El manejo de la
zona marítimo terrestre en Puerto Rico ha sido
simplemente desastroso, especialmente si se toma en
cuenta que ésta es el principal atractivo turístico de
nuestro país. Desde Humacao hasta Rincón y desde Culebra hasta El Combate, abundan los ejemplos de estructuras residenciales y turísticas prácticamente
en la orilla del mar, causando severos problemas de
erosión e impidiendo el goce y disfrute de las playas
por parte del pueblo de Puerto Rico, que es el dueño
legal de ese recurso.
Muchos de los
problemas son ocasionados por la ambigüedad que tiene
la definición de la zona marítimo-terrestre, según expresó a CLARIDAD Ruperto Chaparro,
director asociado del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico. Sea Grant
es un programa educativo dedicado a la conservación y
uso sustentable de los recursos costeros y marinos de Puerto
Rico.
Chaparro
sostiene que históricamente los sucesivos gobiernos de
este país han perdido de vista el maravilloso
atractivo que representan nuestras costas.
La manifestación más triste de esta falta de visión por
parte del gobierno es la pérdida de acceso visual y
físico a las playas.
“¿Por qué no se creó una política pública que garantizara esta hermosa vista?”, preguntó Chaparro refiriéndose a los edificios en Condado y Ocean Park que
impiden que se vea el mar. “La construcción se pudo
hacer al otro lado de la carretera y no a la orilla
del mar.”
“Eso es lo que
se debe hacer en otros pueblos donde aún queda tiempo.
Las propiedades desarrolladas al otro lado de la
carretera seguirían siendo ‘beach front
property’ con un inmenso valor económico sin sacrificar el acceso visual y físico a la playa. De esta forma se podría aumentar el valor turístico y recreativo de la costa creando paseos tablados y/o rutas de bicicletas.”
El acceso
físico es otro gran problema, ya que las playas son
propiedad del pueblo y los dueños de propiedades
privadas en la costa ponen obstáculos para que la
gente no pueda pasar por la playa. Los casos más
extremos que conoce Chaparro son el Condado, Isla Verde y la playa Buyé de Cabo Rojo.
La
proliferación descontrolada de estructuras para turistas
extranjeros y residentes adinerados en las costas
tiene consecuencias sociales negativas como lo que
Chaparro llama gentrificación. La gentrificación
es la dinámica socioeconómica que ocurre cuando residentes de altos ingresos desplazan comunidades pobres.
“Esto implica
el desplazamiento de las comunidades costeras
tradicionales y la ruptura del sentido de comunidad de
estas personas”, explicó Chaparro. “En otros casos
comunidades de pescadores han sido desplazadas por la
construcción de residencias o condominios en lo que
antes era su área de trabajo.”
“Las
comunidades tradicionales se convierten en minoría y
los recién llegados comienzan a quejarse de que sus
propiedades bajan de valor porque sus vecinos no
pintan sus casas o mantienen vehículos dañados en sus
patios.”
Chaparro señala
que las construcciones en cuestión causan problemas
ambientales serios como la destrucción de manglares y
la erosión. Explicó que los manglares no son estorbos
públicos que hay que eliminar, como mucha gente cree. Estos
son vitales para las poblaciones de mariscos y peces
comestibles. Los manglares son además
filtros de agua y sirven de protección contra
huracanes.
El
representante de Sea Grant mencionó el caso reciente de la construcción de un lujoso complejo residencial en la playa de Boquerón en la que se destruyeron cientas de cuerdas de
manglar. Dado que los apartamentos son de medio millón
de dólares estos ciertamente no cumplían ningún fin
social.
La erosión de
las playas la causan no solamente construcción mal
ubicadas cerca de la costa sino también actividades
tierra adentro, como la extracción de arena en los
ríos. Esa extracción detiene el movimiento natural de
esa arena que se supone que vaya a las playas.
La doctora Ana
Navarro, especialista en calidad de agua de Sea Grant, mencionó el caso específico de la cuenca
del río Añasco, que incluye los tributarios Blanco, Prieto, Guava,
Casey y Cañas. Además de las presiones
de la industria de la construcción y la extracción de
arena, Navarro identifica los químicos usados en la
agricultura como uno de los problemas que amenazan
nuestras playas.
En la cuenca
del Añasco se han identificado sobre 300 operaciones
agrícolas que incluyen siembras de café, guineos,
plátanos, chinas, papayas y cidra, entre otros. “Los
fertilizantes que llegan al río mediante la
sedimentación alimentan formas de vida que compiten con
los corales”, dice Navarro.
“Algunas algas
crecen sobre los corales impidiendo su proliferación,
mientras otras causan enfermedades que los matan. Los
sedimentos agrícolas también contienen plaguicidas que
envenenan nuestras aguas y afectan la vida marina.”
Chaparro
propone la creación de una entidad gubernamental cuyo
único y exclusivo propósito sea velar por nuestras
playas, un Departamento de Playas. Tales
departamentos ya existen en los estados de Florida y Hawaii.
El Departamento de Playas del condado de Volusia en Florida, por ejemplo, con un presupuesto
anual de $8 millones, emplea 400 personas a medio
tiempo y 200 a tiempo completo, provee servicios de
parque y recreo, protección policíaca, guardavidas
y manejo ambiental de las playas.
“Estamos
matando la gallinita de los huevos de oro”, advirtió
Chaparro. “Mientras el gobierno hace una inversión de
$40 millones para atraer turistas a la isla, la falta
de estrategias de desarrollo inteligente está
destruyendo el atractivo número uno del turismo: las
playas.”
“El patrimonio
natural es destruido por unos y privatizado por otros
en detrimento del desarrollo económico de todos los
puertorriqueños. Aún estamos a tiempo para detener
estas prácticas erróneas en los pueblos costeros que
comienzan a buscar alternativas de desarrollo en la
construcción costera. Aprendamos de los errores
cometidos en Isla Verde y Condado.”
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