Sila promueve ley que detendría los ejercicios navales

miércoles, 4 de octubre de 2000

Por Leonor Mulero
El Nuevo Día

WASHINGTON - Convencida de que la ley federal existente permite acabar con los bombardeos en Vieques, la candidata a gobernadora por el Partido Popular Democrático, Sila M. Calderón, dio al gobernador Pedro Rosselló una alternativa para poner fin en 60 días a los entrenamientos de la Marina de Guerra en la Isla Nena.

Calderón proporcionó a Rosselló un borrador de posibles enmiendas a las regulaciones de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para poner fin, en 60 días, a los bombardeos en Vieques, bajo el amparo de la Sección 4 de la Ley para el Control de Ruido de 1972 y otros estatutos.

La Sección 4 de la referida ley señala que cada departamento, agencia o instrumentalidad de las ramas Ejecutiva, Legislativa o Judicial del Gobierno federal, que incluye a la Marina, que realice actividades generadoras de ruido, tiene que cumplir con la reglamentación promulgada por la Junta que regula la salud ambiental, según el borrador de enmiendas presentado por Calderón.

EL DOCUMENTO añade que la Sección 8 de la Ley Orgánica de 1917 -la Ley Jones- indica que las aguas costeras bajo el control del Gobierno de Puerto Rico se extienden hasta 10.36 millas desde la costa.

El abogado washingtoniano Richard Copaken dijo que la Sección 606 del Título VI federal, que autorizó fondos para las áreas insulares el 12 de marzo de 1980, confirmó que las aguas territoriales de Puerto Rico se extienden hasta 10.36 millas desde la costa. Eso se confirmó en la decisión del Primer Circuito de Apelaciones Federales de Boston en 1996, en el caso Pérez de la Cruz vs. Crowley Tolling & Transportation, agregó.

"La Junta de Calidad Ambiental tiene la autoridad para regular las actividades que causan contaminación de sonido en Vieques. Pero no lo han hecho", dijo Copaken.

Calderón propone que la JCA establezca estándares y requisitos para la eliminación de ruidos que se propaguen dentro de las aguas de Puerto Rico y sean potencialmente dañinos a la salud y al bienestar público, según la Ley 9 del 18 de junio de 1970 que establece la política pública ambiental en Puerto Rico.

LAS ENMIENDAS obligarían a la Marina a detener las prácticas que causen contaminación por ruido en las aguas de Vieques y Culebra. La idea es proteger la salud, la pesca, el turismo y las actividades recreativas de esas áreas.

Rosselló dice que las directrices presidenciales son la forma más rápida de conseguir la salida de la Marina de Vieques, en el 2003, luego de 90 días de bombardeos con municiones inertes en cada año. Ha retado a que le presenten una alternativa mejor.

"Estoy disponible para asistir en esta importante gestión. De no hacerlo usted, yo lo haré en los primeros 100 días de mi administración como gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dijo Calderón a Rosselló en carta del 30 de septiembre.

Copaken hizo viable un estudio que concluyó que los bombardeos desde barcos con cañones Mark 45 -con balas inertes o vivas- pueden dañar los pulmones y otros órganos humanos, especialmente en los niños, que naden en las playas del sureste de Vieques y el sur de Culebra mientras se realizan ejercicios.

ESOS ESTUDIOS están basados en investigaciones de la Marina y las fuerzas armadas noruegas. La JCA puede enmendar su reglamento para prohibir actividades que dañen la salud de niños en Vieques y Culebra, amparándose en las leyes federales de protección ambiental que hasta la Marina tiene que cumplir, dijo Copaken.

En su carta del 30 de septiembre al secretario de la Marina, Richard Danzig, Calderón dijo que Copaken informó a la Marina varias veces en agosto de 2000 de los resultados del estudio.

Copaken no convenció a la Marina de que por lo menos informara al público sobre los posibles efectos contra la salud que tendría el bañarse en las aguas de Vieques y Culebra, mientras se realizan los bombardeos. Contrario a lo que informó inicialmente el Departamento de Justicia a Copaken, en el sentido de que los bombardeos en Vieques habían cesado el 17 de agosto, los bombardeos siguieron hasta el 25 de agosto, como informó el diario The New York Times, según Copaken.

Calderón llamó la atención sobre la Orden Ejecutiva 13045 que Clinton emitió el 21 de abril de 1997, para proteger a los niños de riesgos ambientales contra su salud y seguridad. La Orden Ejecutiva señala que estudios han demostrado que los niños son más vulnerables a los riesgos contra la salud y la seguridad.

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