MISIÓN CIVIL DE OBSERVADORES NACIONALES

I N F O R M E    P R E L I M I N A R


El presente informe es el resultado de un recorrido de observación que un grupo de mexicanas y mexicanos  realizamos por diversas zonas del estado de Chiapas, del 16 al 31 de mayo de 1998.  Este modesto esfuerzo nace por la inquietud de constatar la realidad que se vive en aquella entidad, ante la falta de credibilidad hacia la información que se difunde en el resto del país.

En nuestro recorrido visitamos, además de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, dos CERESOs del estado: el No. 1, en Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez, y el No. 5, reabierto recientemente en San Cristóbal.  También, y como parte sustancial de esta visita, se viajó por las distintas regiones de la  zona de conflicto, el norte, la selva, los altos y la frontera, donde efectuamos nuestra labor de observación en seis Municipios Autónomos: Ricardo Flores Magón, Tierra y Libertad, Miguel Hidalgo y Costilla, Ernesto Che Guevara, Trabajo y Santa Catarina; además visitamos las comunidades de Nabil y 10 de Abril, recientemente agredidas por operativos policiaco-militares, al igual que lo fueron Taniperla y Amparo Aguatinta, cabeceras ambas de los dos primeros municipios autónomos citados.


ANÁLISIS DE NUESTRA OBSERVACIÓN REALIZADA EN EL ESTADO DE CHIAPAS   

Es un hecho evidente que el país vive una descomposición social y política que permea prácticamente a todos los sectores de la población . La sociedad no cree ni confía más en las instituciones gubernamentales debido a la ineptitud, corrupción e impunidad existente en éstas. A esto se suma la actitud del partido de Estado que busca por todos los medios a su alcance, mantenerse en el poder y seguir imponiendo de manera cada vez más autoritaria sus intereses sobre todos los mexicanos.

En este panorama se encuentra una sociedad fragmentada que desde diversos puntos de nuestra geografía busca caminos para impulsar un proceso de recomposición del país con bases más justas en un verdadero tránsito  hacia la democracia.  En este contexto ubicamos sectores cada vez más organizados que están protagonizando un sinúmero de importantes luchas sociales que reaccionan frente a un sistema injusto y que día a día se multiplican por todo el país.   En medio de este reordenamiento social, la rebelión armada en Chiapas surge como un efecto derivado de la ausencia total de legalidad en aquel estado, así como de los abusos y rezagos históricos de que han sido víctimas los indígenas chiapanecos.

Enfrentándose a un muro de cerrazón gubernamental y después de haber tocado todas las puertas posibles recibiendo a cambio engaños, burlas, represión y olvido, pueblos y regiones enteras se vieron obligados a tomar el único camino  que les quedaba para solucionar sus múltiples carencias y exigir lo que por derecho les corresponde, llegando así al levantamiento armado del 1 de enero del 94. Sin embargo, a los pocos días de iniciado su movimiento,  amplios sectores de la sociedad nacional e internacional, reconocían la justeza de sus demandas y se movilizaban para detener la guerra obligando así al gobierno a decretar el cese al fuego. El EZLN obedeciendo al llamado de la sociedad decide continuar su lucha através del diálogo.

Este proceso de diálogo tuvo una fase inicial que derivó en los primeros acuerdos de paz, firmados el 16 de febrero de 1996 entre el E.Z.L.N. y el Gobierno Federal: Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Cabe destacar que este gran esfuerzo no tiene precedentes en nuestra historia, ya que por vez primera se contó con la participación de amplios y diversos sectores de la sociedad; ambas partes recurrieron a consultas con indígenas de todo el país y con especialistas en la materia. El proceso estuvo abierto por parte del E.Z.L.N., para todas las mexicanas y mexicanos que libremente quisieran acudir y expresarse.

De entre los múltiples aspectos de relevancia que emanan de estos documentos, destacamos dos: Autonomía para los Pueblos Indios y Remunicipalización. Sin embargo hoy, a más de dos años de su firma, encontramos una confusa situación que se ha entretejido en torno a los Acuerdos de San Andrés y que evita dar cabal cumplimiento a éstos.  Lo que debiera ser una reforma constitucional sobre "derechos y cultura indígenas" legítimamente surgida de dichos acuerdos y elaborada por la COCOPA (instancia conformada por todos los partidos con representación en el Congreso) intenta ser remplazada por una iniciativa unilateral del Ejecutivo que está muy por debajo del compromiso firmado.

Ante el incumplimiento de dichos acuerdos, los indígenas simpatizantes zapatistas por la vía de los hechos y con un sustento claro de legalidad basado en el Artículo 39 Constitucional que expresa "...el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".   De este modo la creación de los Municipios Autónomos en Chiapas se convierte en una de las puntas de lanza que buscan en el país alternativas legítimas de gobierno que suplan las obsoletas formas que no garantizan un verdadero Estado de derecho; de hecho nacen de la auténtica voluntad mayoritaria de los pueblos que los conforman .

Más aún, al tratarse de pueblos indígenas que poseen una cosmovisión, cultura, lengua, sistemas normativos y tradiciones ancestrales que son distintas a las del resto de los mexicanos, es que con base en el Convenio 169 de la O.I.T. (signado por el gobierno mexicano y que es retomado en las mismos Acuerdos de San Andrés), ellos han asumido el concepto de la Autodeterminación de los Pueblos, que se traduce en Autonomía.  

Cabe aclarar, según los testimonios recabados, que quienes son parte de los Consejos Autónomos son autoridades elegidas por consenso directo de los habitantes de los pueblos que lo conforman.  Para ello se basan en la trayectoria de servicio y honestidad mostrado a través de los años por esas personas, razón por la que prescinden de candidatos y campañas políticas como las que usualmente sangran la economía en el resto del país. Igualmente documentadas están las observaciones que hicimos de obras y servicios que sin ayuda del gobierno federal o estatal y con el apoyo de la sociedad civil han emprendido los Municipios Autónomos para satisfacer las necesidades de su población: obras y acciones como clínicas de salud, escuelas, redes de agua potable, letrinización, cooperativas de artesanías, rescate de la medicina tradicional, diversos proyectos productivos; y algo de suma relevancia: programas para preservar sus culturas indígenas donde la mística con que ésta las concibe es algo digno de admiración.

Es claro que el partido oficial ve en las autonomías una amenaza al monopolio de poder del que ha gozado ilimitadamente, y al que pretende no renunciar. Una reacción ante ello son las recientes agresiones que fuerzas del Estado han perpetrado en contra de dos municipios autónomos, Ricardo Flores Magón y  Tierra y Libertad, así como la amenaza de extenderla hacia los demás. Llama la atención que el gobierno, argumentando un Estado de derecho que jamás ha existido en Chiapas, recurra a la violencia y a la  ilegalidad para reprimir brutalmente a instancias autónomas que gozan, esas sí, del apoyo y legitimidad que les otorga la libre voluntad de sus pueblos.

En ambos operativos policiaco-militares, además del uso innecesario de la fuerza, del robo y saqueo de viviendas, tiendas comunitarias y oficinas, se han sucedido toda una serie de irregularidades legales (detenciones sin orden de aprehensión, cateo de hogares sin la orden respectiva, allanamientos de morada, tortura, amenazas, etc.) y los procesos que se les siguen a muchos de los detenidos contemplan vicios que son comunes en los sistemas de impartición de justicia de todo el país.  Ahora bien, si lo anterior no es una novedad que desconozcan todos los mexicanos, lo que sí es nuevo y representa un grave síntoma de la descomposición que se vive, es la participación directa de civiles de filiación priísta (en el primero de los casos ampliamente reconocidos por la población local como paramilitares armados), que interactuaron coordinadamente con policías y soldados en esos operativos.

Dentro de esta estrategia que obstaculiza una salida pacífica al conflicto y que se ve notablemente incrementada en vísperas del  proceso electoral local de octubre próximo, e incluso de cara al 2000, se percibe una clara campaña oficial por desacreditar ante la sociedad las labores de la CONAI y de la COCOPA, instancias que son pilares fundamentales en el proceso de paz.  Al mismo tiempo se ataca a las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, alcanzando niveles alarmantes en contra de los observadores internacionales a quienes se les ha fabricado una deformada imagen de intervensionistas, que prácticamente raya en una campaña xenófoba en contra de estos ciudadanos del mundo que solidariamente luchan por los derechos humanos en muchos rincones del planeta. Ante ello nosotros nos preguntamos, ¿si no hay nada que ocultar, porqué se impide la observación de los internacionales?, ¿son  testigos incómodos? Al mismo tiempo, se aprovecha toda visita al extranjero del titular del Ejecutivo y de la Cancillería para desacreditar al E.Z.L.N. y crearle una imagen de intransigente.

Mediante un férreo control de los medios de comunicación electrónicos se pretende lograr un manejo de la opinión pública através del ocultamiento y deformación de los hechos reales, cuestión que resulta evidene cuando uno llega a Chiapas y cosntata la realidad.  Se satura la televisión con spots de discursos presidenciales en los que se sitúa la voluntad de paz y diálogo del lado gubernamental, en donde se repudia la violencia y se insiste en que la iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígena del Ejecutivo es en sí el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés; todo ello parece inscribirse en la lógica de que, si se repite una mentira mil veces, acabará por convertirse en verdad.

Buscándole un fondo de legalidad al incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el gobierno estatal apoyado abiertamente en el federal, lanza su propuesta unilateral de Remunicipalización argumentando que con ello se cumple con dichos acuerdos. Solo por citar algunos ejemplos que resaltan diremos que, proponer como cabecera de un nuevo municipio a Guadalupe Tepeyac, cuando esta comunidad fue totalmente abandonada por sus pobladores desde que el Ejército Mexicano la ocupó en febrero de 1995, nos lleva a la pregunta: ¿quién gobernará el nuevo municipio, los soldados y las prostitutas que son sus únicos habitantes?  Otro caso es el de San Quintín, donde se halla una de las bases militares más grandes; o el de Maravilla Tenejapa, que además de ser un cuartel del Ejército federal es cuna de uno de los primeros grupos paramilitares priístas. O por último, los casos de El Limar y Los Chorros, capitales ambas de dos de las bandas paramilitares más sanguinarias del estado (Paz y Justicia y Máscara Roja). ¿Qué pretende el gobierno con su propuesta de Remunicipalización? ¿En verdad quiere, como lo dice, resolver las causas que dieron origen al conflicto?

Es interesante preguntarnos, ¿si la voluntad de la que habla el gobierno es por la paz y el diálogo, cual es la razón que existe entonces para mantener en Chiapas a miles de efectivos militares que según versiones suman entre 50,000 y 70,000? ¿Porqué un presupuesto tan alto para defensa, cuando urge incrementar el asignado a salud y educación? ¿Cuánto pensará el gobierno destinar a la defensa, ahora que se ha desatado esta nueva crisis financiera ocasionada por su propia negligencia? ¿Cuánto nos ha costado a todos los mexicanos la compra de nuevo armamento para modernizar al ejército? ¿Porqué cada vez el ejército federal avanza más e instala nuevos campamentos militares en plenas zonas zapatistas? ¿Qué razón existe para que los campamentos militares se instalen sobre parcelas de los ejidos e incluso dentro de las mismas comunidades indígenas?  ¿Qué espera  encontrar el ejército federal  cuando avanza hasta puntos que son posiciones de montaña del EZLN?  ¿Porqué estar buscando y provocando un enfrentamiento?  Después de nuestro recorrido por diversas zonas del estado, pudimos entender porqué hay quienes describen al Ejército Federal como un ejército de ocupación, ya que es evidente que las comunidades indígenas se hallan bajo un cerco militar que los hace estar presos en su propia tierra.

Es notable la intensa presencia militar en ciudades, comunidades y carreteras, en las que los múltiples retenes violan flagrantemente los Artículos 11 y 129 Constitucionales al impedir el libre tránsito y asumir funciones que corresponden a autoridades civiles. Sufrimos directamente esta violación al ser continuamente detenidos en nuestro recorrido: se nos exigió presentar identificaciones, fuimos interrogados acerca de nuestro destino y procedencia e igualmente cuestionaron el motivo de nuestra presencia en el lugar,  por último en clara acción intimidatoria, se nos filmó y fotografió además de anotar todos nuestros datos. A doscientos metros  de la entrada a la comunidad de Roberto Barrios se ubica un campamento militar donde el ejército nos advirtió que de no mostrarles las identificaciones no pasaríamos, incluso se  nos amenazó con llevarnos ante el Ministerio Público; argumentaron que solicitan identificaciones a todos las personas ya que  tienen ordenes de llevar el control de todo aquel que entre o salga de la zona, además de repetir en tres ocasiones que "por orden presidencial estaban asumiendo las funciones de agentes de migración para regular a extranjeros".

De acuerdo con los testimonios recabados de los pobladores de distintas zonas y de nuestras propias observaciones, encontramos una serie de violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos que describimos en seguida: aprehensiones arbitrarias, allanamientos de morada, robo de pertenencias en las viviendas, saqueo de tiendas comunitarias, golpes lo mismo a hombres y viejos que a mujeres y niños (Nabil, 10 de Abril, Amparo Aguatinta, Taniperla), amenazas e implantación de terror entre la población. También se pudo constatar que los soldados federales causan daños en las parcelas y contaminan deliberadamente las fuentes naturales de abastecimiento de agua en las comunidades (como es el caso concreto de Polhó y Roberto Barrios).

Cabe hacer notar que los cuerpos policiacos de Seguridad Pública del Estado, frecuentemente se coordinan con elementos del ejército federal en diversos operativos y también mantienen campamentos dentro de varias comunidades, violando los derechos humanos de la población del mismo modo que lo hacen los soldados.  Tal fue el caso que nos tocó vivir en el retén  ubicado en Tzanembolom, Pantelhó donde nos exigieron identificación e interrogaron con prepotencia.

Otro factor que viola la Constitución, es el hecho de que el Ejército federal participe en funciones de ayuda humanitaria, bien sea de alimentación, salud, etc.,  pues según el Art. 129 "En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar...",  lo que lleva inevitablemente a pensar que es usado como un pretexto para justificar la intensa presencia militar en la zona.

Un elemento que consideramos fundamental y que forma parte de la misma estrategia, es el rompimiento del tejido social provocado al interior de las comunidades indígenas, mediante la utilización que hace el gobierno de las diferencias, el  hambre y las carencias de la gente, ofreciendo desde despensas y pollos, hasta viviendas, vehículos, distribución de apoyos económicos y servicios, para de este modo comprar conciencias y corazones de todo aquel que se afilie al PRI.  Así, los millonarios recursos destinados a Chiapas, de los que tanto se habla, son discrecionalmente asignados para quienes militan o deciden afiliarse al partido oficial.  De hecho, según los testimonios recabados en las comunidades, esta manera de coptar gente es el punto de partida para reclutar a los futuros paramilitares.

Estos grupos paramilitares en distintas regiones de Chiapas han sido ampliamente denunciados  por los pobladores del estado, quienes atestiguan que son coptados y entrenados directamente por elementos militares y  seguridad pública; quienes además les brindan encubrimiento y protección, al tiempo que las instancias de impartición de justicia les garantizan impunidad.  Las acciones violentas de estos paramilitares ya arrojan saldos alarmantes, donde la masacre de 45 indígenas en Actéal el pasado mes de diciembre es tan sólo una lamentable  muestra, y que a la fecha han provocado que aproximadamente unos 18,800  indígenas se hayan visto obligados, por agresión directa o por terror psicológico, a abandonar sus comunidades y refugiarse en condiciones infrahumanas.  Todo esto se encuentra suficientemente documentado por diversas organizaciones civiles de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales.

Resulta oportuno recordar que la creación de grupos paramilitares para cumplir tareas de contrainsurgencia, es una vieja táctica que viene desde Vietnam y que en las guerras de El Salvador y Guatemala protagonizaron uno de los capítulos más negros y sanguinarios en la historia del continente, en dónde tocó a esos grupos hacer el trabajo sucio para mantener más o menos limpia la imagen de los ejércitos oficiales.  Ahora bien, si reflexionamos en que esos escuadrones paramilitares fueron creados con base en manuales hechos por la inteligencia militar estadounidense y de hecho sus mandos fueron entrenados en la Escuela de las Américas de los EE.UU., debemos entonces preguntarnos, ¿qué han estado haciendo en los últimos dos años militares mexicanos en dicha "escuela"? ¿Cómo es qué con tanta presencia militar han logrado florecer al menos unos 15 grupos paramilitares que están ilegalmente armados?

Es importante destacar que durante décadas, las comunidades indígenas han sabido sobrellevar sus diferencias étnicas, religiosas y políticas, mediante acuerdos internos que les han permitido convivir en armonía. Sin embargo con la intromisión de la estrategia gubernamental se rompe este patrón social, radicalizando posturas que los casos de más de 18,000 personas desplazadas en diversas zonas de Chiapas, evidencian claramente. Esta desestructuración inducida ha llegado al interior de muchos núcleos familiares, lo que se traduce en odios  que se van generando desde la niñez y que difícilmente llevarán de nuevo a una vida comunitaria plena.

El caso de Amparo Aguatinta, cabecera del Municipio Autónomo Tierra y Libertad, es un claro ejemplo de cómo inician estas divisiones. Antes del operativo policiaco-militar del 1o. de mayo, según testimonios recabados, existían familias que se autodenominaban independientes (por no tener ninguna filiación política)  y que acudían a esta instancia para la resolución de sus  problemas. Sin embargo ocho días antes del operativo tuvieron que adoptar la posición priísta, unas aprovechando los ofrecimientos oficiales y otras por temor a ser reprimidas. De este modo, una comunidad que venía funcionando através de acuerdos, se encuentra hoy dividida.

No podemos soslayar las secuelas que esta estrategia oficial va dejando en los pueblos indios que durante siglos han aprendido sabiamente a subsistir como cultura autóctona mediante la unión férrea y la vida en comunidad en la que todos los asuntos se resuelven mediante el consenso en sus asambleas.  ¿Cómo podrán recomponer esta abrupta intromisión en su esquema sociocultural? ¿Qué trastornos ocasionará una ocupación militar que transgrede la moral y costumbres indígenas al introducir cuestiones como la prostitución, la droga y el juego de azar? ¿Qué sucederá con las mujeres indígenas que quedaron embarazadas por violación, o falsas promesas de amor de los soldados federales?

Existen también las rupturas provocadas en las organizaciones sociales independientes al oficialismo, muchas de las cuales llevan años de lucha por lograr mejores condiciones de vida para sus miembros. Esta es una práctica permanente que no sólo se está dando en Chiapas, sino en otras zonas rurales del país como en Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz entre otros.  Desde la compra de conciencias de sus líderes, hasta su aprehensión mediante delitos fabricados en caso de que no acepten venderse al sistema; y desde los asesinatos y las amenazas, hasta la infiltración de desestabilizadores que provocan rompimientos.  En el caso chiapaneco, lo sucedido en la A.R.I.C. o en Xi-Nich, ejemplifican claramente este hecho.

Por otro lado, en la visita que efectuamos al CERESO de Cerro Hueco, donde se encuentran recluidos 42, de los 83 presuntos zapatistas presos que conforman la Voz de Cerro Hueco, recabamos testimonios que tienen por común denominador las detenciones arbitrarias, la fabricación de delitos, falta de pruebas, ausencia de traductores y vicios en los procesos que en muchos casos llevan más de dos años  sin sentencia.  En muchos de los casos, existe la participación de paramilitares afiliados al PRI tanto entre los acusadores y testigos como entre quienes directamente intervienen, solos o en coordinación con la policía y los soldados, en las respectivas  aprehensiones.

Uno de los muchos testimonios es el de Manuel Gómez López del ejido San Jerónimo Bachajón, en Chilón, quién fue acusado de asesinato por un paramilitar del grupo Los Chinchulines y lleva ya dos años en prisión sin que aún concluya su proceso.  En un careo, uno de los testigos aceptó haber sido presionado por otro de los paramilitares del mismo grupo para declarar en contra del acusado.  Hoy resulta que ambos chinchulines también se encuentran presos en ese penal por asesinatos e incendio de 17 casas.

En lo que se refiere a su vida dentro del penal, encontramos que las condiciones son de hacinamiento e insalubridad:  los 42 conviven en una celda de aprox. 80 m2, donde el calor es sofocante y en la que tienen que dormir en el suelo, cuestión grave ahora que vienen las lluvias y el techo de lamina es una coladera que provoca la inundación de la celda.  Hace apenas unos 20 días, que ellos mismos se construyeron un par de sanitarios, ya que antes tenían que hacer uso de los que corresponden a otros grupos en el penal, entre ellos unos 24 que pertenecen al grupo paramilitar Los Chinchulines y que además de continuas fricciones violentas, les cobraban mensualmente cuatro bolsas de jabón y un bote de pinol.

Por último, no podemos hacer de lado lo que es obvio: la intervención externa en el conflicto chiapaneco  debida a fuertes intereses económicos y geoestratégicos, de los grandes inversionistas transnacionales y de las mayores potencias del mundo, concretamente los EE.UU.  Haciendo memoria sobre la manera  oculta con que el equipo salinista "negoció" el TLC, y la forma en que el actual gobierno está abordando el acuerdo con la Unión Europea, es preocupante la vulnerabilidad en que puedan haber quedado los recursos naturales estratégicos que despiertan la voracidad de aquellos extranjeros que sí tienen capacidad para absorberlo todo.

Chiapas es inmensamente rico en recursos naturales y por su situación geográfica a un lado del Istmo de Tehuantepec lo convierte en un punto nodal para el comercio y en una posición militar estratégica a nivel mundial. En Chiapas existen enormes reservas de petróleo, importantes yacimientos de uranio, tierras aptas para el cultivo del café de máxima calidad, un gran potencial maderero, la tercera parte de las reservas de agua dulce del país y la posibilidad de cuadruplicar la capacidad generadora de energía hidroeléctrica, que actualmente representa el 55% del total de la generación nacional.

Como es sabido grandes transnacionales como la Nestlé, la General Electric, International Paper y el grupo Pulsar entre otros, realizan ya Megaproyectos como el del Istmo, el de las plantaciones de eucaliptos o el de unas 40 presas hidroeléctricas. ¿De qué manera obstaculiza el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés a esos poderosos intereses económicos? ¿En cuanto cotiza el gobierno mexicano la vida de miles de indios chiapanecos, en comparación con su proyecto neoliberal ?





CONCLUSIONES GENERALES

Después del recorrido hecho a través de Chiapas nos queda claro que no existe, en los hechos, la voluntad del gobierno para dar una solución pacífica y negociada al conflicto en Chiapas, ni para cumplir cabalmente los Acuerdos de San Andrés, sino más bien ejecuta una estrategia global de contrainsurgencia que prepara el camino para dar un golpe militar definitivo al EZLN buscando el menor costo político para el partido en el poder.

Lo que pudo ser una solución pacífica a un conflicto de causas justas cuya respuesta requería de apoyos al gasto social, reconocimiento a los rezagos históricos y al derecho que tienen los indios de dirigir sus propios destinos, se ha convertido en una guerra sucia cuyas secuelas serán grandes y de profundas consecuencias: las principales víctimas han sido niños, mujeres y ancianos que, al encontrarse padres y esposos muertos, presos o refugiados, se ven solos y sin sustento; el hecho de que hasta la fecha hayan ya más de 18,000 civiles que han tenido que abandonar sus hogares y sus parcelas desplazados por la violencia oficialista, es un dato alarmante de la bomba de tiempo que se está armando en Chiapas; la situación del hambre, de por sí conocida en estas tierras, se ve fuertemente incrementada por la imposibilidad que tienen muchos habitantes de salir a trabajar sus parcelas por el acoso de los soldados federales, la seguridad pública y los paramilitares, y si a lo anterior le agregamos la preocupante situación ambiental generada por el retraso en las lluvias y la proliferación masiva de incendios, prevemos problemas de una hambruna de grandes dimensiones en el corto plazo; el rompimiento de un tejido social intacto durante muchas generaciones, es una de las más dolorosas secuelas que deja esta estrategia gubernamental, que pone en grave riesgo no solo la reconstrucción de la vida comunitaria, sino la existencia misma de la diversidad cultural chiapaneca; para finalizar, la intención gubernamental nos queda clara: en su afán por mantenerse en el poder y terminar de implantar su proyecto neoliberal, que niega el valor de las personas en función del poder político-económico, están dispuestos a cometer un exterminio de indígenas no solo en Chiapas, sino en muchos de los territorios indios que poseen riquezas en nuestro país.


Hacemos un llamado urgente a todas las mexicanas y mexicanos,  para que acudan a Chiapas y testifiquen con sus propios ojos lo que aquí ocurre, que es muy distinto a la información que fluye en el resto del país; en Chiapas se está viviendo una guerra que, por más que se quiera ocultar, diariamente deja una secuela de muerte, represión, hambre, miseria, terror y hasta el momento unos 18,800 indígenas refugiados que sobreviven en condiciones infrahumanas. ¡Paremos la guerra de exterminio! Formemos misiones de observación. Luchemos para conseguir la paz justa y digna que todos los mexicanos merecemos.