La desocupación sigue siendo uno de los grandes problemas de la economía local argentina; por razones bien entendibles, es uno de los principales motivos de preocupación de la gente, todo lo que obliga a buscar nuevas formas de estimular la creación de puestos de trabajo.

En un reciente reportaje el ministro de Economía, Roque Fernández, sostuvo, además, que la desocupación difícilmente baje de los niveles actuales en lo inmediato.

Ultimamente se agregó el efecto de la crisis externa, que impacta en forma directa a través de la reducción en la demanda de exportaciones y el aumento de la presión de las importaciones y por el encarecimiento del financiamiento disponible para las empresas. Si bien las autoridades económicas sostuvieron en más de una oportunidad que esta crisis no afectaría la economía argentina, existen ahora numerosos indicios de que está teniendo impactos negativos en el nivel de actividad y en el empleo.

Uno de ellos está vinculado con la necesidad de reducir el impacto de la crisis externa mediante un monitoreo cuidadoso de la competencia desleal en las importaciones. Igualmente es indispensable contar con mecanismos más amplios y eficaces para promover las exportaciones. El hecho de que la cuenta corriente haya registrado en el primer semestre del año un déficit de 5.717 millones de dólares, un 52% superior al del mismo período del año pasado, es revelador de las urgencias existentes en el sector externo.

Diferentes evaluaciones muestran, a su vez, una desaceleración en la producción y el consumo y un aumento de los costos financieros que, indudablemente, están teniendo impacto sobre el empleo.

Observemos ahora que pasa con la "panacea" que se intentó vendernos con las famosas AFJP

El Gobierno salió a pedir a las mismas un "salvavidas financiero" consistente en comprar la mitad de los fondos que deben recibir por los futuros aportes de los afiliados, que suman 4000 millones anuales, pagando una tasa de interés que oscila entre el 11 y el 12% anual.

Es decir: el salvavidas financiero que salió a pedir el Gobierno a las AFJP no hace más que confirmar un fenómeno evidente: el régimen de jubilación privado se convirtió en una fuente de financiamiento cautiva para las necesidades del Fisco.

Desde que entró en vigencia el régimen, en agosto de 1994, las AFJP quedaron autorizadas a invertir en títulos públicos hasta un 50% de los fondos que administran. Y desde entonces, pese a que la decisión es absolutamente voluntaria, sus colocaciones en esos papeles siempre arañaron el límite permitido. Al 31 de agosto, por ejemplo, un 47% de los fondos estaban colocados en esa alternativa de inversión.

Dicho de otra forma: la contribución de los fondos de pensión al desarrollo del mercado de capitales de la Argentina quedó acotada a la mitad por culpa de los apremios fiscales de la administración nacional.

Si las condiciones económicas y laborales se mantienen, si el trabajo continúa haciéndose informal e inestable, si el porcentaje de población en edad activa sigue disminuyendo, la situación -por la disminución de aportes- se volverá muy complicada en todo el mundo y en particular en nuestro país.

Por eso estamos obligados a señalar:

* Los haberes están congelados hace más de seis años.

* Más de 800.000 jubilados de escasos recursos perdieron esta década las rebajas en los servicios públicos. Los subsidios pasaron a engrosar los abultados márgenes de ganancias de las empresas privatizadas.

* El régimen previsional fue deliberadamente desfinanciado para difundir su supuesta "inviabilidad" a favor de los sistemas privados de capitalización, que no ofrecen seguridad para los ahorristas, como se demostró al perder gran parte de sus aportes por una crisis en las bolsas asiáticas.

* Se creó por decreto (1994) y luego a través del Congreso (marzo del 95) la Ley de Solidaridad Previsional, que se destaca por tres aspectos: limita con cuentagotas el pago de juicios, elimina de cuajo todo aumento y ubica al jubilado en la categoría de "kelper". La ley fue declarada insconstitucional en reiterados fallos, sin que nada variara.

* La Justicia, donde la Cámara Federal de Seguridad Social es una de las garantías en la defensa de sus derechos que tienen los jubilados, acumula, bajo la sombrilla de la Ley de Solidaridad, el pago de 120.000 juicios, algunos ganados desde hace muchos años.

* Existe un crecimiento del costo de vida desde la aplicación del plan de convertibilidad del 64 por ciento, una suba de los servicios públicos del 89 por ciento y un aumento de los medicamentos del 555 por ciento.

Entre miles de incógnitas, la enigmática Argentina del futuro tiene algunos pocos datos firmes. Uno de ellos es que el número de personas de más edad crecerá mucho más que los restantes sectores de la sociedad. No hay que ser mago para comprender que con las actuales políticas vigentes están condenados a la pobreza y a la marginación. Devolverles su rol en la sociedad, y sobre todo buena parte de la dignidad que les han sacado sin permiso, es el mejor punto de partida de un camino que se perfila largo y difícil. Sobre todo si las decisiones de fondo sobre la vida de las mujeres y hombres de más edad las siguen tomando al ciento por ciento los economistas.

Lo más impactante, sin embargo, es el nivel de disminución de aportantes al sistema. Porque en 1994 aportaban 4,6 millones, sin contar los 500.000 empleados públicos provinciales que a partir de 1995 fueron transferidos al régimen nacional.

Esta situación da como resultado otro dato preocupante, cual es el correspondiente a la relación activos/pasivos. Porque en tanto el sistema se equilibra cuando hay una proporción mínima de 3 a 1, en la actualidad esa relación es de apenas 1,3, lo que indica que hay casi tantos jubilados como trabajadores activos.

Los impactos actuales y futuros de esta situación son muy graves. Por una parte, implican el desfinanciamiento crónico del sistema previsional, con las consecuencias negativas de magras jubilaciones para los pasivos actuales. Por el otro, significa que, en los próximos años, las familias y el Estado deberán afrontar, de una manera u otra, los costos que suponga sostener las necesidades básicas de la población pasiva que no tenga ninguna cobertura. Trasladar los problemas hacia adelante no es una medida acertada, porque el ahorro actual revertirá en mayores gastos futuros.

Seguramente todos recordaremos una frase que escuchamos de boca de más de un economista y político que, cual verdad revelada, han afirmado que primero hay que agrandar la torta para luego poder repartirla más justamente. La evidencia empírica recogida durante los años de la convertibilidad no convalida tal afirmación: la torta se agrandó, pero no se repartió en forma más justa o equitativa.

En este sentido, es oportuno recordar que un pensador del siglo pasado opinaba en cuanto al reparto de la torta, que más importante que el tamaño de ésta era el tamaño de la cuchara con la que uno pensaba acometerla.

Hace poco, un experto previsional que conoce en detalle los sistemas vigentes en el mundo escuchaba de tres políticos europeos una definición contundente. "Lo que en la República Argentina se hace con los jubilados puede tener éxito en términos de las necesidades económicas, pero en Europa sería impracticable, porque la sociedad, los gobiernos y la opinión pública no lo permitirían por razones morales y culturales"

Y en nuestro país, y en este tema, nadie podrá desmentirnos si afirmamos que lamentablemente ese experto tiene razón, sino que, por añadidura "llueve para arriba" .

Y una advertencia más: Con sensatez y firmeza le decimos a quienes procuren nuestro apoyo político: no respaldaremos con nuestro voto a quienes no asuman en plenitud el compromiso de resolver las necesidades y respetar los derechos del pueblo -jubilados y trabajadores-, y seremos celosos custodios del cumplimiento de ese compromiso.

No olvidamos ni olvidaremos quienes son los que congelaron nuestros haberes.