SEXO EN LA SALA

Por ley, todos los colegios deben enseñar contenidos mínimos de educación sexual: desde los métodos anticonceptivos, información y prevención del contagio de VIH, hasta fecundidad y embarazo

Estos contenidos no están contemplados como un ramo, sino que incluidos en los objetivos transversales de educación. Es decir, se entregan en distintos cursos y niveles. Y el colegio determina a su arbitrio en cuáles.
 
 
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Pero nadie controla que esa enseñanza efectivamente se entregue. En una encuesta de Adimark del 2004, realizada a 5 mil alumnos de 110 colegios, un 42,6% de los estudiantes dijo que en los colegios estos temas se enseñaban una o dos veces al año. O que simplemente no existían.

El sexo y sus eventuales consecuencias están en mute en casi la mitad de las aulas del país. Quizás eso explica que el 12,2% de las adolescentes chilenas estén embarazadas. O que el 42% de los jóvenes entre 15 y 24 años no use métodos de prevención sexual.

El Mineduc lanzó el 15 de septiembre pasado el “Plan de Sexualidad y Afectividad”. Uno que tiene para rato. Porque sus resultados –profesores capacitados, familias y alumnos informados- están previstos de aquí al 2010. Mientras tanto, los contenidos mínimos de sexualidad siguen dispersos o invisibles en muchas mallas escolares.

Según cifras del Mineduc, de 630 mil niñas entre 15 y 19 años en Chile, 77 mil están embarazadas. De ellas sólo 10 mil están en el sistema escolar. El resto decide salirse, convirtiendo el embarazo en la principal causa de deserción escolar en este segmento de la población estudiantil (28,9%).

Como el embarazo adolescente se da más en estratos socioeconómicos bajos, asegurarles su educación es fundamental. Aunque la Constitución asegura el derecho a la educación a todos los jóvenes, en marzo de este año se reforzó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que regula el derecho educativo de embarazadas y madres en edad escolar.

Ahora ningún colegio, por particular que sea, puede expulsar o impedir la renovación de matrícula a las chicas que estén en esta situación. Antes, la decisión quedaba en manos de los directores. Ahora la multa por segregarlas puede ser de hasta 50 UTM (1 millón 500 mil pesos).

Además los establecimientos educativos tienen que darles una serie de facilidades, como permitirles un vestuario de acuerdo a su embarazo Y salidas para amamantar a sus hijos, para sus controles médicos y los del niño.