Medicina selectiva
Juan
Domínguez (aceprensa)
En diversos países se ha planteado recientemente la cuestión de si se
deben adoptar criterios generales para seleccionar a los enfermos que deben ser
atendidos, cuando no hay recursos suficientes para todos o el coste del
tratamiento es elevado.
Hace un año y medio, la Asociación Holandesa de Pediatría publicó un
informe en el que proponía a los médicos algunos principios sobre la atención a
bebes prematuros. En Holanda nacen anualmente unos trescientos de estos niños,
que necesitan cuidados intensivos prolongados para sobrevivir; la mayoría de
ellos mueren pese al tratamiento. La Asociación sugiere a los médicos que, al
decidir si continúan con los cuidados, tengan en cuenta la "calidad de
vida" que previsiblemente tendría el bebé si sobreviviere. E indica que el
especialista puede suspender el tratamiento, con el consentimiento de los
padres, previa consulta con un colega.
El caso de los prematuros fue discutido también en Dinamarca a
principios de este año, cuando el Comité nacional de ética recomendó que no se
reanimara a los bebés nacidos con menos de 28 semanas de gestación y menos de
un kilo de peso. El Comité argumentaba que la mitad de esos niños mueren antes
de un mes y que la quinta parte de los que sobreviven quedan con secuelas
neuropsicológicas. El ministro de Sanidad rechazó la propuesta, por considerar
que no se pueden fijar limites generales. Por otra parte, la OMS considera que
las condiciones mínimas para que sobreviva un niño prematuro son 24 semanas de
gestación y 500 g de peso.
Un poco antes, surgió la polémica en Dinamarca al saberse que varios
hospitales habían establecido limites de edad para proporcionar cuidados
intensivos a los pacientes aquejados de embolia o hemorragia cerebral. El
hospital de Frederiksberg, cerca de Copenhague, publicó su decisión de no
ingresar en la UCI ni dar rehabilitación a personas mayores de 71 años con esos
episodios. Después se supo, merced a una encuesta de las autoridades
regionales, que muchos otros hospitales hacen lo mismo. Esto no pudo menos de
provocar una amplia reacción de inquietud en Dinamarca, donde un quinto de la
población tiene más de 60 años. La Organización nacional de personas mayores
envió una carta de queja al Ministerio de Sanidad. En Frederiksberg justifican
la medida alegando que el hospital recibe de 300 a 400 casos anuales de derrame
cerebral, mientras que sólo dispone de diez camas en la UCI, lo que obliga,
dicen, a reservar esas atenciones a los pacientes más jóvenes, con familia a su
cargo y que podrían reincorporarse a la actividad laboral. Pero algunos
geriatras replican que lo acertado es decidir caso por caso, no según criterios
generales.
Un debate similar suscitó el año pasado en Gran Bretaña la decisión,
por parte de dos hospitales, de postergar a los fumadores al final de la lista
de espera para recibir cirugía cardiaca. El equipo quirúrgico de uno de los
centros expuso sus razones en el British Medical Journal: los fumadores tienen
menos posibilidades de sobrevivir y su convalecencia es más larga y costosa,
por lo que se debe dar preferencia a los otros enfermos. Esta opinión fue
contestada por otros cirujanos, mientras que el Ministerio de Sanidad se
inhibió, alegando que corresponde sólo a los médicos decidir en esos casos.
La escasez de recursos se manifiesta de modo especialmente agudo en
los trasplantes. En España hay cerca de 6.000 pacientes en espera de un órgano,
y no pocos mueren antes de recibirlo. Para no reducir las posibilidades de los
nacionales, a principios del año pasado el Ministerio de Sanidad dicto un
reglamento que excluye a los extranjeros de las listas de espera para
trasplantes, salvo situaciones excepcionales. Francia y el Reino Unido habían
tomado antes la misma decisión. En España, para que un extranjero tenga derecho
a que se considere su petición de un trasplante, debe probar que la operación
que necesita no se realiza en su país.
