14 AL 16 DE ABRIL 1997
En los últimos años, las relaciones
entre Venezuela y Colombia se han visto seriamente perturbadas por la agresión
violenta de grupos armados que operan impunemente en el lado colombiano
de la frontera con Venezuela. Venezuela vive de manera continua acciones
insurgentes de grupos que pertenecen al narcotráfico, la guerrilla,
la delincuencia y el bandolerismo, que desafían permanentemente
el entendimiento civilizado y la convivencia pacífica en la zona
fronteriza de dos países vecinos, y violentan el desarrollo y la
vida cotidiana de los que allí habitan.
Las agresiones armadas al territorio y al Estado
venezolano, contra civiles y militares, es cada día más grave
y preocupante. Al número de soldados y civiles venezolanos muertos
y heridos, víctimas de la acción armada de la narcoguerrilla,
hay que sumarle el hostigamiento diario que se comete contra la vida productiva
económica y social de la región, contra trabajadores, productores,
comerciantes y empresarios, secuestrados y chantajeados con pago de "vacunas"
y rescates, a cambio de sus vidas y la de sus familiares. La violencia
que envuelve la vida en la frontera vulnera los mas elementales derechos
humanos, consagrados hoy en el ordenamiento jurídico internacional.
El drama del que Venezuela es hoy víctima,
no puede ni debe soslayarse de la realidad hemisférica. Observamos
con honda preocupación los efectos expansivos de las actividades
de la narcoguerrilla, y cómo la paz y la democracia podrían
verse amenazadas por la repetición de estos hechos en muchas fronteras
latinoamericanas, por la situación de violencia interna que viven
algunos de los países del hemisferio, trasladada a las zonas fronterizas,
donde se agrava por la pobreza que, en la mayoría de los casos,
agobia a sus poblaciones.
Este cuadro es un problema de seguridad y defensa
hemisférica que debemos atender prontamente, ante el crecimiento
desmesurado del narcotráfico que, apoyado en grupos irregulares
armados, sabotea la acción de los Estados, poniendo en peligro la
paz entre las naciones y por tanto la seguridad y estabilidad democrática
del hemisferio.
El narcotráfico es un problema internacional
y como tal debe ser asumido. Es una amenaza particular en nuestra región,
en la que su acción ha crecido de manera alarmante por el apoyo
logístico que le presta la guerrilla asentada en zonas rurales y
fronterizas, a pesar de los esfuerzos realizados por nuestros países
con ayudas bilaterales y multilaterales. Los carteles de la droga han conformado
toda una industria del delito, apoyada en la organización que tiene
la guerrilla, que protege sus cultivos y los laboratorios clandestinos
de procesamiento de la coca. Es una guerra no declarada contra la seguridad
de nuestras naciones y contra la estabilidad política del hemisferio.
En Venezuela, a todo efecto práctico, vivimos
una guerra declarada por parte de las fuerzas del narcotráfico y
de la guerrilla, quienes en alianza con grupos de bandoleros, mantienen
azotadas las poblaciones fronterizas, sin que hasta ahora los acuerdos
y convenios binacionales suscritos al respecto hayan sido efectivos. El
gobierno venezolano ha cumplido sus compromisos internacionales y ha tomado
importantes medidas, tanto en el ámbito militar como en el ámbito
civil, para proteger nuestras fronteras y a nuestros connacionales, ante
un problema que evidentemente no es de origen venezolano.
Sin embargo, la narcoguerrilla se escuda en el
concepto de soberanía colombiana y en la incapacidad declarada públicamente
por el Estado colombiano para ejercer acciones contundentes y efectivas.
La narcoguerrilla, armada con equipos altamente sofisticados, actúa
de manera impune del lado colombiano de la amplia franja fronteriza, en
la que ha impuesto un orden al que la población, generalmente campesina
y pobre, no le queda más remedio que subordinarse.
Pero lo mas preocupante, es la actuación
de estos grupos en zonas donde sí hay autoridad y representación
del Estado colombiano y donde, lamentablemente, tenemos la información
de que la narcoguerrilla es apoyada sinuosa y solapadamente por los niveles
locales de gobierno, como es el caso de la zona colombiana de Arauquita,
que se ha transformado en un centro de operaciones de la narcoguerrilla,
con el soporte de las autoridades electas, quienes afirman permanentemente
que Venezuela es la agresora. Fuentes de inteligencia han confirmado, que
seis de las agresiones armadas que este año ha sufrido Venezuela,
han sido planificadas desde ese centro de operaciones y, una vez ejecutadas,
se ha convertido en refugio seguro para los atacantes.
Venezuela es uno de los pocos países de
América Latina que es objeto de este tipo de agresiones externas.
Y debemos reconocer también, que este no es un problema originado
en Venezuela, aunque es su principal víctima, ni tampoco es un problema
del que podamos desprendernos tan fácilmente y con medidas aisladas
y solitarias.
Las declaraciones e intenciones de acción
que hemos recibido de parte de la Cancillería colombiana no encuentran
traducción en los hechos. Venezuela, en una actitud seria y responsable,
con total apego al derecho internacional, hace ingentes esfuerzos para
atender los puntos fronterizos críticos, sin que hasta ahora haya
un esfuerzo recíproco efectivo y proporcional por parte del Estado
colombiano.
Colombia, a pesar de sus esfuerzos, se ha visto
imposibilitada para ejercer el control de la situación y no ha ocupado
de manera efectiva las zonas conflictivas de la frontera. Debemos reconocer,
que Colombia no tiene capacidad para ocuparse de su frontera; que el Estado
colombiano es incapaz de controlar la violencia extendida en una gran porción
de su territorio.
Ante esta situación, en Venezuela peligrosamente
crecen las voces que llaman a acciones más enérgicas y radicales
de nuestro país hacia la República vecina, acciones que evidentemente
son inaceptables en un mundo civilizado y pleno de mecanismos de diálogo
y entendimiento internacional, si existe la voluntad compartida de emprenderlos.
Pero ante esta escalada de ataques armados, debemos evitar a toda costa
el riesgo de un conflicto entre Venezuela y Colombia, provocado por la
acción de la narcoguerrilla, la guerrilla y la delincuencia fronteriza,
y por sectores interesados en promover un conflicto que beneficiaría
a pocos y conduciría a incalculables pérdidas para ambas
naciones.
Debemos considerar la necesidad de establecer
y aplicar en este caso específico, un sistema de seguridad y defensa
multilateral que permita la cooperación internacional, a fin de
minimizar los riesgos de conflicto entre los países fronterizos
y abortar, de una buena vez, la acción de grupos de irregulares
que actúan como fuerzas paramilitares o paraestatales, como es el
caso de la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.
Estoy convencido, de que este caso es un problema
de seguridad hemisférica que amerita una visión global de
cooperación multilateral. La capacidad de los gobiernos está
mermada tanto por las crisis económicas y sociales internas que
viven nuestros países, como por los recursos financieros y el apertrechamiento
del que disponen el narcotráfico y las fuerzas irregulares que le
sirven de sostén y apoyo. He sostenido reiteradamente en mi país,
la necesidad de considerar como opción válida la creación
un Consejo Interamericano de Seguridad y Cooperación Regional, que
bien podría servir como instrumento multilateral que ejerza acciones
diplomáticas preventivas, a los fines de evitar la proliferación
de conflictos entre países fronterizos, que afectan a los países
y poblaciones directamente involucrados, con serio riesgo de extensión
hacia otros países, afectando sensiblemente la paz y seguridad del
hemisferio.
Obviamente, la solución de nuestros problemas
fronterizos no puede pasar por el tamiz de las acciones exclusivamente
militares. Comparto la idea de que sólo una política integral
de los Estados puede reducir considerablemente la acción de estos
grupos irregulares. En este sentido, decisiones y acciones civiles, políticas,
económicas, sociales y ambientales, entre otras, son urgentes y
necesarias.
Sin embargo, dada la delicada situación
de tensión y violencia que vive nuestra vecina República
y la incapacidad oficial admitida por el Estado colombiano para controlar
efizcamente la acción de estos grupos, iniciativas tales como una
fuerza multinacional de paz podrían, en lo inmediato y dada la urgencia
del caso, salvaguardar vidas en la región e impedir que el narcotráfico
y la guerrilla sigan actuando y expandiéndose hacia otros países
del hemisferio. Tal fuerza multinacional actuaría en una zona fronteriza
de resguardo y ayudaría al Estado colombiano, bajo su coordinación
y mando, en operaciones que actualmente no pueden realizar por escasez
de recursos.
Problemas complejos requieren soluciones novedosas.
En un mundo globalizado y cada vez más interdependiente, la narcoguerrilla
nos está obligando, a colombianos y venezolanos, a promover situaciones
de cooperación a través de modelos no tradicionales.
Debemos ser capaces de enfrentar exitosamente
las agresiones e interferencias de la narcoguerrilla y sus asociados, que
pueden radicalizar los problemas cotidianos propios e inherentes a la vecindad
de países fronterizos.
Venezuela es víctima de una violencia no
provocada por ella; Venezuela ha sido objeto permanente de invasiones a
su territorio y de agresiones armadas por parte de un "estado colombiano
paralelo" constituído por estos irregulares y, por tanto, tiene
derecho a exigir soluciones concretas y efectivas que pongan punto final
a la escalada de violencia en su contra.
La paz y seguridad de nuestras naciones están
amenazadas ante las posibilidades efectivas de que ocurra un conflicto
fronterizo, que ninguno de nuestros Estados ha buscado. Sólo una
acción decidida de cooperación multilateral es capaz de abortar
los peligros que enfrentan las democracias de nuestros países, ante
la acción destructiva del narcotráfico y la narcoguerrilla.
La seguridad hemisférica así nos
lo exige.
Abril de 1997