Sábado 18 de Diciembre de 1999

Descifrar el enigma Matute Johns recae en sus hombros
Flora Sepúlveda, la juez de hierro

• La negativa de nombrar a un ministro en visita para el caso Matute evidenció el respaldo y confianza de sus pares en la labor de la magistrada.
• Casos como el asesinato de Elenita Yáñez -en que condenó a Juan Soto Campos a la pena de muerte- y el escándalo Bilbao estuvieron en sus manos.

La titular del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, magistrada Flora Sepúlveda Rivas, ya es conocida a nivel nacional. Su fama, sin embargo, no surgió de un día para otro a raíz de alguno de los conocidos casos que han llegado a su tribunal. Fue más bien un proceso en el tiempo que coincidió con la apertura del Poder Judicial hacia los medios de comunicación.

Ha sido una serie de investigaciones las que han hecho destacar a esta juez penquista, conocida en el foro de tribunales como la más acuciosa y hábil de las juristas en funciones. Sobresale su trabajo en los sumarios por el asesinato de la menor Elena Yáñez Roa en 1996, el bullado escándalo Serviu-Inversiones Bilbao en 1997 y ahora su labor en el complejo caso Matute Johns.

La juez Sepúlveda cumplió, el 2 de mayo último, 15 años de funciones en el Poder Judicial, ascendiendo a la categoría actual -de magistrada de juzgado asiento de Corte- en 1989. Además de dedicarse a las leyes, esta mujer madre de tres hijos abogados se ha desempeñado también como docente.

Una especie de "trampolín a la fama" fue el juicio por la muerte del contador y prestamista de Lota, Elliot Godoy Díaz, en 1996. No obstante esta causa se radicó en el tribunal lotino, la magistrada Sepúlveda tomó la competencia del caso cuando el principal sospechoso del crimen de Godoy, el delincuente común Cristian Gierke Correa, fue hallado muerto en Hualqui.

Las pericias policiales confirmaron que Gierke fue muerto en una especie de ejecución. Las numerosas diligencias decretadas por Sepúlveda nunca lograron aclarar el caso. En 1997, la Policía de Investigaciones trajo al despacho del tribunal a un ciudadano italiano, sindicado como el autor de los dos homicidios. La magistrada determinó en un plazo de cinco días que el inculpado no tenía nada que ver con los asesinatos.

La resolución que dejó al europeo en libertad por falta de méritos fue dictada en medio del que sería el juicio que catapultó a la juez Sepúlveda al reconocimiento nacional; el escándalo Serviu-Inversiones Bilbao. El caso Gierke, actualmente, se encuentra sobreseído.

Desde que en febrero de ese año fueran deducidas las querellas criminales patrocinadas por el estudio de Fernando Saenger, en nombre de los comités de allegados favorecidos con subsidios habitacionales, Flora Sepúlveda se dedicó casi en cuerpo y alma al sumario.

Fue en un plazo de semanas que la titular del Tercer Juzgado en lo Penal procesó por estafa a los socios de la constructora y a tres administrativos del Serviu de la Octava Región. Además de interrogar personalmente a los testigos -en ocasiones hasta por 10 o más horas-, la juez Sepúlveda se constituyó personalmente en oficinas y bancos para incautar los documentos que dieran pistas en la solución del caso.

La instrucción del sumario por parte de la llamada "juez de hierro" llegó a un fin abrupto cuando el estudio del abogado Saenger solicitó a la Corte de Apelaciones penquista la exclusividad de la magistrada.

El Pleno derivó la petición a la Corte Suprema, la cual designó a la ministra María Eugenia González para seguir con la bullada investigación que buscaba dar con el paradero de 2 mil millones de pesos en subsidios habitacionales.

Sin embargo, y en los días posteriores al nombramiento de la juez especial, Sepúlveda lanzó su última resolución, la que abrió de oficio dos procesos a partir de los antecedentes recabados en el de Inversiones Bilbao. Se trató de la causa relacionada con un diputado de la República por obtención fraudulenta de prestaciones fiscales y otra por asociación ilícita por el tema del Mercado Central de Concepción.

Mientras el juicio del llamado escándalo Serviu-Inversiones Bilbao continúa en tramitación, el que investigaba dineros del Congreso fue sobreseído y el de asociación ilícita parece estar durmiendo en el Cuarto Juzgado del Crimen después de un año de diligencias por parte del ministro en visita Arpelices Morales.

Pero la verdadera bomba fue la que detonó en 1998, cuando la magistrada Sepúlveda resolvió que el asesino de la niña Elena Yáñez Roa, Juan Zenón Soto Campos, debía morir ejecutado por un pelotón de fusileros de Gendarmería. Después de un polémico alegato ante la Corte de Apelaciones penquista, en voto dividido, una sala del tribunal de alzada rebajó a cadena perpetua la sentencia del Tercer Juzgado. Este fallo, con matices, fue confirmado por la Corte Suprema.