Crisis energética
argentina puede ser fruto de las privatizaciones
16.abril/2004 - Argentina - Claudia Korol* para Adital - La crisis energética
que vive la región, pone en debate la esencia de las políticas privatizadoras
que fueron fundamento del modelo neoliberal, que prometían inversiones,
crecimiento, y seriedad en el manejo de los recursos naturales. No se trata
ahora sólo de buscar apresuradas salidas coyunturales, sino de plantear una
audaz estrategia de recuperación de recursos, inversión, exploración de
nuevas posibilidades y nacionalización de los sectores estratégicos de la
economía.
Los "parches" intentados desde el gobierno argentino - como la compra
de gas a Bolivia, de electricidad a Brasil y de petróleo a Venezuela -, no
resuelven los problemas estratégicos que supone el agotamiento de las reservas
de hidrocarburos, que alcanzan como máximo para abastecer al país por 10 años,
y el hecho que una gran parte de la población argentina no está abastecida.
(Vale señalar que tampoco se conoce el dato exacto de las reservas, ya que la
información existente surge de una declaración jurada firmada por auditores
amigos de las empresas productoras).
En este contexto, se activaron las contradicciones con Chile, a partir del
anuncio del gobierno de Argentina de que se reducirán sus exportaciones de gas
a ese país (pero también a Brasil y a Uruguay), y han surgido conflictos en la
relación con Bolivia. La Central Obrera de Bolivia (COB) decidió realizar una
serie de protestas y convocó a una huelga indefinida a partir del 2 de mayo en
oposición a la venta de gas natural a Argentina que reportará, según los
sindicalistas, 500 millones de dólares para Repsol/YPF y Petrobrás y menos de
25 millones de dólares al Estado boliviano. Esta movilización pone el debate
en un punto neurálgico: el rol de las trasnacionales que controlan el petróleo,
el gas, y los recursos naturales en la región.
En Argentina, la parte fundamental en la privatización del petróleo, se la
llevaron Repsol y Techint. En 1999, Repsol amplió el 98% de su dominio
accionario de la ex compañía estatal YPF. La empresa obtiene el 61% de su
producción de pozos argentinos, de donde extrae cada día 460 mil barriles de
petróleo y 49 millones de metros cúbicos de gas natural. Los dueños de Repsol
son los bancos españoles La Caixa y el Bilbao Viscaya, y el 9,36% de las
acciones pertenecen al fondo estadounidense Brandes.
Señala el investigador Fabián Amico que "la captura de YPF por parte de
Repsol, el último gran negocio de la era menemista, implicó una operación de
más de 15 mil millones de dólares. El control abarca desde la producción y
disponibilidad de petróleo, hasta la refinación y comercialización de
combustibles. En todas esas áreas participa con más del 50 por ciento del
mercado y hoy es el primer exportador del país con un monto superior a los
1.400 millones de dólares. También ocupa una posición dominante en la
producción y distribución de gas natural, en la comercialización de gas
licuado, en distribución eléctrica (Edenor y la distribuidora entrerriana) y
en la generación a través de la Central Térmica Dock Sud. Las vinculaciones
societarias de Repsol en España con Endesa (Edesur, Central Costanera) e
Iberdrola (Gas Natural BAN) conforman un núcleo de empresas vinculadas que, en
los hechos, controlan todo el negocio energético nacional". Refiriéndose
al sistema de precios adoptado, continúa el análisis, el grupo "traslada
al mercado doméstico y sin referencia alguna a los costos locales todas las
alzas que se registran en el mercado externo, pero nunca las disminuciones. Esto
es factible merced a una conformación oligopólica del mercado de
hidrocarburos, donde siete empresas acaparan el 86 por ciento de la producción".
El discurso de las trasnacionales insiste en señalar como causa de la crisis
energética, la falta de un aumento mayor en las tarifas de gas, electricidad,
transporte, y del precio del gas en boca de pozo, después de la devaluación.
Sin embargo, hay que decir que el ingreso petrolero total en el escenario
post-convertibilidad las ha favorecido. Los precios para la porción más
importante del negocio hidrocarburífero siguen dolarizados. El valor del crudo
en el mercado internacional está en sus niveles históricos mas elevados y
ellos rigen también las transacciones en el mercado interno.
Esto compensa las supuestas "pérdidas" ocasionadas por la pesificación
del precio del gas en el mercado interno. Las empresas de gas obtuvieron entre
el año 1993 y 2001 alrededor de 3800 millones de dólares de los cuales el 81%
se repartió en forma de dividendos. En realidad, la rentabilidad de las
empresas privatizadas no sólo no contribuyó a la expansión del sistema sino
que agravó el endeudamiento, ya que las empresas sólo reinvirtieron una pequeña
parte de sus utilidades, al tiempo que generaron nuevas deudas. Lo cierto es que
hoy más de la mitad de la población está fuera del consumo, o compra garrafas
que están a precio internacional. El gas de garrafa representa un costo mensual
tres veces superior al del gas natural por redes (aumentó un 125% desde el fin
de la convertibilidad). En el país hay 4,5 millones de hogares en esta situación.
Las trasnacionales han venido presionando, sin embargo, por el aumento de
tarifas. El Fondo Monetario Internacional reforzó estas demandas, colocándolo
como condición para la renegociación de US$ 21.500 millones de la deuda
externa en los próximos tres años. En el contexto de estas presiones, el
gobierno nacional llegó a un acuerdo el pasado 2 de abril, mediante el cual se
compromete a aumentar progresivamente el precio del gas. En una reunión con la
comisión de energía de la Cámara de Diputados realizada el 15 de abril, el
secretario de Energía, Daniel Cameron, admitió que existe una "crisis
energética, pero no una emergencia" y confirmó que habrá una recomposición
del precio del gas sobre los consumos industriales y de las usinas térmicas.
Reveló que el proceso de incremento de las tarifas para el resto de los
usuarios se extenderá hasta diciembre del 2006, y la intención del gobierno de
aumentar el precio del gas en boca de pozo, llevándolo desde el promedio actual
de 0,45 dólares por millón de BTU (unidad de medida calórica del gas) a 1 dólar.
Los aumentos de tarifas se volverán un duro golpe contra la población más
carenciada, y no resolverán el problema de las inversiones a mediano y largo
plazo. Se plantea entonces la necesidad de una política que apunte a desandar
el proceso privatizador, a detener el saqueo sistemático de las riquezas,
recuperando el control sobre los recursos naturales, invirtiendo en obras de
infraestructura, en la exploración y ampliación de las fuentes de los mismos.
En esta dirección, se podrá pensar en una política de integración regional,
que enfrente las imposiciones de las trasnacionales y del gobierno dos Estados
Unidos en relación al Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), y diseñe
un camino de defensa de la soberanía y de las necesidades de la población, a
partir de la unión de fuerzas latinoamericanas en esta y otras batallas.