EL CASO CONCRETO DE LAS PRIVATIZACIONES EN LA ARGENTINA
(Segunda Parte)
Hace un año el PARTIDO DE LA LIBERACION (PL) presentó en el Seminario Internacional de Partidos Marxista-Leninistas realizado en Bruselas, Bélgica, un informe del Comité Central sobre las privatizaciones en nuestro país. El mismo despertó interés entre los delegados de diversos partidos, lo que nos alentó a publicarlo en "Cuadernos Revolucionarios" nº 22 (mayo de 1996).
Le hemos pedido al camarada Sergio Ortiz, Secretario General del P.L., una Segunda Parte sobre las privatizaciones, que actualice con más información y conclusiones políticas sobre la situación creada a lo largo de 1996 y lo que va de 1997. Este es su informe.
1.- LOS MONOPOLIOS GANADORES.
El proceso privatizador impulsado por Carlos Menem al asumir el gobierno en 1989 tomó como base "jurídica" la ley marco nº 23.696 de Reforma del Estado. Esta norma fue votada en el Congreso incluso por diputados que hoy dicen ser opositores, como el líder del Frepaso, "Chacho" Alvarez.
La primera privatización fue la de ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), a principios de noviembre de 1990, y la segunda fue Aerolíneas Argentinas, a fines de igual mes y año. Entusiasmado por esas operaciones, el gobierno de Menem afirmó el 13 de noviembre de 1991 que en el plazo de un año se concluiría con todo el proceso privatizador.
La fecha de finalización no se pudo cumplir. En algunos casos porque hubo mayor resistencia de los trabajadores y en otros porque la pugna intermonopolista por adueñarse de los activos a transferir fue feroz y se llevó a la justicia, con las consiguientes demoras. Estamos en abril de 1997 y el menemismo aún brega por privatizar los 59 aeropuertos, las centrales nucleares, el Banco Hipotecario Nacional, la represa de Yacyretá y buena cantidad de empresas y bancos provinciales.
Esas demoras obedecen a que Menem choca con dos obstáculos.
Uno, y muy importante en el terreno político, es la oposición de la gente. Como señaló hace años el PARTIDO DE LA LIBERACION, en el pueblo se han desacreditado las políticas privatistas porque se vieron las consecuencias: altísimo desempleo, tarifas muy caras, corrupción y negociados.
Otro es que los proyectos de remate han sido demorados en el Congreso por las diferencias interburguesas y dentro del peronismo (entre el sector del presidente Menem y el del gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde). Hay que tener en cuenta también que la salida del gobierno de quien fue más de cinco años ministro de Economía, Domingo Cavallo, con denuncias políticas y judiciales cruzadas con el Poder Ejecutivo, también han complicado la antes rápida marcha privatizadora.
La apetencia de varios grupos monopolistas por adueñarse del Correo Argentino, hizo que Menem apelara a un decreto, pero se presentaron varias acciones judiciales en contra de que se privatice ese servicio clave sin pasar por el Parlamento.
Confirmando los datos que publicamos en mayo del año pasado en "Cuadernos Revolucionarios" nº 22, una revista semanal de distribución nacional afirmó ahora: "El balance general indica que desde que se traspasó la primera empresa pública a manos privadadas hasta fines de 1996, el Estado Nacional vendió 36 empresas, concesionó otras 16 y transfirió a provincias 5 más. Por estos negocios recaudó casi 10 mil millones de dólares cash, al tiempo que rescató títulos de deuda pública por otros 17 mil millones en valores nominales. Con todo, y con Plan Brady mediante, la deuda pública trepó de los 68 mil millones de dólares de entonces a los 96 mil millones que se calculan hoy" (Magazine Semanal, 30/3/97).
Uno de los grupos monopolistas nacionales que más creció fue Pérez Companc, que en el ejercicio cerrado en octubre de 1996 ganó 327 millones de dólares, 32 por ciento más que en el período anterior. Semejante ganancia viene de sus negocios petroleros y gasíferos, incrementados con la privatización de la petrolera estatal YPF y Gas del Estado, ya que se adueñó de más áreas petroleras, la mitad de la refinería San Lorenzo y de la bautizada Transportadora de Gas del Sur, donde está asociada al Citibank. Pérez Companc también ganó fortunas con la privatización telefónica, ya que por medio del brazo petrolero participa del consorcio encabezado por Telefónica de Argentina, y con su controlado Banco Río interviene en Telecom.
Un ejemplo del avance del capital extranjero aupado en las privatizaciones está dado por el Citibank norteamericano. Uno de sus jefes, William Rhodes, firmó en abril de 1992 el ingreso de Argentina al Plan Brady. El Citibank pasó a ser el primer banco extranjero en el ranking por depósitos en pesos y dólares (ocupa el quinto lugar nacional). Hay que tener en cuenta que el capital financiero local y trasnacional se ha concentrado como nunca antes: para agosto de 1996, los 15 bancos líderes habían copado el 68,2 por ciento de los depósitos. Y en ese lote privilegiado está el Citibank.
Pero además de cobrar enormes intereses por la deuda externa, el banco norteamericano hizo inversiones industriales. Conformó el Citicorp Equity Investment (CEI), que se convirtió en el sexto conglomerado industrial y de servicios del país. Entre otras empresas, se quedó con Celulosa Argentina (papel), Altos Hornos Zapla (siderurgia), la mayoría accionaria de Telefónica de Argentina (telecomunicaciones), el Hotel Llao-Llao en Bariloche, el 25 por ciento de Multicanal (televisión por cable) y otro tanto de Edelap (energía de la ciudad de La Plata), Sodigas sur y Pampeana (distribución de gas), etc. Todo este paquete nuevo vale 1.700 millones de dólares y el banco liderado por John Reed lo armó en pocos años beneficiado por el plan económico neoliberal.
Las extraordinarias ganancias de las dos telefónicas privadas se explica porque Menem les permitió aumentar el valor del pulso telefónico treinta veces antes del traspaso. Así lo explica el best seller de Horacio Verbitsky: "Al asumir Menem la tarifa era la más baja de la historia, u$s 0,0013 por pulso. Cuando la entregó a los licenciatarios había crecido por decisión política treinta veces, hasta u$s 0,038" ("Robo para la Corona", página 202).
Así fue que los dos holdings amasaron estas fabulosas ganancias:
LAS GANANCIAS TELEFONICAS
En millones de dólares
| Empresa | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 |
Teléfonica |
116 |
219 |
300 |
392 |
457 |
385 |
Telecom |
53 |
150 |
196 |
265 |
306 |
260 |
Ganancias totales de Telefónica en seis ejercicios: 1.869
Ganancias totales de Telecom en igual período: 1.230
Ganancias totales conjuntas: 3.099
A pesar de contabilizar tamaños beneficios, las dos telefónicas presionaron por nuevos aumentos tarifarios y el Poder Ejecutivo Nacional se los concedió en el pasado enero por decreto 92/97. Luego el diario de mayor circulación tituló "Las facturas telefónicas llegan con 50 por ciento de aumento" ("Clarín", 18 de marzo de 1997).
El "argumento" menemista para privatizar giró en torno a la "ineficiencia" de las empresas estatales. Pero éstas también habrían ganado buen dinero si se les permitía aumentar las tarifas como lo hicieron Telefónica y Telecom al hacerse cargo del servicio.
Las privatizaciones han sido un excelente negocio para los monopolios nacionales y extranjeros intervinientes. El investigador Daniel Azpiazu, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, analizó el efecto de las políticas aplicadas entre 1991 y 1995 sobre "la elite empresaria en la Argentina".
Azpiazu estudió las 200 empresas que más facturan en el país y en una síntesis adelantada en la prensa diagnosticó que "una decena de las firmas líderes obtuvo en 1995 beneficios por más de 2.500 millones de dólares y su rentabilidad fue del 20 por ciento sobre las ventas. Ocho de las diez más rentables participaron en el proceso de privatizaciones, cuyo rol decisivo en esta etapa está más allá de cualquier discusión" ("Página/12", 8 de diciembre de 1996).
Nótese que esos superbeneficios se lograron en el año del "efecto tequila", cuando los argentinos y otros pueblos latinoamericanos fuimos castigados con un ajuste más riguroso explicado en función de la "crisis internacional".
O sea que en tiempos de crisis algunos monopolios y grupos económicos muy concentrados hicieron sus mejores negocios de mucho tiempo.
2.- AUGE DEL DESEMPLEO.
El PARTIDO DE LA LIBERACION había denunciado en mayo pasado que el plan privatizador había expulsado medio millón de empleados públicos, fruto de la transferencia de empresas y del ajuste en el Estado.
Un editorial del matutino cordobés "La Voz del Interior" admitió el 17/7/96: "Cabe recordar, por otra parte, que de los 870 mil empleados públicos nacionales que había en 1989, quedan unos 230 mil".
La medición del desempleo lo realiza en nuestro país el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) mediante la Encuesta Permanente de Hogares, que se efectúa dos veces al año (mayo y octubre).
El estudio referido a octubre de 1996 arrojó una tasa de desempleo absoluto del 17,3 por ciento, a lo que hay que añadir otros 12 puntos de subocupación. Sumados significan que hay un 30 por ciento de la población económica activa (PEA) que no tiene trabajo o trabaja sólo ocasionalmente. Esto supone que 4 millones de trabajadores tienen dramas laborales, según las cuentas oficiales.
Hay economistas y sociólogos que manejan números más preocupantes. Claudio Lozano (asesor de ATE-CTA y directivo del Instituto del Estado y la Participación-Idep) afirmó que "en nuestro último estudio ubicamos en unos 7,1 millones de personas con problemas laborales, lo cual significa que el 50,8 por ciento de la PEA tiene problemas".
A lo largo de los seis años que tiene de vigencia el actual plan económico, antes con Domingo Cavallo y desde julio último con Roque Fernández, el desempleo casi se ha triplicado: pasó del 6 por ciento al 17,3 por ciento de la medición de mayo pasado.
Un cable de la agencia "Noticias Argentinas" graficó el problema en noviembre último: "Unas 336 personas perdieron sus trabajos por día en el país desde la implementación del plan de Convertibilidad en abril de 1991, lo que significa que en los 65 meses de este programa económico 654.000 obreros quedaron en la calle".
¡Y pensar que Carlos Menem y el Partido Justicialista llegaron a la Casa Rosada en julio de 1989 agitando las consignas de "salariazo" y "revolución productiva".
El desempleo provocado por las privatizaciones pauperizó las condiciones de vida de los trabajadores y anchas capas sociales, haciendo que la distribución del ingreso se hiciera aún más regresiva.
El Centro de Estudios Bonaerenses (CEB) afirmó en junio pasado que "el 10 por ciento más rico de la población se apropió en 1995 del 37,3 por ciento del total de la riqueza generada en la Argentina. Al 30 por ciento más pobre le correspondió el 8,4 por ciento".
El 10 por ciento más rico obtuvo un ingreso 22 veces superior al del 10 por ciento más pobre.
Esa acumulación de fortunas en un polo de la sociedad y de miseria en el otro está en la base del auge de luchas obreras y populares de los últimos años. Las mismas adoptan diferentes formas, por ejemplo se hicieron seis paros generales contra la administración Menem, hubo puebladas violentas en Santiago del Estero, Ushuaia, Córdoba y por dos veces en Neuquén.
En nuestra opinión el país puede estar ingresando en una situación revolucionaria, luego de vivir diez años en una situación prerrevolucionaria.
Lo ocurrido en estas semanas en Neuquén (entre fines de marzo y mediados de abril) está directamente ligado al desempleo provocado por las privatizaciones. Los pobladores de Cutral-Co y Plaza Huincul (provincia de Neuquén), cortaron diez días la importantísima ruta nacional 22 y la ruta provincial 17 con decenas de barricadas ardientes, pese a ser duramente reprimidos por más de 1.000 gendarmes enviados por el gobierno central y la policía provincial, que el 12 de abril mataron a la joven trabajadora Teresa Rodríguez. Las barricadas eran sostenidas por jóvenes "piqueteros" y "fogoneros", a quienes el gobierno menemista acusó de constituir una "organización subversiva" de izquierda y violenta.
No se puede separar la pueblada de Neuquén de la desocupación surgida de las entrañas de las privatizaciones. Ambas localidades neuquinas tienen una población total conjunta de 40.000 personas. Y las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado dejaron allí a 8.000 personas sin empleo.
El cura párroco del lugar, Luis Antonio Rodríguez, declaró al programa televisivo de Jorge Lanata, "Día D" (13/4/97), que "el 50 por ciento de la población de Cutral-Co y Plaza Huincul está desocupada".
Frente a esa situación, en junio de 1996 hubo en ese punto una primera rebelión popular. Como sus reclamos no fueron satisfechos, en marzo-abril de 1997 explotó una segunda rebelión. En la medida que prosigan el desempleo y la pobreza, habrá una tercera y una cuarta.
Por otra parte, el año pasado afirmamos que la concentración bancaria, en parte estimulada por la privatización de ocho bancos de provincia y el vaciamiento de varias entidades, había puesto a 9.000 empleados bancarios en la calle con la excusa del "efecto tequila".
A posteriori este problema se agudizó. La Agencia DYN informó el 19/1/97 que "la reestructuración del sistema financiero dejó un tendal de 16.000 empleados menos en los bancos que operan en el país, (el sector) pasó de tener 121.598 agentes a 105.342, lo que representa una disminución de 16.256 bancarios, un recorte del 13,37 por ciento en la dotación de personal".
La falta de trabajo ha desenmascarado la esencia injusta y explotadora del plan neoliberal y del sistema capitalista dependiente, de la dependencia del imperialismo, en especial el norteamericano, a la vez que arrancó al Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical las caretas "populistas" que usaron por décadas para confundir a los trabajadores, sobre todo el PJ.
El Frepaso, por su parte, coquetea igual que estos partidos con los mismos monopolios y banqueros, y sólo se limitó a pedir una sesión especial en Diputados para debatir el problema del desempleo, sin soluciones concretas.
Reiteramos, las masas populares han hecho una experiencia negativa directa con las privatizaciones. Por ejemplo, numerosas poblaciones quedaron incomunicadas al ser levantados todos los ramales ferroviarios de pasajeros de recorrido nacional, excepto los trenes bonaerenses.
3.- ENORME DEUDA EXTERNA.
Menem ostenta un ridículo récord latinoamericano. Cuando asumió el gobierno, la deuda externa argentina ascendía aproximadamente a 50.000 millones de dólares. Y pese a todos los pagos efectuados, hoy ha superado los 96.000 millones, previéndose que en el 2000 el "rojo" externo será de 120.000 millones, un 30 por ciento más que en la actualidad.
Esa es la previsión moderada de dos economistas al servicio de la gran burguesía representada en la Unión Industrial Argentina, como José Luis Machinea y Miguel Bein. Y decimos "ridículo récord" porque Menem vino pagando puntualmente la amortización del capital y los intereses de la deuda externa, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional.
Periódicas visitas del funcionario encargado del caso, Tomás Raichman, han puesto la lupa de la entidad presidida por Michel Camdessus sobre las cuentas argentinas. Los pagos han seguido esta cadencia en los últimos años, según la revista especializada "Carta Económica" y la infografía publicada por "La Voz del Interior" del 20/7/96 (ver infografía en la pág. anterior).
Además de abonar con dólares, nuestro país pagó con la cesión de las empresas públicas. Por esas privatizaciones, Menem rescató títulos de deuda pública por 17.000 millones de dólares a valores nominales, además de 10.000 millones en efectivo. Pese a ello, la deuda externa se duplicó, aumentando en vez de disminuir.
El círculo perverso de la deuda es: cuanto más pagamos, más debemos. Así lo advirtió el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro, apenas estallada en México en 1982 la crisis de la deuda externa latinoamericana.
Completando esa denuncia respecto a nuestro país, hay que decir que los acreedores externos, asociados a monopolios y banqueros locales, no solamente se adueñaron de palancas vitales de la economía, sumadas a las que ya poseían con anterioridad, sino que pasaron a determinar a su antojo las políticas internas.
Su receta fue y sigue siendo más ajuste, más privatizaciones, más pobreza, más flexibilización laboral y, por supuesto, más endeudamiento.
Destinar tantos recursos a la fraudulenta deuda externa, conlleva a negar partidas para los programas sociales, el presupuesto educativo y sanitario, etc.
El gobierno ha incumplido por dos años seguidos su obligación legal de aumentar un 20 por ciento el presupuesto para la educación, como lo pautaba la Ley Federal de Educación. Según el cálculo del titular del otro partido de la gran burguesía (UCR), Rodolfo Terragno, el gobierno menemista ha restado a la educación 7.090 millones de pesos al incumplir aquella ley.
Sacarle recursos a la educación y girarlos a los bancos neoyorquinos originó muchos reclamos de los trabajadores docentes.
Vienen en alza las huelgas de maestros y profesores primarios-secundarios-universitarios, que en lo que va de 1997 han protagonizado 3 paros generales.
En Neuquén, los docentes primarios nucleados en ATEN se mantuvieron de paro durante 35 días seguidos, reclamando contra las reducciones salariales. Esa huelga docente se relacionó luego con los cortes de rutas estratégicas en Cutral-Co y Plaza Huincul y desembocó en la violenta rebelión popular neuquina.
Es importante recalcar que la deuda externa revela una aguda dependencia financiera de Argentina como país capitalista dependiente.
El hecho plantea en forma nítida que el imperialismo yanqui es por lejos la potencia dominante respecto a otros competidores europeos y japoneses. La soga de la deuda la mantienen apretada en el cuello argentino los bandidos del Citibank, el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, colaborando "en el terreno" la embajada yanqui que cubrió primero Terence Todman y luego James Cheek.
La oposición burguesa de la Unión Cívica Radical y el Frepaso coinciden básicamente con el Partido Justicialista gobernante en que "hay que honrar" los compromisos internacionales. A lo sumo hablan de "concertar con los acreedores una reprogramación de los pagos" pero rechazan todo planteo de dejar de pagar la deuda o de declarar una moratoria unilateral como parte de un frente de países deudores.
La situación objetiva empuja hacia la confrontación con el imperialismo. Si se insiste en pagar este año la friolera de 14.820 millones de dólares (estimación de "Carta Económica") o 17.055 millones (cálculo de "Clarín" 14/11/96) se afectarán de tal manera las condiciones de vida de las masas que se las empujará al camino de la revolución democrática, popular y antiimperialista en marcha ininterrumpida hacia el socialismo.
Pero aparte de lo objetivo está pesando la mayor experiencia política y una conciencia más clara de los trabajadores y el pueblo. Por eso la segunda rebelión de Neuquén fue superior a la primera.
Ideológicamente hablando, los marxista-leninistas tenemos en Argentina la ventaja de que amplios sectores populares perciben con claridad qué es el imperialismo y su naturaleza expoliadora.
Resta plasmar eso en el plano político, dando una tónica antiimperialista explícita al conjunto de reivindicaciones obreras y populares inmediatas de "Pan y Trabajo", encabezándolas con la consigna de "No Pago de la Deuda Externa al Imperialismo".
El pueblo se está orientando a favor de una política antiimperialista como la propugnada por el PARTIDO DE LA LIBERACION y que en parte comparte un conjunto de organizaciones sindicales, sociales y políticas. Este sector va a crecer política y orgánicamente.
En cambio, sólo pueden cosechar repudio las políticas expresadas por el equipo económico y el gabinete menemista.
Recordemos que en el último Foro Mundial de Davos, Suiza, en enero pasado, el jefe de asesores del ministro de Economía, Carlos Rodríguez, declaró textualmente: "no vinimos a vender ningún papel (título), vinimos a vender la Argentina". Tanto Rodríguez como su jefe Roque Fernández son Chicago Boy’s, adherentes a la reaccionaria escuela monetarista de Chicago de Milton Friedman.
4.- COMPLICIDAD DE LA BUROCRACIA SINDICAL.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Rodolfo Daer, es al mismo tiempo secretario del gremio de la Alimentación. Mientras en la CGT hace gestos "pour la galerie" contra la flexibilización laboral, en su gremio firmó un convenio que contempla esa flexibilización y hasta el trabajo de menores, para satisfacción de Nabisco, Danone, Arcor, Molinos y otros pulpos del sector alimentos.
Armando Cavalieri, otro dirigente de la CGT, conduce el gremio mercantil. Ya había firmado con la cámara de supermercados un convenio laboral esclavista que hace trabajar 12, 13 y hasta 16 horas diarias, incluyendo los días domingos, a los empleados de Carrefour, Wal Mart, Disco, Norte, Coto, etc.
Recientemente suscribió un convenio similar, de flexibilización laboral, con la patronal de CAME, que afectará las condiciones de trabajo de 1.700.000 empleados de comercio en todo el país. Cavalieri firmó ese pacto en el preciso momento que la CGT decía protestar contra los tres decretos de flexibilización laboral firmados por Menem a instancias del empresarial "Grupo de los 8" y especialmente la Unión Industrial Argentina.
José Rodríguez es el secretario vitalicio del SMATA (mecánicos). Firmó el primer convenio de flexibilización laboral con la Fiat y General Motors, que permite a las patronales superexplotar a los obreros y pagar sueldos mensuales de 450 dólares.
El salario pactado es de 2 dólares la hora, 40-50 por ciento menos que lo percibido por los obreros de los establecimientos que siguen pagando según el convenio normal del SMATA. El pacto Fiat-SMATA prevé que la empresa italiana donará 20.000 dólares mensuales "a fines culturales", que se entregan al mencionado Rodríguez.
Esta es apenas una mínima parte de los beneficios que las burocracias sindicales reciben de los monopolistas por su acción de cómplices en la explotación de los mecánicos.
El anterior secretario general de la CGT por el gremio de la construcción, Gerardo Martínez, y el actual miembro del consejo directivo de la CGT por el de la sanidad, Carlos West Ocampo, siguen integrando el directorio de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones Privadas (AFJP) "Claridad". Los dos sindicatos tienen en total 25% del paquete accionario de la empresa, hegemonizada por la ITT-Hartford de Estados Unidos y dos bancos de Córdoba.
La Federación nacional de Luz y Fuerza (FATLYF) dirigida por el ex ministro de Trabajo del gobierno de Raúl Alfonsín, Carlos Alderete, y el sindicato Capital liderado por Oscar Lescano, ex secretario general de la CGT, están de acuerdo con las privatizaciones y actúan como una empresa. Por ejemplo, formaron la AFJP "Futura", una empresa de turismo, etc. Y, más aún, se presentan aliados a capitales privados tratando de adueñarse de las centrales eléctricas que se privatizaban. Ya se hicieron propietarios de catorce centrales en el Noroeste, el Litoral y la Patagonia.
La Fatlyf había acordado inicialmente con la privatización de la Empresa Social de Energía de Buenos Aires (ESEBA) lanzada por el gobernador Duhalde. Luego hizo algunas críticas a la forma de subdividir esa empresa en varias unidades de negocios de Generación, Distribución y Transporte, pero su posición privatista está intacta.
ESEBA factura anualmente 650 millones de dólares y tiene 1,3 millón de clientes. Su privatización ya está en marcha, comenzando por poner la Distribución en manos de una empresa yanqui (CEA Operating Argentina) y otra británica (United Utilities, socia de Camuzzi y Loma Negra). Mientras tanto, la Fatlyf deja hacer al gobernador aunque sabe que de sus 4.500 afiliados quedarán sólo 3.000.
Siguiendo los pasos de la Fatlyf, el sindicato de Luz y Fuerza de Villa María formó un consorcio capitalista y se adueñó de tres centrales eléctricas en Córdoba: Pilar, General Levalle y Las Playas. Un tercio de la generación de energía de esa provincia quedó en manos de estos sindicalistas-empresarios.
A la hora de las privatizaciones, el gobierno de Menem compró la voluntad participacionista de la burocracia sindical con mucho dinero.
También le hizo varias concesiones, entre ellas el llamado "Programa de Propiedad Participada" (PPP). Según ese esquema copiado de Estados Unidos, de la propiedad estatal a transferir se destina hasta 10 por ciento del paquete accionario "para los empleados". En realidad, esas acciones fueron manejadas por el sindicato respectivo, cuyos directivos embolsaron los dividendos. En cambio, a los empleados telefónicos se les pagaron sólo 200 pesos en dos oportunidades por el PPP a lo largo de seis años.
Al secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, no le queda mucho tiempo para ocuparse del gremio ni tiene interés en enfrentar aquella reducción del plantel de afiliados. Ha sido designado director del Banco de la Provincia de Misiones, una entidad mixta en tren de privatización. En la Obra Social de los bancarios, llamada antes ISSB y ahora "Solidaridad", culminó la "reestructuración" conducida por la consultora norteamericana Coopers & Lybrand contratada por Zanola. El interventor Víctor Alderete despidió a mansalva: de 5.600 empleados del ISSB quedaron 1.800.
Esas actitudes de complicidad con el gobierno desprestigiaron profundamente a la burocracia ante los obreros. Nunca antes hubo un descrédito tan enorme de la cúpula burocrática. Lo admitió Oscar Lescano, de Luz y Fuerza, en un reportaje: "Nosotros no podemos pasar por una calle donde hay una cola de desocupados. Nos pegarían".
Va de suyo que el deterioro de los jerarcas crea grandes condiciones para el desarrollo de un sindicalismo clasista, que está germinando en algunos gremios.
5.- NUEVOS NEGOCIOS PARA LOS MONOPOLIOS.
-Por la privatización de la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá, el gobierno de Menem pide 800 millones de dólares, pese a que a lo largo de la construcción se llevan invertidos 8.000 millones.
Es una represa clave, que el año entrante proveerá el 40% de la generación eléctrica argentina y que recaudará 450 millones de dólares anuales. Entreguista hasta la médula, el gobierno quiere entregarla al capital monopolista y están interesados la francesa Dumez y el monopolio local Pérez Companc.
Por supuesto, la deuda de 8.000 millones quedaría "de clavo" para que la abone el pueblo argentino, como ha ocurrido con todas las privatizaciones realizadas: las empresas son transferidas libres de deudas, que quedan para el Estado.
En la reciente visita que hizo a Buenos Aires el presidente francés, Jacques Chirac, abogó ante Menem para que la Dumez fuera tenida en cuenta en ese negocio.
-La Dumez forma parte del mismo grupo empresario de la Compagnie Lyonnaise des Eaux, que ganó por 30 años y sin poner ni un peso (solamente ofreciendo un canon anual) la estatal Obras Sanitarias de la Nación, en Capital Federal y varios partidos del conurbano bonaerense, con 8 millones de usuarios.
La Lyonnaise formó para ello el consorcio Aguas Argentinas, que en el último ejercicio informó a la Bolsa de Comercio haber ganado 58,3 millones de dólares. Bajo el nombre de Aguas de Santa Fe se adjudicó el sistema de agua potable y cloacas de la ciudad homónima, Rosario y otras ciudades santafesinas, con 1,8 millón de usuarios. También formó el consorcio Aguas Cordobesas y el 21 de abril último le adjudicaron el agua potable de Córdoba, con 1,2 millón de usuarios. Quiere decir que uno de cada tres argentinos es cliente cautivo de los franceses y sus socios (Grupo Soldati, Banco de Galicia y CFI-Banco Mundial).
En un país donde por sexto año consecutivo hay brotes de cólera en varias provincias, dejar el agua potable y las cloacas en manos capitalistas privadas guiados sólo por el principio de la máxima tasa de beneficio, es un acto criminal.
Y esto no es una figura literaria. Al cumplirse el primer año de adjudicación del servicio a Aguas Argentinas -1993-, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Públicos constató irregularidades empresarias: incumplimiento de planes de inversión, cortes del servicio y hasta "provisión a consorcio de propietarios de agua contaminada, habiéndose considerado la actuación de la concesionaria como tardía, negligente e irregular" (del informe de 1996 de la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Privatizaciones).
La adjudicación a la Lyonnaise del servicio en Córdoba ilustra muy bien la agresión que se viene contra el movimiento obrero.
Sobre 1.300 empleados que hay en la Dirección de Agua y Saneamiento solamente 344 serán recibidos por los galos y quizás otros 300 queden en la residual DAS, perdiendo en ambos casos el convenio laboral y cayendo en un régimen de flexibilización laboral acordado nacionalmente hace 4 años con los franceses por la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fentos) de los ultramenemistas Rubén Pereyra y José Luis Lingeri. Más de la mitad de los actuales trabajadores serán cesanteados y flexibilizados. Es otro caso concreto de una privatización que engrosa la ola de desocupación y precariza las relaciones laborales.
-Lo único que Menem logró del Congreso fue a principios de abril la ley para privatizar las centrales nucleares (Atucha I y II, y Embalse), estimándose que entrarán a la caja del Estado 200 millones de dólares. Los capitales alemanes (Siemens) y canadienses están interesados en llevarse las tres centrales.
En cambio, están demorados los otros proyectos privatizadores, por lo que el presidente desempolvó su idea de privatizar por decreto, evitando su desgaste en un debate parlamentario. El decretazo quiere ser utilizado incluso para concesionar por 30 años servicios públicos esenciales como el Correo.
-El Correo Argentino factura 600 millones de pesos anuales. Sobre 188 países del mundo agrupados en la Unión Postal Universal, solamente Singapur tiene correo privado. El decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) firmado por Menem quiere hacer de la Argentina la segunda excepción mundial, en medio de denuncias cruzadas de que un sector del gobierno desea favorecer al grupo Yabrán (OCA, Ocasa, etc) y otro a la norteamericana Federal Express y la británica DHL.
Pero esta situación aún no está definida porque aquella batalla intermonopolista no está resuelta y se presentaron recursos ante la justicia, criticando la ilegalidad del decreto del PEN.
Recordemos que los senadores justicialistas encabezados en 1994 por Eduardo Menem, el hermano del presidente, elaboraron un proyecto privatizador acusado de ser redactado a la medida del empresario Alfredo Yabrán.
Por su parte Domingo Cavallo, a la sazón ministro de Economía, trabajó a la par del embajador estadounidense, James Cheek, para que aquel proyecto de los senadores fuera modificado a favor de otros correos privados y la Federal Express.
Las diferencias hicieron que Cavallo concurriera al Congreso en agosto de 1995 y denunciara la existencia de "mafias enquistadas en el poder", en alusión al grupo Yabrán. Esto desató una feroz pelea interna en el gobierno que terminaría con su pedido de renuncia en julio del año siguiente.
El Comité Central del PARTIDO DE LA LIBERACION lo había anunciado en la Primera Parte del Informe sobre las privatizaciones, un año atrás: "Los negocios de las privatizaciones hicieron más violentas las pugnas entre los distintos grupos empresarios y banqueros. Como el gobierno nacional y los gobiernos provinciales se hicieron y se hacen eco de aquellas presiones empresarias, sus luchas intestinas adquieren una virulencia nunca vista". ("Cuadernos Revolucionarios" Nº 22, pág. 13).
-El afán privatizador también alcanza al Banco Hipotecario Nacional, valuado en 6.000 millones de dólares.
La entidad oficial debería cumplir una función social en construcción de viviendas populares y financiación de las mismas a largo plazo y bajas tasas de interés. El manejo político de sus directores durante el gobierno de Alfonsín y el actual, alejaron a la entidad de esos objetivos formales y la limitaron a banco mayorista.
Ahora Menem quiere bajarle el martillo de remate y quedarse con 3.000 millones de pesos que -dice- apuntarían a reactivar las obras públicas. Esa supuesta reactivación será en verdad un objetivo electoralista para 1997 y 1999, al mejor estilo de Duhalde y el uso que hace en Buenos Aires de los 600 millones de pesos anuales del "Fondo de Reparación Histórica".
Los bancarios tienen miedo de perder el empleo ya que el achique de personal y quite de conquistas han sido la constante de estas operaciones. De los 4.000 empleados que tenía el BHN quedan hoy 1.400, quienes temen nuevos despidos.
La privatización del Hipotecario ha despertado más apetito en los bancos de la "Patria Financiera", que reclamaron la privatización del estratégico Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) y reflotaron la misma idea respecto al Banco Nación.
No se contentaron con la transferencia de las 14 entidades provinciales que se privatizaron hasta ahora (Corrientes, La Rioja, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Río Negro, Salta, Misiones, Mendoza, Previsión Social de Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán), a los que se sumará pronto el de Jujuy.
Ese punto recalentó la contradicción del justicialismo entre Menem y Duhalde. Este polemizó con Eduardo Escasany (Banco de Galicia), quien pretende la privatización del Bapro. Y, por medio de Alberto Pierri, el duhaldismo presentó un proyecto distinto en Diputados sobre el destino de los fondos del Hipotecario.
Supuestamente los quieren para crear empleo directo en vez de impulsar la obra pública, como prometía Menem. Luego se anunció que ese proyecto sería retirado.
-Para un gobierno burgués "normal", los aeropuertos deberían ser vistos como un importante servicio público, parte de la soberanía estatal, un aspecto relacionado al comercio interno y externo, la seguridad, el turismo y el fisco.
Pero para Menem los 59 aeropuertos son vistos como otro obsequio para quedar bien con el imperialismo e ingresar fondos a la exhausta caja del Estado.
Su idea de "máxima" era privatizar en un solo bloque todos los aeropuertos del país, conjunto que recauda anualmente 350 millones de dólares, aunque parte de ese dinero va a Alfredo Yabrán por medio de Edcadassa, Intercargo e Interbaires (servicios de depósitos fiscales, aeroportuarios y free shop, respectivamente).
Como el proyecto oficialista carretea pero no despega, el gobierno anunció que privatizará por decreto a 18, entre ellos Aeroparque y Ezeiza, que son los más rentables. IRSA (Soros), Soldati, Siemens, la norteamericana Betchel, la italiana Impregilo y los franceses de los aeropuertos "Charles De Gaulle" y Burdeos están entre los candidatos.
Ya que estamos en el tema de la aviación, digamos que la American Airlines adquirirá el 20 por ciento de Aerolíneas Argentinas. Según el ex embajador Cheek, la idea de American Airlines es comprar "el 85 por ciento de Aerolíneas Argentinas y el 90 por ciento de Austral" ("Página/12", 13/3/97). O sea que nacional, de la aerolínea de bandera, no queda más que el nombre. Y del anterior control de la española Iberia, Aerolíneas ya está desde marzo del año pasado bajo el yugo de dos bancos yanquis (Merril Lynch y Bankers Trust). Ahora esa marca se profundizará con la entrada de American Airlines al consorcio.
6.- SUBSIDIOS A LOS PRIVADOS.-
La filosofía privatista alegó la supuesta eficiencia de los negocios privados y una paralela ineficiencia de las empresas públicas.
No es así. El Estado menemista ha girado fortunas al sector privado, de diversas formas, luego de la transferencia de las empresas estatales.
Es eso, sumado a la superexplotación de los trabajadores, lo que explica las ganancias de los nuevos dueños privados
Por ejemplo, a los concesionarios de peaje en los 10.000 kilómetros de rutas nacionales se les pagaba cada año un subsidio conjunto de 60 millones de dólares para "resarcirlos" por no poder autorizar nuevas subas de la tarifa del peaje.
A los adjudicatarios de los ferrocarriles metropolitanos y subtes, se los siguió subsidiando con cifras multimillonarias. El Presupuesto 1996 consignó para ellos un subsidio de 220 millones de dólares y el Presupuesto 1997 lo aumentó un 55% hasta llegar a 338 millones.
Quiere decir que el Estado pone hoy más dinero en subsidios a los privados que el aportado cuando los ferrocarriles eran estatales. Con una gran diferencia: en aquel tiempo la empresa daba trabajo a 100 mil personas, mantenía los trenes de larga distancia en las provincias y operaba una red integrada de cargas a nivel nacional. Ahora, en cambio, se subsidian trenes exclusivamente metropolitanos y subtes donde en total trabajan 10 mil empleados.
En los trenes metropolitanos y subtes han sido beneficiados los capitales estadounidenses de Burlingston y Morrison Knudsen, más el grupo local Benito Roggio que encabeza Metrovías SA. Una "ayuda" de medio millón de dólares recayó en una "cooperativa" del ramal General Belgrano encabezada por José Pedraza, el jerarca menemista titular del gremio Unión Ferroviaria.
Otra forma de subsidio a las empresas privatizadas es perdonar sus incumplimientos en los planes de inversión pactados en los pliegos licitatorios (caso Aguas Argentinas). Y emitir decretos del PEN para autorizar subas de tarifas por sobre lo estipulado en el contrato de concesión (caso Telefónica y Telecom). Y hacer nuevos aportes de capital del Estado a empresas privatizadas (caso Aerolíneas Argentinas).
Del conjunto de empresas pasadas a manos privadas, el Estado se hizo cargo de todas las deudas existentes. Unos 21.000 millones de dólares quedaron en la órbita estatal para que las compañías pasaran "libres de polvo y paja" a sus nuevos dueños.
Así se hizo realidad el viejo sueño capitalista de que el pueblo sea "socio en las pérdidas y ajeno en las ganancias".
7.- ABUSOS PRIVATIZADORES.
Pese a la suba del 40% de las tarifas del agua potable en Tucumán, la privada Aguas del Aconquija (Compagnie Générale des Eaux y Benito Roggio) entregó a sus usuarios agua de color marrón que no servía ni siquiera para lavar la ropa, lo que originó un frustrado pedido de la provincia para rescindir el contrato.
A las irregularidades ya comentadas cometidas por Aguas Argentinas en Buenos Aires debe agregarse el cobro de "cargo de infraestructura" (50 pesos bimestrales) a los vecinos de numerosas zonas.
Por ejemplo los de Castelar, quienes sostuvieron que las obras de infraestructura deben ser afrontadas por la empresa privada que lucrará con ellas. A lo largo de 1996 el Ente Tripartito (ETOSS) multó en 5 millones de dólares a la empresa liderada por capitales franceses.
La chilena Chilgener, que se quedó con el servicio eléctrico en la provincia de San Juan, fue responsable de cortes de luz y altas tarifas, que originaron denuncias ante la justicia.
Hubo también protestas de los usuarios contra el fondo de inversión norteamericano Exxel Group, que se adueñó de las empresas eléctricas de las provincias de Salta, San Luis y La Rioja.
En la zona sur bonaerense, la empresa Edesur, fue denunciada por los vecinos de San Vicente: "nos cobra tres veces el mismo servicio desdoblado en mantenimiento, consumo y espacio" (revista "Viva", 23/2/97).
El tarifazo telefónico dispuesto en enero por Telefónica y Telecom con la venia de Menem, terminará en la Corte Suprema de Justicia ante demandas de los usuarios y el recurso presentado por el "ombudsman" nacional, Jorge Maiorano, más algunos diputados.
La privatizada YPF y Pérez Companc recibieron gravísimas denuncias penales en su contra por la contaminación que causaron con derrames petroleros en el Río Colorado, en la provincia de Río Negro y parte de La Pampa.
Aunque la Secretaría de Energía les ordenó el cierre de sesenta pozos, las empresas desacataron esa orden por lo que indignados pobladores cortaron rutas e hicieron masivas movilizaciones.
El precio que cobran las empresas ferroviarias de cargas privatizadas, es diez veces superior a la media internacional.
Ese negociado está ahora bajo el control de Techint (FEP), Loma Negra (Ferrosur), Aceitera General Deheza (NCA) y el grupo Pescarmona (BAP y Mesopotámico).
Las compañías que se adueñaron de la distribución del gas, como Camuzzi en la región pampeana, han sido denunciadas de que querían cobrar por obras que ya habían pagado con anterioridad la provincia, las municipalidades y los vecinos.
Aparte de las dos subas anuales de tarifas, en este momento están presionando para derivar a los usuarios una parte de los impuestos brutos que pagan.
Un diario de La Pampa ilustró una de las tantas arbitrariedades de las distribuidoras de gas: "Por deuda de 8 pesos, Camuzzi dejó sin gas a la Escuela Nº 205 de Toay" ("La Arena", 12/3/97).
Los conflictos planteados han sido muchísimos. La Asociación de Defensa del Consumidor (Adelco) estimó que las privatizaciones ya originaron más de cien mil reclamos de los usuarios y clientes.
Insistimos con un criterio marxista de clase. Si bien las empresas privatizadas perjudican al usuario con altas tarifas, y se debe protestar por ello, nos interesa centrar la denuncia en los sufrimientos de la clase obrera argentina, que perdió puestos de trabajo y las conquistas laborales que le había costado muchísimos sacrificios conseguir.
A manera de anticipo, en 1990 la interventora-privatizadora de ENTel, María Julia Alsogaray, le solicitó al ministerio de Economía la suspensión de 50 de los 110 artículos del convenio laboral telefónico del gremio Foetra, antes de la privatización.
Eso después se convirtió en letra del nuevo estatuto flexibilizado, firmado por la conducción menemista del gremio telefónico (Julio Guillán y Rogelio Rodríguez).
Entre otras cosas, esos jerarcas aceptaron la imposición patronal de trabajar una hora más por día.
En el resto de las compañías privatizadas ocurrió lo mismo.
Ya mencionamos lo acordado por la menemista Fentos con el francés Guy Canavi, presidente de Aguas Argentinas. Dicho convenio flexibilizado rige desde 1993 para los empleados bonaerenses de la compañía y desde 1995 para los dependientes santafesinos.
Desde el mes que viene regirá para los 344 empleados cordobeses sobrevivientes de la DAS, a los que Canavi informó que en vez de las actuales seis horas diarias trabajarán ocho.
Aunque Menem, el ministro de Economía y los pulpos empresarios insistan en que la "flexibilización laboral" hará descender la desocupación, los hechos prueban que es al revés.
El desempleo está en auge. Cada vez hay más empleados flexibilizados, con lo que la producción de bienes y servicios crece pero ocupando menos mano de obra que antes.
SERGIO ORTIZ
