El campo

Las mejores tierras del país, especialmente las de la costa y boca costa (occidente), se dedican a los cultivos de exportación. En manos de los pequeños campesinos quedan ínfimas parcelas, improductivas y erosionadas, del altiplano occidental y otras regiones, para producir los alimentos básicos. En 1982, más de 400 mil campesinos carecían absolutamente de tierra. El 78% de los propietarios poseían en total el 11% de la tierra cultivada. En el otro extremo, el 3% de los propietarios concentraba en sus manos el 65% de la tierra. A más de 400 mil familias campesinas su tierra no les produce ni siquiera para éllas, lo que las obliga a realizar trabajos temporales en las cosechas de exportación.

En la miserable sobrevivencia de los campesinos indígenas encuentran los ratenientes la mano de obra temporal y barata que necesitan para levantar sus cosechas. Aproximadamente 500 mil campesinos descienden cada año de las tierras altas a la costa y boca costa para cosechar el café, algodón, caña y cardamomo. Su salario es generalmente inferior al salario mínimo oficial; no existe ninguna indemnización, ni prestaciones laborales, etc.

Muchos minifundistas son despojados de sus pequeñas parcelas por no poseer títulos de propiedad. A muchas familias les robaron las tierras mediante la violencia o el engaño: Durante la guerra, los habitantes de muchas aldeas fueron asesinados. Años después, el ejército, los alcaldes corruptos y la Sección Regional del Instituto Nacional de Transformación Agraria simularon que los antiguos propietarios de las tierras -muertos- habían vendido las tierras. Así que falsificaron los documentos por medio de huellas digitales fingidas, resultando pues que los campesinos habían ido a hacer una compra-venta a favor de diversos individuos para venderles las tierras. Incluso los estafadores hicieron desaparecer el acta de defunción del Registro Civil para que no quedasen pruebas.

Las tierras venían a parar a manos de terratenientes (finqueros) con mayores facilidades económicas y jurídicas para obtener las titulaciones legales. Estos individuos, al adquirir estas propiedades injustamente, aunque de forma legal, en su ambición de arrancar de la tierra al campesino, pedían la ayuda de la fuerza pública que acude a su llamada en defensa de una propiedad privada que se le negó a quienes en realidad eran los propietarios de hecho.

La mayoría de los latifundistas y sus caporales están armados, y con frecuencia utilizan fuerzas policiales para proteger sus fincas. Los propietarios han empleado a los desmilitarizados que antes habían servido en sus propiedades como miembros de la Policía Militar Ambulante.

De hecho, la reforma agraria se ha convertido en un objetivo prioritario difícilmente asumible debido a los estrechos márgenes que imponen los grandes propietarios y la alta jerarquía militar; es más, durante décadas se estimuló a que los altos oficiales se hicieran latifundistas. Hasta la fecha, los gobiernos de turno ejercieron de guardianes de los intereses de las oligarquías de Guatemala, país que -como otros- no es sino la granja de productos tropicales de sobremesa, con mano de obra barata, de los EE.UU. y de otras naciones desarrolladas.