Los médicos dudan de la utilidad
del testamento vital
Estados Unidos: nueva ley sobre la
autodeterminación del paciente
Según la ley sobre autodeterminación del paciente, que entró en vigor
en Estados Unidos el mes pasado, al ingresar en un hospital público el paciente
puede entregar a los médicos un documento en el que declare qué tratamientos
desea que se le apliquen y cuáles no en caso de pérdida de conciencia o estado
terminal. Esta disposición ha sido acogida con reserva por gran parte de los
médicos, que dudan de la utilidad del llamado testamento vital. Un
estudio publicado en The New England Journal of Medicine (5-XII-91)
recoge las objeciones de los profesionales sanitarios. Los autores son un grupo
de médicos, abogados y otros especialistas que pertenecen al Hastings Center
(institución dedicada a los estudios de bioética), a diversas universidades o a
otras organizaciones.
La ley aconseja, pero no impone a los pacientes que hagan el testamento
vital, el cual es de obligado cumplimiento para los médicos. Por otra
parte, tales declaraciones no tienen por qué consistir en una renuncia a
recibir tratamientos en caso de enfermedad incurable: el paciente puede también
exigir que se haga todo lo posible para prolongar su vida.
Muchos médicos, según el estudio mencionado, dudan de la utilidad y
validez de esas declaraciones pues sostienen que los pacientes no pueden
realmente prever cuáles serán sus preferencias en caso de enfermedad grave.
Además, la gran mayoría de las personas saben poco de los procedimientos que
existen para prolongar la vida. Esto hace que sus decisiones por anticipado
tengan poco valor. Un médico podría encontrarse obligado a cumplir
disposiciones manifiestamente inadecuadas, dictadas por un paciente que no
había previsto la eventualidad efectivamente surgida. El problema ético sería
especialmente agudo si el enfermo hubiera quedado incapaz de decidir. Algunos
Estados reconocen expresamente el derecho del médico a la objeción de
conciencia en tales casos. Por su parte, algunos médicos sostienen que, en esas
situaciones, debe prevalecer el bien del paciente sobre las decisiones previamente
tomadas por éste.
Otro inconveniente es que las instrucciones dejadas por el enfermo no
pueden sino ser imprecisas. Así, todo testamento vital requiere una
interpretación auténtica, que no es posible cuando el declarante ha perdido sus
facultades. Para solventar esta dificultad, la ley permite que el paciente
designe un apoderado para que decida en su lugar si él no es capaz. Pero los
médicos creen que también el apoderado puede interpretar erróneamente la
voluntad del paciente, por lo que sus decisiones no tienen necesariamente un
especial valor, Asimismo, señalan que un apoderado, armado con su poder legal,
podría tomar decisiones contrarias a las instrucciones del paciente.
A pesar de sus inconvenientes, los autores del estudio se manifiestan
a favor del testamento vital. En su opinión, aunque es un instrumento
imperfecto, no hay otro mejor para garantizar el respeto a la voluntad de los
pacientes. Aun así, reconocen que la aplicación de la ley puede acarrear graves
problemas. Uno de ellos sería que los hospitales, a fin de evitar demandas por
incumplimiento de los deseos de los pacientes, transformaran la información
previa al ingreso en una engorrosa entrevista para rellenar minuciosos e
interminables formularios. Los centros sanitarios, entonces, encargarían de esa
tarea al personal administrativo, para no robar tiempo a los médicos, lo que no
favorecería la confianza de los pacientes en las verdaderos responsables de su
tratamiento.
Los autores proponen que ese acto y, en su caso, la discusión del testamento
vital, sea sólo una fase de la continuada relación que el médico ha de
tener con el enfermo. Pero hay médicos que piensan que, entonces, el testamento
vital no añade más que nuevos problemas al modo tradicional de llevar esa
relación.
