Puede tratarse de sicosis colectiva, de datos malintencionados o, realmente, de que haya detrás de este misterioso caso la presencia de un grupo juramentado y decidido a guardar silencio hasta el final, a tal grado que habrían intimidado también a los eventuales testigos.

Ello podría explicar por qué siempre las personas que han aportado antecedentes en realidad no son los testigos directos, sino los "amigos de alguien que no puede hablar porque está amenazado de muerte". Incluso, algunas personas que se han contactado en forma anónima con "Crónica" también han mencionado que detrás de todo esto habría una especie de mafia obstinada en silenciar -exitosamente hasta el momento, si es que existe- a todo aquel que pueda saber algo.

Sin embargo, nada de ello está probado y la mayoría de las pistas que sigue la policía se deshacen como castillos de arena cuando les hincan el diente: se trata de puros comentarios o de personas deseosas de ayudar pero que, en realidad, no aportan elementos sólidos, sino chismes oídos de tercera mano.

En el plano netamente investigativo, ayer en la mañana el prefecto zonal de Investigaciones, Nils Villarroel, se reunió con la jueza Sepúlveda (a pedido de ella) por más de media hora, tras lo cual el alto oficial sólo indicó que se trató de un encuentro de "coordinación", sin entregar más detalles, aunque causó extrañeza el que el jefe regional de la policía haya acudido en persona al encuentro, puesto que ello no es usual.