AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2002.

Es éste el tercer Proyecto que se remite al CONGRESO NACIONAL. El primero de ellos, enviado en el mes de setiembre de 2001, fue de carácter resumido y, por lo tanto, no fue tratado parlamentariamente. El segundo, elevado en diciembre de 2001, tampoco llegó a ser considerado dados los cambios institucionales y económicos producidos, solicitándose su devolución.

En el contexto de la delicada situación económica actual, el PODER EJECUTIVO que asumió el GOBIERNO NACIONAL por decisión de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, a principios de 2002, entiende necesario dotar de realismo al Proyecto de Presupuesto y enfatizar la importancia de definir y poner en marcha una política fiscal adecuadamente compatibilizada con la política económica en ejecución.

Es por ello que se remite un nuevo proyecto. El mismo ha sido elaborado con arreglo a las bases de la Ley Nº 25.561 del 6 de enero de 2002, por la que se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, en cuyo artículo primero se enuncia la necesidad de reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales, creando condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda externa.

Asimismo, el Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional refleja el contexto macroeconómico con la caída de la actividad de 2001 que continuará durante el 2002, sobre todo en su primera parte, y el aumento proyectado en el nivel general de precios que resulta previsible por la alteración de la paridad peso-dólar; la fuerte reducción de los ingresos públicos, particularmente tributarios, acontecida en 2001, que condiciona las estimaciones para 2002 influidas, obviamente, por la crisis económica; el recálculo del servicio de la deuda pública, dada la imposibilidad de atender la totalidad del mismo, y el impacto de la devaluación; la necesidad de realizar un gran esfuerzo de reducción de los gastos primarios, con recortes generales y proporcionales que mantengan disminuciones ya vigentes en 2001 de salarios, jubilaciones, gastos generales y transferencias a provincias y recortes específicos en línea con reformas estructurales, reducción del gasto político y burocrático y achicamiento de la organización estatal y medidas de emergencia. Ello sin perjuicio de prever la atención de un plan alimentario de emergencia, un nuevo plan de empleo y un programa de emergencia de medicamentos.

En consecuencia, el proyecto se enrola en una línea de búsqueda realista de solvencia fiscal sustentable y creible que garantice el logro de los objetivos de la acción del gobierno, esto es el crecimiento económico con justicia social.

A continuación y siguiendo el orden establecido en el "contenido" se consideran los siguientes aspectos: el contexto económico global y las proyecciones macroeconómicas; las estimaciones de recursos tributarios; el financiamiento y el servicio de la deuda pública; el gasto público nacional; las relaciones financieras con las provincias; el Presupuesto Nacional y el del Sector Público Nacional comparado, según su ordenamiento económico, con el del año anterior.   Dios guarde a VUESTRA HONORABILIDAD.

CONTENIDO

1. EL CONTEXTO ECONOMICO GLOBAL   1.1. Evolución económica en el período reciente   1.2. Las proyecciones macroeconómicas

 3. EL FINANCIAMIENTO Y EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

 5. LAS RELACIONES FINANCIERAS CON LAS PROVINCIAS

 7. LOS OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL   7.1. Fondos Fiduciarios del Estado Nacional   7.2. Otros Entes

1.         EL CONTEXTO ECONÓMICO GLOBAL

1.1.      EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL PERÍODO RECIENTE

El nuevo gobierno asume sus funciones en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes en muchas décadas. Los tres objetivos básicos definidos por el nuevo gobierno son: "reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio de modelo económico y social". En lo estrictamente económico se parte de una situación límite, con suspensión de pagos de las obligaciones domésticas e internacionales. El nuevo plan económico reconoce esta realidad e intenta hacerle frente, fundamentalmente a través de un sinceramiento de la economía, eliminando las trabas que impedían un correcto ajuste de los precios relativos, fruto de la imposibilidad de sostener la convertibilidad del peso una vez que se interrumpió el flujo de ingresos de capital externo.

A estas horas queda claro que el abandono de la convertibilidad no pudo hacerse sin enormes costos, fundamentalmente debido a la necesidad de adaptar las obligaciones contractuales que se habían pactado con las viejas reglas impuestas por la misma convertibilidad, a un nuevo entorno donde la volatilidad de los precios relativos va a ser inicialmente mayor. Como contrapartida, el gobierno ha recuperado los instrumentos de política económica, cambiaria y monetaria, y está realizando un enorme esfuerzo para reconstruir el andamiaje de la política fiscal, que se fue perdiendo a lo largo de los últimos meses.

Hacia fines del año 2001 la relación cambiaria nominal uno a uno con el dólar estadounidense se había deteriorado progresivamente y ya no era sostenible. El tipo de cambio real había empezado a retrasarse de manera creciente a partir de la entrada de la economía en la fase recesiva, hace ya casi más de tres años. En agosto de 1998 Rusia decidió un "default" parcial de su deuda y los efectos adversos de tal medida se desparramaron por el resto de las llamadas economías emergentes, afectando, en nuestra región, inicialmente a Brasil. A partir de entonces la economía argentina comenzó a recorrer un camino declinante. Con ello la productividad, especialmente la de los sectores productores de bienes transables internacionalmente se deterioró, y al mismo tiempo comenzó a menguar el ingreso neto de capitales externos al sector privado. Desde el último trimestre de 1999 esa entrada neta se convirtió en salida neta de capitales.

Estos fenómenos contribuyeron a deteriorar el tipo de cambio real. Hasta ese momento la paridad uno a uno con el dólar había sido relativamente sostenible gracias a los importantes aumentos en productividad que se registraban fundamentalmente en aquellos sectores productores de bienes transables, aumentos de productividad impulsados por el importante ingreso neto de capitales al sector privado de la economía. Cuando este escenario comenzó a revertirse el sostenimiento de la paridad cambiaria se convirtió en una ilusión económica.

Paralelamente, por el lado fiscal se observó un deterioro importante en las cuentas del Sector Público Nacional y de las provincias, debido, básicamente, a la reducción de la recaudación impositiva y al peso creciente de la cuenta de intereses de la deuda. Era la génesis de un círculo vicioso complejo que se iría agravando con el tiempo: recesión, caída en la recaudación, mayor déficit, endeudamiento público, aumento en las tasas de interés, reducción del crédito, todo en el marco de una relación cambiaria fija. Mientras tanto el PIB caía en el año 1999 más del 3% a valores constantes y más del 5% a valores corrientes.

En el año 2000 la economía argentina no consiguió recuperarse, el PIB volvió a caer casi un 1%, la productividad no se recuperó y siguieron sin ingresar capitales netos al sector privado. A pesar de los aumentos en las alícuotas impositivas desde principios de año y de los ajustes en el gasto primario a mediados de año, la situación fiscal no mejoró de acuerdo a lo esperado por las autoridades del momento. Estas políticas fiscales provocaron un deterioro aún mayor en la productividad de la economía, a lo cual también contribuyó de manera más determinante el incesante aumento de los costos financieros de la mano de la prima de riesgo país.

Las turbulencias económicas y financieras arreciaron con mayor fuerza a medida que transcurrían los primeros días del año 2001. A pesar de la notable mejora del contexto internacional, dadas las consecutivas reducciones en las tasas de interés de corto plazo impulsadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, la economía argentina entraba ya en un sendero sin retorno. Los cambios de equipo económico no lograron efectos positivos duraderos. Por el contrario, parecía suceder que cada una de las medidas adoptadas era inocua y varias de ellas terminaban produciendo el efecto contrario al buscado. Así, fracasaron una diversidad de medidas, pasando por la ley de déficit cero y todos los intentos realizados para reactivar la economía ya sea por el lado de la oferta (planes de competitividad, factor de convergencia, reducciones arancelarias a las importaciones de bienes de capital y reintegros equivalentes a los productores locales) como por el lado de la demanda (reducciones en algunos impuestos).

Todos los intentos fueron vanos, los agentes económicos ya habían comenzado a descontar el abandono de la convertibilidad. Los analistas económicos comenzaron a plantear distintos modelos cambiarios y monetarios alternativos pero, en prácticamente todos los casos, se anticipaba la imposibilidad de mantener el uno a uno. En síntesis, los agentes económicos comenzaron a descontar una devaluación por lo menos a partir del tercer trimestre de 2001, y la abrupta caída del PIB que se registró a partir de mediados del 2001 estuvo ligada a ese fenómeno.

El sistema financiero es la válvula de escape por la cual eclosiona el sistema de convertibilidad. Paradójicamente, el sistema financiero argentino fue considerado uno de los más fuertes a partir de la crisis del "tequila". Desde entonces, se fortaleció la regulación bancaria prudencial a través de elevados requerimientos de liquidez, previsionamientos y relaciones capital/activos, y también se mejoraron las normas de supervisión bancarias. Todas estas medidas efectivamente significaron un fortalecimiento del sistema y determinaron que la caída de la convertibilidad se demorara más de lo previsto por algunos analistas. A medida que la economía se deterioraba se observaba un mayor grado de dolarización del sistema, pero los depósitos privados mantuvieron una tendencia creciente hasta principios de marzo de 2001.

Sin embargo, ni la fortaleza relativa del sistema, ni la altísima dolarización pudieron impedir el violento drenaje de depósitos del sistema y de reservas del Banco Central, a lo cual contribuyeron una serie de medidas que hirieron profundamente la esencia de la convertibilidad. Hacia fines de año ya se había generado una gran corrida bancaria, el público retiraba sus depósitos y los convertía en dólares billetes fuera del sistema bancario. Se recurrió al llamado "corralito" y al control de cambios para evitar los retiros de depósitos y detener la fuga de reservas del Banco Central. No fue suficiente: las medidas adoptadas sólo alcanzaron para reducir la velocidad de la caída pero nunca podían impedir el abandono del régimen.

Las principales medidas adoptadas a partir de la imposición de las restricciones a los retiros de depósitos en el mes de noviembre tienen claramente efectos contractivos: la actividad económica cae por el brusco cambio de precios relativos entre los sectores productores de bienes y servicios transables y los no transables, lo que reduce los ingresos de los trabajadores y los beneficios de las empresas productoras de bienes no comerciables, y aunque en el mediano plazo la devaluación mejora la situación de los productores de bienes comerciables, este efecto positivo sólo se dejaría ver luego de unos meses; a esto se suman los efectos de la contracción del crédito, reforzados por el lanzamiento de las mencionadas restricciones a los retiros y los controles cambiarios. Sin embargo, lo difícil de la situación que enfrentaba la economía no dejaba alternativas: se hacía indispensable evitar que una masiva fuga de capitales terminara por vaciar de recursos al sistema financiero, dejando entonces a los ahorristas en una situación aún más penosa que la actual.

El Gobierno reconoce que una parte importante de las medidas adoptadas hasta el momento han generado malestar en muchos sectores de la población, y se ha fijado como objetivo la eliminación de las restricciones que han generado este malestar. Sin embargo, es imprescindible para reducir el daño producido por la crisis actual, recuperar la credibilidad, para lo que será necesario contar con un conjunto de políticas que cuenten con apoyo tanto interno como internacional, ya que hoy en día un país no puede crecer si se cierra al comercio internacional y le da la espalda a la inversión extranjera.

Estas medidas apuntan por un lado a una nueva definición del rol del sistema financiero, con el objetivo de lograr la recuperación de la confianza de los depositantes, y a la definición de una política monetaria que permita la reconstrucción de la cadena de pagos, manteniendo un sendero de inflación moderada que permita el correcto ajuste de los precios relativos. Todo esto requiere la implementación de una política de gasto acorde con la evolución de la recaudación, y la negociación de una pauta de pagos de intereses de la deuda pública sostenible a lo largo del tiempo.

1.2.      LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

En el Cuadro se presentan las proyecciones para el período 2001-2002 correspondientes al Producto Interno Bruto y a los principales componentes de la oferta y la demanda agregada final a precios corrientes. También se presentan las tasas de variación nominales y reales (a precios constantes de 1993) correspondientes al mismo período, así como las tasas de variación de los índices de precios implícitos de cada uno de los componentes. Cabe destacar que se trata de proyecciones de grandes agregados macroeconómicos, cuya evolución promedia los comportamientos de precios y cantidades de distintos sectores.

Las proyecciones macroeconómicas de mediano plazo suponen que las perspectivas de la economía mundial, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestran un panorama favorable con crecimiento económico de las economías más avanzadas, bajas tasas de interés y recuperación paulatina de las monedas respecto del dólar. Los precios de nuestras exportaciones mostrarán una ligera caída, fruto de la reducción de los precios del petróleo y de las manufacturas industriales, que no llega a ser compensada por los incrementos de precios de los productos primarios y sus manufacturas, mientras que los precios de las importaciones mostrarían una muy ligera tendencia creciente, lo que llevaría a una reducción de los términos del intercambio, aunque sin llegar a los niveles de los años 1998 y 1999.

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

El Producto Interno Bruto.

De acuerdo con las perspectivas del contexto internacional delineado, se proyecta una caída del Producto Interno Bruto de 3,7% para el año 2001 y una caída de 4,9% para el año 2002, con deflactores del índice de precios del producto de –1,3% y 14,1%, respectivamente, dado que las restricciones financieras y la contracción de la demanda impedirían un pleno reflejo en los precios de la devaluación. Se espera que los efectos de la crisis se vayan atenuando a partir del tercer trimestre de 2002.

El consumo y la inversión interna bruta.

La incertidumbre respecto de los ingresos futuros, o simplemente la desaparición de la fuente de ingreso familiar en un contexto donde la reinserción en el mercado laboral resultaba extremadamente compleja, ha dado lugar a una muy fuerte contracción del gasto. Si bien los efectos negativos de la menor actividad económica registrada a lo largo de los últimos años afectaron tanto el consumo de bienes no durables como el de bienes durables, la caída ha sido mucho mayor en el caso de éstos últimos, tanto por la conducta preventiva ya mencionada, como por las restricciones financieras impuestas a partir de la crisis financiera del mes de noviembre.

La recuperación de la inversión es un factor fundamental para el mantenimiento del crecimiento sostenido del PIB. La inversión ha caído junto con el PIB desde el año 1998, estimándose que para los años 2001 y 2002 se mantiene la tendencia decreciente: -16,1% y –18,5% respectivamente, aunque se espera una mejora en términos desestacionalizados, a partir del segundo trimestre del año 2002.

La recuperación de la confianza de familias y empresas a medida que se demuestre que la eliminación de las restricciones impuestas por la convertibilidad a la política monetaria no resultan en una espiral inflacionaria similar a las vividas en décadas anteriores, permitirá la expansión de consumo e inversión hasta niveles consistentes con la tendencia de crecimiento de largo plazo de la economía.

Los precios.

Argentina se ha caracterizado a lo largo de la última década por ser una de las economías con menor inflación del mundo. Esto refleja la aversión de la sociedad al aumento sostenido de los precios, luego de haber vivido los efectos de los episodios hiperinflacionarios a finales de la década de los ochenta. El abandono de la convertibilidad ha significado un cambio brusco en el sendero de crecimiento de los precios: la devaluación del peso tiende a incrementar los precios domésticos de los bienes comerciables en una proporción similar a la variación del tipo de cambio, y en la medida en que los precios de los bienes no comerciables intenten mantener su posición relativa con respecto de los comerciables, esto tenderá a difundir los efectos de la variación del tipo de cambio a lo largo de toda la economía.

Sin embargo, el entorno recesivo en que se encuentra la economía al momento de modificar la paridad cambiaria, y la convivencia de la sociedad con la estabilidad de precios a lo largo de todos estos años, llevan a esperar que este proceso de ajuste no sea similar al de los episodios de alta inflación de los ochenta, sino que el traslado sea algo más lento: tras una caída del 1,4% para el año 2001 se proyecta un incremento de precios del 14,0% para el año 2002, lo que resultaría en una significativa mejora del tipo de cambio real.

El sector externo.

Uno de los rasgos más destacables de la evolución de la economía de los últimos años, ha sido el importante crecimiento de las exportaciones. En 2001 el aumento de las exportaciones de bienes y servicios sería de un 4,2%, mientras que para 2002 se espera un 5,3%. Las exportaciones vienen creciendo de manera sostenida gracias, principalmente, a los importantes incrementos registrados en la productividad de sectores productores de bienes y servicios transables internacionalmente y en la productividad de los sectores productores de servicios no transables que son complementarios de los primeros.

El comportamiento de las importaciones de bienes y servicios, por su parte, ha seguido al del PIB: aunque la reducción del 13,7% a precios constantes proyectada para el año 2001 resulta más fuerte que la registrada por el Producto. Para 2002 se espera que se mantenga esta caída, en consonancia con la caída del Producto, aunque con alguna señal de recuperación hacia finales del año.

2.         LAS ESTIMACIONES DE RECURSOS TRIBUTARIOS

La recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones de la seguridad social alcanzará en 2002 los $47.882,2 millones. Este monto es 0,1% superior al que se recaudó en el año 2001, aunque en términos del PIB se reducirá de 17,7% a 16,4%, debido al incremento nominal que se prevé en esa variable.

Del total de recursos, $36.476,7 millones corresponderán a la Administración Nacional. El monto que financiará a la Nación será 1,4% superior al que ingresó en el año 2001.

El cálculo de recursos incorpora las siguientes modificaciones introducidas por el Decreto N° 1.676/01, del 20 de diciembre de 2001:

·         En los Convenios de Competitividad se suspende el beneficio de cómputo como crédito fiscal en el IVA de los pagos efectuados por Contribuciones Patronales sobre la nómina salarial en el monto que exceda del que corresponda computar de acuerdo al Decreto n° 814/01, art. 4°. No se encuentran alcanzados por la medida las empresas editoras de diarios y revistas y de distribuidores representantes de editoriales de dichos bienes, ni las empresas de transporte de pasajeros y/o carga.

·         Impuesto sobre los Combustibles: se incrementa de $ 0,38 a $ 0,43 por litro el monto del impuesto para las naftas, gasolina natural, solvente y aguarrás, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de 1° de enero de 2002.

·         Impuesto a las Ganancias de las personas físicas: se posterga para el ejercicio fiscal 2003 el incremento en los montos de las deducciones por cargas de familia y deducción especial.

·         Aportes Personales: se dispone a partir de las remuneraciones devengadas desde el 1° de enero de 2002 que la alícuota del aporte previsional se incremente del 5% al 11% para los empleados en relación de dependencia comprendidos en el régimen de reparto.

·         Impuesto sobre los Bienes Personales: se dispone la exención sobre los depósitos en moneda argentina y extranjera a plazo fijo, en cajas de ahorro y en cuentas especiales de ahorro, efectuadas en entidades financieras comprendidas en el régimen de la Ley 21.526.

Adicionalmente a las medidas incorporadas por el mencionado Decreto se consideraron:

·         Impuesto sobre Créditos y Débitos: se elimina la posibilidad de computar un porcentaje de lo abonado por este impuesto como pago a cuenta en los impuestos a las Ganancias, Valor Agregado, a la Ganancia Mínima Presunta, en la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas y en las Contribuciones Patronales.

·         Reintegros a las exportaciones: se eliminan para las destinadas al Mercosur.

·         Impuesto al Valor Agregado: se reduce al 10,5% la tasa para la venta de granos – cereales y oleaginosas -.

·         Derechos de Exportación: se gravan las exportaciones de petróleo y sus derivados.

Los ingresos por el impuesto a las Ganancias llegarán a $8.950,0 millones, lo que implicará una disminución de 13,0% con respecto a la del año anterior. Esta variación se deberá, principalmente, al menor impuesto determinado por las sociedades y las personas físicas como consecuencia de la disminución de la actividad económica en los años 2001 y 2002. También incidirán negativamente en la comparación los elevados pagos efectuados en el año 2001 por las empresas petroleras, debidos al incremento del precio del crudo en el año 2000.

La recaudación del impuesto al Valor Agregado, neta de reintegros a la exportación, alcanzará a $15.044,1 millones, por lo que será 0,5% inferior a la del año 2001. Esta ligera disminución se explica por la menor actividad económica y los diversos pagos a cuenta contra este impuesto, que no alcanzan a neutralizar el efecto del incremento esperado en los precios y de una mayor eficiencia en la fiscalización de este impuesto.

Los impuestos internos coparticipados aportarán recursos por $ 1.627,9 millones, un 0,4% más que en el año 2001.

Los impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Intereses Pagados presentarán marcadas disminuciones en sus recaudaciones producto de las exenciones que otorgan los Planes de Competitividad y de la derogación del segundo durante el año 2002.

La recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales se estima en $623,5 millones, por lo que disminuirá 19,0%. Esta menor recaudación se debe, fundamentalmente, a la exención establecida para los depósitos en entidades financieras.

La recaudación del impuesto sobre el gasoil y otros combustibles presentará un incremento de 30,3%, producto de la elevación del impuesto por litro de $ 0,12 a $ 0,15 vigente desde junio pasado y de la creación de la tasa sobre el Gasoil.

La recaudación de los impuestos que gravan el comercio exterior – derechos de importación y exportación y tasa de estadística – será de $ 2.139,3 millones, monto que será 29,6% superior al registrado en el año 2001. El gravamen sobre las exportaciones de petróleo y sus derivados es la principal causa de este incremento. Por otro lado, el pago de los derechos de importación al nuevo tipo de cambio oficial compensará la caída esperada en las importaciones.

La recaudación del impuesto sobre los Créditos y Débitos llegará a $4.672,9 millones, elevándose 59,3% en relación a la del año 2001. Ello es consecuencia de la vigencia plena del tributo a la tasa de 6 por mil en el presente año.

Las Contribuciones de la Seguridad Social se incrementarán 6,0% como producto de la eliminación de las rebajas zonales y de la fijación de la alícuota a 20% para las actividades de servicios y comercio no PyME y en 16 % para el resto del sector privado. El crecimiento también estará influido por la eliminación de la posibilidad de computar un porcentaje de lo abonado por el impuesto sobre los Créditos y Débitos como pago a cuenta contra estas contribuciones.

3.       EL FINANCIAMIENTO Y EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Para el año 2002 el objetivo central de la política financiera del ESTADO NACIONAL consiste en restablecer el crédito público afectado por el continuo y profundo deterioro de las variables económico–financieras y sociales que llevó a disponer, a fines del año pasado, un diferimiento de los pagos de la deuda pública que estará determinado por la posibilidad de acceso a distintas fuentes de financiamiento como ser la provista por organismos multilaterales de crédito dentro del marco de nuevos programas, el financiamiento proveniente de fondos de pensión de acuerdo a lo normado por el artículo 4to del Decreto 1572/2001 y la renovación de Letras del Tesoro.

En este contexto, el Gobierno Nacional se encuentra abocado a la confección de una propuesta para reestructurar la deuda pública, de modo tal de regularizar su situación financiera. De hecho, en diciembre de 2001 se finalizó con un canje de títulos públicos por préstamos garantizados mediante el cual se logró extender plazos y reducir la tasa de interés implícita en los instrumentos de deuda. Se estima que en los próximos meses se propondrá a los acreedores un canje, en este caso ofreciendo instrumentos con legislación internacional, de títulos públicos, operación a la que los tenedores que concurrieron a la primera fase tienen pleno derecho de concurrir. El objetivo de estas operaciones es el de hacer sostenible el cumplimiento de los servicios de la deuda pública, elemento indispensable en un programa económico sustentable.

4.   EL GASTO PUBLICO NACIONAL

Las previsiones de gastos han tomado en cuenta el ordenamiento jurisdiccional-funcional previsto en la proyectada organización de Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional. En oportunidad de la Decisión Administrativa de Distribución del Presupuesto de la Administración Nacional se efectuarán las adecuaciones remanentes.

Los programas prioritarios, que han sido los definidos como fundamentales en la actual emergencia, son el programa alimentario para el cual se destinan $ 350,0 millones, el que ya ha tenido principio de ejecución, el programa sanitario por $ 50,0 millones destinado a resolver el acceso a medicamentos e insumos esenciales y el programa de empleo que junto al seguro de desempleo totalizan $ 1.200,0 millones.

El gasto en personal se presupuesta sobre la base de la planta ocupada y los salarios vigentes. La reducción del 13% de los salarios superiores a $ 500 mensuales que se viene aplicando desde mediados de 2001 se mantendrá a efectos de lograr la economía prevista en los gastos. Las autorizaciones a gastar incluyen el monto necesario para atender el aguinaldo.

Un tratamiento similar se prevé para las pasividades, ajustados por la cantidad de jubilados y pensionados, y otras transferencias cuyo comportamiento sigue a los gastos en personal. En otras transferencias y otros gastos corrientes y capital será necesario continuar con las medidas de reducción aplicadas en 2001 para concretar la economía que contribuya a la disminución de los gastos primarios.

Los gastos en bienes y servicios han sido ajustados a las necesidades mínimas de funcionamiento de la Administración Nacional y el gasto en inversión real busca garantizar la continuación de obras en ejecución.

Las transferencias a provincias han sido ajustadas en función de los acuerdos generales y particulares efectuados con las mismas y, a su vez, contribuirán con la reducción del 13 % a la constitución de la economía, siempre según lo convenido oportunamente. Es importante integrar estas previsiones con las efectuadas por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial el que tiene un rol importante en la relación financiera Nación-Provincias y el comportamiento previsto en los recursos de coparticipación federal. Estos comentarios se complementan en el punto 5. "Las relaciones financieras con las provincias".

Las previsiones para el servicio de la deuda surgen de los criterios expuestos en el punto 3. "El financiamiento y el servicio de la deuda", siendo el tipo de cambio de $ 1,40 por dólar estadounidense para la deuda externa.

5.         LAS RELACIONES FINANCIERAS CON LAS PROVINCIAS

Durante el ejercicio fiscal 2002 las relaciones fiscales entre la Nación y las Provincias se desenvolverán en un contexto condicionado por una fuerte crisis institucional, económica y social que obligará a ambos niveles de gobierno a encarar acciones conjuntas.

El marco legal de dichas relaciones lo constituyen los compromisos previos suscriptos: Compromiso por la Independencia, Apoyo Institucional para la Gobernabilidad de la República Argentina, Segunda Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal que compatibiliza y complementa las normas anteriores y los diferentes acuerdos firmados con organismos multilaterales de crédito.

La fuerte caída de la recaudación tributaria durante el ejercicio 2001 y la desaparición del financiamiento voluntario como consecuencia del agravamiento de la crisis económica determinaron un desequilibrio en las finanzas públicas provinciales del orden de los $ 5.000 millones, en ese año.

Dado este marco de restricciones y con el objeto de frenar un mayor deterioro de la situación, ambos niveles de gobierno se comprometieron a una serie de medidas firmadas en el mes de Noviembre de 2001, contenidas en la Segunda Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal.

Dada la imposibilidad de acceso de los gobiernos provinciales y nacional a los mercados financieros por la crítica situación emergente, el Gobierno Nacional, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, determinó por medio del Decreto 1.004/01 la creación de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP).

Las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) tienen por objetivo dotar a las jurisdicciones de un instrumento financiero de amplio poder cancelatorio para sus compromisos corrientes incluyendo, entre otros, el pago de impuestos locales y el de obligaciones tributarias nacionales.

Las provincias suscribieron LECOP por un monto equivalente a una nómina salarial mensual o a los saldos impagos resultantes a favor de las jurisdicciones por la garantía establecida en el Artículo 6° del Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal.

Por su parte, los gobiernos provinciales a través del Artículo 3° de la Segunda Addenda al Compromiso Federal respaldaron el ajuste emprendido por el Gobierno Nacional aceptando una reducción de las transferencias de recursos coparticipados de un 13%, respecto de la suma fija a que se refiere el Compromiso Federal. Esta reducción en las transferencias es compensada por otras obligaciones provinciales que asume el Gobierno Nacional y el pago en títulos de los saldos acreedores.

Con la finalidad de reducir la pesada carga de los intereses sobre las finanzas públicas provinciales y de esta forma generar condiciones propicias para la reactivación económica, el Gobierno Nacional a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial se hace cargo de la negociación de las deudas bancarias y en títulos emitidos por las jurisdicciones que acepten su canje.

En este sentido, el Gobierno Nacional transforma los préstamos y títulos de deudas de las provincias en Préstamos Garantizados con recursos nacionales, los cuales devengarán una tasa de interés que sea compatible con el objetivo de lograr un importante ahorro para los fiscos provinciales.

Pese a las fuertes restricciones financieras existentes antes señaladas, el Gobierno Nacional se compromete a cancelar durante el ejercicio en curso deudas contraidas con las Provincias en años anteriores por un monto aproximado a $ 630 millones.

Cabe asimismo recordar que a través de diversos acuerdos las provincias se comprometieron con una serie de medidas destinadas a reducir el déficit fiscal, tales como la eliminación de algunas exenciones de impuestos provinciales, recortes de erogaciones, incentivos para la jubilación anticipada y reformas administrativas y en el ámbito político que se traducirán en ahorros de los gastos operativos.

Este conjunto de medidas, que implican una contención del Gasto Primario y un cambio en su composición a partir de la reducción de los gastos políticos y de dar mayor prioridad a los programas sociales y su eficiencia, permiten proyectar una significativa disminución del déficit agregado de provincias para el ejercicio fiscal 2002.

Cabe destacar además que el Gobierno avanzará en la elaboración de un proyecto de Ley de Coparticipación sobre la base de acuerdos con todas las Provincias. Se procurará así un nuevo sistema de coparticipación de ingresos con las provincias a fin de: a) simplificarlo, b) hacerlo más transparente; c) lograr que las transferencias sean menos cíclicas y más coherentes con las limitaciones macroeconómicas, y d) establecer una mayor correspondencia entre los ingresos coparticipados que reciba cada provincia y los esfuerzos de recaudación que realice cada una de ellas.

En materia tributaria, se enfatizará el objetivo de armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno, tendiente a reducir las distorsiones que los tributos ocasionan en las actividades productivas. En este sentido, se realizará el seguimiento y evaluación de las políticas impositivas y se avanzará en el armado de la base de datos pertinente.

En materia de gestión de la Administración Financiera, se continuará otorgando prioridad a la necesidad de modernizar y armonizar los sistemas existentes en el ámbito provincial con el Nacional. Por tal razón, se considera fundamental contar con la sanción de leyes de Administración Financiera y Solvencia Fiscal y avanzar en la elaboración de presupuestos plurianuales que incluyan la programación fiscal, por lo menos para los dos ejercicios siguientes.

Finalmente, se continuará efectuando el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los diversos convenios y compromisos en materia de transparencia fiscal, información del Sector Público, coordinación intergubernamental, modernización del Estado y equidad y austeridad de la Administración Pública.

6.         EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 2002

6.1.      ANALISIS ECONOMICO

6.1.1. Recursos

Los recursos totales están compuestos en un 99,5% por ingresos corrientes, los que aumentan ligeramente (0,1%) respecto del año 2001. El resto de los recursos (0,5%) corresponde a los de capital.

RECURSOS TOTALES

En millones de pesos

Los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social constituyen la mayor parte de los recursos corrientes; ambos representan el 92,3% del total. Le siguen en orden de importancia los recursos no tributarios y las rentas de la propiedad, que significan, respectivamente, un 3,6% y un 2,1% del total. El resto de los recursos corrientes (2,0%) corresponde a las ventas de bienes y servicios y transferencias corrientes.

RECURSOS CORRIENTES

En millones de pesos

En los recursos de capital el concepto recursos propios de capital comprende la venta de maquinarias, edificios e instalaciones, y la estimación para el año 2002 se integra, casi exclusivamente, por las ventas que se llevarán a cabo en el ámbito del Organismo Nacional de Administración de Bienes.

La variación en las transferencias de capital se explican por la transferencia de $ 83,5 millones del Fondo Fiduciario Vial a la Dirección Nacional de Vialidad para financiar deudas y obras viales.

La recuperación de préstamos de corto y largo plazo que concede la Administración Nacional ($115,1 millones) se incluye en el rubro disminución de la inversión financiera.

Del mismo modo, el renglón "Disminución de la Inversión Financiera" contiene las previsiones en materia de venta de acciones y participación de capital, que representan los importes a percibir por la venta de acciones y cuotas partes en poder del Estado Nacional, correspondientes a los sectores de bancos y seguros, transporte y energía, entre otros.

RECURSOS DE CAPITAL

En millones de pesos

6.1.2 Gastos

Los gastos totales previstos en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2002 ascienden a $ 42.844,5 millones, registrándose una disminución del 14,7% respecto del año anterior. La composición de los gastos en ambos períodos es la siguiente:

Las erogaciones totales comprenden las correspondientes a la Administración Central, las de las Instituciones de Seguridad Social y el gasto proyectado de los Organismos Descentralizados.

Los gastos corrientes se desagregan de la siguiente manera:

La distribución de los gastos de consumo de la Administración Nacional, resulta:

Dentro de los gastos de consumo de la Administración Nacional, las remuneraciones explican el 14,0 % del gasto total. Asimismo, el gasto en bienes y servicios no personales representa el 4,4 % del gasto total.

El total de gastos por rentas de la propiedad alcanza a $ 5.884,4 millones de los cuales el 99,9% corresponde a intereses de la deuda pública, los que para el ejercicio 2002 presentan una disminución respecto de 2001 del 46,0%. En el siguiente cuadro, se desagrega este concepto.

Los intereses en moneda extranjera que están proyectados pagar en el 2002 se elevan a $5.674,5 millones, cifra que implica una disminución en $ 5.050,7 millones respecto a la de 2001, lo que significa un 47,1% de caída.

Las prestaciones de la Seguridad Social abarcan el universo del gasto previsional, en jubilaciones, pensiones y retiros, para el cual se prevé $17.243,6 millones en el ejercicio 2002. Las prestaciones previsionales comprenden el pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes a la Administración Nacional de la Seguridad Social, contempladas en la Ley Nº 24.241 y anteriores; las pasividades de las ex - cajas provinciales de previsión social transferidas a la Administración Nacional; el pago de los retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, administrados por el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares; los beneficios jubilatorios correspondientes a la Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de la Policía Federal; los retiros de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de ex - Territorios Nacionales cuya administración se integró a la Caja de Policía; las pasividades del Servicio Penitenciario Federal; así como las pensiones no contributivas administradas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales; y el pago de las pasividades del Poder Judicial de la Nación, incluido en el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El monto previsto para el total de las transferencias que financian gastos corrientes de los sectores privado, público y externo, asciende a $ 12.068,4 millones, es decir, el 28,2 % del total de gastos.

De las transferencias al Sector Privado con destino a las unidades familiares, cabe destacar las que corresponden al gasto de la Administración Nacional de la Seguridad Social en concepto de subsidios al desempleo, asignaciones familiares, las transferencias de los recursos con destino al INSSJyP y los subsidios para jubilados en condiciones de pobreza. También forman parte de las transferencias de la seguridad social, las erogaciones por subsidios a jubilados y pensionados, que perciben la prestación mínima, para el pago de las tarifas de los servicios públicos de luz, gas y agua.

Asimismo, debe destacarse que dentro de las transferencias al sector privado se incluyen las prestaciones médico-asistenciales a los beneficiarios de las pensiones no contributivas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

Por último, cabe señalar que dentro de este concepto se encuentran incluidas las transferencias destinadas al financiamiento del déficit operacional de los concesionarios ferroviarios del servicio metropolitano de pasajeros (Ex - FEMESA); como así también las correspondientes a la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio S.A.

Las transferencias para financiar gastos corrientes del Sector Público, básicamente, se concentran en el apoyo financiero a las Universidades Nacionales y a los Gobiernos Provinciales. Las transferencias al Sector Externo corresponden a los gastos que el país debe realizar en favor de las organizaciones internacionales en concepto de cuotas regulares y extraordinarias en calidad de miembro integrante de las mismas.

La estructura de los gastos de capital es la que se expone en el siguiente cuadro:

En el cuadro precedente puede observarse un incremento en el monto previsto de inversión real directa del 34,3%. Las transferencias de capital tienen como destino la financiación de inversión real y presentan una disminución del 20,0%, ya que parte de la inversión regional se canaliza por los Fondos Fiduciarios existentes.

La inversión real directa se destina a la atención de las necesidades sociales, particularmente, agua potable y alcantarillado, seguridad social, salud, ciencia y técnica y a la creación de infraestructura y prestación de servicios, destacándose en ella el sector transporte.

Las transferencias de capital representan el 80,1 % de los gastos de capital. Los principales destinatarios de las mismas son los gobiernos provinciales y municipales. Sus destinos son, básicamente, promoción y asistencia social, vivienda, transporte y desarrollo vial, sistema educativo y energía y combustibles. Las inversiones financieras representan el 1,8 % de los gastos de capital y su principal componente es la concesión de préstamos a largo plazo.

A continuación se presenta el gasto primario de la Administración Nacional; dicho gasto muestra una disminución respecto al proyectado para el ejercicio 2001 del 6,0%. A su vez puede observarse la diminución de los intereses de la deuda, producto de los canjes de deuda realizados y la suspensión de pagos anunciada oportunamente. Dichos intereses disminuyen en el período considerado, un 46,1%.

GASTO PRIMARIO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

En millones de pesos

6.1.3.    Resultado

El resultado financiero de la Administración Nacional para el año 2002 presenta una disminución del 72,0% respecto a 2001, alcanzando el déficit proyectado a $ 2.949,2.

RESULTADO FINANCIERO

En millones de pesos

El resultado primario, o sea el resultado financiero menos los intereses de la deuda, se estima para 2002 en $ 2.932,8 millones y en $ 367,9 millones para el 2001, lo que implica un importante incremento en el superávit primario.

6.1.4.    Financiamiento

Las fuentes financieras, excluyendo los gastos figurativos, ascienden a $ 17.665,8 millones en el 2002 y están destinadas a cubrir la inversión financiera y la amortización de la deuda. El endeudamiento público está conformado por: a) la colocación de títulos que generalmente se utilizan para la atención del servicio de la deuda; b) préstamos de organismos internacionales como el BID y BIRF orientados a financiar programas de gastos y a ser represtados a las provincias, así como del FMI destinados al incremento de las reservas del Estado Nacional y, c) los convenios bilaterales, convenios de préstamos país - país y crédito de proveedores que financian gastos primarios, siendo éstas de escasa significación.

Para el 2002 las aplicaciones financieras, excluyendo los gastos figurativos, ascienden a $14.716,6 millones. Dentro de ellas se encuentran la inversión financiera y la amortización de la deuda, siendo ésta la más significativa en monto ($ 13.242,4 millones).

En cuanto a la amortización de la deuda, comprende la amortización de títulos públicos y deuda con organismos multilaterales de crédito. Además, hay una importante atención de deuda no instrumentada, por varios conceptos: proveedores; beneficio extraordinario a causahabientes de personas desaparecidas y previsionales y las correspondientes a la Ley Nº 25.344.

Del análisis de los importes de los servicios de Bonos y Títulos se desprende que los mismos representan un 24,8% con relación al total de vencimientos para el ejercicio.

FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS

En millones de pesos

6.2.      ANALISIS DEL GASTO POR FINALIDAD Y FUNCION

Introducción

El análisis por finalidades y funciones permite establecer las orientaciones del gasto en relación a la política gubernamental.

FINALIDADES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

En millones de pesos

Administración Gubernamental

La finalidad Administración Gubernamental comprende todas aquellas acciones desarrolladas por el Estado que tienen como objetivo la administración del gobierno.

FINALIDAD ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

En millones de pesos

La función Legislativa consiste en la creación de las leyes y el ordenamiento jurídico del Estado, a partir de las atribuciones emanadas de la Constitución Nacional. La Cámara de Diputados y el Senado (formación de leyes y sanción legislativa) constituyen la asignación principal de esta función, y requieren más del 90% del gasto de la misma.

Los programas o categorías equivalentes que cumplen la función Judicial pertenecen al Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el Poder Judicial se destacan los gastos que demanda el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de las acciones que hacen al funcionamiento de los tribunales que atienden los diferentes fueros, la selección de magistrados y el juzgamiento de los jueces inferiores de la Nación.

En el ámbito del Ministerio Público, se garantiza la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de menores e incapaces y la curatela de menores abandonados o huérfanos. Asimismo, promueve la investigación y enjuiciamiento de los delitos, vela en todos los fueros por el cumplimiento de las leyes, el respeto del orden público y la jurisdicción de los tribunales nacionales.

A nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se coordinan las acciones del Estado en la materia, las relaciones con el Poder Judicial de la Nación y la actualización de la legislación nacional.

La función de Dirección Superior Ejecutiva comprende principalmente las acciones de administración general desarrolladas por la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía e Infraestructura.

El objetivo de la función Relaciones Exteriores está centrado en el fortalecimiento de la presencia argentina a nivel internacional, propiciando consultas y acciones tendientes a incrementar la interrelación política, económica y comercial, tanto a nivel bilateral como multilateral.

La función Relaciones Interiores comprende básicamente las acciones de apoyo a los gobiernos provinciales y municipales, la Coparticipación Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Tierra del Fuego y los recursos destinados al cumplimiento del Compromiso Federal. También incluye la identificación, registro y expedición del Documento Nacional de Identidad de argentinos y extranjeros, los aportes a los partidos políticos mediante el Fondo Partidario Permanente y la organización de los actos electorales, entre otros.

La función Administración Fiscal comprende fundamentalmente los programas que se ocupan de las acciones de conducción del sistema de administración financiera como así también de la custodia de los bienes y del patrimonio estatal.

La función Control de la Gestión Pública está ejercido por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Estos son los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente, según lo establece la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

La función Información y Estadísticas Básicas comprende la producción de informaciones y del sistema estadístico, que son consideradas básicas para los agentes económicos y sociales. La mayor relevancia presupuestaria está dada por las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Servicios de Defensa y Seguridad

Esta finalidad comprende las acciones correspondientes a la defensa nacional, al mantenimiento del orden público y al tratamiento de personas en reclusión penal. Las previsiones para el año 2002 son las siguientes:

FINALIDAD SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

En millones de pesos

Los programas que conforman la función Defensa pertenecen en su totalidad al Ministerio de Defensa. Los que se destacan representan lo esencial de cada una de las fuerzas militares, o sea, las capacidades operacionales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La mayor cantidad de recursos de las tres fuerzas se destina al adiestramiento de personal y al alistamiento de los medios para obtener aptitud y actitud operativa de los sistemas de armas y stocks mínimos de munición, a los efectos de disponer de una capacidad de disuasión creíble que posibilite desalentar amenazas que afecten intereses vitales de la Nación.

Los programas que integran la función Seguridad Interior están a cargo mayormente de la Presidencia de la Nación y desarrollan acciones inherentes a preservar la seguridad de la población y de sus bienes, a atender la vigilancia de los límites fronterizos terrestres, costas marítimas y fluviales y el espacio aéreo. Los más relevantes corresponden a las siguientes instituciones: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Secretaría de Seguridad Interior.

El cumplimiento de la función Penal está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Servicio Penitenciario Federal en lo referente a la seguridad y rehabilitación de los internos, y de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos en lo que respecta a la política e infraestructura penitenciaria.

Servicios Sociales

Los gastos en Servicios Sociales merecen una especial atención del Gobierno Nacional. Su participación es relevante respecto del gasto total, pues responde al cumplimiento de las leyes de seguridad social, a la necesidad de incrementar la equidad y la solidaridad de la economía y a cumplir con responsabilidades indelegables del Gobierno Nacional.

En el presente ejercicio se creó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales cuyo objetivo será el de constituir un ámbito de planificación y coordinación de la política social nacional.

FINALIDAD SERVICIOS SOCIALES

En millones de pesos

La mayor parte del gasto de la función Salud corresponde a los recursos transferidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para la atención de sus afiliados. El resto del presupuesto se concentra en los programas en jurisdicción del Ministerio de Salud, en el correspondiente a las prestaciones médicas a beneficiarios de pensiones no contributivas y su grupo familiar y en los destinados a brindar cobertura sanitaria a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También presentan relevancia los recursos asignados a los Hospitales Universitarios y se contempla la asistencia social al personal del Congreso de la Nación.

A nivel central del Ministerio de Salud se destacan, desde el punto de vista presupuestario, los programas de Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos, Atención de la Madre y el Niño y Atención Primaria de la Salud. También figuran las contribuciones a los hospitales Garrahan y Posadas.

En el presente ejercicio se incluyen actividades tendientes a paliar el estado de situación de salud a través del Programa de Emergencia Sanitaria. El mismo tiene previsto incrementar el gasto asignado con destino a la compra de medicamentos e insumos sanitarios para uso hospitalario y atención primaria de la salud.

Los organismos descentralizados que integran esta función son: Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; Instituto Nacional Unico de Ablación e Implante; Colonia Nacional Manuel Montes de Oca; Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur; Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad; Administración de Programas Especiales y Superintendencia de Servicios de Salud.

La función Promoción y Asistencia Social comprende los gastos destinados a la protección y ayuda directa a personas necesitadas y los aportes a instituciones sociales y a los gobiernos provinciales para impulsar por su intermedio el desarrollo social. Estos gastos se concentran principalmente, para el año 2002, en la Asistencia Financiera para atender la Emergencia Alimentaria Nacional, en las prestaciones sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y en los programas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social. Se incluyen también los programas del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Centro Nacional de Reeducación Social y el programa Social Agropecuario (PROINDER) a cargo del Ministerio de la Producción.

El Ministerio de Desarrollo Social tiene previsto concentrar sus acciones en la Emergencia Alimentaria Nacional, declarada mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 108/2002, hasta el 31 de diciembre de 2002. Los recursos del Programa Alimentario de Emergencia se distribuirán 40% en función de la población debajo de la línea de pobreza y 60% de acuerdo a los coeficientes de la Ley de Coparticipación. El Programa tiene previsto conformar un registro de beneficiarios de las prestaciones.

Este Ministerio continuará desarrollando, entre otros, el programa Asistencia Comunitaria cuyo objetivo es prevenir y resolver estados de necesidad social que afectan a personas, grupos y comunidades. Brinda atención a poblaciones en situación de emergencia y otorga subsidios personales e institucionales ante demandas específicas.

Los gastos de la función Seguridad Social corresponden, mayormente, a las transferencias destinadas al pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Nacional de Seguridad Social, incluyendo a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), las cajas de los regímenes de pasividades de las fuerzas de defensa y de seguridad, las cajas provinciales transferidas y las pensiones no contributivas que administra el Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, se incluyen los gastos destinados al seguro de desempleo y beneficios de asignaciones familiares tanto de los activos como de los pasivos.

Los programas más representativos de la función Educación y Cultura se hallan localizados en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y en la Secretaría de Cultura. También son programas destacados la Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, la Biblioteca del Congreso y las actividades llevadas a cabo por el Instituto Nacional del Cine y Artes Visuales.

Entre los programas a cargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se destaca el de Desarrollo de la Educación Superior, que tiene a su cargo la financiación del componente educación y cultura de las Universidades Nacionales. Para el año 2002 se estima que egresarán de éstas 40.200 profesionales.

El programa Formación Docente se propone trabajar en el desarrollo y actualización de formadores docentes, evaluación y desarrollo institucional (curricular y organizacional). El programa Infraestructura, Equipamiento y Tecnologías se propone refaccionar, ampliar o construir inmuebles escolares y equipar, mediante transferencias de recursos a las escuelas, el mobiliario de aulas, como así también atender las reparaciones y los servicios básicos de las escuelas que los requieran. Por su parte, tanto la retención de los alumnos en las escuelas como la igualdad de oportunidades en el acceso a las mismas, requiere de distintas acciones que se encuentran contenidas en el programa Asignación de Becas y en el programa Acciones Compensatorias en Educación. A través de los mismos se otorgan becas a alumnos beneficiarios de leyes especiales y a alumnos provenientes de familias de bajos recursos y se provee de libros y útiles escolares.

Los programas de formación y capacitación de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad están dirigidos a la capacitación de oficiales y suboficiales tanto de las tres fuerzas armadas como de las fuerzas de seguridad. Asimismo, se presentan acciones destinadas a la formación de liceístas y la capacitación de personal civil.

En la órbita de la Presidencia de la Nación se encuentra el Programa Desarrollo y Acción Cultural, a cargo de la Secretaría de Cultura, por medio del cual se desarrollan acciones destinadas a llevar a cabo las distintas actividades vinculadas con el teatro, la danza, las artes escénicas y visuales y los museos.

La Secretaría de Turismo y Deporte tiene a su cargo los programas relacionados con la actividad deportiva, tanto social y recreativa como de alto rendimiento. Asimismo, se ocupa de la instrumentación de las acciones relacionadas a la prevención y control del antidoping, en función de lo establecido en la Ley 29.819.

En cuanto al Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica, este programa tiene por objetivo el otorgamiento de préstamos y subsidios para la producción nacional de películas, la concurrencia a festivales de cine y la formación de profesionales de la cinematografía.

Los programas que agrupa la función Ciencia y Técnica concentran el mayor volumen de recursos en la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ya que de dicha jurisdicción dependen el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el componente de ciencia y técnica del programa Desarrollo de la Educación Superior, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Secretaría para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva. Asimismo, se destacan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial dependientes del Ministerio de la Producción. Por su parte, son relevantes la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y, en el Ministerio de Salud, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS).

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, mediante su programa Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica, desarrolla la administración de las carreras de Investigador Científico y Técnico y la del Personal de Apoyo a la Investigación, la formación de recursos humanos mediante un régimen de becas y el fomento de actividades científicas y tecnológicas, mediante el sostenimiento de la infraestructura necesaria y la coordinación de la vinculación entre la comunidad científica y el medio socio-productivo para lograr la transferencia de tecnología.

Los objetivos del programa Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología que ejecuta la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, son, entre otros, fomentar las actividades de innovación y modernización tecnológica de las empresas productoras de bienes y servicios con destino al mercado, promover la investigación científica y tecnológica y reforzar la vinculación entre los centros de investigación y las empresas productivas.

Por su parte, el programa Desarrollo de la Educación Superior que ejecuta el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología otorga incentivos económicos a los docentes investigadores.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tiene como misión primaria generar y adaptar conocimientos y tecnologías, a fin de lograr un desarrollo sustentable de los sectores agropecuario, forestal, agroindustrial y agroalimentario, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad rural y de la sociedad en su conjunto. Para el logro de estos objetivos lleva a cabo tareas de investigación fundamental y aplicada como así también actividades de transferencia de tecnología al sector privado en sus 42 Estaciones Experimentales. Asimismo, participa en tres grandes programas de intervención en el área de desarrollo rural -Cambio Rural, Proyectos para Productores Minifundistas y ProHuerta- mediante las actividades desarrolladas a través de una red de 220 Agencias de Extensión.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial a través del Programa de Desarrollo y Competitividad Industrial pretende incrementar el accionar del Instituto en la detección, adaptación, difusión y transferencia de las mejores tecnologías disponibles, tanto locales como internacionales, y la capacitación técnica a los profesionales y expertos de la industria argentina.

Las principales acciones que se llevarán a cabo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el 2002, se vinculan con la ejecución de proyectos en las áreas de reactores y centrales nucleares, ciclo del combustible, gestión de residuos radiactivos, producción de radioisótopos y tecnología de aplicaciones, mantenimiento de la capacidad de investigación básica y aplicada y capacitación de recursos humanos.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) generará información de origen espacial para determinadas actividades socioeconómicas. Los ciclos de información espacial completos diseñados son el agropecuario; ambiental; geológico; minero petrolero y cartográfico; hidrológico; oceánico-costero y sobre emergencias y catástrofes. Asimismo, entre sus objetivos se encuentra el desarrollo de vehículos espaciales de nueva generación.

La función Trabajo incorpora los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dirigidos a la generación de empleo y la capacitación laboral, la formulación y regulación de la política laboral de los desocupados y el análisis y formulación de políticas de la Seguridad Social y el programa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Las acciones de empleo comprenden el Plan Jefes de Hogar destinado a paliar la emergencia ocupacional, el plan Trabajar y otras iniciativas destinadas a brindar ocupación transitoria a trabajadores desocupados, mediante la realización de proyectos tendientes a crear en forma directa y/o a apoyar la generación de empleo productivo en el sector urbano o rural. Asimismo, se fomenta la creación de empleo permanente, otorgando al empleador un incentivo monetario por cada nueva relación laboral.

Las acciones de capacitación comprenden líneas de acción destinadas a igualar las oportunidades de empleo de las mujeres, talleres ocupacionales y capacitación sectorial o por rama de actividad.

La función Vivienda y Urbanismo se integra fundamentalmente por programas ejecutados por la Subsecretaría de Infraestructura Social y Vivienda del Ministerio de Desarrollo Social.

El programa Desarrollo Urbano y Vivienda comprende al Fondo Nacional de la Vivienda, que tiene por objetivo posibilitar a la población con recursos insuficientes, el acceso a la vivienda digna. Los recursos son transferidos, en forma automática, a las provincias para su aplicación. También incluye la actividad Mejoramiento Habitacional y de Infraestructura Básica.

El programa Recursos Sociales Básicos del Ministerio de Desarrollo Social tiene como objetivo mejorar las condiciones del hábitat y el acceso a los servicios sociales de la población de bajos recursos. Para ello desarrolla las iniciativas Mejoramiento Barrial y Rehabilitación de Asentamientos Irregulares – Rosario Hábitat .Por su parte el programa Legalización y Otorgamiento de Tierras busca regularizar la situación dominial de los asentamientos y villas de emergencia.

Los principales créditos agrupados en la función Agua Potable y Alcantarillado corresponden al programa Recursos Hídricos del Ministerio de Economía e Infraestructura, al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), al programa Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) del Ministerio de Desarrollo Social y a la Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones.

El programa de Recursos Hídricos contempla priorizar la ejecución de acciones relativas a los proyectos Desagües Pluviales - Red de Acceso a Capital Federal, Bajos Submeridionales y Canal Cintura Sur Tafí Viejo; así como las transferencias destinadas a la asistencia técnica a provincias y al desarrollo de infraestructura hidráulica.

El ENOHSA brinda asistencia técnico financiera para la rehabilitación, optimización y construcción de obras de agua potable y desagües cloacales.

Servicios Económicos

Esta finalidad comprende la formulación de políticas que estimulen el proceso generador de inversiones. Las acciones llevadas a cabo por distintos organismos de la Administración Nacional, tienen como objetivo facilitar la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico. Incluye, asimismo, acciones de promoción, regulación y fiscalización de la actividad productiva del sector privado. El detalle de las asignaciones para cada función, es el que sigue:

FINALIDAD SERVICIOS ECONOMICOS

En millones de pesos

La función Energía, Combustibles y Minería agrupa los programas que tienen por objetivo asegurar un abastecimiento energético, en lo que hace a electricidad y gas natural, en condiciones de cantidad, calidad y precio, consistente con un creciente bienestar de los consumidores familiares y con la competitividad internacional de los usuarios intermedios. Adicionalmente, se propone fomentar el desarrollo de la actividad minera en condiciones de libre competencia, de modo de proveer al crecimiento de la economía nacional.

Comprende principalmente el programa Formulación y Ejecución de Política Energética y a los Entes Reguladores del sector (Autoridad Regulatoria Nuclear, Ente Nacional Regulador del Gas, Ente Nacional Regulador de la Electricidad).

Las acciones previstas en el Area de Energía Eléctrica están orientadas a asesorar al Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Provinciales en lo que se refiere a la industria eléctrica, al estudio del uso horario, a la actualización del costo de falla de la energía eléctrica, en el marco de los estudios referidos a la revisión tarifaria prevista en los Contratos de Concesión Federal y a analizar el problema del suministro eléctrico en áreas rurales de baja densidad, entre otras.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE) asesora al Poder Ejecutivo Nacional y a los Gobiernos Provinciales en lo que se refiere a la industria eléctrica, los servicios públicos o privados de energía, precios y tarifas, concesiones y autorizaciones entre otros temas. Asimismo, administra el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT), cuyo destino es el sector eléctrico. El FEDEI tiene como finalidad la realización de obras para generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de la energía eléctrica, respondiendo a las necesidades provinciales de desarrollo energético. El FCT se destina a compensar las diferencias en los mercados eléctricos provinciales.

El Area de Combustibles es responsable de proponer y controlar la política de hidrocarburos, carbón mineral y otros combustibles, en cuanto a la promoción y regulación, en todas sus etapas. También estudia y promueve políticas de competencia y eficiencia en el mercado desregulado de hidrocarburos. Las acciones previstas para el año 2002 están orientadas a desarrollar aquellos aspectos que profundicen las políticas concernientes a la protección del consumidor, perfeccionamiento de los marcos regulatorios y al crecimiento económico sustentable del sector.

La Asistencia Financiera a Sectores Económicos representa transferencias de fondos a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, para promover la actividad minera a través del financiamiento del déficit operativo de la empresa.

El programa Formulación y Ejecución de la Política Geológica Minera tiene a su cargo la implementación de la política minera de la Nación, la cual apunta a incentivar la inversión de capital de riesgo, a través del estímulo a la prospección y exploración del territorio. Dado que los recursos mineros pertenecen a las provincias, una de sus actividades consiste en buscar y lograr consenso con los gobiernos provinciales sobre el desarrollo de la visión estratégica del sector minero en su conjunto. Las empresas que se acogen al Régimen de Inversiones Mineras están beneficiadas por incentivos impositivos y arancelarios.

En la función Comunicaciones las mayores asignaciones están dirigidas al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., al Comité Federal de Radiodifusión y a la Comisión Nacional de Comunicaciones. Cabe señalar que los importes que forman parte del gasto de esta función por el primer concepto señalado, corresponden a los montos que se transfieren a dicha Sociedad del Estado.

A través del Decreto N° 94/2001 se declararon disueltas y en estado de liquidación las sociedades ATC S.A. y TELAM S.A.I. y P y se creó el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado. Por el mismo decreto, fueron transferidos a dicho sistema los servicios prestados por las empresas mencionadas y por diversas emisoras integrantes del Servicio Oficial de Radiodifusión.

El objetivo del Comité Federal de Radiodifusión es lograr que los servicios de radiodifusión se ofrezcan en una forma acorde a las pautas culturales y artísticas definidas por la ciudadanía y que se desempeñen dentro del marco legal y administrativo existente. Para ello, capacita en radiodifusión, desarrolla y fiscaliza esos servicios, administra los fondos recaudados por la Ley 22.285 y otorga licencias.

La Comisión Nacional de Comunicaciones realiza la regulación y fiscalización de las comunicaciones telemáticas, incluyendo las satelitales y las postales, ejerciendo el poder de policía.

Dentro de la función Transporte las mayores asignaciones están destinadas a inversiones en las redes viales, nacionales y provinciales, comprendiendo además subsidios a empresas públicas de transporte y a operadores privados.

Los conceptos más relevantes desde el punto de vista económico dentro de la función lo comprenden la Asistencia Financiera a Provincias y el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad.

La Asistencia Financiera a Provincias, a través del Fondo Vial, contempla las transferencias que se realizan al conjunto de las Provincias de acuerdo al producido del impuesto a los combustibles, con la finalidad de financiar a las Vialidades Provinciales y, además, para atender obras de infraestructura.

La Dirección Nacional de Vialidad tiene como objetivo administrar la Red Troncal Nacional de Caminos y, dentro de ella, la Red Federal de Autopistas. Dicha administración se efectúa realizando las tareas de mantenimiento, mejoramiento y construcción necesarias para brindar seguridad en el tránsito, economía de transporte y confort a los usuarios.

En materia de proyectos de inversión de la Subsecretaría de Obras Públicas, perteneciente al Ministerio de Economía e Infraestructura, se continuará con la ejecución del proyecto Vial de la Autopista Rosario - Córdoba (tramo Pilar - Villa María). Dentro del plan de obras nuevas, pueden citarse los proyectos: Puentes sobre Ruta Nacional Nº 12 (Puente sobre río Guayquiraró y Paso Santa Rosa sobre río Corrientes) y Obenques del Puente Zárate - Brazo Largo. Asimismo, se continuará con el desarrollo de estudios técnicos y económicos de los puentes: Concordia - Salto, San Javier- Porto Xavier, Alvear - Itaquí, entre otros.

La Subsecretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía e Infraestructura, mediante el programa de Formulación y Conducción de Políticas Ferroviarias, Portuarias y de Vías Navegables, prevé: ejecutar y controlar las políticas y planes referidos al transporte ferroviario y continuar con la renegociación de los contratos de las concesiones realizadas; promover el desarrollo portuario; propender a la privatización del servicio ferroviario del Puerto de Buenos Aires; profundizar la desregulación de los servicios portuarios; favorecer la política de privatización de las operaciones en puertos provinciales; continuar con el Programa de Modernización Portuaria; optimizar el dragado, señalización y mantenimiento de las vías navegables troncales Santa Fe al Norte, Río Uruguay y Río Paraguay.

A través del programa Apoyo a la Actividad Aérea Nacional, la Fuerza Aérea Argentina presta los servicios aeroportuarios de seguridad, protección al vuelo y control del aeroespacio.

La Asistencia Financiera a Sectores Económicos incluye créditos asignados al apoyo de los operadores privados de la Empresa Ferrocarriles Metropolitanos S.A., en virtud de lo establecido en los contratos de concesión para la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires.

El Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, a través del programa de Control del Sistema Nacional de Aeropuertos, prevé el seguimiento, evaluación y control de los contratos de concesión, así como asegurar el mantenimiento, conservación y modernización de los aeropuertos no concesionados, en pos de su misión primaria de velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. También se plantea el análisis de la factibilidad y conveniencia de concesionar total o parcialmente el resto de los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos, que no se encuentran incluidos en el marco del actual contrato de concesión.

Los Subsidios a Empresas Públicas, Entes Binacionales y Concesionarios de Servicios Públicos atienden los gastos de funcionamiento inherentes a la finalización del proceso de liquidación del Ferrocarril Gral. Belgrano S.A.. También se incluyen los gastos correspondientes a la Comisión Binacional Puente Buenos Aires-Colonia.

En la función Ecología y Medio Ambiente se incluyen los programas destinados a controlar y conservar los recursos naturales (bosques naturales, parques nacionales), el medio físico, biológico y social y el equilibrio ecológico. Se contemplan, de igual manera, aquellos relacionados con el tratamiento de residuos industriales y la prevención de la contaminación del aire, agua y suelo.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (en el ámbito del Ministerio de la Producción) ejecuta los programas de Desarrollo Sustentable de los Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental. Algunas de las acciones previstas para el año 2002, por dicha Secretaría, comprenden al desarrollo del Plan Nacional de Manejo del Fuego, Proyecto de Bosques Nativos, Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Gestión de la Contaminación.

La Administración de Parques Nacionales, en el ámbito de la Secretaría de Turismo y Deporte, lleva a cabo la Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas mediante la gestión, manejo y fiscalización de los Parques, Reservas y Monumentos Naturales Nacionales, las cuales alcanzarán en el año 2002 una superficie total de 3.584.413 hectáreas.

El Ministerio de Economía e Infraestructura lleva adelante el Plan de Gestión Ambiental Matanza Riachuelo, cuyo objetivo es realizar las acciones necesarias para el saneamiento ambiental de la Cuenca, el control y la prevención de las inundaciones que la afectan y la recuperación de su calidad ambiental. La primera etapa del programa contempla a la Cuenca Baja y Media (Tramo Camino de Cintura hasta la Desembocadura) y comprende la prevención y control de la contaminación, obras de drenaje urbano y regulación hidráulica para reducir inundaciones, rehabilitación urbana y acciones que permitan la difusión del plan, como así también el saneamiento de áreas específicas.

En la función Agricultura se incluyen los créditos asignados a los programas llevados a cabo por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y sus organismos descentralizados: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), relacionados con la promoción, regulación y control de la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola e ictícola, como así también la protección de la fauna y erradicación de plagas.

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos se desarrolla la elaboración y seguimiento de políticas y estrategias de aplicación micro y macroeconómicas, en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentación. Incluye entre sus acciones principales la asistencia a productores forestales y la capacitación de productores agropecuarios. En ese sentido, se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales, con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico.

El SENASA ejecuta las políticas referentes a la sanidad animal y vegetal, programando las tareas necesarias para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas. Asimismo, ejerce el contralor, la fiscalización y la certificación de la sanidad y calidad de los productos y subproductos de origen animal y vegetal. Sus principales acciones consisten en la emisión de autorizaciones fitosanitarias, la auditoría de sistemas de control de plagas, la habilitación de predios y cámaras para tratamientos cuarentenarios, los servicios de laboratorio, la fiscalización de la faena de bovinos y aves y alimentos de origen pesquero y los controles en aduanas y pasos fronterizos. Actualmente, se han incorporado las intervenciones de fiscalización de frontera como indicador del control ejercido para el mantenimiento del status zoosanitario de nuestro país. En ese sentido, a raíz de la reintroducción de la fiebre aftosa al territorio nacional, se implementó el Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa, basado en la ejecución, con los demás países de la región, de acciones y estrategias comunes, tendientes a la erradicación de dicha enfermedad del continente. A nivel local, se efectuó una regionalización interna del país y se implementaron barreras sanitarias tendientes a preservar áreas libres y disminuir su incidencia en áreas endémicas. Asimismo, dichas acciones se encuentran complementadas con un esquema de vacunaciones sistemáticas del ganado bovino.

El INIDEP tiene por finalidad la formulación y ejecución de programas de investigación de recursos pesqueros en la plataforma marítima continental de la República Argentina y su área adyacente. Las actividades permanentes que realiza la entidad están relacionadas con la obtención de información a partir de campañas en buques de investigación, observadores a bordo de la flota comercial y muestreo de desembarque. Asimismo, es el encargado de la proyección del estado de los recursos en el futuro, ante cambios de origen natural y/o antrópicos. También efectúa el análisis económico de la viabilidad de las pesquerías bajo el nuevo sistema regulatorio estimando las fluctuaciones del valor de los efectivos pesqueros bajo explotación.

La Asistencia Financiera a Sectores Económicos contempla la atención del Régimen de Promoción Forestal y Cumplimiento Ley Nº 25.080, del Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FARO) y de las bonificaciones en las tasas de interés de los créditos a los productores agropecuarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina.

La función Industria reúne los programas cuyos objetivos son la regulación, control y fomento de la actividad industrial realizada por el sector privado, los que contemplan la realización de tareas industriales por el sector público nacional y los que gestionan y administran subsidios diversos a empresas del sector.

Se incluyen principalmente los gastos de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que prevé continuar con el proceso de racionalización y reestructuración empresaria, los del Instituto Nacional de Vitivinicultura, los del Instituto de la Propiedad Industrial y el programa de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del Ministerio de la Producción.

El programa del Instituto Nacional de Vitivinicultura tiene a su cargo el contralor de la producción, industrialización y comercio vitivinícola y alcoholífero. Las principales acciones del organismo consisten en la ejecución de las inspecciones en viñedos (para constatar composición varietal, superficie, sistema de conducción etc.), las inspecciones de productos vitivinícolas (para verificar que los procesos industriales, los insumos y los productos respondan a las exigencias legales) y la fiscalización de exportaciones e importaciones (para determinar el cumplimiento de requisitos legales y técnicos). En cuanto a alcoholes, lleva a cabo la auditoría de volúmenes y destino de alcoholes realizando inspecciones e inventarios para constatar las condiciones de pureza y aptitud para cada uno de los usos previstos en la legislación.

El Instituto de la Propiedad Industrial tiene como objetivo brindar una adecuada protección a los derechos de propiedad sobre las patentes de invención, marcas registradas, modelos y diseños industriales y transferencia de tecnología.

El programa Fomento a las Empresas Pequeñas y Medianas, tiene por objeto mejorar la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas, facilitando el acceso a los servicios de apoyo y estimulando el desarrollo de un mercado de servicios de apoyo orientado a las PyMEs. El programa contempla acciones de promoción, reestructuración y apoyo a la reconversión empresarial a través del cofinanciamiento (privado y externo). Asimismo, se prevé continuar apoyando, por medio del crédito, el incremento de la capacidad productiva de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs), a fin de mejorar su competitividad en el mercado y ayudar a reducir el desempleo.

El gasto asignado a la función Comercio, Turismo y otros Servicios es ejecutado por algunos de los programas bajo la órbita de las Secretaría de Industria, Comercio y Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía e Infraestructura y por la Secretaría de Turismo y Deporte.

En las áreas de Comercio Exterior, las acciones previstas comprenden el diseño de la política de acuerdos comerciales internacionales e integración regional, el desarrollo de mecanismos de control de la competencia externa y el desarrollo de instrumentos para la promoción de exportaciones. Asimismo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior tiene por objetivo conducir las actividades de análisis y regulación en la determinación de los efectos de la competencia internacional sobre la producción nacional.

En lo referente al Comercio Interior, las acciones están orientadas a las políticas vinculadas con la lealtad comercial, la defensa del consumidor, la defensa de la competencia y la desregulación de bienes y servicios.

La Dirección Nacional de Arquitectura, en el ámbito del Ministerio de Economía e Infraestructura, es la encargada de administrar el programa destinado a preservar, conservar y restaurar monumentos y lugares históricos nacionales. Asimismo, es responsable de la construcción, reciclaje, rehabilitación y/o preservación de edificios fiscales.

En la órbita del mismo Ministerio se ejecuta el programa de Evaluación y Programación de Proyectos, cuya finalidad es realizar la evaluación y programación de las inversiones en obras públicas de infraestructura. Asimismo, la actividad desarrollada también comprende la implementación de un nuevo esquema de financiamiento de infraestructura y vivienda mediante la creación de un Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura que promueve la participación del sector privado.

La Secretaría de Turismo y Deporte organiza sus actividades en función de tres objetivos básicos: actividades de promoción de turismo interno e internacional y la organización de prestaciones turísticas vinculadas a los programas de turismo social. El programa de Prestaciones Turísticas está destinado a jubilados y pensionados, a alumnos de escuelas carenciadas, a discapacitados y a familias carenciadas. Los servicios se ofrecen en las localidades de Embalse Río Tercero (Córdoba) y Chapadmalal (Buenos Aires).

El gasto de la función Seguros y Finanzas se destina, en su mayor parte, a financiar actividades de fiscalización y control de mercados, a través de las actividades desarrolladas por la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La Comisión Nacional de Valores tiene como objetivo principal controlar y fiscalizar la oferta pública de títulos y valores. Su campo de acción abarca todo lo concerniente a la emisión y negociación de títulos de valores, como así también la función de autorización y fiscalización de los mercados y contratos de futuros y opciones.

El objetivo de la Superintendencia de Seguros de la Nación es proteger a la población asegurada. Para ello ejerce, en cumplimiento de la Ley Nº 20.091, las funciones de control de las entidades de seguros y reaseguros y las actividades de fiscalización, inspección y relevamiento del mercado asegurador en todas sus etapas y agentes.

7.         LOS OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

7.1.      FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

A partir de la promulgación de la Ley N° 24.441, que estableció el marco normativo correspondiente al fideicomiso, se constituyeron Fondos Fiduciarios integrados mediante la transferencia de bienes y/o fondos correspondientes total o parcialmente a entidades y/o jurisdicciones que dependen del Poder Ejecutivo Nacional.

La Ley N° 25.152 denominada "de Solvencia Fiscal" determinó la inclusión en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de los flujos financieros que se originen por la constitución y uso de los fondos fiduciarios, los que han adquirido creciente relevancia financiera.

Para el ejercicio 2002 se incluyen en el Proyecto de Presupuesto los flujos financieros y usos de los fondos fiduciarios como un componente diferenciado del Presupuesto de la Administración Nacional. Asimismo en el articulado del Proyecto de Ley se establece la metodología de modificaciones presupuestarias de los mismos, reservando al Ministerio de Economía la aprobación de aquellas modificaciones que impliquen alteración con signo negativo del resultado económico o financiero, o el incremento del endeudamiento autorizado. Además, se establece la obligatoriedad de informar las ejecuciones presupuestarias y financieras mensuales y producir la información contable anual para su inclusión en la cuenta de inversión del ejercicio.

En dicho marco, a continuación se describen brevemente los principales objetivos y funciones de los Fondos Fiduciarios que se incluyen en el presente Proyecto de Ley para la aprobación de sus presupuestos.

Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Por el Decreto 286/95, se constituyó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial designando agente fiduciario del mismo al Banco de la Nación Argentina con el objeto de:

·         Asistir a las provincias o municipios en la privatización de las entidades financieras u otras empresas cuyo capital sea de propiedad de las mismas.

·         Financiar programas de reforma fiscal, financiera, económica o administrativa de los Estados Provinciales.

·         Asistir y financiar programas que contemplen el saneamiento de las deudas de los Estados Provinciales, su renegociación y/o cancelación.

·         Asistir y financiar programas de desarrollo.

Los bienes transferidos a este Fondo fueron las Acciones Clase "A" de YPF S.A. y recursos provenientes de préstamos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones de crédito.

Asimismo, por los Decretos Nros. 1004/2001 y 1397/2001 se instruye al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial a implementar un programa de emisión de Letras de cancelación de obligaciones Provinciales (LECOP). Además el citado Fondo debe certificar el crédito de cada jurisdicción provincial respecto a la cuota parte que le corresponderá al momento de la liquidación del mismo sobre la suma de $ 1.200.000.000, prevista en el artículo 4º de la ley Nº 24.468.

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional

El F.F.F.I.R. fue creado por la Ley N° 24.855 "de Desarrollo Regional y Generación de Empleo", con el objeto de asistir a las Provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social, de acuerdo a lo dispuesto por la citada ley. El fiduciario del Fondo es el Banco de la Nación Argentina.

El patrimonio del Fondo se integró fundamentalmente con las acciones del Banco Hipotecario S.A. y el producido de su venta, con excepción de aquellas acciones que conserve el Estado Nacional.

Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros.

Este Fondo fue constituido por el Decreto N° 342 de 2000, el que dispuso, asimismo, la disolución del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria constituido por el Decreto N° 445/95.

El objeto del Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros es:

·         Suscribir e integrar aportes de capital, otorgar préstamos, convertibles o no en acciones y otorgar avales, fianzas y/o otras garantías a entidades financieras, a entidades de seguros y a sus sociedades controlantes.

·         Comprar y vender acciones de entidades financieras, de entidades de seguros y de sus sociedades controlantes.

·         Adquirir activos de entidades financieras, de entidades de seguros y de sus sociedades controlantes.

·         Realizar los activos que adquiera, en forma gradual y progresiva.

Los bienes y/o fondos que fueron transferidos en propiedad fiduciaria al Fondo son la totalidad de los activos y pasivos que poseía del Fondo de capitalización Bancaria al 26/02/2000. El agente fiduciario es el Banco de la Nación Argentina.

Fondo Fiduciario de Capital Social

El Fondo Fiduciario de Capital Social ha sido creado mediante el Decreto N° 675 de 1997, siendo su objeto:

·         Facilitar recursos a los fideicomisos que FONCAP S.A. constituya con el objeto de promover el desarrollo del sector de la microempresa de menores recursos.

·         Inducir el desarrollo y utilización de instituciones e instrumentos financieros aptos para atender las particulares circunstancias de las microempresas de menores recursos

·         Propiciar la expansión de sistemas de garantía que faciliten el acceso a los servicios financieros por parte del sector de la microempresa de menores recursos

·         Promover la constitución, capacitación, fortalecimiento, expansión y especialización de prestadores de servicios al sector de la microempresa.

·         Atraer capital nacional e internacional que permita contribuir en el desarrollo del sector.

·         Otorgar garantías con recurso exclusivo al Capital Fideicomitido.

El Fondo, y los fideicomisos asociados podrán integrarse con las utilidades obtenidas por LOTERIA NACIONAL S.E. durante el período 1992/1995, y las utilidades que en el futuro pueda poner a disposición del Ministerio de Desarrollo Social la citada sociedad.

Fondo Fiduciario Secretaria de Hacienda – BICE

Por la Resolución N° 557 de 1994 el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos aprobó el convenio de fideicomiso efectuado entre la Secretaría de Hacienda de ese Ministerio y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

En dicho acto se transfirió en propiedad fiduciaria al BICE ciertos activos escindidos de las cuentas del Banco Central de la República Argentina. El objeto del Fideicomiso es la implementación de programas de financiamiento para el sector privado.

Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica

El artículo 24 del Decreto Nº 1331/96 facultó a la Secretaría de Ciencia y Tecnología a constituir con los recursos del Fondo para la Promoción y Fomento de la Innovación, creado por el artículo 12 de la Ley N° 23.877, un Fondo Fiduciario para el Desarrollo Tecnológico. En tal marco, el 22 de septiembre de 1997, el Estado Nacional y el Banco de la Nación Argentina firmaron el contrato de constitución del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica, cuyos beneficiarios son las provincias, municipios, personas físicas o de existencia ideal, públicas o privadas que desarrollen actividades productivas de bienes y servicios, actividades científicas y tecnológicas, que resulten elegibles a criterio del fiduciante en la medida o proporción que se hubiere asignado individualmente a cada beneficiario. El patrimonio fideicomitido se integra con los recursos que asigne el Estado Nacional al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Entre las funciones del agente fiduciario se encuentran:

·         Desembolsar a los beneficiarios que indique el fiduciante, préstamos o subvenciones para ejecutar proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico, de innovación y modernización tecnológica, de capacitación y asistencia técnica, que determine el fiduciante.

·         Efectuar el estudio, verificación e instrumentación de las garantías que deberán constituir los beneficiarios

Fondo Fiduciario de Becas con Destino a Estudiantes Universitarios

El Fondo funciona en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología bajo la coordinación de la Secretaría de Educación. El agente fiduciario es el Banco de la Nación Argentina. El objeto del Fondo es el financiamiento de los becarios de las universidades nacionales que resulten elegibles, a criterio de la Dirección Nacional de Programación y Coordinación Institucional. El patrimonio fideicomitido está integrado por los recursos asignados por el citado Ministerio.

Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal

Por el artículo 74 de la Ley Nº 25.401 se asignó para la constitución de este Fondo el incremento de $ 0.0006 pesos por Kwh en la tarifa eléctrica, con el fin de financiar las obras que la Subsecretaría de Energía identifique como una ampliación de transporte de la red de 500 kv. El fiduciario del Fondo es el Banco de la Nación Argentina

Las líneas de transmisión incluidas en el Plan Federal de Transporte Eléctrico son:

·         Línea Patagónica (Choele Choel – Puerto Madryn)

·         Línea NOA-NEA (Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy)

·         Línea Minera (Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca)

·         Línea Comahue – Cuyo (Mendoza y Neuquén)

Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura

Este Fondo fue creado por el Decreto Nº 1299 de 2000, con el objeto de promover la participación privada en proyectos de desarrollo de infraestructura económica o social, disponiendo la aplicación de un nuevo sistema de financiamiento y ejecución de infraestructura alternativo a los ya existentes. Este Fondo depende del Ministerio de Economía e Infraestructura y su administración es ejercida por un Consejo de Administración. El fiduciario es el Banco de la Nación Argentina.

Fondo Fiduciario VIAL - Decreto 976/01

Por el Decreto Nº 802 de 2001, modificado por su similar Nº 976 de 2001, se creó una tasa sobre el gasoil con el objeto de constituir un Fideicomiso para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura. Este Fondo funciona en el Ministerio de Economía e Infraestructura y su fiduciario es el Banco de la Nación Argentina.

El patrimonio del Fideicomiso está constituido fundamentalmente por:

·         Los recursos provenientes de la tasa sobre el gasoil.

·         Los recursos provenientes de las tasas viales.

Los bienes fideicomitidos serán destinados al pago de la compensación por la disminución de ingresos de los concesionarios viales así como la financiación de aquellos contratos que pudieran celebrarse por determinación del citado Ministerio para el desarrollo de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y/o de carga.

Asimismo, por el Decreto Nº 1.377/2001 se creó el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT), el cual se integra con el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y con el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) cuyo objetivo es proveer al crecimiento equitativo de la economía nacional y provincial. Los recursos netos del Fideicomiso se invertirán en la Red Vial y en la Red Ferroviaria que constituyan el SIT.

Fondo Fiduciario Hídrico – Decreto Nº 1381/2001

Por el decreto mencionado se crea una tasa de infraestructura hídrica sobre la venta de naftas y de gas natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido (GNC), cuyo fin es la constitución de un Fideicomiso con afectación específica al desarrollo de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas y/o a las compensaciones por disminución de tarifas a los concesionarios que realicen el dragado y el mantenimiento de vías navegables.

El Fondo funciona en el ámbito del Ministerio de Economía e Infraestructura y el Banco de la Nación Argentina es el Fiduciario de los bienes que se transfieren en propiedad fiduciaria.

El valor de la tasa es de 5 centavos a partir del 1º de enero de 2002.

Fondo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa – Ley Nº 25.300

El objeto de este Fondo es el de realizar aportes de capital y brindar financiamiento a mediano y largo para inversiones productivas a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Por Resolución Nº 22/2001 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional se estableció que la condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa está determinada en función de la variable "ventas anuales", entendiéndose por valor de "ventas totales anuales" el que surja del promedio de los últimos tres años.

El fiduciario es el Banco de la Nación Argentina, al cual se le encomienda la emisión de certificados de participación del dominio fiduciario que estará constituido por las acciones y títulos representativos de las inversiones que realice.

La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura, utilizando los activos del Fondo Fiduciario que administra el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., y el Banco de la Nación Argentina suscribirán certificados de participación en el dominio fiduciario hasta la suma de $ 100.000.000.

Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Ley Nº 25.300

Por el artículo 8º de la ley citada se crea el Fondo de garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME), con el objeto de otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas a las entidades financieras acreedoras de las MIPyMEs. Asimismo, puede otorgar garantías en respaldo de las que emitan los fondos provinciales o regionales constituidos por los gobiernos respectivos. Las garantías directas otorgadas a entidades financieras acreedoras no pueden superar el 25% del total de las garantías que pueda otorgar el FOGAPYME.

Este fondo se constituye mediante un aporte inicial equivalente a $ 100,0 millones en activos que deben ser provistos por el Banco de la Nación Argentina y por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura, utilizando en este último caso los activos integrantes del Fondo Fiduciario que administra el Banco de Inversión y Comercio Exterior, en las proporciones y bajo las condiciones que determine la reglamentación de la presente ley.

Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina – Ley Nº 25.422

Por la ley de la referencia se instituye un régimen para la recuperación de la ganadería ovina, destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos en todo el ámbito nacional. A tal fin se crea el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO).

Dicho Fondo se integrará con los recursos provenientes de las partidas anuales que se autoricen en el Presupuesto Nacional, de donaciones, de aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores, del recupero de los créditos otorgados, de las multas aplicadas y de la renta de sus bienes.

La autoridad de aplicación del régimen en cuestión es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del Ministerio de la Producción creando a tal fin la Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (CAT).

Presupuesto consolidado

Se presenta a continuación un Cuadro resumen que presenta el consolidado de los Fondos Fiduciarios comparando las previsiones incluidas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para 2002 con las correspondientes a 2001.

FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2001-2002

- en millones de $ -

7.2.      OTROS ENTES

Este subsector del Sector Público Nacional está conformado por los presupuestos de organismos que no se incluyen en el presupuesto de la Administración Nacional. Por el artículo 64 de la Ley Nº 25.401 de Presupuesto Nacional 2001 se estableció el tratamiento presupuestario a dar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

El Decreto Nº 1399/01 estableció el régimen administrativo financiero aplicable a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, por el Decreto Nº 1394/01 se creó el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS). A continuación se describen los principales objetivos y funciones de los mencionados organismos.

El tratamiento presupuestario de los Entes mencionados no incluidos en el presupuesto de la Administración Nacional es similar al establecido por el Capítulo III del Título II de la Ley Nº 24.156 para las Empresas y Sociedades del Estado, siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional la aprobación de sus presupuestos e integran el consolidado del Sector Público Nacional.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Con el objetivo de promover la eficiencia en la administración tributaria (determinación, liquidación y recaudación de gravámenes federales) y el cumplimiento voluntario de las obligaciones derivadas de la legislación, el Decreto Nº 1.399/2001 estableció una nueva organización para el funcionamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que queda sometida a un régimen administrativo financiero semejante al de las empresas y sociedades del Estado Nacional.

Esto significa que la programación de los gastos y los recursos que demanda su funcionamiento no se consolida en el Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional que se eleva para la aprobación del Congreso Nacional sino que su aprobación año corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, en los mismos términos que para las empresas y sociedades del Estado establece la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y su reglamentación.

De acuerdo al artículo 1º del Decreto Nº 1.399/2001, "...los recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos estarán conformados fundamentalmente por:

a)   Un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Para el ejercicio correspondiente al año 2002 dicha alicuota será del 2,75% y se reducirá anualmente en 0,04% no acumulativo durante los 3 ejercicios siguientes. A partir del cuarto ejercicio, el Poder Ejecutivo Nacional podrá revisar dichos porcentajes. Sin perjuicio de ello, si durante el período inicial de 4 años se produjeran modificaciones sustanciales de las competencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos el Poder Ejecutivo Nacional podrá revisar dichos porcentajes.

b.       Los ingresos no contemplados en el presente artículo que establezca el Presupuesto General de la Administración Nacional.

Asimismo, se le da amplias facultades a la AFIP para asignar y redistribuir los fondos a programas, actividades, proyectos y tareas, así como para determinar la planta de personal, su distribución y la asignación de dotaciones a las distintas unidades del organismo y efectuar las inversiones que resulten necesarias para la mejor consecución de sus objetivos.

Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS)

El Decreto Nº 1.394/2001 estableció el Sistema de Información para la Seguridad Social (SIRSS). El objetivo del mencionado Sistema Información es ordenar los distintos mecanismos que hacen a la administración de la seguridad social: registro de los contratos de trabajo y de los trabajadores autónomos; obtención y distribución de la información sobre trabajadores, grupos familiares y empleadores; pagos de las remuneraciones en dinero a los trabajadores en relación de dependencia y la recaudación de los aportes, contribuciones, cuotas y otras imposiciones a las que estuvieran obligados empleadores y trabajadores en relación de dependencia y autónomos.

Los sujetos que se consideran comprendidos en el SIRSS son los trabajadores; las entidades laborales y de la seguridad social, incluyendo en este caso, entre otras, a la ANSeS, las AFJP, las ART y las asociaciones sindicales y en tercer nivel, los organismos de control, entre los que se encuentra la AFIP y las Superintendencias en general. En este sentido, el objetivo es que los distintos gestores de la seguridad social se involucren directamente en la gestión de los recursos de los cuales son destinatarios.

La gestión del SIRSS queda a cargo del ente público no estatal, creado a tal efecto y mediante el mismo Decreto, que es el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS) que será el encargado de toda la gestión de registro y distribución de la información y de toda actividad inherente a la función de aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social.

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados presta servicios médicos y sociales a alrededor de 3,4 millones de afiliados. El Instituto brinda a sus afiliados prestaciones médicas para la atención de consultas ambulatorias e internaciones a través de servicios atendidos por terceros y propios, aunque éstos últimos representan un pequeño porcentaje. Asimismo, presta atención domiciliaria en algunos casos específicos, cuenta con servicio de ambulancias para el traslado de pacientes y otorga distinto tipo de subsidios. Una parte de los recursos está destinada a la promoción y asistencia social.

La incidencia del Instituto dentro del Presupuesto Nacional se visualiza a través de los recursos que le son transferidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social, en cumplimiento de disposiciones legales.

En 2002 el Instituto se propone alcanzar una estructura de costos más eficiente para la contratación de servicios médico-asistenciales en todo el país, de modo de mejorar la capacidad de cobertura prestacional que reciben sus afiliados. Se apunta, también, a profundizar el saneamiento económico del Instituto, lo que involucra la reasignación de los recursos, la racionalización de los gastos y el desarrollo de una gestión más transparente.

Presupuesto consolidado

Se presenta a continuación un Cuadro resumen que presenta el consolidado de Otros Entes del Sector Público Nacional, comparando las previsiones para 2002 con las correspondientes a 2001.

OTROS ENTES

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2001-2002

- en millones de $ -

8.         EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO 2002

8.1.      EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 2002

El universo de la consolidación del Sector Público Nacional alcanza a la Administración Nacional, las Empresas Públicas Nacionales, los Fondos Fiduciarios Nacionales y otros entes públicos, comprendiendo estos últimos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS).

El Presupuesto Consolidado presenta, en consecuencia, las transacciones y transferencias entre el Sector Público Nacional así configurado y el resto de la economía y, por tanto, no incorpora otras instituciones financieras del Gobierno Nacional ni a la administración provincial y municipal.

Se incluyen, en los ingresos tributarios y en los gastos por transferencias corrientes de la Administración Nacional, los recursos coparticipados a las provincias. Esta incorporación se efectúa con el objeto de poder observar la presión tributaria global del Sector Público. Sin embargo, en las descripciones que se realizan sobre la Administración Nacional, estos recursos se excluyen por ser ingresos y gastos de las provincias.

La cuenta "Ahorro-Inversión-Financiamiento" se formula bajo la metodología denominada "internacional". En esa metodología se expone el resultado operativo (superávit o déficit) del subsector Empresas Públicas no Financieras sin descomponer las operaciones que lo determinan. El criterio que fundamenta este procedimiento es el de considerar las mismas como actividades empresariales no equiparables a las realizadas por el resto del Sector Público Nacional. En cambio, sí se incluyen el resto de las transacciones y transferencias de este subsector.

Sucintamente, a continuación se presentan los aspectos distintivos de los recursos, gastos y resultado del Sector Público Nacional.

8.1.1.    Recursos

Los recursos totales proyectados para el 2002 ascienden a $52.135,4 millones, correspondiendo el 95,5% a la Administración Nacional y el restante 4,5% se distribuye entre los otros subsectores.

Se estima que el 99,3% de dicha suma será generado por recursos corrientes y tan solo el 0,7% en operaciones de capital. Por ingresos tributarios y contribuciones de la seguridad social se prevé recaudar el 92,5% de los ingresos corrientes proyectados, lo cual representa en términos financieros prácticamente el mismo nivel que el correspondiente al 2001.

Conviene notar que el consolidado refleja, de acuerdo a las registraciones presupuestarias, los recursos por contribuciones correspondientes al INSSJyP y al INARSS y sus respectivas transferencias en carácter de gasto figurativo que les efectúa la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

8.1.2.    Gastos

Los gastos totales previstos del Consolidado del Sector Público Nacional ascienden a $55.003,9 millones, monto que ya incorpora la necesaria economía a efectuar en el proceso de programación de la ejecución financiera por $2.973,5 millones. Descontando adicionalmente las transferencias por coparticipación de impuestos, el gasto así definido representa una reducción de 5,3 puntos del PIB respecto al gasto del 2001 (-$10.781,5 millones). El gasto primario observa una caída de 3,8 puntos del producto (-$6.380,3 millones).

Con aquélla incorporación, los gastos correspondientes a la Administración Nacional representan 13,8 puntos del gasto total del Sector Público en términos del mismo indicador, mientras que esa participación alcanza a 17,8 puntos en el 2001.

En los restantes subsectores, se distingue el rubro transferencias corrientes en razón de la actual integración del INSSJyP a la consolidación. Por tal concepto se incluyen las asistencias médicas y sociales que dicho instituto realiza a sus afiliados.

8.1.3.    Resultado

El Presupuesto del Sector Público Nacional proyecta, para el ejercicio fiscal 2002, un resultado financiero deficitario de $2.868,5 millones (casi 1 punto del PIB). Si a este resultado se le deduce el monto de los intereses de la deuda por $6.194,7 millones, se obtiene un superávit primario de $3.326,2 millones, revirtiendo así el signo de aquella relación.

Si bien el déficit de la Administración Nacional explica sobradamente aquella magnitud ante el ligero superávit que prevé el consolidado del sector empresarial y otros entes públicos, cabe advertir que el conjunto de las ex-cajas previsionales provinciales absorbidas por la Nación implican, antes de las transferencias que recibe para alcanzar un resultado equilibrado, aproximadamente un 37,5% del resultado financiero del Sector Público Nacional previsto para el 2002 (0,4% del PIB).

El cuadro que se presenta a continuación muestra la evolución del Sector Público Nacional no Financiero en la última década. Cabe aclarar que a partir de 1995 se incluyen los valores presupuestarios de las ex-cajas previsionales provinciales.

SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO

EVOLUCION PRESUPUESTARIA

En porcentaje del PIB

Nota: Excluye resultados de Fondos Fiduciarios.

A partir de 1993, puede apreciarse a través del resultado financiero 3 subperíodos caracterizados por un recurrente y progresivo deterioro de las finanzas públicas: 1994-1996, 1997-1999 y 2000-2001, por los motivos reseñados en el Capítulo 1 sobre la evolución económica.

8.2.      EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO ARGENTINO 2002

El Consolidado del Sector Público Argentino que se presenta a continuación comprende, en su universo, al Sector Público Nacional, tal como fuera definido en el punto anterior, al consolidado de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por último, a las administraciones municipales. Importa señalar, entonces, la exclusión de las instituciones financieras de todos los ámbitos gubernamentales y de las empresas de jurisdicción provincial y municipal, así como del conjunto de cajas previsionales aún provinciales, no obstante lo cual se alcanza una cobertura significativa.

En cuanto al aspecto metodológico, cabe señalar que las contribuciones y gastos figurativos reflejan las transferencias intra e intergubernamentales esto es incorporando, además de las originadas en otras administraciones, las efectuadas dentro de los propios ámbitos.

A continuación se exponen los indicadores fiscales relevantes de este consolidado, correspondiendo advertir que los estudios pormenorizados de cada nivel gubernamental a que dan lugar tales performances se encuentran expuestos en los apartados respectivos.

El resultado global deficitario de $4.283,3 millones denota una disminución equivalente a 5,80 puntos porcentuales del PIB, representando la mejora de la Administración Nacional 2,89 puntos del PIB, esto es prácticamente la mitad de la reducción. El déficit del consolidado del Sector Público Provincial disminuye 1,45 puntos del mismo indicador, el correspondiente al conjunto de Empresas y Otros Entes Públicos lo hace en 1,27, en tanto que el de Municipios representa una baja de 0,18 puntos.

Al descomponerse dicho resultado, se proyecta para el año 2002 una caída del resultado económico deficitario equivalente a 4,60 puntos del PIB respecto al del 2001. En cuanto a los recursos corrientes, se proyecta una baja del 1,61% del PIB, y los de capital experimentarían una suba de 0,07 puntos.

Por otra parte, la consolidación permite advertir la reducción del gasto público del país en 7,34 puntos del PIB (-$13.982,6 millones), sobresaliendo los de carácter corriente, los cuales explican el 85% de la variación. El gasto público total se ubicaría en el 2002 en un nivel de $75.259,5 millones, equivalente a 25,71% del PIB.