“Argentina necesita gobiernos que
comprendan lo que pasa en el mundo
y que no improvisen”
Arturo Illia - 1982
La AcciÓn de Oro,
la polÍtica de
hidrocarburos
y las conductas de sus actores.
Introducción:
Recurrentemente emerge el tema de la Acción de Oro (Golden Share). En
estos días lo ha hecho traspasando las fronteras nacionales y ha estado
referido a la caída legal de la potestad de veto que el Estado Español tenía
para impedir el copamiento accionario de la petrolera Repsol YPF SA por parte
de compradores indeseables a los intereses españoles. Así se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto oportunamente por quien dispusiera la venta de la
petrolera estatal española, el socialista Felipe González, como también a las
regulaciones de tinte neoliberal que emergen de la Unión Europea. De inmediato
el Ministro de Industria declaró que el gobierno del PSOE no estaría
entusiasmado ante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y que podrían existir
dificultades, “debido a la presencia de
Repsol en algunos mercados como Argentina”. Al poseer Repsol YPF SA el
99,9% del capital social de YPF SA el tema se ha prestado a distintos
comentarios, que recrudecieron ante versiones sobre el interés de la privada
británica British Petroleum (BP) y Ente Nazionale de Idrocarburi (ENI),
actualmente mixta con participación mayoritaria del Estado Italiano, en la
adquisición de la misma. Surgió el interrogante sobre si la existencia entre
los activos de Repsol YPF SA de las acciones de YPF SA y, en virtud de que las
Leyes Nº 25.145 (De Privatización de YPF SA) y su modificatoria Nº 24.474
establecen la necesidad de contar son el acuerdo del Estado Nacional ante
determinadas situaciones que afecten la composición accionaria y sus aspectos
esenciales de funcionamiento, obliga a contar con el acuerdo del Gobierno
argentino, tanto sea desde el punto de vista legal como desde el de dotar de seguridad
a una inversión significativa.
Mientras el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) guarda silencio, concordantemente con el Ministro
español citado, la mayoría de los analistas coinciden en que la aprobación del
Gobierno argentino es ineludible.
Los que se cubren:
Como Argentina está inmersa en una crisis energética estructural y
marcha rápidamente hacia un empeoramiento de su situación, varios de los
responsables del desmantelamiento del modelo estatal, nacional y centralizado
tratan de reposicionarse y eludir las responsabilidades que les caben. Como
ejemplos tenemos:
1.-
El actual Secretario general de la Presidencia Dr. Oscar Parrilli, quien como
Diputado Justicialista fuera miembro informante del despacho de mayoría en la
sanción de la Ley de Privatización de YPF y uno de los más entusiastas
participantes en el festejo consiguiente, ha expresado que “Yo no autoricé la privatización de YPF, yo
voté la constitución de una empresa mixta cuando YPF no se podía sostener
porque era la única petrolera estatal del mundo que daba pérdidas…” (Ver
diario Río Negro del 11/01/06), refiriéndose que sólo se limitó a votar en
septiembre de 1992 la Ley Nº 24.145, justamente la norma que dispone la venta
del capital social de YPF SE, previamente convertida en SA. Al respecto cabe
apuntar que la Ley Nº 24.474 modifica
la Nº 24.145 solamente en el tema de la cantidad de acciones Clase A que el
Estado Nacional debe mantener en su poder para ejercer el poder de veto ante
ciertas cuestiones, a saber: del 20 % se rebajó hasta una (1) acción, pero no
se cambiaron las potestades estatales ni la calidad de empresa mixta con
mayoría privada regida por una ley especial que ostenta YPF SA.
Con relación a las pérdidas de la ex
petrolera estatal, es un tema que nunca fue esgrimido por aquellos que, aunque
privatistas, evitan expresar argumentos insostenibles. Por ignorancia o mala
fe, quienes más los han repetido han sido Carlos Menem y Oscar Parrilli. Las
supuestas pérdidas de YPF se transformaron en ganancias en forma prácticamente
inmediata y no como consecuencia de un proceso de reestructuración exitoso
conducido por Jose Estenssoro, ni siquiera por la eliminación de costos
sociales cuyos negativos efectos se observan hoy en todo el territorio
nacional, como la Patagonia y el NOA, por ejemplo, y la supresión de
inversiones en tecnología y exploración. Ese cambio “milagroso” se debe a que
desde 1991 y como consecuencia de la entrada en vigencia de la desregulación
del mercado, el Estado Nacional les cedió –entre otras prebendas- a las
petroleras, incluida YPF SA: a) la derogación del 10 % del Impuesto al Crudo
Procesado, b) la libertad de fijar los precios de los combustibles acorde con
los niveles externos y sin respetar la prohibición indexatoria establecida en
la Ley de Convertibilidad; c) la cesión de las 2/3 partes del Impuesto a la
Transferencia de los Combustibles; d) la desaparición de los Fondos Energéticos
y Viales (representaban casi el 20 % del precio de venta de los combustibles)
que habían permitido construir hasta 1989, toda la infraestructura vial
nacional y provincial, la totalidad de las represas hidroeléctricas que hoy
existen, el 80 % de la red eléctrica de alta tensión, y todos los gasoductos
troncales y derivados que otorgaban al 60 % de los habitantes el acceso al gas
natural por redes; e) reservas de petróleo y gas por 25 y 40 años,
respectivamente y, además de toda la infraestructura propia de YPF y demás
empresas estatales.
2.-
También puede señalarse al actual Senador Nacional independiente que ocupa una
banca que pertenece a la UCR de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Rodolfo
Terragno, quien, interpretando que las actuales limitaciones no impiden el
copamiento de YPF SA, ha anunciado que presentará un proyecto tendiente a “reforzar la acción de oro” y evitar que
“un recurso estratégico del país se
transforme en prenda de especulación financiera”. Es válido recordar que
durante su gestión como Ministro de Obras y Servicios Públicos del Presidente
Raúl Alfonsín, Terragno intentó, sin éxito, convertir a Y.P.F. Sociedad del
Estado (SE) en Sociedad Anónima (SA) e incorporar capital privado y también
imponerle la entrega de sus yacimientos a las petroleras privadas mediante el
llamado Petroplan, fuente ideológica de los tres Decretos Desregulatorios firmados
por el Presidente Menen en 1989 (Nº 1.055, Nº 1.212 y Nº 1589), que son uno de
los más importantes soportes legales que avalan el sistema hidrocarburífero
vigente; sin tener presente que desde julio de 1989 el Estado Nacional ha
resignado el control estratégico energético, ahora, en el 2006, el Senador
Terragno sostiene que “sin ofender la
propiedad privada, el Estado debe participar en las decisiones estratégicas
relativas a la energía”, pues quiere evitar “Que un recurso estratégico del país se transforme en prenda de
especulación financiera”.
El
caso del Presidente Kirchner:
El entonces candidato presidencial
Néstor Kirchner, en el transcurso de su campaña denunciaba que en los 90’ se
había entregado el patrimonio energético e incluso la Acción de Oro de YPF; se
comprometía, vehementemente, a recuperarlo. Al mismo tiempo y contrariamente al
discurso, en su Plataforma Electoral prometía una profundización del
neoliberalismo energético impuesto por Carlos Menem, al que en su actuación
como Gobernador de Santa Cruz había contribuido a concretar, especialmente en
el alineamiento de todos los Gobernadores y en el aporte de votos decisivos en
el logro de la Ley de Federalización del Subsuelo y Privatización de YPF SA,
como el del Diputado santacruceño Rafael Flores que, lesionado, fue traído a la
Cámara en el avión de la Provincia de Santa Cruz. Sus elogios a la gestión
privatizadora de José Estenssoro y al copamiento de la misma por parte de
Repsol SA, que en sus palabras “se
transformaba en una empresa integrada” son permanentes.
Ya electo Presidente, y en respuesta a críticas cada vez más severas
referidas a la concordancia y más que eso, a la protección y ampliación de los
intereses de las petroleras actuantes en el país –los concesionarios de producción
de la Ley de Hidrocarburos- se ha vuelto a esgrimir desde el PEN, como
justificación de la imposibilidad de cambiar la situación heredada de los 90’,
que el gobierno carece de facultades legales para revertirla haciéndose
especialísima mención a la pérdida de la institución llamada “Acción de Oro” de
YPF S.A. El Dr. Kirchner olvida que Repsol SA, ahora llamada Repsol YPF SA, es
una empresa dirigida por capitales privados españoles pero que no ha dejado de
ser la herramienta más importante de las inversiones externas del Reino Borbón.
Recientemente, a fines del 2005, el Presidente de nuestra Nación fue sólo
informado de los planes de inversión de la petrolera española aprobados en
España y que muestran una clara preferencia por Europa y China; como en la época
de la Colonia, los Virreyes recibían las instrucciones desde España; no importa
si se trata de las inversiones más importante que puede requerir nuestra
economía. En la reciente crisis boliviana que derivara en la elección de Evo
Morales, el Gobierno argentino actuó desembozadamente en defensa de los
intereses de las petroleras.
El proceso privatizador y
desregulador está en terapia intensiva; quince años de desinversión, de envíos
al exterior de ganancias extraordinarias operativas y financieras, de
explotación intensiva y depredatoria, etc, nos muestra diariamente sus
falencias; invariablemente, en lugar de modificar o derogar las leyes
regulatorias menemistas, la administración Kirchner ha optado por novarles
jurídicamente sus ilegítimos contratos, a los que denosta públicamente y,
además, sumándoles nuevas prebendas y beneficios. En marzo del 2004, apenas
regresado de los EEUU, donde acusó a las petroleras de cerrarle las válvulas de
la producción de gas, dictó los
Decretos Nº 180 y 181, que, además de redolarizar e indexar el precio
del gas que mediante la Ley de Emergencia Pública Nº 25.561 (de enero del 2002
había sido pesificado y sometido a un proceso de revisión integral de todos los
contratos, termina liberalizando el mercado, con excepción –por ahora- del
destinado a los usuarios domésticos; es decir, le ha quitado la característica
de servicio público y de esta forma obliga a todos los usuarios no
residenciales, a comprarlo directamente al oligopolio productor, donde ocho
empresas multinacionales poseen el 92 % de la oferta, ya sea directamente o a
través del Mercado Mayorista del Gas.
Así tenemos que si desde la privatización de Gas del Estado en 1992, no
se han construido nuevos gasoductos troncales destinados al mercado local, es
el Estado Nacional quien asume las nuevas inversiones, ya sea mediante la
llamada Ley Techint-Kirchner de promoción a las inversiones en infraestructura
y mecanismos de financiación denominados fideicomisos cuya claridad en la
administración de fondos públicos se destaca por sus secretos: ¿A quien le
prestan? ¿A que tasa y plazos? ¿Cuál es su destino?. Por otra parte, la
exclusión de las entidades defensoras de los consumidores de la Unidad
Renegociadota de Contratos (UNIREN) impide conocer la forma en que esas
inversiones o préstamos estatales serán incluidos en las tarifas futuras. Si
las reservas de petróleo y gas han disminuido a niveles alarmantes y el 40 % de
la población no tiene acceso presente –y casi con seguridad futuro- a las redes
de gas natural, y desconociendo las disposiciones constitucionales que protegen
a las generaciones futuras en el disfrute de los bienes naturales y de las
Leyes de Hidrocarburos y de la Industria del Gas que priorizan el mercado
interno, por que no se dan por finalizados esos contratos de exportación
manifiestamente ilícitos, que sólo favorecen a las petroleras privadas que los
operan desde ambos lados de la frontera. ¿Cual es el motivo que el PEN no
contemple la situación del 40 % de los compatriotas –los más pobres- que no
tienen acceso al gas natural y deben recurrir al GLP en garrafas y tubos cuyo
costo es ocho veces mayor? ¿Porqué en la actual Ley Regulatoria del GLP,
sancionada con acuerdo del PEN, se sigue aceptando la vigencia del criterio del
precio internacional sobre un bien imprescindible para que los desposeídos
obtengan un mínimo de bienestar?
Ante la pronunciada disminución de las reservas de hidrocarburos, como
se debe entender que el Sr. Presidente acuse a los petroleros de no haber
invertido y, de inmediato, envía al Parlamento un Proyecto de Ley Promocional
de las Actividades Exploratorias que multiplica los beneficios de que ya gozan,
igualándolas a las del Régimen Minero. Justamente, un régimen promocional
ideado en la gestión de Carlos Menem, que solamente deja para nuestro país
transitorios y misérrimos salarios, agotamiento de minerales de topo tipo
–incluso estratégicos como el uranio- daños ambientales de consideración y
fortunas de funcionarios actuantes. Menos se entiende el mantenimiento y profundización
del sistema de mercado, si pensamos que el ciclo económico de los hidrocarburos
se inicia con la exploración y termina con la comercialización y, en este caso,
existiendo altísimas tasas de rentabilidad no se exploró; en decir, el mercado
fracasó, no funcionó.
El Presidente Kirchner mantiene el criterio neoconservador que estima
que las utilidades son privadas, pero las pérdidas y las inversiones deben ser
asumidas por el pueblo argentino; es la misma filosofía que aplicaron a
ultranza Frondizi, Videla y Menem, sin olvidar a De la Rúa y Duhalde. Al igual
que los citados, las continuas trasgresiones de las leyes vigentes, tienen por
finalidad seguir entregando las riquezas de los argentinos al capital
multinacional. La creación de ENARSA, señalada como la herramienta de
recuperación de la renta petrolera, solamente ha servido para entregar a
multinacionales extranjeras, mediante contratos de asociación cuyos términos se
desconocen, el subsuelo marítimo que no había sido concesionado anteriormente.
Quedan interrogantes que requieren ser aclarados: ¿quién delimitó las áreas?
¿cómo se entiende la libre disponibilidad si el país no está autoabastecido?
¿las multinacionales asociadas podrán acogerse a los beneficios a las
actividades exploratorias, en caso de ser sancionado el actual proyecto? ¿las
asociadas, podrán adquirir acciones de ENARSA y convertirse también en
concesionarias de la Ley 17.319? ¿se contemplan exenciones de otro tipo?.
La Acción de Oro de YPF SA:
La opinión oficial sobre la Acción de Oro fue especialmente tratado en
una nota publicada en el ahora oficialista Página 12 del 28/10/04, titulada
“Cortina se hizo humo: que significa para la Argentina”. Nada indica que la
misma haya cambiado. En esa nota se señalaba lo siguiente: “Como se sabe, Repsol
es una empresa bajo control estatal,…” “Como el estado argentino no sólo
privatizó YPF sino, además, vendió su acción de oro, se quedó inerme
ante los españoles,…” “Esa acción dorada le confería a la Argentina poder de
veto o, sin llegar a esos extremos, como mínimo voz en el directorio”
“De haber conservado esa arma, el gobierno argentino hubiese podido
condicionar, desde su misma gestación, los planteos que la misma petrolera le
realizaría a él mismo sobre asuntos como las retenciones. En cambio, al haber renunciado irresponsablemente en
tiempos de Roque Fernández a ese recurso legal, al Estado sólo le queda el
expediente de la presión política, del apriete sin norma que lo respalde”
(La negrita es propia).
Ante tal cúmulo de inexactitudes expiatorias
que pueden ser revitalizadas en cualquier momento, es necesario formular los
siguientes comentarios:
1.-
En el Reino Democrático de España, Repsol YPF SA es una empresa con capitales
privados mayoritariamente españoles, predominantemente del sector financiero, y
sin olvidar a grupos estadounidenses, que cotiza en las Bolsa de Madrid, Nueva
York y Buenos Aires. Su Casa Central está en Madrid. Consecuentemente, el control estatal del Estado Español no es
accionario, es político,con lo cual se demuestra que, en los
países más importantes, a pesar de
haber privatizado su petrolera pública, ésta sigue siendo una herramienta
fundamental puesta al servicio de los más importantes intereses estratégicos
del Estado; el reemplazo de Alfonso Cortina por Antonio Brufau, apenas asumida
la Presidencia por Rodríguez Zapatero así lo demuestra. Como se señaló
al inicio de este trabajo, en el transcurso de este mes, el Estado Español
perdió el poder de veto que le otorgaba la llamada Acción de Oro.
Boliviamarcha a la reorganización de
su empresa estatal YPFB; los primeros contactos del Presidente electo son con
los gobernantes de aquellos países que poseen empresas petroleras estatales o
privadas actuantes en su territorio: Repsol, Total y Petrobrás. Argentina es un
simple comprador de gas pues ENARSA es, hasta ahora, una pantalla para que el
gobierno argentino facilite los emprendimientos de Repsol YPF SA e incluso de
Petrobrás. Argentina, a contramano de su historia, no tiene peso estratégico
alguno.
2.- En Argentina, la española REPSOL YPF S..A es poseedora del 99 % del
capital de YPF S.A. El 1 % restante pertenece a diversos pequeños accionistas,
dentro de los que se cuenta el Estado Nacional con 1.000 acciones, equivalentes
al 0,02 % del mismo. La empresa radicada en Argentina YPF SA es una sociedad
anónima especial, creada por la Ley de Privatización de YPF y Federalización
del Subsuelo N° 24.145, con una participación minoritaria del Estado Nacional.
Se conoce como Acción de
Oro a la potestad que han conservado algunos Estados en ciertas sociedades
privatizadas, -especialmente las petroleras y prestadoras de servicios públicos
esenciales- consistente en la participación obligatoria y aceptativa en
determinadas e importantes decisiones empresarias.
La Ley N° 24.145 y su modificatoria N° 24.474 establecen que, “Mientras
el Estado Nacional conserve al menos una (1) acción de la Clase A, se requerirá
ineludiblemente su voto afirmativo para:
1.
Decidir su fusión con otra u otras sociedades.
2. Aceptar que YPF SA sufriera una situación de copamiento accionario
consentido u hostil que represente la posesión del 51 % del capital social
3. Transferir a terceros, la totalidad de los derechos de explotación
concedidos en el marco de la Ley N° 17.319….de modo que ello determine el cese
total de la actividad exploratoria y de explotación de YPF SA. 4.
4. La disolución voluntaria de YPF SA”.
Asimismo dispone que: ”Para tomar las decisiones referidas en los
incisos 3 y 4 …se requerirá además del voto afirmativo de las acciones Clase
A,….la previa aprobación por ley”.
Ninguna de las mencionadas disposiciones tiene fecha límite temporal
asignado.
Desde el inicio de la privatización el Estado designó un Director y
Síndico con sus respectivos suplentes,
siendo los síndicos propuestos por la Sindicatura General de Empresas Públicas
(SIGEN), que depende directamente de la Presidencia de la Nación y se rige por
la Ley Nº 24 157, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional. En la gestión de copamiento hostil realizada por
REPSOL SA, gracias a la Ley N° 24.474, el Ministro de Economía de Carlos Menem,
Roque Fernández, le vendió el 20 % del capital accionario que poseía el Estado,
conservando sólo 1.000 acciones, con lo cual el Estado perdió la potestad de
designar a sus directores y síndicos. Pero tal situación fue subsanada de
inmediato mediante la modificación del Estatuto Social que, no solamente le
permite mantener los cargos directivos y de control, sino que agregó una
potestad limitativa más a las cuatro ya mencionadas, referida al acuerdo de las
acciones Clase A para mudar el domicilio fiscal o legal de la Sociedad.
En el supuesto de que alguna de las
multinacionales citadas al inicio o alguna otra, efectuara una OPA por las
acciones de Repsol YPF SA y que la misma resultara exitosa, el Estado argentino
se encontraría con que la dirección de YPF SA ya no pertenece a capitales
españoles, con los cuales tiene hoy un acuerdo estratégico, al igual que con el
Gobierno del PSOE. De acuerdo a nuestra Ley sería necesario el voto de las
1.000 acciones Clase A. Incluso dado el caso de que el comprador opinara
legalmente en una forma distinta, sería muy riesgoso embarcarse en una
operación millonaria sin la certeza de poder desarrollar normalmente sus
operaciones en Argentina, donde, además de estar radicadas el 50 % de las
reservas de petróleo y gas, se generan más del 60 % de las utilidades
societarias.
Bajo la Administración Kirchner, el Estado Nacional designó al director
titular y la SIGEN a los dos síndicos, no
se entiende entonces como el Presidente y legisladores del Bloque justicialista
siguen “quejándose” de la venta de la Acción de Oro. Estos datos
son públicos, pueden ser consultados en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y
la Inspección General de Justicia (IGJ).
Desde la constitución del Directorio de la YPF privatizada no se conocen
casos donde los representantes del Estado hayan planteado en las reuniones del
cuerpo y en las Asambleas sus discrepancia con medidas violatorias de las leyes
de la Nación, como la indexación del precio de los combustibles según las
variaciones del precio internacional, expresamente prohibida por las Leyes de
Convertibilidad y la Emergencia Pública vigentes; ni tampoco se conoce
impugnación alguna sobre la prórroga de la concesión de Loma de La Lata con
diecisiete años de anticipación, cuando el Dr. Rafael Bielsa era el Presidente
de la SIGEN. Siendo un tema de trascendencia internacional, los argentinos
desconocemos los pormenores de la reciente degradación de las reservas
declaradas por Repol YPF SA, a pesar de que en la misma se incluyen áreas cuyos
contratos de concesión pertenecen a YPF SA, como por ejemplo, Loma de la Lata,
Acambuco y Ramos. La conducta del PEN parece guiada por la certeza de que los
reservorios afectados están situados fronteras afuera.
No es cierto, en consecuencia, que al Estado le quede solamente la
presión política para “apretar” a YPF S.A y
que carezca de otros mecanismos, pues además de sus directores, síndicos y
asambleístas, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes de la Nación, que
son la fuerza de todos. No es que el
gobierno no pueda, la realidad es que no quiere, porque, a pesar de sus
discursos, comparte plenamente el modelo energético neoliberal.
Buenos Aires,
febrero de 2006