Carmelo Ruiz
Marrero
Semanario CLARIDAD
Puerto Rico, 25 de
octubre 2002
Residentes del
valle del Cibuco en Corozal están luchando contra una ola de construcción
descontrolada que amenaza con destruir irreversiblemente el valor ecológico,
estético, cultural y agrícola del área. La Cámara de Representantes actualmente
investiga los permisos de construcción en el valle otorgados bajo la pasada
administración, cuando la Junta de Planificación la dirigía la hoy senadora
Norma Burgos.
Según nos
informa el Comité de Ciudadanos Pro Rescate del Valle del Cibuco, los permisos
fueron otorgados de manera fraudulenta ya que la documentación que sometieron
los desarrolladores a la Junta de Planificación (JP) y la Administración de
Reglamentos y Permisos (ARPE) está plagada de errores y omisiones.
El valle,
localizado en la colindancia con Vega Alta, tiene un valor histórico y cultural
incomparable. Ahí se encuentran abundantes petroglifos precolombinos estudiados
y documentados por Ricardo Alegría y el Instituto de Cultura, y se cree que fue
el último foco de resistencia taína contra los invasores españoles. Por el valle pasa el río de Corozal,
inmortalizado en el poema Oubao Moin
de Juan Antonio Corretjer.
También es un
santuario de biodiversidad. La boa puertorriqueña, especie en peligro de
extinción, ha sido avistada en el valle del Cibuco. Se han identificado tres
especies de murciélagos en el lugar: el de cola mayor, el marrón y el bigotudo.
A pesar de lo horripilantes y desagradables que son para una gran parte de la
población, los murciélagos son- al igual que las mariposas y abejas-
importantes agentes polinizadores.
El valle es
zona de recarga del acuífero del norte por formar parte de la zona kársica. El karso, que abarca la
cadena de mogotes que va casi ininterrumpida desde
Aguadilla hasta Guaynabo, nos proporciona 64% de nuestra agua potable, según
Ariel Lugo, director de la oficina local del Servicio Forestal de Estados
Unidos. Es además un tesoro de
biodiversidad, con sobre 220 especies de aves, 90 especies de pez, y más
especies de árbol por kilómetro cuadrado que en cualquier otra región del país.
Por último, el
valle del Cibuco es una zona agrícola de alta productividad, con 65
agricultores activos.
La pesadilla
para los corozaleños residentes del valle comenzó una
mañana en 1994 cuando despertaron al sonido de maquinaria para remover tierra.
Al ver que se trataba de un proyecto de construcción de viviendas, la comunidad
se movilizó e investigó lo que se proponía hacer el desarrollador, llamado Melquiades Marzán.
No había una
declaración de impacto ambiental (DIA) para el proyecto sino una evaluación
ambiental (EA), que es un documento mucho menos minucioso y riguroso que una
DIA. La EA estaba llena de omisiones e información incorrecta. No mencionaba
nada de los yacimientos arqueológicos del área, ni del valor agrícola de los
terrenos o de la presencia de especies en peligro.
Organizados
bajo el Comité de Ciudadanos Pro Rescate del Valle del Cibuco, la comunidad
contactó a la litigadora ambiental Jessica Rodríguez
y llevó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. El juez le dio la razón a los ciudadanos y ordenó la paralización de
la construcción. Norma Burgos, entonces presidenta de la JP, apeló pero el
Tribunal de Apelaciones sostuvo la determinación del Tribunal de Primera
Instancia.
Años después,
mediante un proceso que aún no está claro y cuya legalidad ni siquiera se ha
comprobado, Marzán vendió el proyecto y los permisos
al desarrollador Cleofe Rubí, quien está procediendo
con la construcción. Esta transacción y los permisos en cuestión están siendo
investigados por la Cámara. Según
Esteban Mujica, presidente de la Junta de Calidad
Ambiental, la construcción de ese proyecto ni siquiera debería estar haciéndose
aún.
Para poner fin
al crecimiento urbano desmedido y salvaguardar el futuro de la agricultura en
el valle del Cibuco el senador Cirilo Tirado sometió
un proyecto para revocar los permisos de construcción en el valle y proteger
sus tierras pero la gobernadora Calderón se negó a firmarlo.
“No sabemos qué
pasó”, expresó Luis Matos, del Comité de Ciudadanos al Rescate del Valle del
Cibuco. “Los asesores de la gobernadora no la pusieron al día.”
El Consejo
Asesor sobre Asuntos Ambientales de la gobernadora, compuesto por
ambientalistas destacados de todo el país, apoyó el proyecto del senador Tirado
y le exhortó a la gobernadora a firmarlo.
“El Consejo
Asesor... consciente de la pérdida de terrenos de alto valor agrícola en los
pasados años, considera de importancia vital la adopción de una zonificación
especial para estimular la producción y desarrollo de ese sector y protegerlo
de usos que no sean compatibles con la actividad agrícola”, declaró el Consejo
en un comunicado de prensa.
“Durante un
período de 25 años, de 1972 a 1997, según estadísticas del Departamento de
Agricultura, en Puerto Rico se han perdido más de un 30% de tierras agrícolas”,
expresó el Dr. Alfredo Vivoni, portavoz del Frente
Unido en Defensa del Valle de Lajas y miembro del Consejo Asesor. “Es necesario
proteger aquellas tierras con potencial agrícola a través de una zonificación
especial.”
Según el
anuario de estadísticas agrícolas de Puerto Rico de 1998, en el año 1950 Puerto
Rico tenía 1.9 millones de cuerdas de terrenos agrícolas, ahora sólo quedan 1.2
millones. Esto significa una pérdida como promedio de 15 mil cuerdas cada año
por cincuenta años.
“¡Yo no quiero
violencia! ¡El que se ponga violento le
rompo la cara!”
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