Un nuevo contrato social

lunes, 11 de septiembrre de 2000

Sila M. Calderón
Candidata a la gobernación PPD

EL PASADO lunes, 4 de septiembre, celebramos el Día del Trabajo. En esa fecha honramos a miles de trabajadores que con su esfuerzo han forjado un mejor país y con su ejemplo han concienciado a las presentes generaciones de la importancia de una clase laboral fuerte y vigorosa.

En el Día del Trabajo tuve la oportunidad de dialogar con diferentes líderes sindicales sobre las relaciones entre el Gobierno y la clase trabajadora. Estoy convencida de que este diálogo es fundamental para lograr un entendimiento cabal de los reclamos legítimos de todos los sectores.

Tuve la satisfacción de compartir e intercambiar ideas con un grupo de líderes serios, laboriosos y desprendidos, que desean poner a Puerto Rico por encima de cualquier otra consideración. Fui allí también a compartir sobre la necesidad de establecer en Puerto Rico un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que nos permita un mejor entendimiento, una mayor sensibilidad y una voluntad compartida entre todos los sectores de nuestra sociedad. El nuevo contrato que propongo está fundamentado en dos pilares:

1. Un cambio en la filosofía laboral, de manera que pasemos de la confrontación y la adversidad, a la cooperación y ayuda mutua entre el Gobierno y los empleados públicos.

2. Una verdadera sociedad entre el patrono y la fuerza laboral, para que aumente la productividad y competitividad de nuestras empresas, que a su vez logre mejores salarios y mejores beneficios para el trabajador.

Como alcaldesa de San Juan, he trabajado de cerca con las asociaciones bonafides. Todos nos hemos beneficiado de un clima óptimo de respeto, diálogo y colaboración, que ha sido decisivo en las relaciones entre el Municipio de San Juan y nuestros trabajadores. Deseo calcar esto idéntico para todo Puerto Rico.

Cuando comenzó la preparación del Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21, mi programa de gobierno, recabé la ayuda del movimiento laboral. Establecí con ellos, en distintas sesiones de trabajo, un diálogo franco que me llevó a conocer de primera mano sus recomendaciones. La dinámica laboral no es nueva para mí. Mi primer trabajo en el Gobierno de Puerto Rico fue como ayudante ejecutiva del secretario del Trabajo, Luis Silva Recio. Eran otros tiempos, cuando la confrontación era parte de las relaciones obreropatronales.

Hoy el país exige un nuevo trato en la relación entre el Gobierno y el sector obrero. Por encima de todo está el bien colectivo y el entendimiento cabal de que si cada sector trabaja con entusiasmo y patriotismo se producirán puntos de encuentro y, a su vez, propiciarán un nuevo clima social.

Fui a la reunión del pasado lunes a escuchar, pero también a compartir lineamientos generales de cómo mi gobierno tratará los temas que nos afectan a todos. En esa dinámica hice referencia a importantes temas traídos por los líderes obreros. Mi primera expresión fue respecto a la Ley de Sindicación del Sector Público (Ley 45). Favorezco que esta ley continúe vigente. Es claro que en su implantación ha fallado un ejercicio genuino de voluntad y de buena fe de parte del Gobierno central. Es imprescindible introducir enmiendas a la Ley 45 que propendan a mejorarla y a fortalecerla, compatible con la responsabilidad que tiene el sector público de rendir servicios a la ciudadanía.

Compartí con el liderato obrero sobre la necesidad de crear una Comisión de Estudio y Revisión de dicha ley. Esta comisión, cuya composición se hará en conversación con los gremios obreros, estará compuesta por oficiales gubernamentales y líderes obreros interesados en la sindicación, y hará recomendaciones de enmiendas a la ley, en un término de 90 días, luego de su constitución.

Un tema medular que tratamos también fue el de la privatización. La práctica indiscriminada de la privatización en los últimos ocho años ha sido una desgracia para Puerto Rico. Se ha salido fuera de control y nuestro patrimonio se ha vendido de manera escandalosa y desacertada. La venta de bienes e instalaciones públicas ha sido una política errada de la presente administración.

No favorezco la privatización indiscriminada y estoy determinada a ponerle un detente a esta práctica. En el futuro, de entenderse que algún programa gubernamental se debe de atender mediante procesos de contratación privada, procederé en diálogo y consulta con los diferentes sectores afectados. Así lo he hecho en San Juan, y el no vender los CDT y mantenerlos funcionando así lo confirma.

Tanto el sector privado como el público son instrumentos para el desarrollo económico del país, y para la promoción del trabajo y del recurso humano. Es imprescindible un clima de paz, de respeto y de apertura entre ambos. Puerto Rico tiene que estar por encima de todo. El liderato obrero, el Gobierno y el sector privado deberán hacer un esfuerzo enorme de mutua colaboración. Es importante que esto ocurra para nuestro futuro como pueblo. Yo brindo mi experiencia en ambos sectores, mi independencia de criterio, mi firmeza y mi voluntad para facilitar esta colaboración.

El pasado 3 de marzo de este año se celebró la Cumbre Social propiciada por el sector laboral. Participé en la cumbre y puedo dar fe de que allí se produjo una aportación valiosa y desprendida del movimiento obrero, y que se presentaron valiosas recomendaciones para el desarrollo social y económico de Puerto Rico. Esta cumbre trascendió las puertas de la dinámica laboral.

EL PROYECTO Puertorriqueño para el Siglo 21 ha integrado a nuestro programa de gobierno propuestas importantes discutidas y recomendadas en esta cumbre, en diferentes áreas programáticas. Para dar el seguimiento necesario a los acuerdos de la Cumbre Social, acojo la recomendación de que se cree un comité permanente entre el Gobierno y los organizadores de dicha actividad para asegurar la implantación de las recomendaciones.

El encuentro con distintos líderes obreros de Puerto Rico, precisamente en el Día del Trabajo, es el comienzo del camino hacia un Nuevo Contrato Social. Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizarles al liderato obrero, al sector gubernamental y al sector empresarial, un clima de respeto, diálogo y consenso, más allá de líneas partidistas, para el bien de todos los puertorriqueños.

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