Presenta Sila su plan anticorrupción

jueves, 17 de febrero de 2000

Por Mildred Rivera Marrero
El Nuevo Día

LA CANDIDATA a la gobernación, Sila M. Calderón, presentó este jueves un plan anticorrupción a un costo de cerca de $14 millones, que implantará de salir electa.

En su ambicioso programa, Ataque Frontal a la Corrupción, Calderón propuso medidas en diferentes áreas en las que resalta la necesidad de despolitizar el Gobierno, respetar el servicio público, y respetar la separación de poderes y la autonomía de las agencias.

Se comprometió a crear el cargo de Fiscal General de Puerto Rico y evaluar la labor de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) para determinar su efectividad. De igual forma, se comprometió a aumentar el presupuesto de la Oficina del Contralor en $3 millones anuales, contratar auditores externos para fiscalizar las labores de las agencias públicas, y analizar las privatizaciones que ha hecho esta Administración para detectar cualquier irregularidad y encauzarla.

Contrario a su opositor novoprogresista Carlos I. Pesquera, cuya primera propuesta formal fue sobre el crimen, Calderón divulgó sus promesas de campaña en el área de corrupción, tema que ha estado en la palestra pública en los pasados meses, y para lo cual utilizó algunos de los casos más escandalosos como ejemplo de lo que quiere evitar.

Entre las promesas para los primeros seis meses del término, Calderón dijo que creará un comité para analizar las transacciones más controvertibles de este Gobierno, como las privatizaciones. "De encontrarse actos corruptos o en contra de las leyes y de la reglamentación establecida, será enviados al Secretario de Justicia o al Contralor o al Foro Federal". La funcionaria estimó la creación de éste comité y el financiamiento de sus ejecutorias en $250,000.

Asimismo, Calderón prometió auditar las principales agencias gubernamentales con auditores externos, tal como hizo al llegar al municipio de San Juan para saber la situación administrativa y fiscal del mismo.

Por otro lado, establecería un programa continuo de auditorías anuales con empresas privadas para analizar transacciones de mayor riesgo, a un costo de $4 millones.

Creará el cargo de Fiscal General

En el área del Departamento de Justicia, Calderón indicó que nombrará un Fiscal General con un término fijo de 12 años, con autonomía funcional y económica. Ese término garantizaría, según Calderón, que el funcionario principal a cargo de investigar y procesar los casos en el sistema judicial no esté sujeto a cambios de gobierno. Calderón dijo que este nuevo cargo es necesario porque Justicia ha "desbandado" el grupo de los fiscales y el Fiscal General le daría fuerza a esa área que sería la mano derecha del Secretario de Justicia.

El presupuesto para ese cargo, estimado en $1.5 millones, podría salir de los recursos del FEI, cuyo funcionamiento y efectividad serán evaluados. Calderón rechazó que su intención sea eliminar esta oficina, pero dijo que la evaluarán.

La funcionaria dijo, asimismo, que los nombramientos no estarán sujetos a ideologías políticas, incluyendo los fiscales y el Secretario de Justicia, que "no puede ser un sello de goma del Gobernador". Calderón explicó que ese miembro del Gabinete debe ser de la confianza del Primer Ejecutivo, pero que debe ser independiente.

$3 millones anuales más para el Contralor

Respecto al Contralor, Calderón señaló "aunque esta asignación la hace directamente la Asamblea Legislativa, yo recomiendo que se aumente en $3 millones anuales el presupuesto del Contralor".

El establecimiento de un código de ética en las entidades y personas privadas que hagan negocios con el Gobierno, que será requisito para contratarlos, fue otra de las promesas de campaña del PPD presentadas este jueves. Esta medida surge de un programa que opera en Chile.

Calderón dijo que examinaría la posibilidad de crear un panel de jueces o salas especializadas para procesar casos de malversación de fondos públicos. Esta sala especial tendría un presupuesto de un millón de dólares.

Además, Calderón prometió promover legislación para que el Gobierno pueda radicar acciones civiles contra los corruptos, de manera que pueda recobrar tres veces la cantidad de fondos públicos robados.

De otra parte, Calderón prometió promover legislación para prohibir, por un periodo de 10 años, que personas convictas o las compañías en las que tengan participación directa o indirectamente, puedan licitar o adquirir contratos con el gobierno.

anterior | próxima