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El prontuario del actual Ministro del
interior
Antecedentes de Rodolfo Federico
Gabrielli
Sus deudas y las de su familia con el ex Banco de
Mendoza:
Cuando asumió como ministro de economía tenía embargado los muebles de su
casa por el ex Banco de Mendoza y el embargo se extendió a su sueldo de
ministro, aunque este último nunca se efectivizó (estaba ordenado por el
juzgado) porque el abogado que llevaba la ejecución fue apartado. Además, al
asumir, su hermano y su padre tenían una deuda superior a u$s 1.000.000 también
con el Banco de Mendoza, por créditos obtenidos en la
época de la dictadura y no pagados, donde los fondos fueron acreditados en la
cuenta de Rodolfo Gabrielli. El banco había iniciado tres juicios y tenía
inhibidos a los familiares de Gabrielli, quienes antes se habían insolventado
transfiriendo todos sus bienes a terceros. Los tres juicios estaban con
sentencia a favor del banco, pero al asumir Gabrielli reemplazaron a los
abogados que los llevaban y paralizaron los mismos durante más de un año,
posibilitando que pidieran la caducidad de instancia, perdiendo el banco los
tres juicios y debiendo pagar hasta los honorarios del tío de Gabrielli. Los
pedidos de caducidad fueron firmados por Rodolfo Gabrielli. La caducidad de
instancia se opera
cuando un juicio no es impulsado por más de un año, permitiendo a la
contraparte que la solicite por el abandono del mismo.
Concentradores de tomate:
Como ministro de economía convocó a los principales productores de tomates
de la provincia haciéndoles saber que la "solución para el sector"
era exportar tomates cubeteado y concentrado, para lo cual los dos bancos
oficiales (Banco de Mendoza y Banco de Previsión Social) otorgarían créditos
con la única garantía de la prenda sobre las
maquinarias que debían ser compradas a un consorcio donde estaba su primo y la
empresa fabricante (Arquímedes Rossi) era de su subsecretario de comercio
exterior (Miguel Lopresti). En esa operatoria llamada para la fabricación de
"concentradores de tomates" ambos bancos desembolsaron más de u$s 70
millones, en créditos donde los desembolsos se hicieron directamente en la
cuenta de la empresa Arquímedes Rossi, o sea que no
pasó por las manos de los beneficiarios de los créditos, para la construcción
de 11 fábricas todas cerradas en la actualidad o que ni siquiera llegaron a
inaugurarse, como fue el caso de la Cooperativa Ugarteche (que fue creada para
esos efectos y estaba integrada por los
parientes de Gabrielli) a la cual le dieron un crédito de u$s 4 millones, nunca
pagado y que el Banco de Previsión Social ni siquiera le inició acciones
judiciales. Las personas que
concurrían al banco para tramitar los créditos eran su primo (Mario Gabrielli)
y el subsecretario Lopresti.
El otorgamiento de estos créditos fue objetado por los inspectores del B.C.R.A.
Arquímedes Rossi era el principal deudor del Banco de Mendoza con más de $ 10
millones, sin garantías.
El otro subsecretario de Gabrielli (Omar Cuevas) estaba vinculado con una firma
(Silvia SA) que tomó créditos del Banco de Mendoza por más de u$s 11
millones. Luego presentaron la empresa en quiebra. Desde antes de asumir Cuevas
estaba inhabilitado por el BCRA por reiterados libramientos de cheques sin
fondos.
Por las caducidades en los juicios del Banco de Mendoza y los créditos a la
Cooperativa Ugarteche le pidieron el juicio político a Gabrielli, pero la Cámara
de Diputados no lo destituyó sino que creó una comisión investigadora y luego
dictaron una resolución "reprobatoria de su comportamiento ético".
Privatización de Giol:
Siendo ministro de economía llevó adelante (por decreto) la privatización
de la empresa pública más importante (Bodegas y Viñedos Giol, que era la
bodega más grande del mundo, con un valor superior a u$s 100 MM). Gabrielli
designó a Alberto Flamarique vicepresidente de Giol (dicha empresa dependía
directamente de él). Para privatizar, Giol fue desguasada por partes y todas
las licitaciones (irregulares y manejadas por Flamarique) fueron adjudicadas a
una empresa que estaba en concurso de acreedores (Cubas de Roble SA), cuyo
gerente general era su hermano (Alfredo Gabrielli) y el verdadero dueño
era el Gral. Noriega. Cubas de Roble no pagó nada por la privatización, vació
Giol y después la presentaron en concurso de acreedores.
Antes de esa privatización, e inmediatamente de asumir Gabrielli como ministro
de economía, la provincia había dispuesto un gran operativo de compra de uvas
para destinar a alcoholes con el propósito de retirar excedentes del mercado.
Ahí fue, cuando por intermedio de su hermano Alfredo Gabrielli, apareció en la
provincia Blas Martínez, testaferro de Noriega, y uno de los principales
vendedores de alcohol en el mercado
negro de alcoholes cuyo destino final era Méjico para la elaboración de
tequila. La mayoría de las licitaciones, manejadas por Flamarique, fueron
adjudicadas irregularmente a un conglomerado de empresas sin capital alguno que
había creado Blas Martínez, quién tuvo en España una causa por narcotráfico.
Giol realizó varias exportaciones de alcoholes subfacturadas, razón por la
cual a raíz de una denuncia de la aduana se abrió una causa penal en la que
estaba involucrado Flamarique. Durante la gestión de Gabrielli, en plena
hiperinflación, Giol le vendió la totalidad de la producción de latas de
tomates y otros productos envasados por La Colina a una empresa perteneciente al
cuñado de uno de los directores de Giol (Omar Álvarez, en la actualidad
empresario de medios, socio de Vila). La venta se hizo a largo plazo y sin interés.
A raíz de esto se creó una comisión investigadora en el senado provincial que
dictaminó las irregularidades, provocando la renuncia de Flamarique y de Álvarez.
Las operaciones habían sido aprobadas por Gabrielli, de quién dependía la
empresa Giol.
Además de eso el Banco Mendoza le entregó créditos a Cubas de Roble por más
de u$s 2 millones, sin garantías de ningún tipo, pese a los informes
desfavorables de los analistas del banco. Los créditos fueron tramitados por el
hermano de Gabrielli y por supuesto nunca fueron pagados. Luego de eso el
representante legal y director de Cubas de Roble (Carlos Parma) fue promovido
por Gabrielli como juez de instrucción en materia penal.
Por el caso Giol se abrieron dos causas penales. En una de ellas ni siquiera fue
imputado, por un juez (Pedro Funes, que antes de ser juez se desempeñaba en el
Banco de Mendoza, dictaminando que Cubas de Roble no tenía impedimentos para
recibir los créditos a pesar que estaba en concurso de acreedores y su único
bien ? bodega ? estaba embargada Por el Banco Agrario). Después de dictar su
fallo Funes fue ascendido a
Camarista. En la otra causa fue imputado por la jueza Estela Garritano de Cejas,
junto con Flamarique y otros más por administración fraudulenta, pero la Cámara
integrada por el propio Funes dictaminó que la causa había prescripto, en
contra de la jurisprudencia de la SCJ de Mendoza.
Financiación de su campaña para Gobernador:
Para financiar las internas partidarias que lo proclamaron candidato a
Gobernador del PJ en el año 1991, abrió una cuenta corriente en el ex Banco de
Previsión Social (N°200-17405-0), cuyos titulares eran Gabrielli, su
vicegobernador De La Rosa y el candidato a diputado nacional Nicolás Becerra.
Giraron en descubierto por más de u$s 500.000 sin tener siquiera carpeta de crédito
(la única manifestación de bienes
que había era la de Gabrielli que declaraba un patrimonio inferior a 10.000 dólares)
y/o avales de los titulares, en contravención de todas las normas bancarias del
BCRA en materia de otorgamiento de créditos. El caso fue denunciado penalmente,
el fiscal (Pereira) pidió el procesamiento de los responsables, pero el juez
Enrique Knoll los sobreseyó. Luego de eso Knoll fue premiado con un ascenso a
camarista.
Negocios con los represores Rádice y Cavallo:
Siendo gobernador, de la mano de Luis María Casero (CEO del grupo
Vila-Manzano) que los llevó a Mendoza, acordó una serie de negocios con Talsud
SA, Seal Lock SRL y Martiel SA (empresas prohijadas en el entorno de Kohan,
cuyos titulares eran: el represor detenido en Méjico Ricardo Miguel Cavallo,
Jorge Rádice, Miguel Angel Egea y los hermanosTariariol.
Estas compañías eran representantes de Consad y de Ciccone Calcografica).
Ricardo Cavallo, hombre de Kohan, fue director de Telecom cuando la privatización
entre (1991/1993), luego pasó a ser Director del Hipódromo Argentino De
Palermo SA.
Los negocios que emprendieron en Mendoza fueron:
- Prestar el servicio de control de tránsito de carga en la ruta
internacional a Chile
- Sistematizar el Registro Civil
- Privatizar el otorgamiento de las licencias de conducir.
Finalmente el único que prosperó fue el último entregado a la UTE (unión
transitoria de empresas) formada entre Talsud-Seal Lock-Martiel. Gabrielli les
adjudicó no obstante haber resultado en 7° lugar (sobre 8 postulantes) en la
licitación. Todos los demás oferentes fueron rechazados por cuestiones
formales. El dictamen del rechazo lo elaboró la directora de Administración
del Ministerio de Gobierno, contadora Mabel Peralta, pareja de Cavallo y su
acompañante
cuando fue detenido en Méjico. Hay faxes de Casero dirigidos a Cavallo que
demuestran que hasta participaron en la confección de los pliegos de la
licitación.
Además de ello el Banco de Mendoza les "obsequió" a Talsud 9
departamentos en Las Leñas, que habían sido recibidos en parte de pago de la
deuda de ese centro de esquí por un valor equivalente a u$s 1.750.000, vendidos
a Talsud en $ 329.000, con un desembolso de solamente $ 84.700 porque el resto
fue financiado a 5 años con un crédito del mismo banco. En esa época Casero
era director del Banco de Mendoza (durante el período de privatización a favor
de Moneta) y no apareció en la operación, aunque Talsud le cedió el 50% de
los departamentos a Sehuen, una compañía de Casero.
Por estas operaciones de Gabrielli con Casero-Cavallo-Rádice-Egea hay una causa
penal abierta.
Negocios de su jefe de gabinete de asesores de la gobernación:
Siendo gobernador tuvo como jefe de gabinete de sus asesores a Luis Abrego,
quién con anterioridad había sido secretario general de la gobernación con
Bordón. Abrego era el titular de una casa de cambios (Mundial Cambios) que
estuvo involucrada en el lavado de dinero del
cártel de Cali, descubierto en la operación Chimborazo. En los allanamientos
practicados se demostró que el dinero del narcotráfico que venía de AFEX
(casa de cambios chilena), pasaba por Mundial Cambios y previo cobro del
comisiones seguía hacia el Banco Velox.
Abrego constituyó a nombre de testaferros una gran cantidad de empresas para
contratar con el estado en: servicios de fotocopiadoras (Six SA), servicios de
computación (Comenco SA y Sif SA), difusión de toda la publicidad oficial
(Dealers SA). Sif era una empresa que se integró con
Consad (de Catáneo) para contratar con el estado provincial y para actuar en el
contrato IBM-Banco Nación. Durante su paso por la administración pública se
le demostró un enriquecimiento ilícito superior a u$s 20 millones. Por estos y
otros temas se le iniciaron
varias demandas penales, produciéndose su renuncia. Gabrielli se la aceptó
agradeciéndole los importantes servicios prestados a la provincia. Abrego
ingresó a la administración pública
de la mano de Gabrielli al comienzo de la gestión de Bordón. Ambos compartían
sus oficinas particulares en el edificio de la Bolsa de Comercio, lugar donde
crearon el INSTECO (Instituto de Economía y Organización) que fue la
plataforma de lanzamiento del bordonismo.
Negocios con IBM:
Durante el gobierno de Bordón creó un "Concejo Provincial de Informática"
integrado por él mismo, su ministro de economía Gabrielli, el
secretariogeneral de la gobernación Abrego y el ministro de hacienda Juan
Argentino Vega, luego procesado y prófugo por la primer caída del Banco de
Mendoza. La función de dicho consejo era decidir sobre todas las contrataciones
de informática que se hicieran en la provincia. Ninguno de ellos tenía la más
mínima idea en la materia. Quién realmente manejaba esas contrataciones fueron
Juan Carlos Cattaneo
y Julia O'Shiro quienes por mas de tres años sostuvieron viajando todas las
semanas a la provincia, se alojaban en el Plaza Hotel con los gastos pagos por
la gobernación e incluso eran movilizados con los autos oficiales de la
gobernación. Les dieron oficinas contiguas a las de
Bordón y Abrego, puerta de por medio, en el 4to. Piso de la casa de gobierno
destinado a la gobernación.
Hicieron una contratación directa con IBM aduciendo falsamente que era el único
proveedor e inexistentes razones de urgencia, mediante un expediente apócrifo
iniciado un día domingo, donde el informe técnico de adjudicación fue
redactado por los funcionarios de IBM. El representante
de dicha compañía que viajaba a entrevistarse con Bordón y Gabrielli era
Gustavo Soriani. Luego contrataron a Sif y CCR (empresa de Cattaneo) para
desarrollar los programas. El trabajo se hizo con personal de Consad cuyos
sueldos y pasajes eran pagados por Mundial Cambios (la
empresa de Abrego).
La contratación directa de Bordón había sido por 4 años. Cuando asumió
Gabrielli cortó el contrato anterior "por inconveniente", a pesar que
él había intervenido en la adjudicación, e hizo otra contratación directa
con IBM violando la ley de contabilidad pública, implementando un
leasing de 4 años por u$s 35.760.000, basándose únicamente en un informe técnico
cuyo basamento era falso. A raíz de esta contratación hubo una denuncia penal
que recayó en el Juzgado de Parma (partícipe con el hermano de Gabrielli en el
vaciamiento de Giol), quién ocultó prueba que lo incriminaba (pericias de los
técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo) y dictó su sobreseimiento.
El caso de la empresa suiza Geoda:
Geoda SA, filial de la empresa suiza Geodata. es una empresa dedicada a la
cartografía aérea (para la actualización de los catastros) cuyos titulares en
nuestro país eran los ex futbolistas de la selección Enzo Trossero y Néstor
Clausen.
Según la nota enviada por esa empresa a la embajada suiza el caso fue así:
A principios de 1992 se entrevistaron en Bs. As. con Luis Alberto Porta, que
pertenecía a la agrupación política de Bordón-Gabrielli (Lista Naranja) quién
les dijo que por sus influencias (era amigo de Hugo Fernández secretario
privado del Gobernador Gabrielli) y por su intermedio obtuvieron una entrevista
con él para ofrecer sus servicios.
Se manejaron todo el tiempo con la secretaría privada de Gabrielli quienes
es hicieron hacer demostraciones ante los funcionarios del ministerio de
Hacienda y Catastro. Durante su estadía en Mendoza le pusieron a su disposición
un vehículo oficial con chofer y una guía/intérprete.
Luego de eso Porta les exigió la firma de dos contratos de reconocimiento de
comisiones (uno del 10% para la gente del gobierno y otro del 5% para él) a
cambio de obtener una contratación directa, los que le fueron firmados con
vigencia hasta el 31/12/92.
Presentaron un presupuesto para realizar un Sistema de Información
Territorial (SIT) pero los mantuvieron entretenidos con la promesa de una
contratación directa hasta principios del año 1993, cuando decidieron
incorporar ese trabajo a la contratación directa que hizo Gabrielli con IBM y
fueron vinculados con esa firma que los subcontrató. En ese momento Porta les
exigió la firma de tres contratos (uno del 5% para los funcionarios de la
Gobernación, otro del 2% para los
funcionarios de la Dirección de Catastro y otro del 2% para él) haciendoles
saber que ellos "influían en la decisión de IBM" y así firmaron los
tres contratos.
IBM les recortó los precios prespuestados, no obstante ello Porta exigió el
pago de las comisiones que le fueron negadas.
Como represalia Porta les inició un juicio ejecutando los tres contratos en
un juzgado incompetente de General Alvear, de donde era oriundo al igual que el
secretario privado de Gabrielli. No obstante ello la jueza Jueza rápidamente
hizo lugar a la demanda y al secuestro
de las máquinas en plena feria judicial (3/1/94) que se hizo de noche. Los
abogados de Porta eran un socio del Subsecretario de Justicia (Ernesto Nieto) y
el otro representante de Bordón.
Luego de eso Nieto se reunió con los abogados de Geoda pidiéndoles el pago de
entre 50.000 a 70.000 dólares para arreglarles el problema. Para solicitar la
precautoria de secuestro de las máquinas, cuyo valorera superior a u$s1 millón,
Porta ofreció como contracautela el
embargo voluntario sobre una vieja casona ubicada en Gral. Alvear, que era
utilizada en las elecciones internas del Partido Justicialista por la línea
Naranja de Gabrielli, cuyo valor de aproximadamente u$s 20.000 no cubría
mínimamente el valor de las máquinas, que son instrumentos ópticos de precisión
que resultaron arruinados porque se los llevaron a
un galpón dejándolos a la interperie.Además de eso los contratos no tenían
fecha de vencimiento y Geoda no había sido constituida en mora, no obstante
ello la Jueza hizo lugar a la demanda, admitiendo también que no se abonara el
impuesto de sellos a cargo de Porta, y no hizo
lugar a ninguna de las justas reclamaciones de Geoda.
Geoda solicitó el juicio político de la Jueza por sus incumplimientos
procesales en el expediente, que fue rechazado a instancias del PJ, y poco después
fue ascendida a propuesta de Gabrielli.
Para notificarle de estos hechos Geoda le solicitó en reiteradas veces una
audiencia al Gabrielli, que se negó a atenderlos con una nota de un asesor del
Gobernador diciendo que nada podían hacer al respecto. El gobierno Suizo remitió
una nota de protesta firmada por el Embajador
Suizo en la Argentina (Adolf Lacher) que Gabrielli ni siquiera la contestó. Al
tiempo, durante el gobierno de Lafalla, el embajador suizo vino a la provincia
para reclamar nuevamente por este
caso, sin resultado alguno. Por estos hechos en la actualidad hay una demanda
multimillonaria contra la provincia de Mendoza que está siendo sustanciada en
los tribunales
internacionales de La Haya.
Responsabilidad en la primer caída de los bancos oficiales:
Bordón creó un denominado "Comité Económico Financiero"
integrado por él, Gabrielli, Abrego y los presidentes de ambos bancos. El
presidente del Banco de Mendoza era Eduardo del Amor y el del Banco de Previsión
Social era Rito Irañeta, ambos amigos de Gabrielli que promovió sus
designaciones, quién de hecho junto con Abrego eran quiénes manejaban los créditos
y refinanciaciones que se otorgaban. Así lo declararon varios directores en la
causa penal que abrió el juez Leiva. Dichos bancos tuvieron su primer caída el
15-3-95, durante la gobernación de Gabrielli, al estar impedidos de devolver
sus depósitos a los ahorristas como consecuencia del otorgamiento de
innumerables créditos a empresas y personas insolventes amigos del gobierno,
por mencionar solo algunos casos están los siguientes: Kristich SA: empresa
constructora perteneciente a Carlos Kristich, presidente del congreso del PJ,
deuda con el Banco de Mendoza: u$s 7 millones, actualmente en quiebra con un
patrimonio neto negativo. El síndico de Kristich, Mario Rogelio López, era síndico
de Corporación de los Andes (empresa de Moneta) y vicepresidente del Banco de
Mendoza al momento del otorgamiento de esos créditos.
Arquímedes Rossi SA: empresa agroindustrial perteneciente al subsecretario
de Gabrielli, Miguel Angel Lopresti. Deuda superior a u$s 12 millones. Con la única
garantía de los directores. Del bancodesaparecieron los avales.
American Time SA: empresa sin capital de Daniel Gabrielli, primo de Rodolfo
Gabrielli, constituida al solo efecto de recibir préstamos por más de $
300.000 que resultaron impagos.
Fundación Resurgir: constituida con un capital de $ 500, presidida por
Enrique Knoll (el juez que lo sobreseyó por el descubierto del Banco de Previsión)
e integrada además por el jefe de policía (Olguín) y un diputado de la línea
de Gabrielli (Ferrer), recibió Préstamos por $ 600.000 que nunca pagó.
Esa primer caída de los bancos oficiales le costaron a la provincia más de
1.000 millones que era el monto de los créditos incobrables y la suma que hubo
que invertir para privatizarlos, tomando créditos del Fondo Fiduciario Nacional
y de bancos privados (Galicia y Río). En el proceso que llevó adelante el Juez
Leiva varios directores declararon que las decisiones se tomaban en el
denominado Comité Económico Financiero y que los bancos eran manejados
realmente por Gabrielli. Particularmente uno de ellos (Raúl Garbarino) lo
incriminó en varios hechos de créditos otorgados a los familiares de
Gabrielli. Antes de eso, entre los años 1993/1994, la provincia de Mendoza
recibió más de 1.000 millones por distintos conceptos (diferencia de regalías
hidrocarburíferas, venta de la red de gas y venta de la compañía de teléfonos)
que Gabrielli dijo serían utilizados para la transformación de la provincia,
creando el "Fondo para la Transformación y Crecimiento de la Provincia de
Mendoza" que daría créditos subvencionados a las empresas que no tenían
acceso al crédito bancario. El primer y casi único crédito subsidiado que
aprobó dicho fondo fue de u$s a Corporación de los Andes SA (empresa de
Moneta).
Al poco tiempo de creado tuvo que echarle mano a esos fondos para inyectarlos en
los bancos para financiar sus cuantiosas pérdidas.
Privatización de los bancos oficiales:
Cuando cayeron los bancos se inició un proceso de privatización que desde
el comienzo estuvo dirigido hacia Moneta. Para redactar los pliegos de las
privatizaciones y aconsejar sobre los oferentes Gabrielli contrató a Merril
Lynch a la cual le pagó u$s 2.500.000 por un inexistente trabajo.
Además en Merril Lynch se desempeñaba uno de los hijos de Moneta y era asesor
financiero del CEI y de Telefónica. Merril Lynch dictaminó que la situación
del Banco República era optima a pesar que en ese entonces estaba en situación
de liquidación y poco tiempo antes había recibido
redescuentos del BCRA por su iliquidez. La historia posterior de la adjudicación
de los bancos a Moneta es bien conocida.
Moneta lo ofreció como testigo de cargo contra el Juez Leiva en el Consejo de
la Magistratura. Allí dijo que Garbarino le había reconocido que mintió
inducido por el Juez Leiva para incriminarlo. Luego de eso Garbarino le inició
una querella a Gabrielli por falso testimonio.
...AUNQUE UD NO LO CREA!!!
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