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Gobierno limpio

lunes, 13 de marzo de 2000


Sila M. Calderón
Candidata a la gobernación PPD

A PUERTO RICO, en una época, venían visitantes del mundo entero para observar cómo nos gobernábamos. No sólo por nuestros procesos de planificación y desarrollo de avanzada, sino también por nuestro entendimiento cabal y respeto a los procesos públicos.

Nos visitaban para observar nuestra pulcritud e integridad en la administración gubernamental. Nos visitaban para observar nuestra diáfana diferenciación de lo que es política y lo que es gobierno; lo que es privado y lo que es público.

La corrupción gubernamental rampante de los últimos tiempos ha avergonzado al pueblo puertorriqueño y ha indignado a toda nuestra ciudadanía. Es un mal que lacera nuestra democracia. Viola la confianza pública que es el lazo invisible que une a un gobierno con los gobernados. Los haberes públicos le pertenecen al pueblo. Cuando elegimos un gobierno cada cuatro años, a través del voto, estamos poniendo temporeramente en manos de los funcionarios electos la propiedad que nos pertenece a todos, para que ellos la protejan, la cuiden y la multipliquen en nuestro nombre y para nuestro disfrute.

Por lo tanto, el mal uso de fondos públicos y la corrupción gubernamental traicionan la esencia misma de la democracia. Es un mal terrible que también desgasta y desvía los fondos asignados a atender las necesidades básicas de nuestro país. Debilita las herramientas para propiciar el desarrollo económico y para combatir la injusticia social.

Por muchos años en nuestro país se han adoptado medidas que se han convertido en leyes para combatir la corrupción. Para desgracia nuestra, el balance en su implantación no ha sido efectivo. No ha habido la determinación, ni la contundencia, ni la ejemplificación para combatirla con el rigor y la tenacidad que exige la protección de los recursos públicos.

Cuando miramos a nuestro futuro como pueblo debemos determinar si queremos permitir la continuidad de este tipo de actitud. Yo estoy convencida de que eso no es lo que queremos. Que Puerto Rico no quiere titubeos, ni cortinas de humo, para esconder lo que es evidente.

Yo propongo un gobierno limpio para Puerto Rico. Uno en el cual la actitud gubernamental sea contundente e inequívoca y en la cual se lleve a cabo un ataque frontal a la corrupción con castigo seguro a los corruptos.

Si el pueblo de Puerto Rico me brinda su confianza, yo propongo:

  • Inmediatamente, luego de tomar posesión del cargo, nombrar un comité de ciudadanos de intachable reputación para examinar las transacciones mayores o más controvertibles del gobierno actual, entre ellas las privatizaciones y ventas de haberes públicos. De encontrarse actos de corrupción serán enviados de inmediato al Secretario de Justicia, al Contralor o al Foro Federal. Seré implacable en esa tarea.
  • En un plazo no mayor de 180 días, a partir del comienzo del nuevo gobierno, llevar a cabo una auditoría de las principales agencias gubernamentales por firmas de auditores privados. Los hallazgos serán publicados.
  • Igualmente, institucionalizar un programa de auditorías formales y continuas, a través de todo el gobierno, por firmas independientes, con énfasis en las agencias que generen transacciones de mayor riesgo.
  • Asegurar que el nombramiento del Secretario de Justicia recaiga en una persona de competencia y verticalidad incuestionable. Será un profesional de independencia de criterio y reputación intachable con la fuerza moral necesaria para asumir el liderato en la lucha contra la corrupción. Estos principios también estarán presentes en el nombramiento de fiscales.
  • Crear la posición del Fiscal General de Puerto Rico, con un término fijo de 12 años, asignándole autonomía funcional y económica.
  • Garantizar, junto a la Asamblea Legislativa, la asignación de recursos necesarios para que el Contralor pueda cumplir a cabalidad su misión.
  • Asegurar que todo jefe de agencia, alcalde, los funcionarios de confianza y los que se relacionen con los procesos de compra, subastas y finanzas gubernamentales, reciban una orientación de la Oficina del Contralor, no más tarde de 60 días luego de ser nombrados.
  • Examinar, junto a la Rama Judicial, la posibilidad de crear un panel de jueces o salas especializadas para procesar casos de corrupción.
  • Presentar legislación para radicar acciones en los tribunales para recobrar una indemnización de triple daño por actos de malversación de fondos públicos.
  • Promover un compromiso de los candidatos del Partido Popular Democrático a la Legislatura de no utilizar sus poderes para revocar las decisiones de los tribunales y, ciertamente, no firmaré nunca una ley que pretenda hacerlo.
  • Realizar un análisis legal y constitucional para considerar el financiamiento público de las campañas políticas, reglamentar su duración y la creación de los comités de acción política.
  • Presentar legislación para aumentar el término prescriptivo de los delitos electorales y otros delitos que atenten contra la sana administración pública.
  • Crear la Escuela de Etica en el Servicio Público para los funcionarios gubernamentales y se requerirá educación continua en asuntos fiscales y de contratación. También introduciremos cursos de ética y valores en las escuelas.

Si el pueblo puertorriqueño me honra con su confianza, puede tener la seguridad total de que habré de ser fiel a esa confianza. Que jamás violaré lo que para mí es el lazo más sagrado que puede unir a seres humanos. Le empeño mi palabra que en mí tendrán una leal servidora que luchará con todas las fuerzas de su espíritu por darle a nuestro pueblo un gobierno que no solamente acoja sus aspiraciones y sueños, sino que sea un gobierno limpio, como limpio es el pueblo puertorriqueño.

© 2000 El Nuevo Día - Derechos Reservados

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