A propósito del conflicto agrícola,

ESTADO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Venezuela cuenta con grandes recursos naturales con ventajas comparativas, que constituyen una excelente base para el desarrollo económico sustentable y del bienestar social ampliado. Sin embargo, de manera paradójica, en lugar de progresar económicamente y de elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos, venimos padeciendo de un empobrecimiento progresivo y creciente, que abarca cada vez mas a mas sectores de nuestra población.

El progreso económico y la elevación del nivel de vida, se logra gracias a los aumentos de la productividad en todos los sectores de la actividad económica: industria, comercio, servicios, agricultura y cría, etc., mientras que, por el contrario, el deterioro de la productividad produce inevitablemente deterioro económico y pobreza.

El principal motor de los aumentos de productividad es el sector privado, pero, requiere de un ambiente económico favorable a su iniciativa para que pueda desarrollar con fuerza toda su potencialidad. En este sentido el Estado está obligado a crear el "ambiente" económico, social y tecnológico para este fin.

Hoy, la productividad está íntimamente asociada con la capacidad de los agentes productivos para transformar los recursos naturales que posean ventajas comparativas, en ventajas competitivas, pues es a través de la competitividad que, en las condiciones económicas, tecnológicas, políticas y sociales, nacionales e internacionales, las distintas naciones pueden prosperar y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

En consecuencia, es un deber ineludible de carácter político inherente al Estado, no sólo de velar porque la competitividad motorizada por la productividad nacional se desarrolle, sino que tiene el deber de impulsarla.

Para ello, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones económicas favorables para que los particulares cuenten con el ambiente socioeconómico adecuado que les permita desarrollar a plenitud la competitividad bajo el impulso de una productividad creciente.

Al Estado le corresponde asumir las inversiones en infraestructura productiva fundamental y de apoyo a todas las actividades productivas, establecer centros de apoyo tecnológico a los productores en todos los sectores de la actividad económica; debe apoyar a los productores tanto agropecuarios, como industriales o de servicios y del comercio, con información de carácter tecnológico y técnico para la producción, así como de mercados tanto nacionales como internacionales; le corresponde garantizar óptimas relaciones comerciales entre compradores y proveedores y entre productores y consumidores, bajo el fundamental precepto de que las mejores transacciones comerciales son aquellas en donde todos ganan y no en las cuales ganan unos en perjuicio de otros.

Por tanto, le corresponde a los Poderes Públicos nacionales, regionales y municipales, garantizar la armonía del funcionamiento de las cadenas de producción y comercialización, desde la producción primaria, hasta el consumidor final y, en consecuencia, debe garantizar la paz social, también en la esfera económica.

Con esto, estamos indicando, que es un deber de todas las autoridades políticas el garantizar la armonía y la convivencia civilizada de la sociedad, incluso en la esfera económica. Cualquier actitud, por bien intencionada que pueda ser, pero que apunte o dé como resultado una lucha sin tregua entre agentes económicos, al igual que entre grupos sociales, que conduzca a la disociación entre agentes o grupos, en el fondo, es una actitud contraria al orden público y nociva a la sociedad, que debe ser rechazada.

A pesar de que en Venezuela contamos con grandes recursos con ventajas comparativas, no somos competitivos y, al no serlo, cada vez nos empobrecemos mas. Es nuestro deber dar un vuelco radical a esta contradicción que viene deteriorando la vida de nuestros hombres y mujeres. Es nuestro deber impulsar la competitividad, para lo cual no sólo hay que aumentar nuestra productividad, sino que tenemos que impulsarla y estimularla.

Dadas nuestras escasas condiciones de productividad y competitividad, en la mayoría de nuestros segmentos productivos, nos encontramos en clara desventaja para competir con productos de otros países que sí tienen alta productividad y cuentan con excelentes condiciones de competitividad.

No hay duda, que el camino del desarrollo sustentable y de la prosperidad de Venezuela, es el de la competencia no sólo a nivel nacional sino, fundamentalmente, a nivel internacional. Sin embargo, en las circunstancias actuales, la desigualdad competitiva con productos y productores de otras latitudes determina fuertes desventajas para nuestros sectores productivos que nos impiden competir en igualdad de condiciones. Por consiguiente, es imprescindible tomar medidas de largo plazo y de corto plazo simultáneamente para cambiar esta situación.

En términos de desarrollo al mediano y largo plazo, debemos crear las condiciones económicas materiales, sociales y jurídicas para motorizar el desarrollo de la productividad y la competitividad. En este sentido, cualquier Ley vinculada a la esfera económica, al tiempo que debe crear la normativa que estimule la productividad y la competitividad, debe eliminar toda norma que las anule. Ninguna Ley relacionada con aspectos económicos debe ser una "camisa de fuerza" contra la productividad y la competitividad. Por el contrario, debe abrir las posibilidades normativas para su incremento sostenido.

En este sentido, el Estado venezolano no siempre ha coadyuvado a que los particulares puedan desarrollarse competitivamente.

El Estado venezolano ha dedicado grandes cantidades de dinero, por vías de subsidios, financiamiento e, incluso, proteccionismo exacerbado, al sector agropecuario y a otros sectores y los resultados obtenidos han sido la debilidad de los mismos y su incapacidad competitiva, junto con un aumento alarmante de la pobreza. A la luz de los resultados, está claro que los recursos dedicados a fortalecer nuestros sectores productivos han sido mal empleados.

No contamos con infraestructuras productivas de la calidad y cantidad adecuadas a los requerimientos de nuestras capacidades productivas y nuestros productores se encuentran desguarnecidos de apoyo tecnológico, de información técnica, comercial y de mercadeo; brilla por su ausencia la infraestructura de mercado y mercadeo, como centros de acopio y de distribución y como bolsas de mercado para distintos tipos de productos, que le permitan a los productores de cualquier índole concurrir a negociar tanto la compra como la venta, de la manera mas transparente posible sin ser explotados y sin posibilidad de abusos. No se cuenta con servicios de apoyo a la producción y a la comercialización, de manera que sus costos se reduzcan al mínimo y su eficiencia aumente, dando como resultado mejores productos a mejores precios para el consumidor.

La agricultura nacional es un sector donde las contradicciones económicas son evidentes, con indicadores de pobreza e improductividad graves pero con importantes posibilidades potenciales de prosperidad, siempre y cuando enfoquemos las acciones de manera distinta a cómo lo hemos hecho hasta ahora.

Pero también debemos tomar medidas de corto plazo, mientras logramos avanzar en las condiciones adecuadas para ser competitivos en el futuro próximo.

Al corto plazo, una apertura indiscriminada pudiera arrasar con la debilitada capacidad productiva actual; pero tampoco podemos caer en el proteccionismo extremo que obligue a nuestros ciudadanos a someterse a un mayor costo de vida habida cuenta de la ineficiencia de nuestra producción nacional. Es preciso encontrar el equilibrio y la armonía intersectorial, que permita ir abriendo progresivamente el paso a la productividad y a la competitividad, sin discriminar ningún sector, pero también sin privilegios para ninguno.

El Estado venezolano, cuenta con instituciones e instrumentos (Superintendencia de Pro Competencia y la Comisión "antidumping"), que debemos utilizar para evitar que seamos afectados por la competencia desleal tanto internacional, como nacional.

El conflicto entre los productores agrícolas y la industria agroalimentaria es producto de la ineptitud, negligencia y contradicciones de las autoridades gubernamentales.

A pesar de los últimos acontecimientos, nos negamos a pensar en una "guerra económica" entre estos sectores, pues no podemos olvidar que, dadas las características físico-estructurales de estos dos sectores, en última instancia, a la industria manufacturera le es mas factible cerrar su producción y desviar su inversión hacia otras latitudes que al sector agropecuario, en cuyo caso, no sólo sería desastroso para la agricultura, sino para el país.

El sector agropecuario, al igual que cualquier otro sector económico nacional, tiene el derecho a producir y recibir un precio justo por sus productos, pero la industria agroalimentaria y los consumidores también tienen derecho a comprar a precios justos.

En este orden de ideas, es justo aceptar que, si la agroindustria no compra la producción agropecuaria nacional, el sector agropecuario tiene el derecho de vender sus productos en el exterior. Pero, es precisamente allí donde radica el problema, pues nuestra producción agropecuaria no puede competir con los precios internacionales, dada su baja productividad y, por tanto, sus elevados costos.

Se argumenta que los países industrializados "subsidian" la producción agrícola y por esa razón sus productos pueden venderse a menores precios internacionalmente. Tenemos que ser muy cuidadosos al manejar este tipo de argumento, pues la realidad es otra.

La realidad es que en los países desarrollados, los mencionados subsidios no tienen relación con la interpretación que se le ha querido dar en nuestros países. En la CEE, por ejemplo, los Estados sólo otorgan subsidios a aquellas producciones que corresponden a programas específicos de desarrollo agropecuario diseñados por el Estado y, además, están definidos y limitados en el tiempo, de forma tal que los beneficiarios de los mismos, tienen la obligación, en contrapartida, de lograr metas de productividad, competitividad y producción determinadas en los proyectos de desarrollo definidos, de lo contrario, no pueden recibir tales estímulos temporales. En los EEUU, por ejemplo, muchos de los subsidios que otorga el Estado están dirigidos a evitar distorsiones del mercado por sobreproducción, lo que en el fondo representa un desestímulo hacia ciertas ramas de producción para estimular, indirectamente, la inversión productiva hacia ramas deficitarias. Como podemos observar, los mencionados subsidios son mas bien mecanismos de estímulo a la producción de rubros agrícolas de interés tanto nacional como para los propios productores. Pero, lo importante, lo significativo, es que los mismos, lejos de favorecer a sus productores para envilecer los precios de sus productos y de esta manera crearles ventajas en el mercado, lo hacen para mantener el mayor equilibrio posible de precios, de acuerdo a la demanda y oferta de los productos agropecuarios.

Lo que nos corresponde, para proteger y estimular a nuestro sector agropecuario es contar con un Estado democrático, fuerte y capaz de desarrollar los ambientes económicos adecuados para que los productores mas eficientes, efectivamente puedan desarrollar sus potencialidades competitivas. Esta es la mejor y mas democrática manera de conciliar las enconadas posiciones entre dos sectores que, en lugar de enemistarse, deben cooperar entre sí, respetando sus respectivas peculiaridades. El Estado, en todas sus instancias institucionales, no puede ser agente beligerante en favor de uno u otro sector, sino factor de desarrollo en función del interés nacional, del crecimiento económico y del desarrollo social.

 [Biografía] [Documentos] [Visión] [Prensa] [Páginas Relacionadas]