Argentina: utilizan la crisis energética como cortina de humo para aumentar las tarifas
(Argenpress.info).- ¿Dónde quedó la Ley 25.561 que advertía que sólo se podían fijar nuevos precios dentro de la discusión de todo el contrato con cada una de las empresas? ¿Estas son las atribuciones que delegó el Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo?
O se trata de cumplir con los compromisos firmados con el FMI, representante de los monopolios, quien dirige nuestra economía, para aumentar las tarifas pese a la resistencia de la población y a las promesas del Gobierno de que no habría aumentos. No falta gas: están mandando menos de lo que mandan normalmente con la intención de hacer creer que si aumenta el precio se resolvería el problema y esto no es así, ya que aunque se tomen las medidas que está elaborando el Gobierno, en invierno faltará el gas, pues las empresas no han hecho las inversiones para garantizarlo.
Por más que se les dé estos aumentos, un gasoducto de 1.000 km. necesita 18 meses para construirse, por lo que en este invierno igual sufriríamos la falta de gas, además tendría que construirlo el Estado.
Ante la emergencia energética
Ante la emergencia energética el Gobierno, a través de los distintos medios de comunicación y sus permanentes declaraciones, trata de atemperar el grave problema que se le presenta al país, anunciando que se trata de una grave crisis energética por falta de gas, que se va a agudizar en invierno.
No se trata solo de una crisis: se trata de una emergencia energética provocada por la política de privatización de los resortes fundamentales de la economía (petróleo, gas, electricidad y agua, además de otros servicios públicos) que permitió el descontrol de esas actividades con exorbitantes ganancias, endeudamientos sin límites sin la obligación de invertir en algunos sectores y no cumpliendo en otros con los contratos establecidos, la falta de inversión e incumplimiento de los contratos tendría que ser causal de la vuelta al Estado en algunos casos y rescisión de los mismos en otros.
En el caso del petróleo, países que no entregan sus yacimientos a empresas privadas y menos al extranjero, reciben ese elemento al precio que le cuesta a sus empresas; en nuestro país, las empresas extranjeras, además de exportarlo y remesar sus ganancias, se los venden al país al precio internacional (10 veces más caro), lo que encarece todos los derivados del mismo y el precio de la energía eléctrica. Es consecuencia de la falta de inversión en gasoductos dentro del país, para en su lugar invertir en 7 de ellos hacia Chile, 1 hacia Brasil y otro a Uruguay, porque los envíos al exterior resultan más rentables. En el caso de la energía eléctrica es la falta de inversión, el no construir la línea de alta tensión del norte, pasando por Mendoza, ni terminar la usina de Atucha II y Yacyretá, como no realizar otras obras imprescindibles para normalizar el fluido eléctrico. Y en el caso de Aguas Argentinas, lo más escandaloso: el no cumplimiento del contrato que, sin embargo, hasta prevé la rescisión del mismo. Y ahora, mientras las negociaciones están estancadas, se le vuelve a dar el control de nuevas obras por cuenta de terceros, donde no invierte un peso y que serán pagadas por los usuarios a través de préstamos del Banco Provincia de Buenos Aires.
La privatización de estas empresas, con la complicidad de los gobiernos de turno no ha permitido que en el país se planifique economía, pues esta ha estado y sigue estando al servicio de las empresas monopólicas, especialmente de las extranjeras, y de las directivas del FMI que dirige nuestra economía.
Además, los marcos regulatorios y los contratos se han hecho solo para beneficio de dichas empresas, y el Estado se ha ocupado a través de subsidios de invertir lo que los privados no invirtieron. Hoy, nuevamente, están tratando de resolver los graves problemas ocasionados por las empresas privatizadas que atentan contra la política económica de nuestro país.
La participación del Estado en la solución de este problema y, al mismo tiempo su intención de ocultar la responsabilidad de dichas empresas por esta situación, nos debe hacer reflexionar que la solución no es la renegociación de los contratos y que en el futuro sus prácticas serán en el mismo sentido que hasta el presente, donde el Estado debe hacer las inversiones y resolver los problemas que éstas dejan.
Por lo tanto, no se puede admitir que no hayan hecho obras ni otras inversiones por la falta de aumento de tarifas. Hasta ese momento habían ganado suficiente dinero, lo habían distribuido y se habían endeudado sin invertir ni un solo centavo para mejorar el servicio.
La salida no es la recomendación de que la población consuma menos gas o menos luz, ni los aumentos de precios del gas como ya se les ha permitido a las petroleras, o del aumento estacional de la electricidad que se comenta para las próximas semanas.
Por otra parte, en el caso del gas, no se debe llamar a Audiencia Pública después de haberse concedido el aumento pedido por las empresas; es otra burla que se le hace a la población, ya que además de no ser vinculante, nunca se define en favor de quiénes se oponen a las maniobras de las empresas, sino que siempre se hace lo conveniente para ellas. Ya existe suficiente experiencia en dicho sentido: ejemplo es el caso del agua.
De lo que se trata ahora es de rescindir los contratos y anular las concesiones del petróleo, gas, luz y agua, para comenzar. Un servicio público no puede tratarse como commodities (solo para obtener ganancias) sino que debe estar en función de la población y, en lugar que el Estado se haga cargo de las obras que no se realizaron, que sean las empresas quienes se responsabilicen por los daños que le han hecho al país, y se hagan cargo de su resarcimiento.
Hay suficientes motivos para proceder de esta manera si se quiere cambiar lo que los anteriores gobiernos apoyaron y que los actuales gobernantes dicen querer cambiar.