DOMINGO 3/12/2000 - DIARIO EL DIA

PARA EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE

Es muy difícil repartir la miseria

"Es muy difícil distribuir la miseria", afirmó el presidente de la Suprema Corte, Juan Mario Mariño, a EL DIA. En esa patética frase sintetizó la problemática que se vive en la Justicia. Con la paralización de la actividad jurisdiccional por el trabajo a reglamento, el conflicto de los actuarios y la suspensión de los plazos procesales dispuesta por la Corte en una decisión cuestionada por el Colegio de Abogados en su fundamento técnico, la Justicia entró en el colapso que anunciaba la asamblea de magistrados del pasado 4 de noviembre.

Los perjuicios a los justicialistas

No por anunciado, ya que todos los años con trámite presupuestal o de rendición de cuentas se reedita, el conflicto entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo-Poder Legislativo ha dejado de causar perjuicios a los justiciables, a los profesionales y al país, a punto tal que se habla de que se ha llegado a extremos de denegación de justicia. Esta delicada situación que vive hoy la administración de la justicia es fruto de dos conflictos paralelos e interactuantes: el de los funcionarios, magistrados y actuarios que reclaman indistintamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y el del Poder Judicial con el Ejecutivo y el Parlamento.

Los reclamos contra la Suprema Corte la acusan de elaborar un proyecto que privilegia lo administrativo por sobre la actividad jurisdiccional, afirmándose que "no tiende para nada a resolver el funcionamiento del servicio que brinda el Poder Judicial, sino que tiende a profundizar las carencias". Mientras tanto, en el ámbito parlamentario, el desconocimiento de la iniciativa presupuestal del Poder Judicial cobra ya ribetes que los gobernantes no han calibrado en su verdadera dimensión.

En efecto, mientras el Poder Judicial solicitaba un aumento para el quinquenio de US$ 27 millones, no se le concedía un solo peso en el proyecto original, habiéndose incluido posteriormente, en el mensaje complementario, US$ 4 millones. Por supuesto que esta falta de fondos significa paralizar las obras del edificio de la ex Onda y dilata la terminación del Palacio de Justicia hasta no se sabe cuándo, convirtiendo estos emprendimientos en una vergüenza nacional (sobre todo el Palacio de Justicia, cuya construcción se inició en 1965).

"Es muy poco para repartir", sostuvo el presidente Mariño en relación al aumento presupuestal otorgado. Pero a ello debe agregarse que los funcionarios cobran los sueldos más bajos de la administración central, que los locales donde se administra justicia no son, en muchos casos, los más adecuados, que la modernización administrativa hasta el momento no ha dado resultados al constatarse que la Justicia es muy lenta y que en materia penal se vive una indefinición en materia de código que genera un malestar creciente.

Esta situación parece estar llegando al fondo, la paciencia da muestras claras de irse acabando dentro del Poder Judicial y, mientras tanto, la administración de justicia está prácticamente paralizada. Por ello, este informe contempla la opinión de todos los operadores del sistema judicial, es decir, el titular de la SCJ, jueces, actuarios, funcionarios, abogados, escribanos y rematadores, sin olvidar una breve historia de enfrentamientos de poderes y una comparación sobre los presupuestos de la Justicia y del Poder Legislativo.

Mariño: repartir miseria

El presidente de la corporación, Juan M. Mariño, quien la semana pasada cumplió cincuenta años en el Poder Judicial, entiende que "en las materias civil, laboral y de familia, el servicio de justicia se brinda bastante bien, aunque acorde a los escasos recursos con que se cuenta, pero en materia penal la situación es distinta, porque se necesita modernizarla, informatizarla y dotarla de nuevas normas procesales, de lo contrario no podemos enfrentar los nuevos delitos de cuello blanco o las nuevas modalidades del homicidio".

En lo que respecta al tratamiento presupuestal, Mariño sintetiza así la situación: "Pedimos US$ 18 millones de aumento para el año 2001, 16 de ellos para salarios y el resto para inversiones, y posteriormente pequeños aumentos anuales (ver recuadro). Este reclamo no ha sido atendido. Tampoco lo que se proyectó en funcionamiento e inversiones, como las obras para terminar el edificio ex Onda. Para todo el quinquenio el aumento solicitado era de US$ 27 millones".

Mariño explicó que "este proyecto presupuestal nuestro es el producto del trabajo de siete equipos que se formaron hace más de un año y de las asesorías de consultores internacionales que contratamos a través del BID (uno de ellos permaneció más de un año en Uruguay para llevar un presupuesto de 67 millones y medio de dólares a 94 millones).

El aumento es de menos de 30 milllones. No es nada excesivo. ¿Cómo se respondió? En el proyecto original, nada; en el mensaje complementario, US$ 4 millones por todo concepto, frente a los 18 iniciales y algunas partidas, pero ya éstas en pesos".

Lo otorgado hasta el momento son "23 millones para funcionamiento y para el rubro alimentación; 3 millones que no se sabe a dónde volcar, que servirán para mantenimiento de los 400 y pico de locales del Poder Judicial; una suma de 12 millones, todavía sin destino, y 11 millones de pesos para incrementar sueldos de magistrados. Es muy difícil distribuir la miseria, con funcionarios que ganan $ 4.000 nominales", expresó Mariño.

La consecuecia inmediata de lo otorgado es la paralización de las obras del edificio para las oficinas administraivas, ubicado frente al Palacio Piria. Sobre el Palacio de Justicia, Mariño adelantó que nunca pensaron en venderlo; esa afirmación fue más una pregunta formulada para exigir una definición.

Jueces: "visión mala"

"La Justicia vive los problemas estructurales de siempre", afirmó el presidente de la Asociación de Magistrados, Eduardo Borges, recordando la falta de un presupuesto adecuado y esa recurrencia de todos los años de tener que andar pidiendo el dinero necesario para funcionar. "Por lo tanto -señaló-, los magistrados tienen una visión mala de cómo se está desarrollando la Justicia". A ello se agrega que se ha negado todo tipo de material y dinero para funcionamiento. Luego está el problema salarial. "En mi óptica, el Poder Judicial, que siempre se manejó con poco dinero, muy por debajo de lo que realmente debía tener, tuvo y tiene un capital fundamental que es el capital de las personas, los magistrados, actuarios y funcionarios", sostuvo, precisando: "fundamentalmente los funcionarios porque son los que ganan menos y están en la primera línea de fuego en todos los juzgados".

También aludió al ámbito penal señalando que "hay que hacer una profunda modificación en todo el sistema procesal penal, ya sea con el proyecto ya sancionado, que no va estar vigente nunca, o con el que se proyecta en estos momentos". "Mientras tanto, se sigue administrando mal la justicia, con deficiencias procesales y locales donde no se puede administrar justicia penal, la vidriera del Poder Judicial", concluyó.

Actuarios: crisis total

Para Mila Burgueño, secretaria de la Asociación de Actuarios, "la Justicia vive una crisis que ha culminado en estos días. Por un lado no se respetan las prerrogativas constitucionales del Poder Judicial en su carácter de tal, y a ello se agrega que la Corte no ha valorizado la figura del actuario en la administración de justicia, ya que somos de los pocos funcionarios de la administración pública que tienen doble tarea: la jurisdiccional, en cuanto técnicos asesorando al juez, y administrativa, en cuanto jefes de oficina". El proyecto de presupuesto para la Justicia, se afirma, no ha jerarquizado al actuario y sí ha reiterado privilegiar las funciones administrativas de apoyo a la función jurisdiccional.

Funcionarios: "mal servicio"

La Asociación de Funcionarios Judiciales entiende que "con estructuras escalafonarias totalmente obsoletas, que no fueron adecuadas a las necesidades de los nuevos tiempos, el deterioro de la Justicia se ha agudizado y se brinda un mal servicio".

Elba Rama, secretaria de la gremial, sin perjuicio de reivindicar la prerrogativa constitucional del Poder Judicial, en cuanto a autonomía e independencia financiera para proyectar su propio presupuesto -concretada en el fracasado plebiscito constitucional que obtuvo cerca de un millón de adhesiones- afirmó que la Corte ha desatendido nuestros planteos y estructuró un proyecto con muchas carencias". Se debe implementar -agregó- todo un reordenamiento a la interna, una reestructura de sus escalafones, una definición de cargos, con sus tareas, responsabilidades y, por supuesto, una adecuación salarial, pero ligada a esa implementación de una reorganización que actualmente no existe". Finalmente adelantó que los funcionarios han hecho llegar a los legisladores una propuesta por la que se solicita que se otorgue a la SCJ un plazo de 240 días a fin de que proyecte una reestructura funcional del Poder Judicial, para ser sometido a la aprobación de la Asamblea General Legislativa.

Abogados: transparencia

La asamblea del Colegio de Abogados ha criticado severamente el proceder de la Suprema Corte con respecto a las medidas adoptadas por los funcionarios y actuarios, que han contibuido a la "paralización o irregularidad en el funcionamiento del Poder Judicial". En la declaración dada a conocer recientemente, el Colegio no se refiere para nada a los magros salarios que perciben los funcionarios ni a los pocos recursos que se otorgan al Poder Judicial para su funcionamiento, extremos estos a los que sí se había referido reiteradamente en otras oportunidades, en el curso de este mismo año. Entienden que "no es aceptable" que el jerarca de un Poder que cumple una función esencial del Estado se limite a resolver que las oficinas del Poder Judicial "no funcionarán, suscitando así cuestiones técnicas que sólo aumentan la incertidumbre imperante".

El presidente del Colegio, Ronald Herbert, ha expresado que la Corte "parecería estar desconectada de la realidad y encerrada en sí misma, lo cual "es malo para un Poder del Estado que tiene que ser antes que nada transparente y receptivo a las inquietudes de los operadores del sistema". "Quedó de manifiesto en los comentarios de la asamblea y es preocupación permanente del Colegio que la SCJ dedique el 80% de su tiempo a asuntos administrativos y sólo un 20% a su función fundamental de ser juez, con una consecuencia importante: la lentitud", terminó expresando.

Escribanos: descongestionar

Héctor Bergonzoni, presidente de la Asociación de Escribanos, afirmó que la situación de crisis del Poder Judicial los afecta en su actividad profesional: "Como institución gremial nos pronunciamos por la independencia económica del Poder Judicial en el plebiscito del año pasado (ya que) está en desigualdad frente a los demás poderes del Estado, con los queintegra la famosa trilogía de los poderes estatales. Creemos que las soluciones económicas tienen que llegar para alcanzar un buen funcionamiento, pero también habría que buscar formas de descongestionar los tribunales". Proponen dos soluciones: una de ellas ya está en marcha y comienza a funcionar el año próximo: los centros de mediación, conciliación y arbitraje; la otra consiste en sacar de las sedes judiciales algunos procesos, como la jurisdicción voluntaria.

Rematadores: adecuación salarial

Por su parte, la Asociación de Rematadores, por intermedio de su presidente, Roberto Bachino, dio su opinión. Como auxiliares de la Justicia entienden que "la administración de justicia requiere, más que nunca, una solución definitiva y lo más rápida posible". "Es de toda evidencia la insuficiencia de las retribuciones que por su trabajo perciben todos y cada uno de los componentes del Poder Judicial", señala.

Resulta evidente, a juicio de Bachino, que "la sinuosidad de los procedimientos, resultado -entre otras causas- de la lentitud operativa del diligenciamiento de cada expediente, obedece a la humana y natural contrariedad con que convive cada integrante del Poder Judicial, independientemente de la jerarquía, en los propios problemas derivados de las insuficientes retribuciones, las que a su vez, gradual y progresivamente, le van creando problemas personales que naturalmente son de conocimiento de los profesionales. Terminamos en la necesidad imperiosa de una adecuación salarial".

PODER JUDICIAL Y PODER EJECUTIVO CUENTAN YA CON

Tres enfrentamientos

Los enfrentamientos entre el Poder Judicial y el poder político se remontan a la época del Superior Tribunal de Justicia y han continuado hasta la actualidad. Se trata de episodios que ya integran la historia de la justicia y que numéricamente no pasan de tres: uno que se remonta al siglo pasado y dos al actual, uno hace trece años y el último en esta última década.

"El Poder Judicial no es el tercer Poder sino un poder de tercera". La frase es dura y pertenece a un magistrado que presidió la Asociación de Magistrados y ahora integra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si bien puede ser una exageración, el hecho es que los tres enfrentamientos tienen como denominador común, el desconocimiento que el poder político tenía, o tiene, de las prerrogativas del Poder Judicial, a juicio de sus autoridades. El último de estos enfrentamientos se suscitó en un clima de conflicto gremial muy similar al que se vive en estos días en el país.

1876: Nombramiento de jueces

El coronel Lorenzo Latorre era el titular del llamado Gobierno Provisorio. El 17 de marzo, el Tribunal Superior recibió un oficio del Poder Ejecutivo, en el cual se le comunicaba: "El Gobernador Provisorio ha sabido extraoficialmente que el Tribunal de Justicia que usted dignamente preside, trata de nombrar los jueces inferiores para llenar las vacantes que han dejado los últimos sucesos. Debo prevenir a Ud., por orden del Sr. Gobernador, que mientras el Gobierno no lo resuelva, debe prescindir el Tribunal de estos y otros nombramientos que se relacionen con la Administración de Justicia. Lo que comunico a usted a sus efectos. Dios guarde a Ud. José M. Montero (hijo). Al señor doctor don Conrado Rucker".

La reacción fue instantánea. El Tribunal, que integraban Conrado Rucker, Laudelino Vázquez, Carlos de Castro y Lindoro Forteza, con la discordia de este último, dictó una resolución en la misma fecha con cinco considerandos que, en sus párrafos fundamentales, decía lo siguiente:

"La referida nota importa un absoluto desconocimiento de las atribuciones y facultades que la Constitución y las leyes atribuyen privativa y exclusivamente a este alto cuerpo (...) desde el momento en que el Tribunal se ve coartado en el ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales (...) no puede continuar ejerciendo la autoridad de que ha sido investido por la soberanía...".

"...los deberes supremos que le están sometidos le impiden someterse a la coacción que le hace sobre él el Gobierno, sin poner en peligro la justicia...".

"...el Tribunal declina desde la fecha de continuar en el ejercicio de sus funciones públicas como tal tribunal, hasta que el Cuerpo Legislativo resuelva lo que considere más justo y decoroso y a las inmunidades de los poderes públicos..".

Pero, parece que hubo mediadores, porque al pie de este acuerdo, en el libro respectivo, hay otra nota con fecha 22 de marzo, que dice "...habiendo desaparecido las dificultaes que motivaron el acuerdo del 17 del corriente, se deja sin efecto...". Y firman dando fe los escribanos Franco M. Castro y Juan Fco. Castro.

1987: Ante los vetos

En la Rendición de Cuentas del ejercicio de 1986, el Poder Ejecutivo interpuso diez vetos a las proyectadas mejoras solicitadas por el Poder Judicial que habían sido sancionadas por la Asamblea General

La Suprema Corte reaccionó con el envío, el 23 de octubre de 1987, de un enérgico mensaje al Poder Legislativo, solicitando el levantamiento de los vetos. En el mismo, la presidenta de la Corte, Jacinta Balbela, que redactó de su propia mano el texto, denunció "las gravísimas consecuencias" que traería aparejado el mantenimiento de los vetos en el funcionamiento de la justicia. Afirmaba la Dra. Balbela que esta actitud del Poder Ejecutivo "del punto de vista institucional significa un cercenamiento de las legítimas atribuciones de este poder del Estado, consagradas a texto expreso en el artículo 239 de la Constitución".

Decía la Corte en el mensaje que debía "plantear las contradicciones en que incurre (El Poder Ejecutivo), las gravísimas consecuencias que crea la eliminación de cargos administrativos, las modificaciones de las asignaciones presupuestales del escalafón "A", el demérito que significa las supresiones aprobadas para los restantes funcionarios judiciales y las prohibiciones impuestas en cuanto a la facultad de reestructuración de sus cuadros".

Y se señalaban las contradicciones y perjuicios que algunas de las observaciones y supresiones formuladas por el Poder Ejecutivo, significaban para el servicio de Justicia:

Régimen de permanencia a la orden. Su observación crea un serio problema para la retribución de aquellos funcionarios afectados a la justicia penal y de menores, es decir "la niñez desamparada y la libertad de las personas". "Es muy dudoso que el Poder Ejecutivo pueda demostrar que la justificación del régimen para las otras oficinas que ya lo tienen sea más valedera que la que se viene de expresar. El costo mínimo es de N$ 18 millones anuales, limitado a 134 funcionarios en todo el país".

Partidas asignadas para aumentos promediales del 21% para funcionarios del escalafón "A" y 14% para los restantes. Se abaten a 14% y 9.5% respectivamente. "Sin embargo, por el artículo 355 del Poder Ejecutivo fija para determinados técnicos, aumentos que llegan al 67%".

Palacio de Justicia. "Pese a las reiteradas gestiones que ha realizado la Suprema Corte, hasta la fecha el Poder Ejecutivo no entregó efectivamente el inmueble al Poder Judicial". Y se retacean las partidas. "Para la construcción del Palacio de Justicia se autorizaron US$ 10:000.000 en la ley No.15.851, discriminados en US$ 2 millones en 1987, US$ 4 millones para 1988 y US$ 4 millones para 1989, y por consiguente, si se pretende que el gasto previsto para 1987, se reprograme para 1988, con cargo a las partidas de ese año, sólo se dejarán US$ 8 millones".

Creaciones de cargos. "La Suprema Corte no ha dispuesto incorporarse al régimen de la ley 15.851, porque entiende que por "incorporación o por "redistribución" la intervención de la Oficina de Servicio Civil, dependiente de la Presidencia de la República, colide con sus facultades privativas (artículo 239, numeral 2o., Constitución)". Y se agrega, "..la admisión de funcionarios de otras dependencias públicas crea para el Poder Judicial un grave problema (...) resulta improbable que tengan la capacitación suficiente como para desempeñar funciones particularmente especializadas del servicio judicial; no se forman alguaciles, ni jefes de despacho si no es a través de los años, de la capacitación en la materia que moldean, de la dedicación absoluta".

Hubo otra reacción. Entre las pocas partidas que no se vetaron, figuraba la suma de N$ 10:000.000, destinados a financiar los festejos con que la Corte debía conmemorar en este mismo año 1987, el octogésimo aniversario de su creación.

Pues bien. No hubo celebraciones y la cantidad que debía financiar el onomástico se destinó a acuñar medallas a entregar a los funcionarios más antiguos, con una ceremonia protocolar en el salón de fiestas de la Corte y que se cumplió en ese mismo año y prosiguió en los sucesivos.

1994: Conflicto de poderes

En febrero de ese año, la Suprema Corte salió de la feria judicial mayor con una convocatoria a una inusual conferencia de prensa. En ella, la Corte en pleno, por boca de su presidente Luis Torello, afirmó que el decreto No.26/94 del Poder Ejecutivo sobre aumentos a los funcionarios públicos era ilegal e inconstitucional al no incluir a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Se sostenía que violaba la letra y el espíritu de la ley No.15.809.

El presidente de la República replicó que la Corte debía proecuparse del mal servicio que prestaba la justicia. Estaba planteado un conflicto de poderes.

El asunto se zanjó al mediar el Poder Legislativo. Una ley interpretativa contempló la aspiración de la Suprema Corte en cuanto al aumento que disponía el decreto y no hizo retroceder al Poder Ejecutivo y su decreto.

OPINIONES DIVIDIDAS

La increíble y triste historia del Código del Proceso Penal

En medio de la tremenda crisis que ha sumido al Poder Judicial en el caos que hoy se vive, los sectores involucrados con opiniones divididas sobre las cuotas de responsabilidad de esta situación, son unánimes en considerar que la justicia penal es el sector que está peor, necesita un nuevo sistema procesal y mejores condiciones de trabajo.

Mientras tanto el Código del Proceso Penal, sancionado el 2 de diciembre de 1997, todavía no entró en vigencia, antes bien tuvo tres sucesivas postergaciones.Primero fue la Ley No. 16.982 de 14 de julio de 1998 que la postergó hasta el 1o. de febrero de 1999. Luego la ley No.17.079, de 22 de diciembre de 1998, fijando su entrada en vigencia el 1º. de febrero de 2000. Por último, ley No.17.227, que fija su entrada en vigencia para el 1º. de febrero de 2001. Ignoramos, a esta altura, si el próximo 1º. de febrero entrará o no en vigencia. Con juicio oral y público y otras innovaciones, a los entendidos les parece difícil.

La historia de la sanción del Código es un "vía crucis". Hubo una primera comisión Piaggio, a comienzos de la década del 90, con un proyecto. Luego otras penalistas Ofelia Grezzi y Adela Reta hacen su aporte.

Por último, en 1997 el Poder Ejecutivo encarga al flamante Fiscal de Corte Oscar Peri y al penalista Amadeo Otatti, la redacción del Código finalmente sancionado.

Interesa a los efectos de este informe lo sucedido cuando la última postergación, en el Senado. La piedra en el zapato para que no caminara el nuevo sistema procesal eran los recursos que exigía la Corte, que inicialmente eran de US$ 20.000.000.

Pero la última tuvo otros alcances. Entre los recursos figuraba una partida con que se contemplaba el pago de la cuota mutual de los funcionarios judiciales.

Los senadores oficialistas recordaron que en año de elecciones no se podían otorgar dichos beneficios y, se postergó el Código. Se habían olvidado que en esos días, el propio Senado votaba una partida de su propio presupuesto para incentivar el retiro de varios de sus funcionarios.

"El presidente debe cumplir el compromiso que asumió"

Los funcionarios recuerdan que el 9/11/99 se suscribió un documento entre autoridades del Partido Nacional y el entonces candidato Jorge Batlle que, en sus numerales 4) y 6) claramente señala mecanismos de incremento del presupuesto del Poder judicial.

En el mismo se decía: "Percepción en su totalidad por parte del Poder Judicial de los montos recaudados por tributos generados en ocasión de la actividad jurisdiccional".

Estos tributos rindieron en el ejercicio 1999 un total de $ 59:293.657, que se detallan así:

Timbre Palacio de Justicia $ 23:336.356

Impuesto Judicial $ 9:684.954

Tasa Judicial $ 15:596.119

Impresos no tributarios $ 3:279.565

Tasa de ejecución judicial $ 7:396.663

Además, otro rubro acordado eran las economías generadas por el Poder Legislativo en el ejercicio 1999, que alcanzaron a US$ 7: 085.000.

Desigualdades

La austeridad de la justicia ya es tradicional, fue y sigue siendo la cenicienta de la administración pública. Nunca hay recursos para el Poder Judicial ya sea para sueldos, locales , mobiliario o tecnología, y lo triste es que esta realidad se remonta a más de cuarenta años atrás, por lo menos.

Actualmente el presupuesto está estabilizado entre el 0.3 y 0.4% del producto bruto interno. Nunca había llegado tan bajo.

Haciendo un poco de historia, en los años cincuenta un ministro de los Tribunales de Apelaciones estaba equiparado a un diputado. El sueldo de ingreso al Poder Judicial en 1948 era de $ 145, mientras en las otras reparticiones estatales no llegaba a cien.

Pero, volviendo a nuestra realidad actual, y comparando con el Poder Legislativo nuestra afirmación -de cenicienta- es harto elocuente.

En 1999 el presupuesto del Poder Judicial era de US$ 67 millones y medio , apenas un millón al año más que el del Poder Legislativo, pero con una diferencia muy grande en cuanto a bienes y funcionarios ya que en la justicia existen 400 edificios y 4.324 funcionarios mientras que el Poder Legislativo debe administrar 1 local y pagar 1.650 salarios.

35 AÑOS NO ES NADA...

El sueño del Palacio

El mediodía del 4 de marzo de 1965 se realizó una ceremonia muy especial en el predio del Poder Judicial contiguo al Palacio Estévez. Se puso la piedra fundamental para erigir el Palacio de Justicia, proyectado de diversas maneras desde 1925. Estaban presentes el presidente del Consejo Nacional de Gobierno Dr.Washington Beltrán y el titular de la Suprema Corte de Justicia Dr.Emilio Siemens Amaro. Entre los periodistas se hallaba quien esto escribe que tituló su nota en El Diario "La Justicia tendrá su Palacio".

Ahora, a 35 años de ese episodio, la justicia no tiene y quién sabe si tendrá "su Palacio".

Proyectado para albergar a la Corte, sus dependencias administrativas, Tribunales y Juzgados sufrió innumerables retrasos en su construcción, como es del período de facto, por lo que, reintegrada la democracia se esperaba una rápida construcciòn. Hubo que reducir el proyecto original, que tenía cnco pisos más y un edificio en el terreno que está más al sur, cruzando San José, también propiedad del Poder Judicial.

En la actualidad se ha logrado, merced a un préstamo aún no saldado con el Banco de la República, dotar de fachada al esqueleto de cemento armado que "engalana" nuestra Plaza Independencia. Pero nada más.

La Suprema Corte ha dicho que no piensa vender "su" Palacio, pero por otra parte el Poder Ejecutivo, poseedor de los dineros no se pronuncia sobre qué hacer.

Hace dos años la Suprema Corte anunció que en el otoño de 1999 estaría terminada la obra en base a concesión de obra pública, que los pliegos ya se estaban confeccionando, y se llamaría a licitación pública. Pero esto está descartado también.

A nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no se explica, no se dice qué se piensa hacer lo que provocó la reacción del ministro Raúl Alonso De Marco "¿Porqué no lo venden?. Pero lejos estaba en su pensamiento la idea de desprenderse del Palacio. Más bien exigen terminar la obra, que si hace dos años costaba US$ 30 millones, hoy sale US$ 40 millones.

La Onda

Sobre el pasaje Derechos Humanos, frente a donde está situada la Suprema Corte de Justicia está el edificio que se expropió para alojar las oficinas administrativas del Poder Judicial. Era la sede de la empresa Onda y es una linda construcción que haría "pendant" con el palacio Piria.

La expropiación se concretó en 1993 por US$ 1:200.000 y se empezaron al año las obras de reacondicionamiento para adaptarlo a su nueva función.

En el proyecto de presupuesto la Corte solicitaba recursos por un poco más de US$ 4 millones para terminar las obras, cuando falta un poco más del 50% de trabajo. Ahora, todo queda parado.

Ayer se informaba en la Suprema Corte que el despacho administrativo, que funcionaba en un salón en el subsuelo de la sede central sería trasladado a una casa ubicada en Soriano y Cuareim, dentro del radio de acción donde la corporación tiene desperdigadas más de veinte dependencias.