El carácter del gobierno de Pastrana se ha puesto en evidencia con el tratamiento a los conflictos sindicales. Durante el gobierno de Samper, debilitado por su crisis política, la burocracia sindical se acostumbró a anunciar o realizar paros de protesta y movilizaciones controladas que culminaban en comisiones de “concertación”, donde iba cediendo las conquistas históricas de los trabajadores a cambio de pírricos aumentos salariales o aplicación paulatina de las medidas. Con Andrés Pastrana hubo un cambio de calidad. Respaldado directamente por el imperialismo yanqui, apoyado en la votación más alta que hubiera obtenido candidato presidencial alguno, y el compromiso explícito de las FARC a adelantar las negociaciones de paz, Pastrana cerró las puertas a la burocracia sindical. Fue así como el Paro Estatal de octubre del '98 culminó con una declaración unilateral del gobierno donde no se comprometía a nada, en cambio los trabajadores debieron reponer el tiempo no laborado. El paro del magisterio de abril del '99 contra el Plan de Desarrollo culminó con una grave derrota del gremio (ver artículo). Sobre la base de esta derrota el gobierno aceleró la implementación de las medidas del Plan, uno de cuyos ejes es culminar la privatización de las entidades estatales, en lo inmediato todas las relacionadas con el sector financiero como bancos de primer y segundo nivel, fiduciarias y aseguradoras.
Que este aspecto del Plan va en serio quedó demostrado con la liquidación fulminante de la Caja Agraria, banco estatal de fomento agrícola y ganadero, que fue cerrado el viernes 25 de junio, mediante un decreto presidencial, sus acreencias puestas bajo responsabilidad del estado y sus 7.768 trabajadores despedidos, dando sepultura a una de las organizaciones sindicales más fuertes del sector estatal, dirigida hegemónicamente por el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (Moir), ala reformista del maoísmo.
La Caja Agraria había existido durante 52 años y era la principal entidad que concedía crédito a los campesinos pobres; en muchas poblaciones pequeñas era el único banco que existía. Como parte de la campaña gubernamental para justificar su liquidación, el Contralor de la República publicitó un informe donde demostraba que la entidad no era viable debido al desgreño administrativo y a la corrupción de los altos funcionarios, declarando que a la Caja no la habían quebrado los asaltos de la guerrilla –-eran frecuentes los saqueos de sus oficinas por parte de las FARC—-, ni los derechos de los trabajadores, sino la corrupción. A pesar de ello la solución fue liquidar las conquistas laborales.
El mismo banco bajo el nombre de Banco Agrario, fue reabierto el lunes siguiente y todos sus empleados contratados a una empresa de servicios temporales, que fueron vinculados bajo el nuevo régimen laboral, muchos de ellos trabajadores de la Caja.
La reacción de la burocracia sindical a esta medida dictatorial fue pusilánime. Se limitó a declaraciones de prensa, una frágil jornada de protesta y a exigir “explicaciones” al gobierno, anunciando su retiro del Comité Temático de las negociaciones de paz con las FARC. La única orientación que recibieron los trabajadores de la entidad liquidada por parte de su dirección sindical fue interponer recursos jurídicos como la “tutela” –mecanismo instaurado con la Constitución del '91.
El Moir por su parte, en lugar de emplazar al conjunto del movimiento sindical y campesino y convertir la defensa de la Caja en eje de un movimiento nacional de protesta llamó a la “desobediencia civil”, la misma orientación que dio la dirección de la Federación Colombiana de Educadores a los maestros para enfrentar la aplicación del Plan del “Fujimori” Pastrana.
Así, la dirección sindical hizo pasar a los trabajadores de la “concertación” al desconcierto.
La situación mundial adversa para los trabajadores se pone en evidencia con el creciente poder del imperialismo y su intervención directa —económica, política y militar— en diferentes lugares del planeta. Una expresión cualitativa de esta tendencia son los genocidios teledirigidos contra Irak y Yugoslavia, que le han devuelto la capacidad ofensiva en el terreno militar. En ese marco avanza velozmente la semicolonización en todo el mundo. Colombia no es la excepción.
El modelo económico impuesto con la Constitución de 1991, institucionalizó una economía abierta al capital imperialista en todos los terrenos. No hay rama de la producción que esté protegida contra la inversión de los monopolios imperialistas. En su disputa por mercados se ha asistido a la rapiña entre capitales españoles, ingleses, canadienses y norteamericanos por saquear todo lo que sea rentable. Primero fueron la entidades productivas del estado, como la generación y distribución de energía eléctrica. Simultáneamente se inició la privatización de los servicios de salud y fondos de cesantías y pensiones. También fueron atacadas las telecomunicaciones, abriendo la competencia contra la estatal Telecom, introduciendo el sistema de telefonía celular privado y repartiendo el país en zonas de influencia. Más tarde fue el florecimiento de canales nacionales y regionales de televisión privada y su emisión por cable; después se introdujo la suscripción a señal codificada vía satélite. En la explotación de hidrocarburos se ha buscado debilitar el rol monopólico de la Empresa Colombiana de Petróleos, reduciendo su participación en las utilidades, en las asociaciones con capital extranjero, del 50% al 30%.
Mientras tanto se ha tratado de reorientar la producción nacional hacia el mercado externo y la inversión estatal se ha destinado a facilitar este proceso, como en la adecuación de vías, puertos marítimos y aeropuertos, al tiempo que se los privatiza. La legislación laboral flexibilizó la contratación de mano de obra, para hacer más atractiva la extracción de plusvalía directa. Mientras tanto se limita la legislación que protege los recursos naturales, como la biodiversidad, haciendo inocuas las normas de protección ambiental y de respeto a los derechos de las comunidades indígenas asentadas en territorios ricos en minerales.
Se modificó además una norma constitucional que permitía al estado la expropiación por vía administrativa “por razones interés social” y ponía nerviosos a los inversionistas extranjeros, a pesar de que nunca se había aplicado.
Pero este proceso de injerencia directa en los planes económicos no sería posible sin su equivalente en el terreno político y militar. Y es allí donde se ha incrementado la intervención del imperialismo.
Ante la imposibilidad de justificar ideológicamente su intervención en los países semicoloniales con el argumento del combate al “peligro comunista”, el imperialismo mundial ha desplegado una nueva ideología: la protección de los “derechos humanos”, la “democracia” y el castigo a los “crímenes de lesa humanidad” y los “delitos internacionales”, entre los que incluye al narcotráfico. A este último lo cataloga como un “peligro inminente”, pues EE.UU. es el principal consumidor mundial de estupefacientes, colocándolo como prioridad en la agenda de sus relaciones con Colombia.
Uno de los objetivos que se ha propuesto el Departamento de Estado yanqui es liquidar al sector de la burguesía semicolonial que se ha formado alrededor de esta rama de la producción e impedir el surgimiento de un “nacionalismo” mafioso, que pueda obstaculizar sus planes de semicolonización, como ocurrió con García Meza en Bolivia o Noriega en Panamá. La intervención de los embajadores yanquis ha tenido como eje exigir la sumisión a la “guerra contra el narcotráfico”. Durante el gobierno de Samper fue notoria la intervención descarada de Myles Frechette quien llegó a adquirir el mote de “Virrey”. Frechette fue el gestor de múltiples maniobras, que incluyeron anuncios de golpe de estado, para lograr la capitulación de Samper. De esta manera el imperialismo lo obligó a romper sus acuerdos con el Cartel de Cali e impuso la captura de los principales capos. Ahora con Pastrana logró la reforma de la Constitución Nacional, eliminando la prohibición expresa de extradición de nacionales, y exige que la nueva norma se aplique con retroactividad para juzgar a los miembros del Cartel bajo la imperialista legislación yanqui.
Después de esta victoria, la atención norteamericana se centró en la erradicación de cultivos, tropezando con la resistencia del campesinado que vive de la siembra y recolección de la hoja de coca. Esto provocó movilizaciones agrarias multitudinarias como no se veían desde los años 70, detrás de las cuales estaba el respaldo militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controla estos territorios de colonización y los utiliza como santuario. Sus finanzas dependen fundamentalmente de las cuotas que impone a ganaderos y terratenientes y a todo el proceso de producción de narcóticos. Esta es la razón por la que burguesía y el imperialismo intentaron acuñar el término de “narcoguerrilla”.
Ante los continuos descalabros del ejército, que ha perdido centenares de soldados en los enfrentamientos con la guerrilla y ha sido incapaz de frenar su crecimiento y fortalecimiento militar, el imperialismo llegó a la conclusión que la batalla del narcotráfico sólo se podía ganar en las mesas de negociación con las FARC. Basado en esta definición política respaldó la elección de Andrés Pastrana, miembro del ala más pro imperialista de la burguesía, e inició negociaciones directas con las FARC. Aunque insiste en presentarse como mediador, el rol del gobierno yanqui en Colombia es similar al cumplido en Centroamérica, el Medio Oriente o Irlanda.
Como símbolo del firme acuerdo entre Clinton y Pastrana, este último fue recibido después de su posesión con todos los honores protocolarios de una visita de estado, deferencia que no se concedía a un presidente colombiano hacía más de cuarenta años. A partir de allí funcionarios yanquis de todos los niveles vienen continuamente a supervisar la situación económica y el proceso político, interviniendo abiertamente en los asuntos internos del país. El locuaz Frechette fue remplazado por el gélido Curtis Kamman, quien conscientemente mantiene un bajo perfil público a medida que la intervención es más desembozada.
En los últimos meses se hizo presente Janet Reno, la Fiscal norteamericana, a darle reconocimiento al generalato de la policía por su persecución a los narcotraficantes y a brindar respaldo económico a sus acciones.
De otro lado, es sabido que alrededor de 200 asesores militares se encuentran en el país, como instructores y operadores de equipos de alta tecnología, en particular radares de detección contra vuelos ilegales.
El Fondo Monetario Internacional fiscaliza directamente la aplicación de sus recetas y la visita más reciente de sus asesores coincidió con medidas de choque en el sector financiero, como la liquidación de la Caja Agraria y la devaluación en del peso.
La fidelidad perruna de la burguesía colombiana con las orientaciones imperialistas se evidenció con la reelección de César Gaviria como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el momento en que se recrudece el cerco comercial contra Cuba y se discute la creación de una fuerza militar multinacional de intervención en los países al sur del Río Grande “cuya estabilidad democrática se encuentre en peligro”. Gaviria, mentor de la Constitución del 91 y el acuerdo de paz con el M-19 y otros grupos guerrilleros menores, fue el adalid de la imposición del modelo neoliberal en Colombia y ejecutor de la primera parte de la contrarreforma laboral aplicada contra los trabajadores colombianos, que ahora Pastrana pretende culminar.
La amenaza militar contra Colombia no es un simple chantaje. Hace un tiempo Alberto Fujimori anunció la militarización de la frontera con el Perú en un encuentro en EE.UU. Otro tanto hizo el gobierno ecuatoriano argumentando incursiones de la guerrilla colombiana en su territorio y Hugo Chavez, mandatario venezolano, utilizando una retórica nacionalista, ha sido enfático en afirmar que no permitirá la desestabilización de la frontera. Pero lo más grave fueron la declaraciones de Charles Wilhem, comandante de las bases yanquis en la Zona del Canal de Panamá quien, ante la presencia de un centenar de campesinos colombianos desplazados por la violencia paramilitar en el Golfo de Urabá, afirmó que Panamá no estaba en capacidad de enfrentar la amenaza guerrillera colombiana y esa sería una razón para extender la permanencia de tropas yanquis en la frontera. De esta manera se anuncia un “cordón sanitario” militar en torno a Colombia, como garantía de que las negociaciones culminarán con la capitulación de la guerrilla.
Pero donde la presencia imperialista ha sido más burda es en el proceso de negociaciones de paz con la guerrilla. Funcionarios del Departamento de Estado iniciaron negociaciones secretas con las FARC con el pretexto de gestiones humanitarias para obtener la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos por la guerrilla. Después se ha puesto en evidencia que eran los primeros acercamientos oficiales para un proceso de más largo aliento. Tanto es así que, a pesar de la muerte de tres indigenistas norteamericanos a manos de uno de los destacamentos de las FARC, los contactos no se han suspendido en ningún momento. Un grupo de parlamentarios demócratas yanquis se entrevistaron con los negociadores de la guerrilla y se comprometieron a respaldar el proceso de negociaciones.
Tal vez la visita más escandalosa, por que pone al desnudo que lo que se negocia no es una plataforma para revolucionar la estructura social del país sino intereses más mezquinos, ha sido la que hizo Richard Grasso —presidente de la Bolsa de Nueva York, el principal mercado de acciones del mundo— a los comandantes de las FARC, para hablarles de las bondades del capitalismo “globalizado” y lo promisorio que sería un acuerdo de paz para la economía capitalista colombiana. Esta visita fue gestionada por el propio Pastrana y su Ministro de Economía fue el traductor oficial, con la presencia del Alto Comisionado de Paz, Victor G. Ricardo.
También el imperialismo alemán interviene en la rapiña. Esta es la razón por la cual ha dado respaldo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en sus negociaciones. Este proceso no ha estado exento de oscuras transacciones en las que han intervenido desde espías aventureros, como es el caso de los esposos Mauss, obispos mediadores de secuestros, hasta altos exfuncionarios de estado, como Bern Schmidbauer.
La disputa interimperialista convierte al territorio colombiano en un campo de batalla económico, político y militar. De este enfrentamiento la principal víctima es la autodeterminación nacional, que el imperialismo dice defender en Kosovo pero vulnera en todo el mundo. Este avance en la semicolonización del país sólo se podrá enfrentar con una política antiimperialista e internacionalista que empiece por levantar la consigna de no pago de la deuda externa, expropiación de las multinacionales, ruptura de los pactos políticos y militares con el imperialismo y suspensión de su injerencia en las negociaciones de paz.
S. M.