DAME AGUA

Se cuelga la privatización

Carmelo Ruiz Marrero

Periódico CLARIDAD

Puerto Rico, 21 de febrero 2003

Se colgó United Water (UW) en Atlanta. La compañía estadounidense, que junto con Ondeo opera los acueductos y alcantarillados de Puerto Rico, perdió su contrato de $21 millones al año con la ciudad de Atlanta. La alcaldesa Shirley Franklin declaró que el servicio de UW era insatisfactorio. El contrato era de veinte años, pero no pasó de su cuarto año. De los problemas de esta compañía en Atlanta ya les habíamos informado en nuestra edición del pasado 20 de septiembre.

El gobierno municipal redactó un informe para la alcaldesa sobre el desempeño de UW el cual una vez terminado pesaba siete libras. El minucioso documento detalla violaciones por parte de la UW de las normas federales de agua potable. De hecho, menciona un caso específico en el que el agua tenía seis veces más cloro de lo que se había acordado en el contrato. Algunos salideros pasaban semanas sin reparar, y algunos residentes tuvieron que esperar meses para que les atendieran sus querellas sobre roturas y averías.

Pero hay que darle crédito a UW en una cosa: lograron reducir los costos operacionales de los acueductos y alcantarillados de Atlanta. Pero lograron eso reduciendo en 25% el personal encargado de reparaciones y mantenimiento.

Equivocados, pero pa’lante

Los ideólogos del neoliberalismo están de luto, pues tenían grandes esperanzas para con el contrato de Atlanta con UW. La decisión del Concejo Municipal de Atlanta de votar a favor de privatizar los acueductos y alcantarillados en 1998, resultó en la privatización de servicios públicos más grande que se había hecho en Estados Unidos hasta entonces. Otras ciudades se animaron a seguir el ejemplo: Indianapolis y Milwaukee ya han privatizado sus acueductos, y Nueva Orleans está en proceso.

Pero las compañías privatizadoras de agua no se dan por vencidas y ahora esperan cambiar las leyes federales para abrir mercados. La revista Mother Jones informa en su ejemplar de noviembre de 2002 que los cabilderos de esta nueva industria están abogando en Wáshington DC por la aprobación de leyes que protegerían a las empresas privatizadoras de demandas por agua sucia. También buscan que se haga legislación para prohibir que municipios sigan el ejemplo de Atlanta y revoquen las privatizaciones.

La última trinchera de defensa de la privatización es la coerción. Para estos fines la National Association of Water Companies, organismo que representa a las privatizadoras del agua en Estados Unidos, está cabildeando en pro de una ley que obligaría a las ciudades a “considerar” la privatización antes de solicitar fondos federales para actualizar o expandir su infraestructura de acueductos.

Este último punto es de máxima importancia, ya que la infraestructura en muchas ciudades estadounidenses es antiquísima y está en pleno deterioro. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) estima que las ciudades yanquis tendrán que gastar casi $150 mil millones en las próximas dos décadas para poner sus acueductos al día. Y para realizar las reparaciones y modernizaciones necesarias en los alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas sucias, la EPA estima un costo de $460 mil millones.

¿De dónde vendrán esos fondos? ¿De la administración Bush, cuya primerísima prioridad presupuestaria es el gasto militar, y cuya actitud hacia las consideraciones ambientales y de salud pública es de puro desprecio? ¿Se pueden esperar tales fondos federales de una Casa Blanca y un Congreso republicanos que quieren privatizar hasta el Seguro Social? A pesar del fiasco de Atlanta, el consenso en Wáshington es que la privatización es la solución a los problemas con el agua potable en Estados Unidos.

Un fiasco global

Mientras tanto, de todos los rincones del planeta nos siguen llegando relatos de lo desastrosa que ha sido la privatización:

· En Manila, donde el agua la controlan las empresas Bechtel y Suez (compañía matriz de UW), sólo se puede contar con suministro de agua por dos horas al día, y las tarifas han aumentado tan vertiginosamente que las familias pobres tienen que escoger entre agua y alimentos.

· Suez tiene problemas en Suráfrica, donde en 2001 el municipio de Nkonkobe llevó la compañía a la corte para salir de su contrato de privatización. El gobierno municipal sostiene que la devolución de los acueductos al dominio público le ahorraría al pueblo $1.8 millones.

· El conglomerado Vivendi, principal competidor de Suez, también tiene sus pecadillos. Cuando tomó control de los acueductos en la provincia argentina de Tucumán en 1995 con un contrato de 30 años, las tarifas aumentaron más de 100%. La ciudadanía protestó y finalmente la compañía se largó en 1998.

· Argentina conoce también el trabajo de Suez, ya que en 1992 la compañía obtuvo un contrato de treinta años para manejar los acueductos y alcantarillados de Buenos Aires. La firma se tardó tanto y tanto en construir los alcantarillados que las aguas sucias se desbordaron a las calles y sótanos, amenazando la salud pública.

· En Ghana el gobierno privatizó el suministro de agua potable como condición para un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Acto seguido, duplicó las tarifas para atraer inversión extranjera, en un país donde el ingreso anual promedio es de menos de $400.

· En 1989 la primera ministro inglesa Margaret Thatcher privatizó las aguas. Las tarifas aumentaron-en algunas ciudades hasta 141%- a pesar de miles de millones de dólares en subsidios públicos para las compañías privatizadoras. No se puede decir que los aumentos se gastaron en nómina, pues miles de trabajadores de acueductos y alcantarillados perdieron sus empleos. El diario Daily Mail dijo que esta privatización fue el acto de robo legalizado más grande en la historia del país.

· En los últimos años se han visto protestas populares contra la privatización de las aguas en Suráfrica, Bolivia, Panamá, Brasil, Perú, Colombia, India, Paquistán, Hungría y Paraguay. En este último país las manifestaciones las reprimieron con cañones de agua, lo cual demuestra que el agua no escasea.

Dice la ecologista india Vandana Shiva en su nuevo libro Water Wars: Privatization, Pollution and Profit (South End Press, 2002) lo siguiente:

Una vez entran los gigantes del agua, los precios suben. En Subic Bay, Filipinas, Biwater subió las tarifas de agua en un 400%. En Francia las tarifas de los consumidores aumentaron 150% pero la calidad del agua se deterioró. Un informe del gobierno francés reveló que sobre 5.2 millones de personas habían recibido agua “bacterialmente inaceptable”.

En Inglaterra las tarifas de agua subieron 450% y las ganancias de las compañías (privatizadoras) aumentaron en 692%- los salarios de sus jefes crecieron en un asombroso 708%. Las desconexiones de servicio (por falta de pago) aumentaron en 50%. Mientras tanto los casos de disentería se sextuplicaron y la Asociación Médica Británica condenó la privatización del agua por sus efectos sobre la salud.

El agua neoliberal, ¿Sabe mejor?

El auge en la privatización de las aguas está íntimamente ligado al llamado proceso de globalización, según Shiva. Un ejemplo que cita es el del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC), bajo el cual el agua potable es un bien comerciable. Esto significa se castigará que cualquier intento de impedir el comercio internacional de agua- por ejemplo, por razones ambientales o de salud pública.

Eso precisamente ocurrió en 1998 cuando la compañía estadounidense Sun Belt demandó al gobierno canadiense por $10 mil millones. ¿Cuál era el agravio? Que el gobierno de la provincia de Columbia Británica prohibía la exportación masiva de su agua potable y Sun Belt quería exportarla a la sedienta California.

Bajo el TLC, los gobiernos, municipios y comunidades-desde Puerto Rico hasta Hawaii y desde Chiapas hasta Alaska- están obligados a vender sus recursos de agua al mejor postor, ya que le permite a firmas privadas demandar a gobiernos por cualquier inconveniencia que sufran. Y ahora Estados Unidos pretende extender el TLC al hemisferio entero mediante el Area de Libre Comercio de las Américas.

La contaminación también empeora con el TLC. Tenemos el caso de la firma estadounidense Metalclad, que demandó al gobierno mexicano por $17 millones. Las autoridades mexicanas habían ordenado el cierre de la planta de tratamiento y disposición de desperdicios tóxicos peligrosos de Metalclad en San Luis Potosí, y la compañía llamó eso una expropiación injusta. Invocó las protecciones del TLC y ganó su caso contra México.

Arropando el planeta

Las corporaciones privatizadoras tienen cifradas sus esperanzas en establecer un régimen mundial de privatización obligatoria mediante la aprobación de un Acuerdo General sobre el Comercio en Servicios (GATS) que sería supervisado por la Organización Mundial de Comercio (OMC). El GATS obligaría a todos los países miembros de la OMC a abrir a la privatización sus sectores de servicios, que van desde el agua y las telecomunicaciones hasta la salud, educación y sistemas penales.

“Se argumenta a menudo que la privatización de servicios públicos trae más competencia, más financiamiento privado para reducir el gasto público, menos burocracia, más flexibilidad, mayores oportunidades para la fuerza laboral y prácticas gerenciales más modernas”, dice un informe publicado en Inglaterra sobre el GATS.

El informe, producido por la organización no gubernamental The Corner House, sostiene que “sin embargo, en la práctica con la privatización se desarrollan carteles y la corrupción es rampante. El dinero público provee ganancias para firmas privadas que simplemente evitan la competencia del sector público. El sector privado no rinde cuentas ni es reglamentado.”

Según el Banco Mundial la próxima guerra mundial no será por petróleo sino por agua. Según la CIA para el año 2015 el agua será una de las mayores causas de conflicto internacional. Y por otro lado la revista capitalista Fortune pronostica que en este siglo el agua será preciosa mercancía que determinará la riqueza de las naciones. Las tres instituciones coinciden en que la privatización solucionará los problemas con este líquido, mientras que la sociedad civil entiende que la privatización sólo exacerbará los conflictos y la escasez.