Los gobiernos se dedicaron a privatizar empresas y servicios estatales. Por contra, se evitó realizar una reforma tributaria importante, no se atendió a las peticiones de aumentos salariales ni se llevó a cabo una política agraria para favorecer a campesinos sin tierra. No se combatió la pobreza ni se buscó un mínimo bienestar.

Las condiciones económicas y sociales de la población se han agravado. No se ha atacado la pobreza en los factores que la originan. No se han buscado soluciones de fondo a la estructura económica del país, que modifique la desigualdad en el ingreso y en la distribución de la riqueza. No se atendió a las peticiones de depuración de aquellos miembros del Estado, del ejército y de otras instituciones, que estuvieron implicados en el terrorismo de Estado. La impunidad sigue al orden del día.

La corrupción administrativa continua enquistada en las instituciones. Militares y policías están relacionados con diversos hechos de corrupción y delictivos, entre ellos el secuestro y el narcotráfico. La delincuencia común y organizada se ha apoderado de Guatemala -y de Latinoamérica- y constituye una de las principales preocupaciones para la gente, con sus secuelas de robos, asaltos, secuestros, violaciones, asesinatos...Gobierno y sociedad continúan sujetos, de un modo u otro, al poder del ejército, la oligarquía y la cúpula empresarial.

En el año 2000 se remilitarizó el Ministerio de Gobernación, que ya había sido dirigido por el Ejército Nacional durante muchas décadas. Se iniciaron entonces una serie de ataques, agresiones, vigilancia, invasiones y actos de intimidación contra organizaciones pro-derechos humanos. Durante el 2001 las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia aumentaron un 25% respecto al año anterior. Esta situación se percibe a través de violaciones a la vida (asesinatos, homicidios, ejecuciones extrajudiciales), a la libertad (secuestros, desapariciones sin causa conocida y desapariciones forzosas e involuntarias), a la propiedad privada (robos, invasiones), o a la integridad física (amenazas e intimidaciones). Fue catalogado como el país más violento e inseguro de la región. La agudización de la crisis política y económica aumentó la polarización social, la inseguridad y el pillaje: 4000 personas murieron violentamente y se registraron 88 casos de linchamiento con 190 víctimas, de ellas 37 mortales.

El Gobierno viola los derechos humanos dando prioridad al gasto militar, por encima de otros presupuestos que tienen por objetivo realizar inversiones sociales (educación, salud o trabajo) y permite la corrupción mientras la población se muere de hambre. Y la impunidad de los genocidas del pasado y los represores actuales es total.

Es necesario:

• acabar de desmilitarizar el país
• reducir el poder político del ejército
• la implantación total de los Acuerdos de Paz -en especial el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos- y la de un Estado de Derecho
• el fortalecimiento de la democracia
• la devolución del poder a la sociedad civil
• la subordinación del poder militar a las instituciones civiles del Estado
• la responsabilidad del Gobierno en la deteriorada actual situación y la necesidad de poner fin a la impunidad respecto a las violaciones del pasado y del presente, y conducir una verdadera e independiente investigación sobre las denuncias de violaciones a defensores de los derechos humanos y sobre la presunta existencia de grupos clandestinos
• la participación de los sectores populares en la toma de decisiones, a través de nuevas instituciones y modelos la independencia nacional

Mientras permanezca intacta la atrasada y caduca estructura socioeconómica y el régimen de dominación y explotación, el país no podrá avanzar hacia el desarrollo general y hacia la estabilidad, factores necesarios para consolidar la paz, la justicia y la democracia. Son necesarias medias políticas específicas, es decir, cambios estructurales de carácter social, político y económico, orientados a superar las condiciones de marginación de las mayorías. No puede ser que una minoría privilegiada pueda seguir usufructuando sus privilegios frente a una mayoría marginada de los más elementales bienes humanos.