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.:Agrupacion HIJOS*:.

Se reactiva la causa por robo de bebés contra once represores

La sala I de la Cámara Federal autorizó al represor Santiago Riveros a que apelara su excarcelación ante la Corte porque hace cinco años que está con prisión domiciliaria. Esta semana, el juez Urso confirmaría los procesamientos

Por Adriana Meyer

La causa sobre la sustracción sistemática de menores durante la dictadura se reactivará esta semana. Página/12 pudo saber que el juez federal Jorge Urso firmaría esta semana la ampliación de los procesamientos de los ex jefes militares imputados, Reynaldo Bignone, Guillermo Suárez Mason y Cristino Nicolaides, entre otros. Los querellantes habían advertido sobre la demora del juzgado en cumplir lo establecido el año pasado por la Cámara, que ordenó acelerar el proceso con vistas a una rápida elevación del caso a juicio oral. Mientras tanto, varios represores ya recurrieron ante la Corte Suprema para obtener su excarcelación, porque el juez y la Cámara les negaron ese beneficio y ratificaron las prisiones preventivas, que en su mayoría son arrestos domiciliarios. Ayer la sala I habilitó al general Santiago Omar Riveros para que acuda al Máximo Tribunal para pedir su libertad.
Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani le concedieron al ex comandante de Institutos Militares un “recurso extraordinario” para que la Corte se expida sobre el planteo efectuado por sus defensores, quienes argumentaron que se encuentra con prisión preventiva desde hace cinco años. Riveros fue procesado con prisión preventiva en 1999 por el entonces juez federal Adolfo Bagnasco, quien lo acusó en el marco de la “práctica sistemática” para la apropiación de recién nacidos cuando sus madres estaban detenidas ilegalmente en centros clandestinos durante la dictadura. Si bien ese recurso se otorga ante sentencias definitivas, los camaristas entendieron que la denegatoria a concederle la excarcelación podría “equipararse” a ellas, con lo que queda habilitada la vía para el análisis del Máximo Tribunal. De todos modos, la Corte no estaría dispuesta a modificar las decisiones de primera y segunda instancia en esta causa, dejando intacta la acusación para que llegue a juicio oral.
El abogado Alberto Pedroncini, que representa a una parte de los querellantes, recordó a Página/12 que “cuando la sala I de la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva por 22 casos de apropiación dio instrucciones precisas para que sea acelerado el procedimiento para elevar a juicio oral y para que se profundizara la investigación de los nuevos casos”. Y agregó que “como no se está cumpliendo con esa decisión hace un mes pedimos un pronto despacho”. Sin embargo, este diario pudo averiguar que el juez Urso resolverá esta semana la situación procesal de los imputados que ampliaron su declaración indagatoria el año pasado: Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y Rubén Franco. El resto de los acusados, Jorge Videla, Emilio Massera, Jorge Acosta, Santiago Riveros, Rubén Febres y Antonio Vañek, ya tienen confirmados sus procesamientos, y a excepción de Febres y Acosta todos gozan del arresto domiciliario.
Cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los jerarcas militares acusados, entendió que sólo había pruebas para sustentar 22 de los 38 casos de menores apropiados. A partir de entonces los abogados querellantes Pedroncini, David Baigún, Carlos Cruz y Marcelo Mónaco, junto a los investigadores judiciales, se empeñaron en incorporar al expediente mayor cantidad de testimonios que sustenten la existencia de la apropiación sistemática de menores, en su mayoría hijos de desaparecidos, perpetrada por los represores durante la dictadura. Se agregaron más pruebas en los casos ya conocidos y muchos más elementos para los nuevos. Uno de los casos incorporados es el de Mariana Zaffaroni Islas, secuestrada con sus padres uruguayos refugiados en nuestro país, trasladada a Automotores Orletti, y localizada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1983. Ante las nuevas pruebas fue necesario ampliar las indagatorias de cinco de los once imputados. En caso de ser ratificados sus procesamientos, se producirían nuevas apelaciones y tras su resolución sí podría ser elevada la causa a juicio oral. Los propios investigadores habían especulado ante este diario con concretar esto a fines del año pasado, pero los tiempos se dilataron.