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Comentario del recopiladorComo argentino, espero que funcione bien todo diálogo destinado a solucionar los problemas de mi país y a pensar en un futuro distinto. Como persona no religiosa, me siento sumamente molesto de que la Iglesia ofrezca un sitio en su alto pedestal moral para que el gobierno y el pueblo conversen bajo su manto. No tenemos aquí una separación explícita entre Iglesia y Estado, pero me parece que esta opción puede y debe rechazarse bajo argumentos democráticos. El presidente Duhalde, católico ferviente, dijo en su discurso inaugural que tomaría la doctrina social de la Iglesia como guía; yo digo que esa doctrina puede tener mucho de valioso, pero sólo en lo que se refiere a valores universales (por ejemplo, que la persona es más importante que los números de la economía). Es obvio que bajo este presidente no podrán discutirse temas legítimos y necesarios, como la anticoncepción y la educación sexual sin censuras en las escuelas, vetadas por la Iglesia y por el compromiso del gobierno con ella. La Iglesia argentina, hay que decirlo, se ha comportado con una gran mesura, al menos en las palabras. Sugiero al lector seguir con atención los desarrollos de este tema, que yo me ocuparé de lo mismo. |
Un llamado a sentar nuevas reglas
LA NACION LINE, 15 de enero de 2002 Le preguntaron al obispo de Santiago del Estero, monseñor Juan Carlos Maccarone, qué sentiría la Iglesia si fracasan las gestiones para lograr un gran acuerdo entre los argentinos. Monseñor Maccarone es uno de los tres obispos sobre los que el Episcopado argentino puso la responsabilidad de representar a la Iglesia Católica en la difícil tarea de contribuir a la construcción de un espacio público de consenso, ajeno a las diferencias cuya magnitud han puesto al país como objeto de curiosidad y lamentación mundiales. Frente a la pregunta inevitable, más que lógica a la luz de los abismos entre estilos, ideas y conductas que separan a tantos argentinos sobre tantos temas, Maccarone contestó con sencillez y criteriosidad: "Fracaso habría sido, en todo caso, no haber intervenido, haber rehuido el compromiso de hacerlo". Un par de horas antes de que el presidente Duhalde, el titular del Episcopado, monseñor Estanislao Karlic, y el representante de las Naciones Unidas, Carmelo Angulo Barturén, retomaran en público la necesidad de que los más diversos sectores de la Nación acerquen posiciones sobre temas esenciales para la sociedad, los obispos convocaron a una reunión con medios periodísticos. Tanto de las palabras de monseñor Maccarone, como de las de los otros dos obispos encomendados por el Episcopado de llevar adelante la promoción del diálogo social -Jorge Casaretto, de San Isidro, y Artemio Staffolani, de Río Cuarto- se infirió el sentido de urgencia con el cual ha de ser acometida la búsqueda de consensos básicos para el desenvolvimiento argentino. Aún así, al interpretar que dentro de sesenta días seguirían todavía abiertas las negociaciones en ese sentido, uno de los visitantes preguntó a los obispos si el país podrá aguantar en pie tanto tiempo sin acuerdos concretos sobre su gobernabilidad. Para un país sin mucha, casi nula experiencia en la gestación de grandes consensos, sesenta días es poco menos que nada. Pero en aquella interpelación los obispos recogieron un nuevo testimonio sobre el apremio existente para que se sienten las bases desde las cuales la Argentina pueda saltar de su actual situación a la condición de Estado previsible, con visión clara de hacia dónde quiere ir, qué hacer de sí mismo y qué papel está dispuesto a cumplir con seriedad en el mundo. La búsqueda del acuerdo, tal como quedó expuesto anoche, arranca con tres grandes actores: el presidente de la Nación, que asume la responsabilidad oficial de convocarlo; la Iglesia, que presta el ámbito espiritual para su realización, y, por fin, las Naciones Unidas, que brindan la asistencia técnica sobre la base de experiencias múltiples en esta delicada materia, tanto en la América latina como en otras partes del mundo. El embajador Angulo Barturén, coordinador residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lleva ocho meses en la Argentina. Estaba ayer en la reunión en el Episcopado con otros funcionarios de esa organización internacional que colaborarán con él en la tarea anunciada. Angulo Barturén es un diplomático español que, por lo menos desde mediados del año último, ha puesto un entusiasmo arrollador en hacer comprender a los argentinos que deben ejercitarse en la nueva experiencia nacional que se procura gestar, una experiencia que los distancie de peligros tan graves como que el presidente Duhalde ha dicho, sin que nadie se haya atrevido a desmentirlo, que el país está al borde de una guerra civil. La primera petición formal para que las Naciones Unidas dieran su asistencia a la formulación de un acuerdo nacional llegó para Angulo Barturén en junio, por una nota del entonces jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. El carácter de esa petición se recreó después en manifestaciones surgidas de la sociedad civil y, justo al borde de la renuncia del presidente De la Rúa, se hizo el encuentro de Caritas, que congregó a representantes de la vida política, sindical y empresaria del país con iguales motivos que los explicitados anoche. Monseñor Casaretto dijo ayer que el objetivo final de las conversaciones por abrirse es presentar a la sociedad consensos en cinco campos:
Los obispos y el representante de las Naciones Unidas han convenido abrir la ronda de consultas con encuentros con los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores. En esa primera decisión deberá observarse, pues, un reconocimiento implícito a la fuente de legalidad de la presidencia del Dr. Duhalde, que fue elegido por la Asamblea Legislativa. Es, además, una correspondencia con el compromiso del nuevo presidente, al momento de asumir, de que procurará "un proceso de diálogo nacional capaz de cambiar la dirección que llevó al país a este angustioso presente". A lo largo de las dos semanas inmediatas, los obispos y el embajador Angulo Barturén tomarán contacto con autoridades de cultos, de partidos políticos, de sindicatos, de entidades empresarias, de representantes de la juventud, de la cultura y, después, abrirán centros de diálogo en ocho lugares del interior del país. Creen que, a la legalidad del mandato presidencial, Duhalde ha sumado el principio de legitimidad, al reconocer en su discurso inaugural que su gobierno será de transición y al confirmar, anoche, que no será candidato en las elecciones previstas para 2003. Desde tal punto de partida ha sido lanzada una convocatoria para establecer nada menos que las reglas de juego que regirán la vida pública argentina a continuación de la zozobra colectiva de tiempos sin precedente.
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