. En consecuencia, debemos librar nuevas campanas de independencia
para afirmar nuestra autodeterminación e integración contra estas
formas de servidumbre.
A tal
efecto, debemos librarnos ante todo de la esclavitud de una Deuda
Externa en su mayor parte contraída en forma inconstitucional o
¡legal, fraudulentamente exagerada en su monto, devoradora de los
recursos indispensables para la educación, la salud y el desarrollo,
cuya cuantía original ha sido sobradamente cubierta por las cancelaciones
de intereses, y técnicamente impagable. En ésta, como en las restantes
contiendas por nuestra autodeterminación, sólo triunfaremos si sabemos
integrarnos para defender conjuntamente nuestros derechos y hacer
valer mancomunadamente nuestras fuerzas mediante la integración
de organizaciones y bloques de deudores, la revisión jurídica para
establecer los montos reales de los débitos, y las iniciativas morales
y humanitarias para imponer la remisión de esta carga inmoral, parasitaria
y destructiva.
La
lucha contra el cepo de la Deuda triunfará en la medida en que invalidemos
y denunciemos asimismo las cadenas jurídicas que imposibilitan en
forma absoluta nuestra liberación de tales obligaciones. Son contrarios
a nuestras soberanías, a la equidad y a la armonía entre los pueblos
los contratos de empréstito que permiten la elevación unilateral
de los intereses; los recetarios, paquetes o agendas que subordinan
los intereses nacionales a los de los acreedores; los tratados contra
la doble tributación que exoneran a los inversionistas extranjeros
de cancelar tributos en nuestros países, los acuerdos de protección
de las inversiones que limitan el derecho de expropiar, nos obligan
a garantizar beneficios económicos y arrebatan el derecho de favorecer
nuestras economías; los préstamos condicionados a la implantación
de reformas hacendísticas, educativas o políticas, y las cláusulas
que someten a nuestros países a la jurisdicción de tribunales o
juntas arbitrales extranjeras.
Para
imponer o perpetuar estas relaciones desiguales, Estados Unidos
y otras potencias hegemónicas aplican sistemáticamente contra nuestros
países una escalada que comprende desde la agresión comunicacional
hasta el fomento de los conflictos de baja intensidad, la desestabilización
económica, la descertificación en la lucha antidroga, la aplicación
de medidas de seguridad nacional, el envío de asesores, agentes
y espías, el aporte de armamentos para el derrocamiento de regímenes
u opositores independientes, el magnicidio, la instalación encubierta
o abierta de bases, los bloqueos y las agresiones armadas directas.
Consideramos lesivo a nuestras soberanías, a nuestra seguridad y
a nuestra independencia, que Estados Unidos mantengan bases militares
en Isla de Vieques y Roosevelt's Road en Puerto Rico, en Guantánamo
en Cuba, en Soto de Cano en Honduras, en los aeropuertos de Aruba
y Curazao; que Ecuador haya puesto a su disposición la base de Manta
y el Perú las de Huallaga y Santa Lucía. Con idéntico rechazo condenamos
la ocupación inglesa en las Malvinas.
En
este marco anotamos que en América Latina y el Caribe un pujante
movimiento de protesta se levanta, demandando la limpieza de áreas
infectadas de explosivos como ocurre en la isla portorriqueña de
Vieques, en El Salvador, Nicaragua, Colombia, áreas fronterizas
de Ecuador y Perú, y de Perú y Chile.
La
coyuntura presente nos impone denunciar con energía la agresión
en curso de "propaganda gris" contra la revolución pacífica y democrática
de Venezuela, así como las medidas encaminadas a intensificar la
presencia militar estadounidense en Colombia y a arrastrar a otros
pueblos hermanos a intervenir en dicho conflicto, por lo cual llamamos
a la más decidida solidaridad con el pueblo colombiano y su derecho
a la autodeterminación sin ingerencias extrañas. En el mismo espíritu
debemos ratificar nuestros votos por la autodeterminación de Puerto
Rico; el cese al bloqueo contra Cuba; el desmantelamiento de las
bases militares estadounidenses todavía instaladas en América Latina;
la devolución de las Malvinas y la interrupción de las políticas
de intervención solapada mediante el envío de supuestos asesores,
entrenadores y misiones, que en realidad interfieren en los asuntos
internos de nuestros pueblos. Con especial énfasis exigimos el efectivo
y puntual cumplimiento de los acuerdos Torrijos-Carter sobre el
Canal de Panamá, así como rechazamos los intentos de perpetuar con
diversos pretextos una presencia militar estadounidense después
del 31 de diciembre de 1999, lo cual violaría los tratados sobre
la materia y el derecho internacional vigente. En este sentido exigimos
un compromiso efectivo por parte de los Estados Unidos de continuar
con la limpieza de todos los explosivos o sustancias tóxicas dejadas
en las instalaciones o áreas reintegradas, en base al principio
de que "quien contamina, limpia".
Observamos
que las organizaciones hemisféricas y los tratados inspirados en
el Panamericanismo han sido ineficaces para prevenir estas agresiones,
por lo cual se impone la creación de nuevas organizaciones, doctrinas
y convenios que permitan integrar nuestras fuerzas desde la legítima
perspectiva de los intereses comunes de nuestros pueblos latinoamericanos
y caribeños.
Con
idéntico rechazo verificamos que las potencias hegemónicas adelantan
medidas tendientes a debilitar nuestros ejércitos latinoamericanos,
limitando su talla, sujetándolos a las directivas de la Organización
de Estados Americanos y de la Drug Enforcement Administration.
Tales
estrategias de debilitación o subordinación de los ejércitos se
inscriben dentro de planes de más amplio alcance de fraccionamiento
político y administrativo de los Estados latinoamericanos. Voceros
estadounidenses han considerado o sugerido hipotéticas secesiones
del Norte de México, el sur de Brasil o la ciudad costera de Guayaquil.
Los medios de comunicación anuncian o publicitan planes para dividir
a Colombia y para secesionar el Zulia, la provincia petrolera más
rica de Venezuela. Todos ellos se articulan en supuesta defensa
de etnias y culturas locales o regionales, pero trazan fronteras
divisorias puramente económicas.
Los
planes de secesión dura son complementados con los proyectos de
secesión blanda de los federativismos o descentralizaciones extremas,
cuyo objetivo consiste en fragmentar el poder entre las oligarquías
locales para impedir a los estados nacionales coordinar cualquier
política administrativa, estratégica, económica, social o cultural.
Por cuanto el proyecto de nuestros libertadores consistió en la
"Patria Grande", debemos coordinar alianzas estratégicas y diplomáticas
que dificulten tanto las intervenciones secesionistas como el reconocimiento
de nuevas entidades producto de tales desmembraciones. Pero el mejor
medio de impedirlos consiste en la integración de grandes bloques
latinoamericanos y caribeños que rescaten el ideario del Congreso
de Panamá.
Asimismo
las potencias hegemónicas intentan adueñarse de nuestras reservas
naturales, nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad para someterlas
a la misma explotación atroz ya aplicada contra los pueblos. Instalaciones
mineras criminales envenenan el agua de los ríos y aniquilan la
mayoría de las especies acuáticas. Gases producidos en los países
industrializados agujerean la capa de ozono sobre la Antártida.
Plantas y vegetales son estudiados para patentar y monopolizar sus
secretos biológicos. Se avanzan planes para el dominio estratégico
de las cabeceras de los grandes sistemas fluviales. La preservación
de la ecología latinoamericana sólo puede ser enfrentada en forma
integracionista.
La
agresión contra las culturas nacionales es el arma más eficaz de
disociación del cuerpo social y político. Esta agresión se centra
en los campos de la educación, la ciencia, el arte y la comunicación
social. A través de la OEA y el World Bank los Estados Unidos promueven
de manera consistente una política educativa para América Latina
y el Caribe cuyas directrices consisten en la privatización de la
enseñanza, o por lo menos de los estudios universitarios y en el
retiro de los contenidos relativos a la Historia, la Geografía,
la Cultura y los estudios sociales nacionales latinoamericanos y
caribeños. Nuestras instituciones científicas tienden a veces meramente
a plantearse problemas ya trabajados e incluso asignados por los
países de mayor desarrollo.
Las
intelectualidades de América Latina, al igual que sus oligarquías,
son con frecuencia atraídas hacia la fácil mimesis de los conceptos,
valores y doctrinas en boga en las metrópolis. La última moda de
éstas prescribe el Pensamiento Único y la abjuración del compromiso.
Para sobrevivir, debemos interpretar el mundo con ideas distintas
de las de nuestros opresores, mantenemos fieles a ellas y divulgarlas
en la medida de lo posible.
La
deuda, los acuerdos desiguales, las intervenciones militares, la
desarticulación de los ejércitos, la progresiva balcanización de
nuestra América, el saqueo de sus recursos encuentran cómplices
u ocultadores en gran parte de los medios de comunicación que operan
en el área. Buena porción de ellos son propiedad de grupos extraños
a ella. La mayoría simplemente replica o mimetiza los puntos de
vista y los programas de las grandes cadenas transnacionales. Prácticamente
todos banalizan la información o la creación estética reduciéndola
a los patrones degradados de la gran industria cultural.
Los
latinoamericanos y caribeños debemos recuperar el control sobre
nuestros sistemas educativos y sus programas, sobre los medios y
los mensajes que ellos difunden. A las asociaciones de propietarios
de los medios, debemos oponer la fuerza de los comunicadores que
trabajan en ellos. Antes que los derechos de los patronos, debemos
tomar en cuenta los de los receptores. A la desinformación hay que
oponer el derecho a la réplica.
Educación,
cultura, investigación y difusión son las batallas que debemos librar
para tener derecho a pensamos como una gran nación. No sólo debemos
integrar países, sino lograr la acertada e indispensable conexión
entre los planos político estratégico, jurídico, económico, social,
ecológico y cultural. Si aquel que divide impera, quien se une prevalece.
Panamá, 25 de noviembre de 1999
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