Gobierno violó otra norma andina en el TLC y puso el Tratado en vigencia antes de su ratificación por el Congreso de Colombia

Rebanadas de Realidad - Colombia, Bogotá, 16/05/06.- En el marco del TLC, según consta en la página del Ministerio de Comercio, los ministros de Comercio y de Agricultura colombianos firmaron el 26 de febrero de 2006 una carta adjunta al documento de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) del Tratado con Estados Unidos. En ella, el gobierno de Colombia se compromete a reconocer el sistema de control e inspección de carne y aves de Estados Unidos como equivalente al de Colombia para el caso de la enfermedad de las vacas locas y la influenza aviar, "a más tardar el 15 de abril de 2006" en el caso de la carne de res y "a más tardar el 15 de mayo de 2006" en el de carne de aves. Esto, como es obvio, le abre las puertas de Colombia a Estados Unidos de estos productos y reconoce un trato abiertamente desigual porque el Imperio no acepta el sistema sanitario colombiano como equivalente al suyo.

Con el anterior compromiso el gobierno de Colombia violó la Decisión 515 de la CAN. El hecho fue reconocido incluso por Juan Lucas Restrepo, quien, al comentar esta insólita reapertura de nuestra frontera al comercio de productos cárnicos, bovinos y avícolas norteamericanos, señaló que "a nivel andino estas normas no han sido actualizadas, lo que no nos permite importar dado que incumpliríamos la normatividad regional". (Carta Fedegan, edición especial, marzo de 2006).

Es cierto, dijo Robledo, que el pasado 17 de abril de 2006, mediante la resolución 1013, modificatoria de la Decisión 515 de la CAN, la Secretaría General de la CAN permitió finalmente la importación de carne bovina desde Estados Unidos. Pero salta a la vista, como hecho irrefutable, que en el momento en que se acordó el TLC con Estados Unidos la resolución 1013 no se encontraba aún vigente, por lo que una vez más el gobierno colombiano incurrió en violación flagrante de lo acordado con los socios andinos.

Y es notorio también que lo acordado mediante estas cartas adjuntas, que son parte del TLC, se puso en vigencia antes de que dicho Tratado hiciera trámite en el Congreso de Colombia y fuera ratificado por la Corte Constitucional, con lo que se violó de manera abierta la legalidad del país.