Amenazas de la crisis energética
Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, 26 mar (IPS) - El gobierno de
Argentina apenas alcanzó a celebrar el aumento de 8,7 por ciento del producto
interno bruto (PIB) en 2003 cuando una crisis energética pone en duda el grado
de crecimiento de este año, el suministro a los hogares y hasta el respaldo político
al presidente Néstor Kirchner.
El gobierno aseguró este viernes que no habrá cortes de
electricidad. Sin embargo, para garantizar el abastecimiento interno hizo falta
suspender las exportaciones de excedentes gasíferos a Chile, Brasil y Uruguay.
Las ventas de excedentes no se cortan, pero se supeditan al suministro interno
previo.
La medida desató una polémica entre el gobierno y las empresas que exportan y
tienen la concesión de los servicios de provisión del hidrocarburo destinado a
usuarios residenciales, vehículos a gas natural comprimido (GNC) y a centrales
térmicas de electricidad.
Todos coinciden en que el crecimiento de la economía, que se estima será
similar al de 2003, constituye una fuerte presión de mayor demanda sobre un
sistema energético sobrecargado.
El año pasado, la demanda interna aumentó ocho por ciento en el sector
residencial, 11 por ciento en el industrial y 70 por ciento en el de GNC.
Pero en cuanto a los problemas de la oferta, las versiones difieren. Las
proveedoras aseguran que el demorado aumento de las tarifas -que el gobierno no
autoriza para evitar aumentos de precios internos- aplazó las inversiones, y así
el sistema colapsó debido a la imposibilidad de dotar de gas a las centrales térmicas.
Según el gobierno, el problema radica en la falta de inversiones cruciales,
incumplidas desde 1996, seis años antes de la devaluación que desató el
reclamo empresarial de aumento de tarifas. Además, las autoridades estiman que
las inversiones deben financiarse con capital de riesgo y no con el aporte de
los usuarios de la red.
Se suma a ello un factor coyuntural: la sequía que obliga a mermar la generación
de las centrales hidroeléctricas.
El experto en energía Gustavo Callejas, ex director de la oficina de
Combustibles, explicó a IPS que la pelea de fondo es por el precio del gas.
”Los grandes productores quieren llevar el precio interno del gas al valor
internacional, y eso implica subirlo de 0,40 a 1,50 dólares por unidad de
medida inglesa (BTU)”, dijo Callejas.
Por esa razón, los proveedores están enviando menos fluido a la red interna, y
mantienen las exportaciones -incluso con excedentes- a través de los gasoductos
que conectan la red con Chile, país al que se destina 70 por ciento de las
ventas gasíferas.
El gobierno resolvió suspender esos envíos extraordinarios a precio
internacional.
Callejas integra el grupo Moreno (Movimiento por la Recuperación de la Energía
Orientadora), fundado en 2001 por un grupo de ex trabajadores de la ex petrolera
estatal YPF, expertos en energía y otros ciudadanos, como el cineasta Fernando
”Pino” Solanas.
Este grupo reclama que las compañías energéticas vuelvan a ser controladas
por el Estado.
”Los países con un nivel de desarrollo como el que tiene Argentina no sólo
no se desprendieron de sus empresas de energía sino que mantienen un precio
distinto para las exportaciones y para el consumo interno, pero aquí eso no
sucede por ejemplo con la nafta (gasolina), y ahora (las empresas) quieren hacer
lo mismo con el gas”, aseguró Callejas.
La merma de energía comenzó hace algunas semanas. El gobierno impuso aumentos
de precios a los grandes consumidores y les ofreció la opción de tarifas más
bajas si aceptaban interrupciones del fluido para compensar la caída en la
provisión, en evidencia por el aumento de la actividad económica.
Pero eso no funcionó, pues la mayoría de las grandes industrias prefirieron
seguir pagando la tarifa normal y recibiendo un servicio no interrumpible, según
fuentes empresarias citadas por el diario Página 12.
Esta semana, las empresas proveedoras advirtieron que deberían practicar cortes
en los próximos días, debido a la falta de gas para mantener en funcionamiento
las centrales térmicas.
El gobierno rechazó la propuesta y en cambio resolvió hacer cumplir cláusulas
de los contratos de exportación que dan prioridad a la demanda interna.
El ministro del Interior Aníbal Fernández aseguró este viernes que la medida
se tomó para que evitar cortes en el suministro eléctrico e insistió en
achacar las dificultades a la falta de inversiones comprometidas en los
contratos de concesión a privados de los servicios de producción, transporte y
distribución.
El director de Coordinación de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de
Economía, José Maia, reconoció que la crisis energética plantea ”un cuello
de botella” al crecimiento del PIB, que este año podría ser cercano a nueve
por ciento.
Del mismo modo opinaron economistas de diversas tendencias como Carlos Melconián,
quien asesora al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) o el centrista Miguel
Bein. Todos coinciden en que la industria y el empleo se verían afectados por
la crisis energética, si ésta no se resuelve a corto plazo.
También el ministro de Economía Roberto Lavagna admitió que ”sería
lamentable” un freno al crecimiento económico por causa escasez de energía.
Y añadió que en ese sector ”hay que hacer un ajuste” de tarifas,
recomendación que el resto del gabinete y el propio presidente rechazan.
El gobierno sabe que cualquier freno al crecimiento, sumado a un plan de ahorros
con cortes de suministro a los domicilios particulares tendrán impactos
negativos para millones de personas, pero también en la imagen de su gestión,
que goza de 60 por ciento de aprobación, según las encuestas.
Por el momento, la apuesta oficial es evitar los cortes.
Para eso, Buenos Aires piensa posponer el cese de funcionamiento de una central
nuclear que requiere mantenimiento, y exigir a las compañías prestadoras de
energía el cumplimiento de la ley que las obliga a abastecer primero al país y
sólo destinar excedentes a la exportación.