TC29-Boletín Nº 1

Tendencia Clasista

"29 de Mayo"

NUEVAS FORMAS DE EXPLOTACION OBRERA BAJO EL MANTO DE LA "FLEXIBILIZACION LABORAL"

Los teóricos del imperialismo y sus epígonos en los países dependientes suelen repetir como una letanía que la legislación laboral es "rígida" (léase demasiado benévola con los trabajadores) y que, como consecuencia de eso, crece la desocupación. La falacia sostiene que, si se quiere ampliar el número de puestos de trabajo, se debe dar paso a la "flexibilización".

Sin embargo hay muchos ejemplos en el mundo que comprueban exactamente lo contrario. España es uno de ellos. Con mucha flexibilización se convirtió en el récord europeo de desempleo, rayano en el 23 por ciento de la población económica activa (PEA).

Argentina es otro caso demostrativo de la destrucción de las fuerzas productivas (la principal de éstas es el hombre). En cuatro años, entre 1990 y 1994, el desempleo aumentó un 300 por ciento, ya que arrancó en el 6 por ciento de la PEA y culminó en el 18 por ciento, según las estadísticas oficiales del INDEC.

Según el censo realizado por aquél en mayo de 1997 hay una tasa de desempleo abierto del 16,1% (2.002.000 personas) y de subempleo del 13,2% (1.696.916 personas). En total el drama afecta a 3,7 millones de argentinos ("Ambito Financiero", 21 de julio de 1997). La última medición la ubicó en 3,5 millones.

Quiere decir que es falso que la flexibilización sirva para paliar el desempleo. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo dijo en su último Informe sobre el Empleo en el Mundo, aunque usó términos más prudentes: "no está probado que la "flexibilización" sea el remedio para la desocupación".

Durante los dos mandatos del presidente Carlos Menem, el gran responsable de aquel fenómeno negativo, las empresas se beneficiaron con una serie de leyes y decretos antiobreros.

1) Decretos 1477 y 1478, del año ´89, disminuyeron las cargas sociales empresarias al autorizar el pago de hasta un 20% del salario en tickets-canasta, que no pagan cargas sociales. O sea que fomentó el "pago en negro" de parte del salario. Luego otros decretos rebajaron los aportes patronales, dejando en los bolsillos de los capitalistas 3.200 millones de pesos anuales.

2) Decretos 435 y 612, del año ´90, fijaron topes máximos a los salarios de los empleados públicos, existieran o no convenios colectivos previos.

3) Decreto 1894, del año ´90, fijó el salario mínimo, vital y móvil en $200, que quedó congelado desde entonces.

4) Decreto 2184, del año ´90, limitó el derecho de huelga al permitir que el ministerio de Trabajo fije cuáles son los "servicios esenciales" que no se pueden abandonar.

5) Ley nacional de Empleo nº 24.013, del año ´91, generalizó los contratos flexibles y temporales, sin estabilidad ni indemnización por despido.

6) Decreto 1803, del año ´92, cercenó a los empleados de las compañías estatales privatizadas sus derechos adquiridos en materia de cargos, funciones, etc.

7) Decreto 470, del año ´93, permitió aumentar o suprimir pagos por aumentos de productividad, violando el principio de "ajenidad del trabajador respecto al riesgo empresario".

8) Ley nº 24.467 para Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), del año ´94, benefició a esas empresas con un estatuto especial de "flexibilización": pago del aguinaldo en cuotas, reducción de indemnizaciones, jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras y vacaciones en cualquier época del año.

9) Ley de Accidentes de Trabajo nº 24.028, del año ´94, redujo un 35% el índice del cálculo indemnizatorio. La muerte de un obrero pasó a costar como máximo $55.000, lo mismo que un auto importado, pagaderos en cuotas mensuales de $150.

10) Ley de Riesgos de Trabajo nº 24.557, del año ´95, transfirió la responsabilidad del empleador a las Administradoras de Riesgos de Trabajo en caso de accidentes.

11) Ley de Concursos y Quiebras nº 24.552, del año ´95, suspendió o extinguió los convenios colectivos en estos procedimientos, dificultando a la parte obrera cobrar sus deudas. Los empresarios aprovecharon esta ley para fraguar quiebras, vaciar empresas y burlar los derechos adquiridos del personal, con ayuda de los grandes bufetes de abogados que pusieron la "ingeniería jurídica" al servicio de los grandes capitalistas.

12) Decretos 770 y 771, del año ´96, eliminaron las asignaciones familiares (pago por esposa, hijo, escolaridad, etc.) a los sueldos superiores a los $500. Luego de la protesta gremial se los reemplazó por una ley que mantuvo esas quitas en los salarios superiores a $1.500.

13) Decreto 1.553, del año ´96, dispuso eliminar la llamada "ultraactividad" de los convenios laborales (a su vencimiento se prorrogaban automáticamente hasta que se firmara otro nuevo).

14) Decreto 1.554, del mismo año que el anterior, autorizó al ministerio de Trabajo a descentralizar la negociación colectiva fijando el ámbito de la misma, buscando eludir al sindicato nacional.

15) Decreto 1.555, autorizó a las empresas de hasta 40 personas (Pymes) a negociar salarios y condiciones laborales con sus comisiones internas y hasta delegados de planta, excluyendo al sindicato.

16) Decreto 1.560, permitió el paso del afiliado de una obra social sindical a otra. Esta desregulación de la salud apunta a fortalecer unas pocas obras sociales en desmedro del resto, y asociar a las primeras con las compañías de medicina prepaga privadas que hasta ahora tienen vedado intervenir en forma directa en este negocio.

La modificación está siendo impulsada por el Banco Mundial, que otorgó un crédito al gobierno argentino para financiar esta reestructuración de sentido claramente privatista.

Los tres últimos decretos flexibilizadores de Menem fueron rechazados por algunos jueces y cámaras laborales, por lo que -como es su costumbre- el Poder Ejecutivo apeló ante la obediente Corte Suprema de Justicia.

Ante la demora, en mayo de 1997 el gobierno firmó con los jerarcas de la CGT un proyecto de reforma laboral que envió al Congreso. Actualmente está a consideración del Senado, mientras los trabajadores han enfrentado la "flexibilización" con tres huelgas generales (agosto de 1996, diciembre de 1996 y agosto de 1997).

En particular, la Ley Nacional de Empleo nº 24.013 fomentó la precarización laboral con los llamados "contratos basura" por tiempo determinado, sin derecho a cobertura social para el empleado y su familia, y sin derechos indemnizatorios de ningún tipo.

Hay 17 planes de empleo de tiempo parcial desgranados de aquel instrumento legal: Pasantías, Trabajo Joven, PIT (Programa Intensivo de Trabajo), Programa Trabajar, etc.

Este último consta de contratos de una duración de entre 3 y 6 meses, con una paga de $220 sin obra social ni aportes jubilatorios. Son puestos ultra precarios manejados por el gobierno menemista con un criterio bien electoralista. Adjudica las vacantes por medio de sus operadores barriales en época de elecciones a cambio del voto de la gente necesitada, o bien -como se vio en el primer semestre de 1997 en Neuquén, Salta y Jujuy- ante los cortes de ruta realizados por los hambrientos y desocupados, tratando de que éstos cesen en sus medidas.

El gobierno invierte sólo 200 millones de dólares al año en subsidios al desempleo, adjudicados sólo al 10 por ciento de los cesantes. Para comparar hay que citar lo que Argentina pagó en 1997 de deuda externa al imperialismo, especialmente al yanqui: 5.233 millones de dólares en intereses y otros 9.587 millones en amortizaciones del capital. En 1998 se pagarán de intereses 7.000 millones de dólares.

En marzo del presente año el diario "Clarín" publicó un cuadro estadístico sobre los trabajadores en relación de dependencia:

Asalariados	7.370.000
En negro (no registrados)	2.494.000
Registrados	4.885.000
Duración indeterminada	4.268.000
Temporales	290.000
A prueba	297.000
De agencias	30.000

La conclusión es muy clara: sumando los trabajadores "en negro" (2,5 millones de personas) y los que revistan en las tres categorías de abierta flexibilización (600.000), se llega a que

el 40 por ciento de la fuerza laboral asalariada está actualmente bajo condiciones de precarización laboral.

Y este resultado no es casual. Es la consecuencia directa de la suma de decretos y leyes menemistas que señalamos más arriba, a la que debe sumarse la ley marco, llamada de Reforma del Estado, que plasmó en 1989 el modelo neoliberal y privatizador encarnado por el gobierno de Menem y los monopolios.

El ministerio de Trabajo publicó en marzo de 1997 su "Encuesta de Indicadores Laborales" con un dato sobresaliente: el 80 por ciento de los puestos de trabajo creados a lo largo de 1996 había sido de "duración determinada o en período de prueba". Allí se comprobó que entre enero del año 1996 y el mismo mes de 1997, "el número de asalariados con contratos de duración indeterminada disminuyó el 5,9 por ciento, en tanto que el de los contratados bajo modalidades flexibles o a prueba aumentó 3,2 veces".

El estudio reveló que todos los meses aumentaba el número de trabajadores a prueba, con contratos por 3 o 6 meses, mientras bajaba el número de trabajadores por tiempo indeterminado.

La conclusión era obvia: el trabajador a prueba no ingresaba luego a planta permanente sino que era sustituido por otro compañero, también a prueba. Hasta el ministerio tuvo que admitir que "los empleadores se están abusando de estas formas de contratación laboral".

En setiembre del presente año el INDEC informó que en Capital Federal y el conurbano bonaerense sólo el 28,4 por ciento de la población laboral tenía trabajo fijo registrado en su empresa con cobertura social. Según la fundación FIDE, tres años antes esa proporción alcanzaba al 42,3 por ciento.

En noviembre el ministerio de Trabajo actualizó las estadísticas a nivel nacional: los contratos estables involucran al 77,8 por ciento de los asalariados, los temporales al 7,1 por ciento, a prueba al 14,3 por ciento y por agencias al 0,8 por ciento. La categoría faltante fue la del trabajo "en negro" o informal, que vino en aumento. Se sabe que los trabajadores que están en esa condición perciben un salario 40 por ciento inferior al que está "blanqueado".

Uno de los sectores donde hace más estragos el trabajo informal es el campo. Aquí trabaja un millón de personas pero durante 1996 sólo 11 trabajadores (sí, sólo 11) accedieron al beneficio de la jubilación.

El ministerio de Trabajo detectó que en los primeros ocho meses de 1997 habían crecido los convenios laborales que incluían variadas cláusulas de "flexibilización laboral". Sobre 121 convenios firmados, 96 fueron acuerdos por empresa (y no por rama o actividad como pedían los gremios).

En la mayoría de los casos se aceptaron condiciones de polivalencia y multifuncionalidad laboral, cambios en la adjudicación de las vacaciones, cambios en los horarios de trabajo para calcularlos por semana y no por día, salarios sobre la base de premios sujetos a aumentos de productividad, contratos temporales, etc.

Al finalizar el año el ministerio de Trabajo difundió las estadísticas completas. A lo largo de todo 1997 se habían firmado 169 convenios laborales, de los cuales 148 fueron por empresa y sólo 21 por actividad o rama. Cinco años antes la relación era inversa: sobre 209 convenios, 165 eran por actividad o rama y sólo 44 por empresa ("Clarín" 15/2/98).

Para tener una idea más concreta digamos que el 58,8 por ciento de los nuevos convenios contempla el cambio en los horarios de trabajo y el 44,5 por ciento la polivalencia.

El abogado laboralista Héctor Recalde denunció que en esos convenios "negreros" se establecieron jornadas de trabajo "de doce horas diarias y de treinta días corridos sin francos, en violación a la ley 11.544".

Desde hace varios años las entidades financieras internacionales vienen presionando para que Argentina haga completamente suya la "flexibilización laboral". En esto se destacaron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cada visita de Michel Camdessus, director gerente del FMI, y de las misiones "técnicas" que cada mes aterrizan en Buenos Aires encabezadas por Thomas Raichman, sirven para espolear en esa dirección.

Por ejemplo, en marzo de 1997 se realizó en Barcelona la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo y allí concurrió el ministro de Economía, Roque Fernández. El director del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, lo apremió con que "un elemento que tiene que seguir analizándose es qué pasa con la legislación laboral en Argentina porque es un elemento importante para mejorar su productividad".

Otro ejemplo se vio en noviembre de 1997, cuando el gobierno argentino redactó una "carta de intención" para negociar un "crédito de facilidades extendidas" con el Fondo Monetario. La misma incluyó el compromiso de tener aprobada para junio de este año la ley de "flexibilización laboral".

El compromiso con el FMI fue ratificado en febrero último el acuerdo de facilidades extendidas con Argentina que, además, deberá privatizar el Banco de la Nación.

En setiembre de 1996 se realizó en Mar del Plata la Tercera Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí concurrió el presidente Menem y prometió una completa "flexibilización", algo que plasmaría tres meses más tarde en sus tres decretos. Menem venía de un viaje a Malasia y había importado desde Kuala Lumpur la receta de la precarización laboral.

Otros empresarios como Enrique Pescarmona también bebieron en esas fuentes para superexplotar en forma esclavista a sus obreros en IMPSA (ver capítulo 2).

De todos modos, un año después, al momento de hacerse la Cuarta Conferencia de la Industria, aún la modificación no había podido transformarse en ley debido a la firme resistencia de los trabajadores con paros y movilizaciones. Menem ha tenido en su contra 7 paros generales desde que asumió en 1989 y una innumerable cantidad de luchas provinciales, puebladas, cortes de rutas y manifestaciones. No ha sido sólo una oposición de la clase obrera sino de muchos otros sectores populares que han visto que la reforma sólo trae quita de conquistas adquiridas, mayor explotación, caída del salario real y aumento del desempleo.

Según el Centro de Estudios Unión Para la Nueva Mayoría en 1997 hubo 125 paros o conflictos laborales y 140 cortes de ruta, lo que da una idea de la cantidad y calidad de las luchas obreras y populares. Incluso sectores de las capas medias, pequeños y medianos comerciantes, chacareros de la Federación Agraria, etc, están elevando sus protestas por el plan neoliberal y de concentración monopolista, los mayores impuestos, la recesión, etc.

A falta de una completa legislación sobre la materia, la gran burguesía local, las compañías multinacionales y la banca acreedora han ido implementando una "flexibilización de hecho". Lo que no lograron de derecho lo impusieron en el interior de sus empresas como lo reconoció Daniel Funes de Rioja, el especialista patronal de la UIA.

Uno de los convenios "testigo" fue el de la automotriz italiana Fiat con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) para su radicación en la planta de Ferreyra, en Córdoba. Luego hubo otros del mismo gremio con Chrysler, General Motors, Dina, United Technologies Automotive, ZF Argentina y Transax. También en empresas sidero-metalúrgicas como Acindar, Aluar, IMPSA, Siderca, etc; alimenticias como Arcor y Terrabusi; supermercados como Carrefour, Americanos y Disco; de servicios como Correo Argentino, Gas Natural Ban y Edcadassa, bancos como el Mendoza y el Banco Hipotecario Nacional, etc. Así lograron imponer sus pretensiones flexibilizadoras, que significaron recortes de puestos de trabajo, rebajas salariales y condiciones más duras de trabajo.

El personal de las empresas públicas que fueron privatizadas perdió las conquistas de sus convenios, comenzando por la estabilidad laboral. Eso sucedió con los empleados de Telecom, Telefónica, YPF, Aerolíneas, Metrovías, etc. En el caso de Aguas Argentinas, dominada por la francesa Lyonnaise des Eaux, impuso su convenio "flexibilizado" en 1993 a sus empleados de Buenos Aires, en 1996 a los de Santa Fe y en 1997 a los de Córdoba.

Los agentes que permanecieron en la órbita estatal también están amenazados por la "flexibilización", además de tener los salarios congelados desde abril de 1991. En diciembre de 1996 el gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para cambiar drásticamente las condiciones de quienes trabajan en la administración nacional y los organismos descentralizados como el PAMI (obra social de jubilados) y la Anssal (caja compensadora de las obras sociales sindicales), afectando a un total de 200.000 personas.

Los empleados de casi todas las provincias sufrieron la aplicación de "leyes de emergencia", que implicaron pagos de sus haberes en bonos, recortes salariales y miles de despidos, comenzando por los contratados.

Tanto los decretos y leyes, como la "flexibilización" imperante de hecho en muchas fábricas y empresas, han significado tasas de rentabilidad extraordinarias para sus dueños. Se sabe que 20 grandes empresas favorecidas por el gobierno con las privatizaciones, y en el contexto de desprotección laboral, ganaron en conjunto 3.500 millones de dólares durante 1995, el año del "efecto tequila", cuando a otros sectores sociales les fue mal. A los trabajadores les fue directamente muy mal. La mitad de los trabajadores gana menos de $500 mensuales, según la encuesta de hogares del INDEC de octubre de 1997.

Gregorio Pérez Companc, de la petrolera homónima y con una fortuna personal de 5.200 millones de dólares, Roberto Rocca, del holding siderometalúrgico Techint, y Amalia Lacroze de Fortabat, del grupo cementero Loma Negra, vieron crecer sus ganancias al punto de inscribir sus nombres en el listado de superricos del mundo elaborado por la revista norteamericana "Forbes".

Los trabajadores han sido los grandes sacrificados por este programa económico neoliberal y lo ilustraremos con ejemplos vivos provenientes de varios gremios.

Ya señalamos que hay 3,5 millones de desocupados y subocupados según las estadísticas oficiales que por lo general retacean la gravedad del problema.

Mientras la inflación desde abril de 1991 creció un 60 por ciento, los salarios permanecieron congelados por ley de convertibilidad desde entonces, acumulando un gran retraso frente al aumento de precios de los productos y servicios. Según el INDEC, el costo de la canasta familiar para que una familia tipo pueda cubrir sus necesidades básicas, es de $1.650 por mes, pero el 42 por ciento de los asalariados (1,6 millones de personas) gana menos de $500 y otro 29,8 por ciento (1,1 millón) percibe entre $500 y $1.000. Los trabajadores tenían en 1974 casi el 50 por ciento del ingreso nacional, en 1989 habían descendido al 34 por ciento. Y en la actualidad, a sólo el 20,5 por ciento.

Una parte apreciable de los empleados se encuentra en condiciones de precariedad laboral. Y éstos, así como los que gozan formalmente de estabilidad, han ido aceptando rebajas salariales y empeoramiento de las condiciones de empleo ante la presión que ejerce el llamado "ejército industrial de reserva". Ante el temor al despido, el personal que permanece ocupado acepta peores pautas impuestas por las revanchistas patronales.

Así se explica que en los mismos años que creció el desempleo y bajó el salario, la productividad aumentó el 141 por ciento y en algunas ramas más aún. La burocracia sindical se ha convertido directamente en empresaria. Sin su concurso hubiera sido extremadamente difícil que progresara el ataque del gobierno contra los obreros.

Los casos más notables son los del gremio de la construcción (UOCRA) y de la sanidad (ATSA), cuyos secretarios generales Gerardo Martínez y Carlos West Ocampo, respectivamente, son ejecutivos de la Administradora de Fondos de Pensiones y Jubilaciones privadas (AFJP) "Claridad", donde tiene mayoría de acciones la aseguradora yanqui ITT-Hartford.

Otros casos son los secretarios generales de Luz y Fuerza de Capital y de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Oscar Lescano y Carlos Alderete respectivamente, quienes se convirtieron en patrones de las centrales termo-eléctricas privatizadas en Salta, el Litoral y la Patagonia. Ellos explotan a 1.000 mineros de Río Turbio y cobran un subsidio estatal de 22,6 millones de dólares al año.

Los burócratas sindicales tienen su precio. Una de las cláusulas del convenio Fiat-SMATA prevé la entrega de 30.000 dólares mensuales al consejo directivo del gremio para "fines recreativos y culturales".

Esto está cada vez más a la vista para millones de trabajadores que ven cómo ellos se empobrecen mientras sus dirigentes llevan una vida de opulencia. Está en crisis la relación de las bases con esta cúpula sindical mayoritariamente peronista, cómplice del gobierno de Menem.

Esto crea mejores condiciones políticas de conciencia para que los luchadores construyan herramientas sindicales combativas y clasistas. Así se derrotará a la burocracia sindical, recogiendo el legado del sindicalismo clasista de la década del ´70, de Sitrac-Sitram, Agustín Tosco, Emilio Jáuregui,Jorge Weisz, Víctor Hugo Pasciaroni, René Salamanca y tantos otros compañeros. De hecho hay en la actualidad numerosos activistas, delegados, comisiones internas, comisiones directivas, etc, que en todo el país han dado pruebas de su combatividad y posición antiburocrática. Hay que unirlos y darles una estructura provincial y nacional.

En esta tarea estamos los organizadores de la Tendencia Clasista "29 de Mayo", como parte de la lucha de toda la clase obrera, los desocupados, los jubilados, la juventud, la intelectualidad, los chacareros, las capas medias, etc, para elevar las luchas y confrontar con el gobierno de los monopolios. El objetivo es abrir una situación revolucionaria en el país porque la mera lucha gremial no alcanza.

A diferencia de los sectores reformistas y derrotistas que creen que todo está perdido y utilizan ese argumento para justificar sus propias claudicaciones, la TC 29 de Mayo valora las puebladas y cortes de ruta producidos en 1997 como síntomas iniciales de que "los de abajo no quieren seguir viviendo como hasta ahora" y que "los de arriba ya no pueden seguir gobernando como antes".

En esa lucha cayeron asesinados Víctor Choque y Teresa Rodríguez y han sido procesados mil luchadores populares. Pero la movilización de masas continúa. Trabajamos para que haya un ascenso revolucionario de la clase obrera y demás sectores populares, como una irrupción independiente que genere una nueva situación política.

Es que la lucha por las reivindicaciones inmediatas de la clase obrera, como resistir la "flexibilización laboral" y el desempleo, no puede ir separada de la acción política revolucionaria de clase para la toma del poder, la imposición de un gobierno popular revolucionario y la expropiación de los monopolios expropiadores.

Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA) es la principal empresa del ramo en Mendoza y una de las más importantes a nivel nacional. Controla además a la aseguradora Mercantil Andina, Bodegas Lagarde, ingeniería satelital (IMPSAT) y dos ramales ferroviarios que conectan con Chile y los tres países del Mercosur. Se trata del BAP, Buenos Aires al Pacífico (ex San Martín) y el Ferrocarril Mesopotámico (ex Urquiza), ambos privatizados durante el gobierno de Menem.

En total factura 750 millones de dólares al año y expresa a la gran burguesía local, habiendo comenzado en los años ´20 como un pequeño taller. Hoy es una empresa de punta que opera en 17 países del mundo, entre ellos Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Malasia, Indonesia y China. Fabrica centrales eléctricas llave en mano, así como turbinas, equipos y componentes para todo tipo de centrales. También gigantescas grúas para operar en diversos puertos del mundo y grúas-puente para otros servicios.

La mentalidad esclavista de su titular, Enrique Pescarmona, quedó de manifiesto en unas declaraciones a "Página/12" en febrero de 1997: "Las chicas filipinas que trabajan en nuestras oficinas de Hong Kong están siempre dispuestas, no hay sábados ni domingos, si hay licitaciones y se tienen que quedar varios días de corrido sin dormir lo hacen, y no cobran horas extras ni piden nunca nada. Yo no hago filosofía sino negocios. No me pregunto lo que está bien y lo que está mal sino cómo se hace para ser más competitivo. Los asiáticos trabajan todos los días, veinte horas por día, por ochenta dólares por mes, y además están preparados, son educados y son buena mano de obra. Si quiero competir tengo que recurrir a ellos. Es el mundo globalizado. Los riesgos del mundo globalizado. Tengo hijos jóvenes y siempre les digo que este mundo globalizado es muy difícil porque es muy competitivo, pero el que les toque a ustedes va a ser más difícil todavía. Por eso los preparo para ese mundo".

Coherente con el remanido verso de la "globalización", este señor se lanzó a achicar costos a partir del salario y otros beneficios de los trabajadores.

Así fue como en diciembre de 1994 comenzó a aplicar nuevas modalidades de productividad donde desapareció la hora extra tal como contempla el convenio (bonificable y remunerativa) y la mayor carga de producción.

Para esa fecha también se venían "tercerizando" varios sectores, que IMPSA derivó a empresas de servicios con el mismo personal que antes revistaba como plantel permanente. Se lo desvinculaba de la empresa y se formaban cooperativas y sociedades de responsabilidad limitada (SRL) dentro del mismo establecimiento, pero con un personal que había canjeado su indemnización por despido a cambio de maquinaria y herramientas.

De esa forma Pescarmona se ahorraba las indemnizaciones por despido y lograba mano de obra calificada y barata. Esta quedaba sin relación de dependencia, con lo que aquél dejaba de pagar aportes patronales para obras sociales, jubilaciones, etc.

Los obreros que quedaron en relación de dependencia fueron cada vez menos. Y vieron limitadas sus posibilidades porque tenían que competir en desventaja con estos grupos de ex compañeros que hacían los mismos trabajos pero por menos dinero. En consecuencia la planta entró en un estado de inestabilidad total, por la presión patronal a favor de esas modalidades de "tercerización" y "flexibilización".

El salario de los obreros de IMPSA, en su mayoría personal especializado, es de $700 mensuales como promedio.

Las leyes laborales supuestamente condenan casos de fraude laboral o competencia desleal como éstos, pero Pescarmona siempre se cubre. Por ejemplo, el director de la Subsecretaría de Trabajo del gobierno de Mendoza, Dr. Domínguez Pinto, es el hijo del asesor jurídico de la empresa. ¿Cómo podrían entonces prosperar los reclamos de los obreros?.

A la hora de pelear contra IMPSA hay que considerar la lucha gremial no sólo de parte de los obreros sino del resto de delegados y dirigentes metalúrgicos dispuestos a enfrentar a esa patronal.

En general los empresarios han aplicado la máxima del "divide y reinarás". Las conquistas laborales metalúrgicas se comenzaron a venir a pique en 1992, cuando la dirección de la Unión Obrera Metalúrgica personificado por Lorenzo Miguel acordó negociar un convenio paritario por rama y firmó uno con Sevel SA y la rama automotriz. Eso discriminó a las restantes 22 ramas que componen la industria metalúrgica comprendida en la ley nº 260/75 de Convenio Colectivo de Trabajo. Este entró en vigencia en junio de 1975 y en ese momento benefició a 400.000 trabajadores que se enorgullecían de tener un convenio modelo.

Las patronales, unidas en cinco cámaras de la industria metalúrgica, pasaron a la contraofensiva junto al gobierno de Menem. Lograron un primer éxito con el convenio de Sevel y luego redoblaron su presión, una vez que en 1993 se sancionó la Ley Nacional de Empleo que, como denunciamos, creó nuevas modalidades de contratos "flexibles" y por tiempo determinado.

Pescarmona, obviamente, fue uno de los empresarios que más impulsó esas modificaciones y más apoyó la política menemista. El gobierno no sólo le entregó dos ramales ferroviarios estratégicos por su conexión con el Mercosur sino que lo premió con la presidencia de la Fundación mixta (estatal-privada) Export-Ar, que promueve el comercio exterior con fondos del Estado y fomenta los negocios privados como los de IMPSA.

El grupo mendocino, como tantos otros holdings, creció a la sombra de la dictadura militar (incluso desaparecieron trabajadores de su planta), luego se acomodó con el gobierno de Raúl Alfonsín, que le entregó la línea aérea Austral en cómodas cuotas de pago, y finalmente llegó su idilio con la administración Menem.

Por eso mismo, y desde el ángulo de clase proletaria, todos esos monopolistas serán expropiados sin indemnización por una revolución antiimperialista, antimonopolista, democrática, popular y agraria dirigida por la clase obrera, en camino al socialismo.

En el caso de las terminales automotrices en Argentina, un análisis del nuevo convenio Fiat-Smata, nos da elementos para ilustrar la gravedad de la crisis generada por esa "flexibilización laboral". De hecho, dichos elementos nos permiten hablar más bien de esclavización, sobre todo cuando sabemos que este convenio, según los especialistas, en general no es más flexible ni el que plantea las remuneraciones salariales más bajas de la industria automotriz. El ránking, según de revistas especializadas, está encabezado por Toyota y General Motors, seguidos por Fiat y Chrysler. Atrás marcharían Sevel, Renault, Ford, Volskwagen, Scania e Iveco.

En primer lugar, incorpora un turno "extra" los días sábados, de 6 a 13 horas. Con eso se alcanza un promedio de 44 horas semanales pagas en un ciclo de tres semanas.

En cuanto a los turnos de trabajo, los operarios pueden ser trasladados a cualquiera de los tres turnos. La empresa puede avisar 48 horas antes, lo que impide al operario planificar su vida.

Las horas extras no se computan automáticamente cada día, como en el resto de las terminales. La jornada diaria de cada equipo de trabajo puede prolongarse hasta tres horas (11 horas de trabajo en un turno), compensables con francos en la misma semana. Y para cobrar esas horas extras hay que trabajar más de 44 horas semanales.

Las suspensiones son arbitrarias. Cuando se suspende el trabajo por fuerza ajena al operario se paga solamente el 75% del básico neto y del vale alimentario, con un límite máximo de 44 horas por año. Desde diciembre de 1997 a abril de 1998 hubo diez semanas de suspensiones con el 75% del salario.

La empresa puede pagar el 100% a cambio de trabajo fuera de jornada el día sábado (máximo de tres horas).

Algo novedoso con respecto a los convenios anteriores es el famoso día "puente". En efecto la empresa puede dar el día "libre" en una jornada que quede entre dos feriados, disponiendo que a cambio se trabaje los días sábados que serán, a ese efecto, días hábiles comunes.

Además la empresa puede -según un criterio de eficiencia y de polivalencia- cambiar los puestos de trabajo respetando las categorías. Así, se abandona el concepto de actividad específica fijado en los convenios.

Otro de los puntos más peligrosos para el trabajador es el referido a la organización del trabajo. La empresa ajusta al proceso productivo reconociendo al trabajador capacidades de autocontrol y autocertificación de calidad, al punto que los desperfectos señalados por un operario pueden detener las líneas de producción. Pero esta "responsabilidad" mal remunerada puede dar lugar a sanciones.

En cuanto a las categorías se registraron serios retrocesos. Ahora existen solamente seis en lugar de doce como estaba establecido en el anterior encuadramiento. Las consecuencias salariales de esa nueva disposición perjudican a miles de trabajadores.

El gran golpe asestado al obrero por parte de la empresa radica en la parte de remuneración. Hoy no rigen los salarios del convenio de los mecánicos. El salario se compone de una parte fija y otra variable (premio por productividad).

Los salarios básicos son bajos respecto de otras terminales (excepto General Motors donde la explotación es mayor):550 pesos mensuales para la categoría inferior. El convenio Fiat-Smata estableció un salario básico entre un 39 y un 43 por ciento más bajo que el promedio de las otras terminales.

Los atropellos no tienen límite. Así, cuando las vacaciones superen los 14 días, la empresa puede decidir en qué período del año se efectivizará la licencia (diciembre-febrero o julio-agosto). En el convenio anterior el período iba de octubre a marzo.

En refrigerio se sigue pagando, pero el obrero come después de su turno de trabajo, fuera de la empresa.

Frente a tales barbaridades, la empresa sabe que hay y habrá respuestas sindicales. Así se crean dos comisiones para amortiguar los conflictos. Una para evaluar la estrategia empresaria; la otra, para analizar temas de higiene y seguridad.

Hasta hoy la empresa no reconoce al sindicato formado por los propios trabajadores, la UOM seccional Ferreyra. Al contrario, todos los directivos fueron despedidos y los activistas sancionados de mil formas.

Ese gremio denunció que durante 1997 Fiat había producido 900 despidos directos o encubiertos lo que demuestra la esencia revanchista y antiobrera de la "flexibilización laboral". La experiencia actual de Fiat Auto en Córdoba, es una experiencia piloto. Y teniendo en cuenta aquellos despidos, queda claro que no es ninguna panacea contra la desocupación.

Con todo el esfuerzo publicitario y propagandístico necesario, se había anunciado que Fiat inauguró la nueva planta automotriz con una inversión total de 600 millones de dólares abriendo también 4.400 puestos de trabajo. Pero se olvidaron de señalar que los 1700 empleados de Cormec (actualmente Fiat Auto) fueron despedidos.

La indemnización fue la "zanahoria" para que aquellos aceptaran el despido. Minutos después los abogados de la empresa les hicieron firmar su incorporación a Fiat Auto, pero con el convenio de trabajo flexible que venimos analizando, que empeoraba las condiciones laborales y rebajaba el salario.

En Cormec, por ejemplo, el salario por hora oscilaba entre $4,20 y $6,00, mientras que el de Fiat es de $2,68 más 32 centavos de ticket comedor. O sea que el salario sufrió un recorte de casi del 50 por ciento. De 800 pesos mensuales, los obreros ahora perciben 400 o 500. Hace falta recordar que Cormec era una fábrica de motores y cajas de cambio surgida de la asociación Macri-Sevel y la Fiat de Turín, que ahora pasó completamente al dominio de la segunda.

Como por arte de magia, los obreros traspasados perdieron su antigüedad, categoría laboral, beneficios vacacionales y premio por producción. Y los trabajadores que se negaron a la transferencia en esos términos fueron automáticamente despedidos.

Hace 25 años, la empresa Fiat creyó haber terminado para siempre con el sindicalismo combativo, cuando aplastó a los gremios clasistas Sitrac-Sitram. Pero la historia se encargó de demostrar que se equivocaba. La "flexibilización" motivó que la planta de Cormec-Fiat fuera tomada durante cinco días en setiembre de 1996, siendo echada a patadas la vieja dirección traidora de la UOM-Córdoba y eligiéndose por asamblea una nueva dirección gremial.

El proceso antiburocrático tuvo luego altibajos, a causa de la influencia del reformismo y la socialdemocracia en algunos dirigentes de la UOM Ferreyra, quienes optaron por recostarse sobre la conducción de Lorenzo Miguel.

Pero de todos modos se desarrollan los delegados, agrupaciones y listas de obreros combativos, como la Lista Blanca del SMATA que ganó las elecciones gremiales en la planta de Renault de Santa Isabel (Córdoba). Cada día la clase obrera demuestra su capacidad para luchar.

La experiencia de Cormec-Fiat mostró en forma dolorosa que los obreros no pueden esperar nada bueno de la tan mentada "flexibilización".

La Ley Federal de Educación, sancionada por el gobierno menemista en 1993, esconde detrás de la pantalla de la "transformación educativa", el intento más serio para aplicar la "flexibilización laboral" a la docencia.

En general antes de esa norma existía el consenso de que el sistema educativo público estaba, y está, en crisis como consecuencia de una serie de factores (económicos, políticos, pedagógicos y didácticos). La solución debía ser política.

Pero el gobierno, con aquella ley, le dio una "solución" política neoliberal, coherente con la entrega del país a las multinacionales.

Antes de sancionar su ley, el gobierno transfirió a las jurisdicciones provinciales todas las escuelas y colegios que dependían de la Nación, sin suficientes partidas presupuestarias. Esto hizo que las provincias tuvieran que hacerse cargo de pagar salarios docentes, subsidios a colegios privados, gastos de equipamiento, etc., con sus exiguas partidas.

La Ley Federal estableció que a lo largo de cinco años el presupuesto educativo se incrementaría el 20 por ciento, con lo que este se duplicaría hacia 1999. Pero esta pauta no se cumplió. De ese modo se escamoteó a Educación $ 7.000 millones.

El oficialismo empapeló la capital de la provincia de Salta con afiches propagandizando que en dos años había aumentado en un 25% el presupuesto educativo. En realidad la forma correcta de medir no es el monto nominal asignado sino la relación de inversión por alumno/año. En el año 1987 era de $1.300 alumno/año, y en este momento es de $670, por lo que ha habido una disminución del 50 por ciento.

El ajuste se produjo a través del despido de unos 3.000 docentes salteños. Hubo compactación de grados, fusión de varios grados en otro más numeroso. Eso dejó maestros sin trabajo, elevando el desempleo por un lado, y agravó la explotación de los maestros por el otro, ya que anteriormente el promedio era de 20 alumnos hasta 3er grado primario y de 15 alumnos de 4to a 7mo. grado. Actualmente esos máximos son los mínimos, y el promedio de alumnos por grados en zonas urbanas es superior a 30, llegando hasta 40.

Esa superpoblación, que se repite en todas las provincias, significa un mayor esfuerzo para el docente y atenta contra la calidad de la enseñanza. La "compactación de grados" significó la no-titularización de docentes interinos y suplentes.

En Salta se aprobó la ley provincial de Educación como copia de la Ley Federal, y también un "Estatuto del Educador" que vino a reemplazar al histórico Estatuto Docente.

En Córdoba, las autoridades han anunciado que harán una "Revisión total del estatuto de los maestros" ("La Voz del Interior", 9/10/97).

De hecho ese estatuto ya está vulnerado porque en el sueldo mensual de sólo $300 ya hay $100 que no están incorporados al básico sino que son un premio al presentismo. Se pierde a la primera inasistencia y es un "premio" para desalentar huelgas, que también existe en Buenos Aires y otros distritos. Hubo casos de muertes de maestras por concurrir enfermas al trabajo para no perder "el presentismo".

En La Pampa se denunció que "el financiamiento del Banco Mundial viene atado a la reconversión laboral docente, al régimen por contrato, supresión de la estabilidad, recortamiento del régimen de licencias, prolongación de la jornada laboral, achicamiento de las bonificaciones por antigüedad y su reemplazo por un salario por ´mérito´ en base a las evaluaciones sujetas a las autoridades de turno" ("LA ARENA", 7/10/97).

Confirmando que es el Banco Mundial la verdadera usina de la precarización docente, su directora para Argentina, Chile y Uruguay, Myrna Alexander, declaró el 23 /11/97 a "Página/12": "Los maestros tienen demasiados beneficios sociales: vacaciones, tiempo para estudiar, capacitación. Si un maestro tomara todos esos beneficios insumiría el 50 por ciento de su tiempo".

La política del gobierno de Salta significó la desaparición del Consejo General de Educación, y de la Junta de Calificación y Disciplina, organismos que estaban integrados también por docentes. Al verticalizarse la estructura, el ministerio de Educación maneja arbitrariamente nombramientos, programas y recursos.

Eso trajo la eliminación de la carrera docente, los nombramientos "políticos" sin respetar puntajes, y la pérdida del concepto de antigüedad, que ha sido congelado (un docente que ingresa al sistema no lo cobrará). Ese ítem era acumulativo: 20% del salario básico los primeros 5 años, 25% hasta los 10 años, 50% hasta los 15 años y 100% después de los 20 años.

También se eliminó en el país el pago de una bonificación por zona desfavorable y por jornada completa. No se han hecho nombramientos de maestros de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.

Los salarios se mantienen congelados desde 1991. Los distritos que lucharon han conseguido algunos pequeños aumentos, como en Salta luego del paro de siete semanas en 1994. De todos modos fueron apenas $70, no remunerativos, y el salario de esa provincia sigue siendo uno de los más bajos del país: $250 de bolsillo.

Otra manifestación de la "flexibilización laboral" fue la extensión de la carga horaria. Una forma fue prohibir las reuniones de personal en horarios de clases, lo que obligó a hacerlas en otro turno. Otra forma es imponer jornadas del "Plan Social" los sábados todo el día.

Hay provincias donde el maestro además de enseñar en el aula tiene que atender el comedor escolar y cumplir con otras funciones ajenas a la docencia, por el mismo salario.

Se presiona a los docentes con que deben "perfeccionarse" so peligro de despido. Por medio de la "Red Federal" se han implementado cursos a pagar, que no forman parte del servicio y no tienen un buen nivel académico. Sus horarios son intensivos e inconvenientes, dejan afuera a los interinos y suplentes, privándolos de "créditos" (puntaje asignado a cada curso) para aspirar a un cargo.

"Eficiencia" y "productividad" son dos conceptos introducidos a la Ley Federal de Educación, que han provocado falta de solidaridad y competencia desmedida entre docentes.

A los padres de los alumnos se les exigen contribuciones económicas a las escuelas, como si el financiamiento de éstas fuera una carga de esos padres y no del Estado que percibe los impuestos. Si los padres no aportan dinero, sus hijos no serán inscriptos. Los proyectos institucionales legalizan y dan fuerza a esos requerimientos, incluyendo los aportes de las empresas privadas, las Organizaciones No Gubernamentales, los municipios, etc. Esto apunta hacia una privatización encubierta de la escuela.

La reválida de títulos de los docentes y su evaluación posterior significarán la precarización laboral y el fin de la carrera docente, estableciendo un régimen de contratos. Ejemplo: una institución presenta un proyecto estableciendo objetivos a alcanzar en un plazo de dos años. Directivos y docentes tendrán garantizados sus trabajos por esos dos años, con un contrato a tal efecto. Luego habrá otro contrato y vuelta a empezar.

La reforma también afectará la composición del salario docente ya que introducirá rubros como perfeccionamiento, eficiencia y productividad, los que serán mejorados discrecionalmente por las autoridades del establecimiento.

Se pretende cerrar las escuelas especiales y que sus alumnos pasen a la escuela común, lo que provocará dos efectos negativos: se quedarán sin empleo las maestras especiales, y habrá sobrecarga para los docentes de la enseñanza general básica.

La situación gremial de la docencia presenta casos de extremo colaboracionismo de algunos dirigentes con los ministerios de educación a nivel nacional y provincial. Por ejemplo, la cúpula de la UEPC (Unión Educadores de la Pcia. de Córdoba) aceptó convocar con el ministro a la revisión del Estatuto Docente.

Otros casos expresan una política de "tironeos" con el gobierno, como la preconizada por la dirección de CTERA, que mantiene una huelga de hambre con grupos rotativos frente al Congreso -la Carpa Blanca- en demanda de mayor financiamiento educativo pero sin reclamar la derogación de la Ley Federal de Educación.

Hasta ahora ese método no ha sido suficiente para arrancar al gobierno una mejora salarial y de las partidas presupuestarias. La ministra de Educación elevó al Congreso un proyecto de ley de "profesionalización docente" que aumentaría 20 por ciento el salario docente de ciertas categorías pero imponiendo a cambio una profunda "reforma laboral".

Hay que unir y organizar a los sectores más combativos de la docencia, expresados en la Lista Rosa y Verde de Salta, Lista Marrón de Mendoza, Frente de Trabajadores de la Educación de La Pampa, parte de los integrantes de la ex Lista Rosa a nivel nacional y especialmente sectores independientes. Un dato objetivo de que hay buenas condiciones para dar esa lucha es que a lo largo de 1997 los docentes realizaron 5 huelgas generales y se cumplió el primer paro nacional el 2 de abril de 1998.

Desde fines de la década del ´60 los supermercados comenzaron su expansión en el comercio argentino. Pero fue en los ´90 que adquirieron un peso extraordinario, mandando a la quiebra al pequeño y mediano comercio.

En este momento existen unas 60 cadenas de supermercados a nivel nacional y un lote de "pesos pesados" -o híper- se llevan la parte del león.

Carrefour es francés; Coto y Tía son de la gran burguesía local; Norte y Wal Mart son norteamericanos, Disco es en parte holandés y Jumbo es chileno.

Aunque Wal Mart comenzó a desembarcar recientemente, es el gran competidor del líder Carrefour en la lucha intermonopolista.

El cálculo de los almacenes y pequeños afectados es que por cada puesto de trabajo que crean los súper, se pierden unos 400 en los negocios que se cierran.

Fedecámaras, entidad que agrupa al comercio pequeño y mediano, denunció que la concentración del sector hizo que en 1997 cerraran alrededor de 25.000 pequeños comercios.

Varios supermercados son verdaderos hipermercados, que se combinan con shopping-centers y en algunos casos hotelería.

Los supermercados, con 1.195 locales en todo el país, venden el 46,6 por ciento de alimentos y bebidas, proporción que sube al 71 por ciento si se suman los autoservicios. Los 114.227 almacenes tradicionales solamente expenden el 28 por ciento de este rubro.

Estas empresas nacionales y trasnacionales aprovechan los subsidios del Estado. Por ejemplo, el Estado les entrega un subsidio de $200 mensuales por cada joven que contratan, al que los supermercados le pagan solamente $300, por lo cual los patrones privados ponen sólo $100 de su bolsillo.

Los datos de la extranjerización están a la vista. El último traspaso fue de la cadena Libertad a manos de los franceses de Casino.

Añadimos el dato final de ventas en 1997, aportado por el INDEC: las cadenas de supermercados vendieron por 10.153 millones de pesos, el 5,7 por ciento más que el año anterior.

El 70 por ciento de los shopping-centers han sido adquiridos por el inversor húngaro norteamericano George Soros y su empresa IRSA.

La explotación a que los supermercados someten a sus empleados es de las más salvajes de toda la economía argentina. Se basa, como marco, en una situación de desempleo que les permite esclavizar a un personal temeroso del despido. Wal Mart puso en Córdoba un aviso pidiendo empleados, ofreciendo un salario de $300 mensuales. Aunque las vacantes eran 1.100 se presentaron 12.000 personas en 48 horas, la mayoría jóvenes con estudios secundarios completos y muchos con estudios universitarios.

El 23 de marzo del año pasado, un programa de televisión ("Día D", conducido por el periodista Jorge Lanata) mostró testimonios de empleados que eran explotados hasta 18 horas diarias sin reconocérseles horas extras, y con sueldos de $300-$400 mensuales.

Se vieron casos de trabajo continuo de 24 y hasta 32 horas sin pago de adicionales. En este sistema hay restricción hasta para ir al baño y cuando se los autoriza hay una requisa personal para que no se lleven algún sandwich para comer. La revisación se reitera al salir del trabajo. En los sanitarios están instaladas cámaras de TV para vigilar a los empleados incluso cuando hacen sus necesidades, lo que muestra la genialidad de Charles Chaplin con la denuncia anticapitalista en "Tiempos Modernos". ¡Y después nos dicen que el modelo neoliberal es sinónimo de "modernidad"!.

Tomemos el caso concreto en Córdoba, de Supermercados Americanos, firma comercial de Casa Petrini SA, que es la propietaria del Nuevo Centro Shopping (valor esqueleto 20 millones de dólares) y que junto a Delta SA se asoció a los norteamericanos para construir el Sheraton Hotel (40 millones de dólares).

Americanos posee 60 sucursales y parte de sus productos agrícola-ganaderos los obtiene de sus propias explotaciones en el sureste de Córdoba.

Tiene 2.500 empleados, de los cuales el 60 por ciento son jóvenes que ingresaron por contratos de aprendizaje, en el marco de la nueva Ley Nacional de Empleo. Su sueldo mensual es de $330 con contratos por períodos que van de 3 meses a 2 años, sin hacer aportes jubilatorios ni proveer obra social. Se los llama "part time" aunque su carga horaria es de 36 horas semanales a razón de $2,64 por hora y no gozan de vacaciones anuales pagas. Los empleados "full time" trabajan 44 horas semanales, con un sueldo de $380.

La desprotección de ambos sectores es total. No hay sindicato que los agrupe sino sólo una mutual bajo la forma de "asociación", lo que favorece el sistema esclavista común a todos los supermercados.

La mayoría trabaja sábados y domingos, sin respetarse el descanso dominical obligatorio de la legislación laboral. Dos llamados de atención son causal de despido y hay prohibición al personal para que consuma. Comer una galletita es motivo suficiente para una suspensión.

Mientras todo esto ocurre, el Sindicato de Empleados de Comercio, que tiene afiliados entre los empleados de los supermercados, mira para otro lado en actitud de complicidad con los grandes capitalistas. El "capo" máximo del SEC a nivel nacional es Armando Cavalieri, quien primero firmó un convenio flexibilizado con los supermercados y luego otro similar con el resto de la patronal mercantil agrupada en CAME.

Cavalieri es el típico sindicalista empresario, que tiene grandes propiedades inmobiliarias, campos y otras inversiones poco transparentes. El presidente Menem acaba de venderle a la mitad de su valor, el complejo Parque Norte de Capital Federal, valuado en 30 millones de dólares.

CARREFOUR	2.400
DISCO	1.600
COTO	1.300
NORTE	1.300
TIA	700
JUMBO	550
WAL MART	s/d
TOTAL	7.850

La industria de la alimentación aprovecha las llamadas "ventajas comparativas" de la Argentina. Además de cubrir el mercado interno exporta al Mercosur por cifras importantes. Se vaticina que en 1997 habrá exportado alimentos por 9.500 millones de dólares, casi el 40 por ciento de las exportaciones totales del país.

El negocio atrajo inversiones extranjeras y, en menor medida, de grupos concentrados nacionales. Este renglón es uno de los más irrefutables para demostrar la extranjerización que se ha registrado en la economía.

La alimentación es la que registró "el mayor número de pases de empresas locales a manos de multinacionales. Desde 1990 a la fecha se produjeron más de 60 ventas, y en la actualidad, de las 20 firmas más grandes de alimentos procesados, sólo Arcor conserva su carácter de empresa de capital 100% nacional" ("Mercado", octubre 1997).

Algunos de los traspasos más notables fueron los de las fábricas de galletitas Terrabusi a los norteamericanos de Nabisco, y de Bagley a los franceses de Danone. Nestlé y Kraft-Suchard (perteneciente a Philip Morris) ya estaban aquí hace rato. Los italianos de Parmalat y el grupo chileno Luksic desembarcaron hace poco. Entre los nacionales se destacan Molinos (de Bunge & Born), Arcor, Mastellone y SanCor.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) representa en Capital Federal a los obreros de esta rama industrial. Su secretario general, Rodolfo Daer, fue electo en setiembre de 1996 como secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Ese año Daer hacía discursos y hasta alguna de medida de fuerza parcial contra la "flexibilización laboral" impulsada por el Poder Ejecutivo. Pero lo suyo era falso. Hacía dos años que -junto a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación- había firmado un Convenio Colectivo de Trabajo flexible con la patronal de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA). El artículo quinto sostuvo que el ámbito de aplicación era "todo el territorio de la República Argentina".

En ese convenio se habilitó la negociación por empresa, tal como reclamaban los capitalistas, a quienes siempre les resulta conveniente negociar por separado con la parte obrera.

También se contempló la "polivalencia y multifuncionalidad para el logro de una mejor productividad". El documento precisó que ellas "implican la posibilidad de asignar al trabajador funciones y tareas diferentes a las que en principio le sean propias, en atención a la finalidad de eficiencia operativa" ("Página/12", 22/9/97).

El convenio aceptó las contrataciones temporarias, y habilitó a las patronales a fijar la "modalidad y época de otorgamiento" de las licencias, modificaciones de los horarios de trabajo, etc. De los 14.000 trabajadores de este gremio en Capital Federal y conurbano bonaerense, la mayoría revista en la categoría de contratados.

Las escalas salariales informan de sueldos de miseria: un oficial calificado de máxima categoría gana $1,80 la hora, $345 al mes.

Daer firmó un convenio que permite el trabajo de menores de 14 años, a los que se fijó un salario horario de $1,15 y hacen similares tareas que los adultos. El burócrata se sacó la careta en mayo de 1997, cuando firmó un Acta de Coincidencias con el gobierno nacional sobre la "flexibilización laboral", que fue enviado por Menem al Congreso para tratar de convertirlo en ley. Uno de los aspectos más antiobreros es que rebaja las indemnizaciones que los trabajadores deben percibir por despido.

Con eso la dirigencia de la CGT procura hacer a nivel nacional lo que Daer hizo en la alimentación: que la patronal negocie con la burocracia sindical una "flexibilización" donde la cúpula gremial no sea dejada completamente de lado. A cambio de semejante claudicación, quieren que el gobierno les preserve las obras sociales sindicales, consideradas "la caja" financiera de aquellos dirigentes.

Con este convenio flexible, patronales como Arcor hicieron estragos. De los 5.000 empleados que tenían en 15 plantas en el país, despidieron a 1.000 y redujeron el salario 10-15% a quienes quedaron.

Por eso la lucha del movimiento obrero contra la "flexibilización laboral" marcha conjuntamente con la campaña por sacarse de encima a los traidores jerarcas sindicales.

En algunos casos esa recuperación es todavía posible por medio de la presentación de listas combativas en las elecciones de renovación de comisiones directivas.

Pero el alto número de fraudes y proscripciones de esas listas opositoras, por parte de la burocracia sindical que habitualmente corre con "lista única", habilita otro camino, de acción directa, que ya se ha recorrido en algunos gremios. Los trabajadores hicieron asambleas generales, depusieron a los capituladores y eligieron comisiones provisorias en Cormec-Fiat en setiembre de 1996 y en el Sindicato de Luz y Fuerza el 3 de octubre de ese año.

La conversión de los burócratas en empresarios, su proscriptivo y violento manejo de las estructuras sindicales, hacen prever que el método de echarlos violentamente de los gremios por parte de las masas se irá generalizando. Y cuando no haya otra salida, debido a los manejos dictatoriales de los jerarcas, incluso habrá que analizar la creación de otros sindicatos independientes y que luchen por la personería jurídica para su actuación legal.

Es que la CGT se ha convertido claramente en una Cueva de Gansters y Traidores. El movimiento obrero necesita una dirección combativa, clasista y por la liberación nacional y social, plantada en la lucha contra el gobierno, las patronales y los jerarcas.