Como
mencioné en la primera parte de esta charla, la "cruzada
por la democracia" adquirió especial fervor en Washington
durante los años de Reagan, siendo Latinoamérica el campo
de acción escogido. Los resultados obtenidos se presentan
a menudo como ejemplo claro de que los EE.UU. se han convertido
en "la inspiración para el triunfo de la democracia en nuestros
días". El último estudio erudito sobre la democracia describe
"la restauración de la democracia en Latinoamérica" como
"impresionante" aunque no libre de problemas; los "obstáculos
a la implementación" siguen siendo "formidables", pero quizá
puedan ser superados mediante una mayor integración con
los Estados Unidos. El autor, Sandor Lakoff, escoge el "histórico
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T.L.C.A.N.
- N.A.F.T.A.)" como un potencial instrumento para la democratización,
junto con otros ejemplos similares ya discutidos.
Un
examen detenido del T.L.C.A.N. es muy revelador. El tratado
fue aprobado por el Congreso con una fuerte oposición popular
pero con el apoyo incondicional del mundo empresarial y
los medios de comunicación, que prodigaban jubilosas promesas
de beneficios para todos los implicados, promesas corroboradas
con gran seguridad por la Comisión de Comercio Internacional
de los EE.UU. y los principales economistas equipados con
los más modernos modelos económicos (modelos que acababan
de fracasar miserablemente con respecto a su capacidad de
predecir las deletéreas consecuencias del Tratado de Libre
Comercio entre EE.UU. y Canadá, pero que, sin embargo, esta
vez iban a funcionar perfectamente). El detallado análisis
de la Oficina de Peritaje Tecnológico (el departamento de
investigación del Congreso) fue suprimido por completo.
Este concluía que la planeada versión del T.L.C.A.N. perjudicaría
a la mayor parte de la población norteamericana, y proponía
modificaciones que podrían extender los beneficios del acuerdo
más allá de los limitados círculos de inversión y finanzas.
Aún más llamativa fue la supresión de la posición oficial
del movimiento obrero estadounidense, fruto de un análisis
similar, al mismo tiempo que el movimiento era severamente
criticado por su perspectiva "retrógrada, ignorante" y sus
"crudas tácticas intimidatorias", motivadas por "el miedo
al cambio y el miedo a los extranjeros"; sigo remitiéndome
a declaraciones originadas desde la extrema izquierda del
espectro político oficial, en este caso, Anthony Lewis.
Tales acusaciones eran demostrablemente falsas, pero estas
fueron las únicas declaraciones que llegaron al público
en este inspirador ejercicio de democracia. Hay otros detalles
esclarecedores que fueron recogidos en la literatura disidente
de entonces, pero que se han mantenido a resguardo del público.
A estas alturas, los cuentos sobre las maravillas del T.L.C.A.N.
han sido silenciosamente archivados, y los hechos han empezado
a hablar por sí mismos. Ya no se habla más de los cientos
de miles de nuevos trabajos y otros grandes beneficios que
aguardan a las poblaciones de los tres países. Las buenas
nuevas han sido reemplazadas por la "perspectiva económica
marcadamente benigna" -la "opinión cualificada"- de que
el T.L.C.A.N. no ha tenido efectos significativos. El
Wall Street Journal nos informa de que ciertos "oficiales
de la administración se sienten frustrados ante la incapacidad
de convencer a los votantes de que no existe ningún peligro"
y que la pérdida de puestos de trabajo es "mucho menor de
lo que predijo Ross Perot", a quien le fue permitido participar
en la discusión oficial (a diferencia de la O.T.A., el movimiento
obrero, los economistas que no corearon la línea del partido,
y los analistas disidentes) porque las declaraciones de
Perot eran a veces exageradas y fáciles de ridiculizar".
"Es difícil combatir las críticas diciendo la verdad, esto
es, que el acuerdo comercial en realidad no ha conseguido
nada", reconocía tristemente un oficial de la administración.
En el olvido queda lo que "la verdad" se suponía que iba
a ser cuando el impresionante ejercicio en democracia marchaba
viento en popa.
Mientras
que los expertos han restado importancia a un T.L.C.A.N.
carente de "efectos significativos", arrojando la previa
"opinión cualificada" al pozo del olvido, un punto de vista
económico no particularmente "benigno" empieza a tomar forma
si el "interés nacional" es ampliado para incluir en él
a la población en general. En su testimonio ante el Comité
del Senado para Asuntos Bancarios en febrero de 1997, el
presidente del Consejo de la Reserva Federal, Alan Greenspan,
se mostraba muy optimista sobre la "sostenible expansión
económica" producida por una "moderación atípica en los
incrementos salariales [que] parece ser fundamentalmente
la consecuencia de una mayor inseguridad laboral", un factor
obviamente deseable para una sociedad más justa. El Informe
Económico del Presidente de febrero de 1997, enorgulleciéndose
de los logros de la administración, hace referencia tangencialmente
a ciertos "cambios en las instituciones y las prácticas
del mercado laboral" como un factor en la "significante
moderación salarial" que refuerza la salud de la economía.
Una
de las razones para estos cambios benignos se explica en
un estudio encargado por la Secretaría de Trabajo del T.L.C.A.N.
acerca de "los efectos del cierre súbito de plantas sobre
el principio de libertad de asociación y el derecho de los
trabajadores a organizarse en los tres países". El estudio
fue llevado a cabo bajo los auspicios del T.L.C.A.N. en
respuesta a una demanda por parte de trabajadores de la
industria de telecomunicaciones sobre prácticas laborales
ilegales en las que había incurrido Sprint. La demanda fue
confirmada en el Consejo Nacional de Relaciones Laborales
de los EE.UU. que, como es habitual, dictaminó multas intrascendentes
tras años de dilación. El estudio del T.L.C.A.N., firmado
por la economista laboral Kate Bronfenbrenner de la Universidad
de Cornell, fue autorizado para su difusión en Canadá y
México, pero ésta fue retrasada por la administración Clinton.
El estudio revela un impacto considerable del T.L.C.A.N.
en el boicoteo de huelgas. Aproximadamente la mitad de los
esfuerzos organizativos sindicales (gremiales) son desbaratados
por las amenazas del empresario de trasladar la producción
fuera del país; por ejemplo, colocando carteles que digan
"Trabajos transferibles a México" frente a una planta donde
haya tendencias organizativas. Las amenazas no son en vano:
cuando los esfuerzos organizativos tienen éxito a pesar
de todo, los empresarios cierran la planta, en su totalidad
o en parte, tres veces más a menudo actualmente que antes
del T.L.C.A.N. (aproximadamente un 15 por ciento de las
veces). Las amenazas de cerrar plantas son casi el doble
en las industrias más móviles (por ejemplo, manufacturas
comparado con construcción).
Ésta
y otras prácticas descritas en el estudio son ilegales -pero
eso es un tecnicismo- y equiparables a las violaciones del
derecho internacional y de los acuerdos comerciales que
se dan cuando los resultados son inaceptables. La administración
Reagan había dejado claro al mundo empresarial que las actividades
antisindicales ilegales no serían obstaculizadas por el
estado delincuente, y sus sucesores han mantenido la misma
postura. Ha habido un efecto substancial en cuanto a la
destrucción de sindicatos (gremios) -o en palabras más finas,
"cambios en las instituciones y las prácticas del mercado
laboral"- que contribuyen a la "significativa moderación
salarial" dentro de un modelo económico ofrecido con gran
orgullo a un mundo atrasado e incapaz todavía de comprender
estos principios triunfales que abrirán el camino hacia
la libertad y la justicia.
Aquello
que fue denunciado continuamente desde el principio fuera
de la discusión oficial sobre los objetivos del T.L.C.A.N.
ahora se acepta discretamente: que el objetivo real era
"atrapar a México dentro de las reformas" que lo habían
convertido en un "milagro económico" en el sentido técnico
del término, es decir, un "milagro" para los inversores
estadounidenses y los mexicanos ricos, mientras la población
se hunde en la miseria. La administración Clinton "olvidó
que el objetivo subyacente del T.L.C.A.N. no era promover
el comercio sino cementar las reformas económicas en México",
declara ahora solemnemente el corresponsal de Newsweek
Marc Levinson, olvidando añadir que fue justo lo contrario
lo que se proclamó para asegurar la aprobación del T.L.C.A.N.,
mientras que los críticos que señalaban este "propósito
subyacente" eran excluidos eficientemente del libre mercado
de ideas por sus dueños. Quizá algún día las razones también
sean aceptadas públicamente. Se esperaba que "atrapando
a México" dentro de las reformas se ahuyentara el peligro
detectado durante un Taller de Desarrollo Estratégico en
Latinoamérica celebrado en Washington en septiembre de 1990,
en el que se concluyó que las relaciones con la dictadura
mexicana eran buenas, pero que existía un problema potencial:
"una 'apertura democrática' en México podría poner a prueba
esta relación especial si llegara a instaurar un gobierno
interesado en desafiar a los EE.UU. por motivos económicos
y nacionalistas", lo cual ya no representa un peligro ahora
que México está "atrapado dentro de las reformas" por tratado.
La
amenaza es la democracia, dentro y fuera del país, como
ilustra el ejemplo. La democracia es permisible, incluso
bienvenida, pero su valoración reside en los resultados,
no en el proceso democrático. El T.L.C.A.N. era considerado
un mecanismo eficaz para disminuir la amenaza de la democracia.
Se impuso en EE.UU. a través de una efectiva obstaculización
del proceso democrático, y en México por la fuerza, eludiendo
la inútil protesta pública. Los resultados se presentan
ahora como un esperanzador instrumento para dotar a los
ignorantes mexicanos de una democracia al estilo estadounidense.
Un observador bien informado y con tendencia al cinismo
estaría de acuerdo con esta evaluación.
Una
vez más, los ejemplos escogidos para ilustrar el triunfo
de la democracia son los lógicos, a la vez que interesantes
y reveladores, aunque no dan precisamente el resultado deseado.
Los
mercados son siempre una construcción social, y en la forma
específica en que están siendo diseñados por la actual política
social tienen el objetivo de restringir el funcionamiento
de la democracia, como queda demostrado por el T.L.C.A.N.,
los acuerdos de la O.M.C., y otros instrumentos de posible
implementación en el futuro. Un caso que merece especial
atención es el Acuerdo Multilateral sobre la Inversión (M.A.I.)
que está siendo fraguado en la O.C.D.E., el club de los
ricos, y la O.M.C. (de la que el M.A.I. forma parte). En
principio se espera que el acuerdo sea adoptado sin el conocimiento
público, como se esperaba que lo fuera el T.L.C.A.N., sin
éxito, aunque el "sistema de información" logró mantener
lo esencial del asunto en secreto. Si el plan esbozado en
los borradores prospera, el mundo entero puede acabar "atrapado"
por tratados que otorgan a las corporaciones transnacionales
mecanismos aún más eficaces para restringir el espacio democrático,
dejando las decisiones políticas mayormente en manos de
gigantescas tiranías privadas que poseen además amplios
medios para interferir en los mercados. Tales esfuerzos
quizá sean bloqueados en la misma O.M.C. gracias a las fuertes
protestas de los "países en vías de desarrollo", en especial
India y Malasia, que no están dispuestos a convertirse en
meras dependencias propiedad de grandes corporaciones extrajeras.
Pero la versión de la O.C.D.E. quizá corra mejor suerte,
al ser presentada al resto del mundo como un hecho consumado,
con las consecuencias obvias. Todo esto se desarrolla en
notable secreto, por ahora.
La
proclamación de la Doctrina Clinton fue acompañada por un
inapreciable ejemplo de los principios victoriosos puestos
en práctica: los logros de la administración en Haití. Ya
que éste vuelve a ser propuesto como el caso más convincente,
parece apropiado examinarlo.
Es
cierto que se permitió el retorno del presidente electo
de Haití, pero sólo después de que las organizaciones populares
hubieran sido víctimas durante tres años de unas fuerzas
terroristas que mantuvieron firmes conexiones con Washington
en todo momento. La administración Clinton todavía se niega
a devolver a Haití las 160.000 páginas de los documentos
sobre terrorismo de estado secuestrados por las fuerzas
militares estadounidenses "para evitar revelaciones embarazosas"
sobre la participación del gobierno de los EE.UU. en el
régimen golpista, según Human Rights Watch. También fue
necesario hacer pasar al Presidente Aristide por "un curso
acelerado en democracia y capitalismo", en palabras de su
principal partidario en Washington para describir el proceso
de civilización de este problemático cura.
Como
condición a su retorno, Aristide fue forzado a aceptar un
programa económico que orienta la política del gobierno
haitiano hacia las necesidades de "la sociedad civil, especialmente
el sector privado, tanto nacional como extranjero". Es decir,
los inversores estadounidenses están llamados a constituir
el núcleo de la sociedad civil haitiana, junto con los haitianos
ricos que apoyaron el golpe de estado, pero no los campesinos
ni los habitantes de los suburbios haitianos que pusieron
en pie una sociedad civil dinámica y vibrante hasta el punto
de que les permitió elegir a su propio presidente, a pesar
de tener todos los factores en contra, provocando así la
inmediata hostilidad de los EE.UU. que se esforzaron por
subvertir el primer régimen democrático de Haití.
Los
inaceptables actos de los "ignorantes y entrometidos intrusos"
de Haití fueron revocados violentamente con la complicidad
directa de los EE.UU., no sólo a través de sus contactos
con los terroristas de estado en el poder. La Organización
de Estados Americanos declaró un embargo. Las administraciones
Bush y Clinton lo quebrantaron desde el principio eximiendo
a las compañías estadounidenses y autorizando en secreto
a la Texaco Oil Company a suministrar al régimen golpista
y a sus ricos defensores en violación de las sanciones oficiales,
un hecho crucial éste que fue revelado el día antes de que
las tropas estadounidenses desembarcaran con el fin de "restaurar
la democracia", dato que todavía tiene que llegar al gran
público, aunque es un candidato improbable a entrar en el
registro histórico.
La
democracia ha sido restaurada. El nuevo gobierno ha sido
obligado a abandonar el programa democrático y reformista
que tanto escandalizó a Washington y a adoptar la política
del candidato de Washington en las elecciones de 1990, en
las que recibió el 14 por ciento del voto.
Los
haitianos parecen haber entendido la lección, aunque los
ideólogos occidentales dan otra interpretación. Las elecciones
parlamentarias de abril de 1997 registraron una "turbadora"
participación del 5 por ciento, según la prensa, lo cual
hizo surgir la siguiente pregunta: ¿"Ha decepcionado Haití
las esperanzas de Estados Unidos"? Después de todos los
sacrificios que hemos hecho para llevarles la democracia,
han resultado ser desagradecidos e indignos. Es fácil ver
por qué los "realistas" insisten en que nos mantengamos
apartados de las cruzadas por el "progreso global".
Actitudes
similares imperan en todo el hemisferio. Las encuestas muestran
que en Centroamérica la política provoca "aburrimiento",
"desconfianza" e "indiferencia" en mucha mayor proporción
que "interés" o "entusiasmo" entre "un público apático (...)
que se siente espectador en el sistema democrático" y que
muestra "un pesimismo general sobre el futuro". La primera
encuesta de este tipo en Latinoamérica, patrocinada por
la Unión Europea, encontró más de lo mismo: "el mensaje
más alarmante de la encuesta", comentaba el coordinador
brasileño, era "la percepción popular de que sólo la elite
ha salido beneficiada por la transición a la democracia".
Los profesores universitarios latinoamericanos indican que
la reciente ola de democratización coincidió con reformas
económicas neoliberales, que han sido perniciosas para la
mayoría y han dado lugar a una cínica valoración de los
procedimientos formales democráticos. La introducción de
programas similares en el país más rico del mundo ha tenido
efectos similares. A principio de los noventa, tras 15 años
de una versión doméstica de ajuste estructural, más del
80 por ciento de la población estadounidense consideraba
el sistema democrático un fraude, con unas corporaciones
demasiado poderosas y una economía "inherentemente injusta".
Éstas son las consecuencias naturales del proyecto específico
de "democracia de mercado" bajo los designios del mundo
de los negocios.
Retomemos
la doctrina vigente de que "la victoria de los Estados Unidos
en la Guerra Fría" fue una victoria para la democracia y
el libre mercado. En lo que respecta a la democracia, la
doctrina es parcialmente verdadera, aunque es necesario
tener en cuenta qué se entiende por "democracia": el control
desde arriba para "proteger a la minoría de los opulentos
contra la mayoría". ¿Y qué ha sido del libre mercado? En
este caso también descubrimos que la doctrina se encuentra
bien alejada de la realidad, como ha quedado demostrado
por numerosos ejemplos.
Consideremos
de nuevo el caso del T.L.C.A.N., un acuerdo cuya intención
era comprometer a México con una disciplina económica que
proteja a los inversores del peligro de una "apertura democrática".
Sus estipulaciones clarifican cuáles son los principios
que han emergido victoriosos. No se trata de un "acuerdo
sobre libre mercado". Más bien, es un acuerdo esencialmente
proteccionista, diseñado para obstaculizar la competencia
de Asia del Este y Europa. Además, comparte con los acuerdos
globales principios tan contrarios al libre mercado como
son los "derechos de propiedad intelectual" del tipo que
las sociedades ricas nunca aceptaron durante su período
de desarrollo, pero que ahora esgrimen para proteger a sus
propias corporaciones a fin de destruir la industria farmacéutica
de los países pobres, por ejemplo, y de paso bloquear innovaciones
tecnológicas como el mejoramiento de los procesos de producción
de productos patentados. El progreso, igual que los mercados,
es deseable solamente cuando produce beneficios a la clase
importante.
Permanecen
los interrogantes sobre la naturaleza del "comercio". Se
considera que más de la mitad del comercio entre los EE.UU.
y México consiste en transacciones internas de las empresas,
con un incremento del 15 por ciento desde el T.L.C.A.N.
Por ejemplo, hace ya una década, un tercio de los bloques
de motor y las tres cuartas partes de otros componentes
esenciales utilizados en los automóviles estadounidenses
eran producidos en fábricas de propiedad casi siempre estadounidense
y localizadas en el norte de México, dando empleo a unos
pocos trabajadores y virtualmente sin lazos con la economía
mexicana. El colapso post-T.L.C.A.N. de la economía mexicana
en 1994, del que sólo resultaron eximidos los muy ricos
y los inversores estadounidenses (protegidos por las subvenciones
del gobierno de EE.UU.), provocó un incremento en el comercio
entre EE.UU. y México gracias a esta nueva crisis que, aportando
a la población general aún mayor miseria, si cabe, "transformó
México en una fuente barata [es decir, aún más barata] de
productos manufacturados, con salarios industriales que
son una décima parte de los de EE.UU.", según la prensa
económica. Desde hace diez años, según algunos especialistas,
la mitad del comercio internacional de EE.UU. consiste en
este tipo de transacciones centralizadas, y lo mismo es
cierto de otras potencias industriales, aunque es preciso
ser cauteloso a la hora de sacar conclusiones sobre instituciones
con limitada responsabilidad pública. Ciertos economistas
han descrito , con suficiente verosimilitud, el sistema
mundial como "mercantilismo corporativo", algo bien alejado
del ideal del libre mercado. La O.C.D.E. afirma que "es
la competitividad oligopolística y la interacción estratégica
entre firmas y gobiernos, y no la mano invisible de las
fuerzas del mercado, lo que condiciona actualmente las ventajas
competitivas y la división internacional del trabajo en
industrias de alta tecnología", adoptando implícitamente
un punto de vista similar.
Incluso
la estructura básica de la economía doméstica viola los
principios neoliberales proclamados. El tema principal de
la obra de Alfred Chandler sobre la historia empresarial
de los EE.UU. es que "las empresas modernas reemplazaron
a los mecanismos del mercado en la función de coordinar
las actividades de la economía y la distribución de sus
recursos", llevando muchas transacciones internamente, otro
alejamiento de los principios del mercado libre. Existen
muchos otros. Consideremos, por ejemplo, la suerte que ha
corrido el principio de Adam Smith según el cual el libre
movimiento de las personas, a través de fronteras por ejemplo,
es un componente esencial del libre mercado. Cuando contemplamos
el mundo de las corporaciones transnacionales, con alianzas
estratégicas y el apoyo crucial de estados poderosos, la
distancia entre doctrina y realidad se hace evidente.
La
teoría del libre mercado tiene dos caras: la doctrina oficial,
y la que podríamos llamar "doctrina de libre mercado
real". Según esta última, la disciplina del mercado
es buena para ti, pero yo necesito la protección del estado
paternalista. La doctrina oficial se impone sólo a los indefensos,
pero ha sido la "doctrina real" la adoptada por los
poderosos desde los tiempos en que Gran Bretaña emergió
como el estado fiscal-militar y de desarrollo más avanzado
de Europa, con fuertes incrementos impositivos, una eficiente
administración pública que llegó a convertir al estado en
"el mayor elemento individual de la economía" (según el
historiador John Brewer) y una expansión global, todo lo
cual estableció un modelo que ha sido seguido hasta la actualidad
en el mundo industrial, por descontado en los Estados Unidos,
desde sus orígenes.
Gran
Bretaña finalmente se pasó al internacionalismo liberal
en 1846, después de que 150 años de proteccionismo, violencia
y poder estatal la hubieran puesto bien por delante de cualquier
competidor. Pero el paso al mercado contenía restricciones
significativas. El cuarenta por ciento de los textiles británicos
continuaron despachándose a la India colonial, al igual
que el resto de las exportaciones británicas por lo general.
El acero británico se mantuvo fuera de los mercados estadounidenses
gracias a aranceles muy altos que permitieron a los Estados
Unidos desarrollar su propia industria del acero. Pero la
India y otras colonias permanecieron disponibles cuando
el acero británico se quedó sin compradores en los mercados
internacionales. El caso de la India es instructivo: el
país producía tanto hierro como toda Europa a finales del
siglo XVIII, y los ingenieros británicos estudiaban las
avanzadas técnicas indias de manufactura del acero en 1820
para intentar disminuir el "desfase tecnológico". Bombay
producía locomotoras a niveles competitivos cuando comenzó
el boom de los ferrocarriles. Pero la "doctrina de libre
mercado real" acabó con esos sectores de la industria
india lo mismo que había acabado con las industrias textiles,
la construcción naval, y otras que estaban avanzadas para
los estándares de la época. Los EE.UU. y Japón, por el contrario,
habían eludido el control europeo y pudieron adoptar el
modelo británico de interferencia en el mercado.
Cuando
la competitividad japonesa resultó ser más de lo soportable,
Inglaterra rompió la baraja: el imperio se cerró a las exportaciones
japonesas (cierre que formó parte de los antecedentes a
la Segunda Guerra Mundial). Al mismo tiempo, los productores
indios reclamaban protección, pero no de Japón sino de Inglaterra.
No tuvieron suerte, bajo la doctrina de mercado libre
real.
Tras
el abandono de su limitado experimento en laissez-faire
en los años treinta, el gobierno británico adoptó una
intervención más directa también en la economía doméstica.
En unos pocos años, la producción de máquinas-herramienta
se multiplicó por cinco, simultáneamente con un boom en
las industrias química, del acero, aeroespacial y un conjunto
de nuevas industrias, "una inadvertida nueva ola de revolución
industrial", escribe Will Hutton. La industria estatal permitió
que Gran Bretaña sobrepasara a Alemania durante la guerra,
y que incluso acortara distancias con los EE.UU., que por
entonces se encontraba experimentando su propia expansión
económica en el momento en que los administradores corporativos
tomaron control de la economía de guerra estatal.
Un
siglo después de que Inglaterra adoptara una especie de
internacionalismo liberal, los EE.UU. siguieron el mismo
camino. Tras 150 años de proteccionismo y violencia, los
EE.UU. se han convertido en el país más rico y poderoso
del mundo, con diferencia, y al igual que Inglaterra, se
ha percatado de las ventajas de un "terreno de juego nivelado"
en el que espera derrotar a cualquier competidor. Y como
Inglaterra, con restricciones cruciales.
Una
de ellas, por ejemplo, es que Washington utilizó su poder
para impedir el desarrollo independiente dondequiera que
surgiese, como ya lo había hecho Inglaterra. En Latinoamérica,
Egipto, Asia del Sur, etc., el desarrollo había de ser "complementario",
nunca "competitivo". Ha habido también interferencia en
el mercado a gran escala. El Plan Marshall estaba vinculado
a la compra de productos agrícolas estadounidenses, parte
de la razón por la cual el porcentaje de cereal estadounidense
en el mercado internacional aumentó desde menos de un 10
por ciento antes de la guerra hasta más de la mitad en 1950,
mientras que las exportaciones de Argentina se redujeron
en dos tercios. La ayuda a través de U.S. Food for Peace
también cumplía el doble objetivo de subvencionar las industrias
agropecuaria y del transporte estadounidenses, y de competir
con productores extranjeros, entre otras medidas tomadas
para prevenir el desarrollo independiente. La casi total
eliminación del cultivo de trigo en Colombia a través de
estos medios es uno de los factores en el desarrollo de
la industria de drogas, la cual ha sido impulsada en toda
la región andina por la política neoliberal de los últimos
años. La industria textil de Kenia colapsó en 1994 cuando
la administración Clinton impuso una cuota para obstaculizar
la vía de desarrollo que han seguido todos los países industrializados,
mientras que a los "reformadores africanos" se les advierte
que "deben hacer mayores progresos" en la mejora de las
condiciones para las operaciones comerciales y "comprometerse
en reformas hacia el libre mercado" con "políticas comerciales
y financieras" que estén de acuerdo con los requerimientos
de los inversores occidentales. En diciembre de 1996 Washington
bloqueó las exportaciones de tomates de México a EE.UU.,
violando así las normas del T.L.C.A.N. y la O.C.M. (aunque
técnicamente no lo hizo, ya que se trataba de un juego de
poder y no necesitó un arancel oficial), con un coste para
los productores mexicanos de cerca de un billón de dólares
anuales. La razón oficial de este regalo a los cultivadores
de Florida fue que los precios habían sido "artificialmente
reducidos por la competencia mexicana" y los consumidores
estadounidenses preferían los tomates mexicanos. En otras
palabras, los principios del libre mercado estaban funcionando,
pero no daban el resultado deseado. Éstos son tan sólo ejemplos
aislados.
La
industria de alta tecnología siempre ha seguido las mismas
pautas. Hace unas pocas semanas (el 29 de septiembre de
1997), un sincero titular del Wall Street Journal afirmaba:
"De hecho, los exorbitantes aranceles de la I.T.C. sobre
Japón protegen a los productores estadounidenses de supercomputadoras".
El artículo informaba sobre la decisión de la Comisión para
el Comercio Internacional (I.T.C.) de imponer "exorbitantes
aranceles anti-dumping a las supercomputadoras japonesas",
enviando así "un claro mensaje al exterior: Prohibida la
entrada a las supercomputadoras extranjeras". La I.T.C.
determinó que una prospectiva venta por parte de la japonesa
NEC Corporation "podría dañar la industria estadounidense",
en particular a Cray Research, el mayor productor de supercomputadoras
de los EE.UU. A Cray se la considera una "empresa privada";
su tecnología se ha desarrollado gracias a subvenciones
públicas y su mercado ha sido el Pentágono y el Departamento
de Energía, pero los beneficios y la gestión son privados.
Las firmas japonesas están aún por vender una sola supercomputadora
a cualquier agencia financiada por el gobierno estadounidense,
mientras que Japón recibe constantemente duras críticas
por tratar de proteger su industria y sus servicios (lo
cual efectivamente hace). Esta gran farsa es común y natural
bajo las reglas del capitalismo de libre mercado real.
En resumen, el duro del barrio hace lo que le da la gana.
Un
ejemplo revelador es Haití, país que, junto con Bengala,
representa el más valioso trofeo colonial del mundo y es
el origen de buena parte de la riqueza de Francia. Haití
se encuentra bajo control estadounidense desde que los marines
de Woodrow Wilson lo invadieran hace 80 años, y en la actualidad
su situación es tan catastrófica que podría resultar prácticamente
inhabitable en un futuro no muy lejano. En 1981 se dio inicio
a una estrategia de desarrollo patrocinada por U.S.A.I.D.
y el Banco Mundial, basada en fábricas de ensamblado y exportaciones
agropecuarias, desalojando tierra usada para el cultivo
de alimentos de consumo local. U.S.A.I.D. predijo "un cambio
histórico hacia una mayor interdependencia comercial con
los Estados Unidos" en la que Haití se convertiría en "el
Taiwán del Caribe". El Banco Mundial se mostró de acuerdo
con la predicción, ofreciendo las conocidas recetas de "expansión
de la empresa privada" y minimización de "objetivos sociales",
incrementando así la desigualdad y la pobreza y reduciendo
los niveles de salud y educación. Conviene señalar que estas
recetas estándar se ofrecen acompañadas de palabrería sobre
la necesidad de reducir las desigualdades y la pobreza y
mejorar los niveles de salud y educativos, mientras que
los estudios técnicos del Banco Mundial reconocen que una
relativa igualdad y unos altos niveles de salud y educativos
son factores cruciales en el crecimiento económico. En el
caso de Haití, las consecuencias fueron las habituales:
beneficios para los productores estadounidenses y los magnates
haitianos y una reducción de un 56 por ciento en los salarios
de Haití en la década de los ochenta; en dos palabras, un
"milagro económico". Haití siguió siendo Haití, no Taiwán,
que había seguido un camino radicalmente diferente, como
sabe sin duda todo asesor económico.
Fue
el esfuerzo del primer gobierno democrático haitiano por
aliviar el creciente desastre lo que provocó la hostilidad
de Washington y el subsiguiente golpe de estado militar
y represión terrorista. Con la "democracia restaurada",
U.S.A.I.D. está reteniendo la ayuda para garantizar así
que las fábricas de cemento y harina sean privatizadas para
el beneficio de los haitianos ricos y los inversores extranjeros
(es decir, la llamada "sociedad civil" haitiana, de acuerdo
con las órdenes que acompañaron la restauración democrática),
mientras que los gastos en salud y educación son proscritos.
La industria agropecuaria recibe financiación abundante,
pero no hay ayuda disponible para la agricultura y la artesanía
campesinas, las cuales constituyen la principal fuente de
ingresos para la gran mayoría de la población. Las plantas
de ensamblado, de propiedad extranjera, que emplean trabajadores
(mujeres en la mayor parte) por un salario muy inferior
al de subsistencia básica y bajo funestas condiciones de
trabajo, se benefician de electricidad barata, subvencionada
por el generoso supervisor. Pero para los haitianos pobres,
es decir la población general, las subvenciones para electricidad,
carburante, agua o comida no existen. Están prohibidas por
las reglas del F.M.I. bajo el principio de que constituyen
"control de precios". Antes de que las "reformas" fueran
instituidas, la producción local de arroz abastecía prácticamente
todas las necesidades domésticas y mantenía importantes
vínculos con la economía autóctona. Gracias a la "liberalización"
unilateral, en la actualidad sólo proporciona el 50 por
ciento, con los previsibles efectos para la economía. La
liberalización es, decisivamente, unilateral. Haití tiene
que "reformarse", eliminando aranceles de acuerdo con los
austeros principios de la ciencia económica, la cual, por
algún milagro de la lógica, exime de estas obligaciones
a la industria agropecuaria estadounidense, que continúa
recibiendo enormes subvenciones públicas, incrementadas
por la administración Reagan hasta el punto de representar
el 40 por ciento de los ingresos brutos de los productores
en 1987. Las consecuencias lógicas son asumidas con conocimiento
de causa: un informe de U.S.A.I.D. de 1995 advierte que
las "políticas de comercio e inversiones dirigidas a la
exportación" ordenadas por Washington "presionarán implacablemente
al cultivador de arroz local", quien se verá obligado a
escoger la más racional alternativa de la exportación agropecuaria
para beneficio de los inversores estadounidenses, de acuerdo
con los principios de la teoría de expectativas racionales.
Gracias
a tales métodos, el país más pobre del hemisferio se ha
convertido en el principal importador de arroz producido
en los EE.UU., enriqueciendo las compañías estadounidenses
que reciben subvención pública. Aquellos que han tenido
la fortuna de recibir una buena educación occidental sin
duda pueden explicar que, tarde o temprano, los beneficios
repercutirán en los campesinos y habitantes de los suburbios
haitianos. Los africanos pueden escoger un camino similar,
como aconsejan actualmente los líderes del "progresismo
global" y las elites locales, y tal vez no vean otra alternativa
bajo las circunstancias existentes (una conclusión cuestionable,
en mi opinión). Pero si toman ese camino, deberían hacerlo
con los ojos bien abiertos.
Este
último ejemplo ilustra el alejamiento más radical de la
doctrina oficial sobre el libre comercio, un alejamiento
que fue más relevante en la época moderna que el representado
por el proteccionismo, el cual dista mucho de haber sido
la interferencia más radical con dicha doctrina en el período
inicial, aunque suele ser el fenómeno que normalmente se
estudia en la programación educativa convencional, aportando
así su propia y útil contribución al enmascaramiento de
las realidades sociales y políticas. Por poner un ejemplo
obvio, la revolución industrial dependía de la disponibilidad
de algodón barato, lo mismo que la "edad dorada" del capitalismo
contemporáneo ha dependido de la disponibilidad de energía
barata, pero los métodos utilizados para mantener las mercancías
esenciales disponibles y a bajo precio (métodos que difícilmente
se ajustan a los principios del mercado) no entran dentro
de la disciplina profesional de la economía.
Después
de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. rompieron con su
tradición proteccionista y comenzaron a exigir la liberalización
de la economía internacional, conscientes de que "el terreno
de juego" estaba clara y convenientemente inclinado a favor
de las compañías estadounidenses. Pero los grandes empresarios
no estaban dispuestos a aceptar ningún riesgo, como decíamos,
e insistieron en mantener ciertas excepciones cruciales.
Una estaba relacionada con las subvenciones públicas. Un
componente fundamental de la teoría del libre mercado es
que las subvenciones públicas no están permitidas. Sin embargo,
se daba por entendido que la industria de alta tecnología
"no puede existir satisfactoriamente en una economía de
'libre empresa' pura, competitiva, sin subvenciones" y que
"el gobierno es el único salvador posible", como decía la
prensa económica hace 50 años. El sistema del Pentágono
fue rápidamente seleccionado como el medio más eficiente
de transferir fondos públicos a bolsillos privados. Es fácil
"vender" al público con el pretexto de la seguridad [nacional],
y no tiene los inconvenientes del gasto social, el cual
tiende a ser redistributivo y democratizador, no una subvención
directa al poder corporativo.
Así
ha funcionado el sistema hasta la actualidad, con las variaciones
necesarias. El punto de máxima interferencia en el mercado
fue alcanzado por los Reaganitas, que predicaban el evangelio
de la disciplina de mercado para los pobres, tanto dentro
como fuera del país (el "duro individualismo Reaganita")
y simultáneamente incrementaron la protección para productores
estadounidenses a los niveles de la posguerra y llevaron
a cabo una "escalada militarista [que] de hecho incrementó
el gasto militar (en cifras constantes) en investigación
y desarrollo por encima de los niveles récord de mediados
de los sesenta", apunta Stuart Leslie. El público estaba
asustado por las amenazas externas, pero el mensaje al mundo
de los negocios era claro y conciso.
Tan
pronto como la Guerra Fría tocó a su fin con la caída del
Muro de Berlín en 1989, Washington informó al Congreso (y
al mundo empresarial) que el gasto militar debía continuar
sin grandes cambios, en parte para proteger la "infraestructura
industrial militar"-prácticamente toda ella constituida
por industria de alta tecnología- ofreciendo tecnología
de doble uso para permitirles dominar los mercados comerciales
al mismo tiempo que se enriquecen a expensas del público.
Se
da por entendido que el libre mercado significa que el público
paga los costos y asume los riesgos si las cosas van mal;
ese es el caso de las subvenciones a bancos y corporaciones
que han costado al público cientos de billones de dólares
en años recientes. Los beneficios han de ser privatizados,
pero los costos y el riesgo, socializados, en sistemas de
libre mercado real. El viejo cuento se mantiene hoy
en día sin mayor cambio, y no sólo en los Estados Unidos,
por supuesto.
Otra
historia igualmente venerable es la negativa del público
a aceptar las consecuencias. A pesar de los contratiempos,
las luchas populares han hecho de este mundo un lugar mucho
mejor. No hay razón para dudar de que el ciclo puede mantener
su curso general de mejoramiento. Ahora mismo, los movimientos
populares han tomado nuevas fuerzas y están creciendo en
todo el mundo, y pueden aspirar realistamente a objetivos
más importantes de lo que parecía alcanzable no hace mucho.
Los escépticos que rechazan tales ideas como utópicas e
ingenuas sólo tienen que observar lo que ha pasado aquí,
en Suráfrica, en los últimos años, un tributo inspirador
a lo que el espíritu humano puede lograr, y sus posibilidades
ilimitadas, lecciones que el mundo necesita aprender desesperadamente
y que deberían guiar los futuros pasos en la lucha por la
justicia y la libertad también aquí, cuando el pueblo de
Suráfrica, recién lograda una gran victoria, se enfrenta
a los todavía más difíciles cometidos que le esperan.
Origen: Z Magazine, septiembre de 1997
Traducido por Francisco González y Eneko Sanz; revisado
por Henry José Gallego