PROBLEMAS DEL DESARROLLO ECONOMICO
EN VENEZUELA
El país requiere de una estrategia que integre como dos variables profundamente correlacionadas al desarrollo económico sustentable con el desarrollo social. El desarrollo económico implica desarrollo social y viceversa. Por eso es que las medidas económicas de los últimos años que no han sido planes de desarrollo económico , han fracasado.
Entre 1959 y 1973, la estrategia económica de industrialización por sustitución de importaciones fue altamente exitosa.
Generó empleo sin inflación, se elevó la calidad de vida del venezolano y la distribución del ingreso nacional fue progresiva.
En esos quince años, el nivel de desarrollo social alcanzado fue cónsono con el del crecimiento económico, sin recurrir a medidas compensatorias, a pesar de haber tomado drásticas medidas de ajuste en las variables fiscales, monetarias y cambiarias en los años sesenta, tales como devaluación, reducción salarial a los empleados públicos y un permanente equilibrio fiscal y monetario.
Las políticas económicas se caracterizaron por mantener los equilibrios macroeconómicos básicos, que fue uno de los determinantes de aquel crecimiento económico en esos primeros años de democracia.
Es cierto que se aplicaron política comerciales reguladoras y proteccionistas, dado que la estrategia de desarrollo adoptada fue la de estimular y consolidar el crecimiento de la economía privada nacional apoyada por el Estado, de manera que éste ejecutaba las grandes inversiones y de mayor riesgo, e impulsaba al sector privado para que asumiera las inversiones mas rentables y de menor riesgo, pero se tenía claro que esa estrategia de desarrollo tenía un límite: el mercado interno.
En efecto, la fase inicial de aquella estrategia, consistía en utilizar las divisas del petróleo como palanca de desarrollo del resto de la economía. En tal sentido, se articularon las inversiones productivas y de infraestructura social cónsona con el desarrollo económico, con medidas monetarias para impulsar el crecimiento del mercado interno, sin recurrir a emisiones de dinero inorgánico.
Pero esa manipulación monetaria de la demanda tenía un límite a partir del cual, de continuar aplicándola, se produciría una caída de la productividad, por excesivo facilismo y proteccionismo, con lo cual el efecto económico negativo sería inevitable.
Una vez logrado un importante hito en la sustitución de importación de productos de demanda final, el siguiente paso era la sustitución de importaciones de demanda intermedia, pero ello requería de un mercado ampliado, que no existía en Venezuela.
No debíamos seguir forzando el crecimiento del mercado interno mediante la manipulación monetaria de la demanda, era necesario abrirnos al mercado internacional. Y se dieron los primeros pasos en ese sentido ALALC, Pacto Andino, Creación del ICE, modificación de del sistema arancelario, entre otras.
El momento del gran viraje fue 1973-74, pero no lo dimos, y fue allí donde se inicia el desastre, donde malbaratamos los éxitos que habíamos obtenido en los 15 años anteriores.
Con el "boom" petrolero de los años setenta y ochenta, se inicia, en propiedad, la etapa rentista de la economía venezolana contemporánea. Desde entonces incurrimos en la perniciosa creencia de que el desarrollo petrolero es en sí mismo desarrollo económico, y pusimos a depender del mismo al resto de la economía, por lo cual la actividad económica no petrolera que representa en promedio el 80% del PIB se ha hecho mas ineficiente y parasitaria y, en esa medida, nos hemos sumido en una profunda crisis no sólo económica y fundamentalmente social.
Paradójicamente, en la medida en que hemos obtenido un mayor flujo de divisas porque exportamos más petróleo o aumentan sus precios, nuestra sociedad se ha empobrecido, situación que no es culpa del petróleo, sino de la práctica rentista gubernamental y privada.
La avalancha de petrodólares que provocó el "boom" petrolero iniciado en 1974-75, incrementada con el endeudamiento externo, trastornó todos los esquemas de desarrollo equilibrado que había caracterizado a la economía nacional en los primeros 15 años de democracia, produciendo una significativa caída de su productividad y un fuerte deterioro social.
El Estado venezolano dispuso de tal magnitud de recursos monetarios, que lo hicieron prescindir de la productividad de las empresas tanto privadas como públicas y de sus trabajadores. Una importante fracción del consumo no dependió de la productividad de trabajadores y empresarios, sino que, tanto salarios como ganancias, recibieron un excedente sin contraprestación real, que constituyó un subsidio al consumo, abriendo las compuertas para iniciar y exacerbar las políticas que condujeron a las actuales deformaciones estructurales de la economía, a la inflación y al deterioro de las condiciones de vida del venezolano.
Los últimos gobiernos se han preocupado sólo por realizar ajustes económicos y tratar de aliviar las consecuencias sociales de los mismos, sin contar con una estrategia de desarrollo económico y social sustentable. Es necesario ir hacia esa estrategia, lo cual exige ineludiblemente la elevación simultánea de la productividad, la competitividad y la capacitación de los miembros de la sociedad, única vía de desarrollo económico con verdadero contenido social, que al tiempo que proteja a los más pobres, desarrolle las capacidades de la población en general, para que su bienestar sea sustentable.
Todavía persisten concepciones ancladas en los modelos pasados que hoy no son efectivos. Es preciso superar esas concepciones, de lo contrario, los discursos de apertura, modernidad y progreso seguirán siendo frases vacías sin contenido práctico y efectivo y el deterioro económico será indetenible.
La situación actual debe ser revertida, no podemos seguir con una inflación del 35% anual, con peligro de aumentar; el desempleo entre el 14 y el 16% con una población en economía informal que supera el 50% de la población económicamente activa; la productividad nacional en descenso, con un PIB no solamente errático, sino con una tendencia al descenso (para 1996 fue -1,6% mientras el no petrolero fue del -3,6%); la inversión en descenso (salvo la de PDVSA) y especialmente la inversión privada: la inversión bruta fija del sector privado cayó en 1994 en -23,3%, en 1995 en -21,8% y en 1996 en ¡- 32,8%!, lo cual es expresión clara del deterioro del aparato productivo nacional privado, que es el sector que puede impulsar nuestra prosperidad. El consumo privado ha caído en -4% en 1996 y el público en -6%, pero lo mas significativo es que el consumo privado percápita medido en bolívares del 96, para ese año es prácticamente igual al de 1962, lo cual implica que como los bolívares del 96 tienen menor poder adquisitivo que los del 62, estamos peor que en ese año. En conclusión, a excepción del petróleo, el conjunto el resto de la economía sigue manteniendo una marcada y alarmante tendencia descendente.
En el mundo contemporáneo no podemos pensar en un desarrollo económico sustentable, sin integrarnos competitivamente a la globalización de la economía, donde la productividad es la clave. La productividad y la competitividad marcan la diferencia entre los países desarrollados y capacitados y los atrasados e incapacitados. Por tal razón, es que el capital humano capacitado es la variable socioeconómica mas importante hoy en día. Requerimos de la superación creativa de los trabajadores y empresarios a todos los niveles.
Hoy en día, la productividad y la competitividad, marcan la diferencia entre los países desarrollados y capacitados y los atrasados e incapacitados, entre países con mayor soberanía en sus decisiones y los que carecen de ella.
Yo parto de la premisa según la cual, todo plan de desarrollo económico debe tener contenido social y todo plan de desarrollo social debe tener sentido económico, porque lo social y lo económico se refuerzan mutuamente. Todo plan social debe partir de una estrategia clara de desarrollo económico que contemple como elemento medular la elevación integral de la calidad de vida de los ciudadanos.
La inserción de la población venezolana como productora y consumidora en una economía en expansión, nos exige desarrollar actividades productivas que nos integren al mercado mundial, realidad que nos reclama formar la mano de obra necesaria para estos procesos, lo cual requiere de masivas inversiones en educación, salud y servicios sociales en general, que signifiquen una sólida base para elevar la calidad de vida.
La productividad ha sido siempre la clave del desarrollo económico. Actualmente, existe una estrecha relación entre ésta y la competitividad. Las ventajas comparativas, básicas para la productividad, no son suficientes para el desarrollo; requerimos transformarlas en ventajas competitivas, en la calidad que permita diferenciar nuestros bienes y servicios, de aquellos similares producidos por otros agentes económicos, en cualquier otra parte del mundo.
El acceso a los avances científicos, tecnológicos, financieros, comerciales y culturales en general, base indispensable del crecimiento económico y social sustentable, están al alcance de quien sea capaz de utilizar los instrumentos que los interconectan e interpretan la información que fluye a una velocidad extraordinaria. En este sentido, parte importante del contenido social de un plan de desarrollo económico le corresponde al Estado, creando las infraestructuras tecnológicas y formativas de la sociedad para que todos los ciudadanos logren esa capacitación, base de su elevación de calidad de vida.
Venezuela es un país energético. Sin embargo, la energía en general, incluidos el petróleo y la electricidad, por sí sola sólo otorga ventajas comparativas; así un Kw producido por Edelca no es diferenciable de un Kw producido por una compañía de electricidad canadiense o japonesa. Pero, la energía en cualquiera de sus formas es plataforma económica para generar la transformación de ventajas comparativas en competitivas de otros materiales o productos.
Por otra parte, los bienes no transables no tienen la posibilidad de expresarse y consolidarse en el ámbito de la competitividad mundial, salvo aquellos tales como la energía, que pueden constituir plataformas infraestructurales para el desarrollo de los bienes transables, al establecer las bases sobre las cuales se pueden crear y desarrollar éstos.
Dada la correspondencia entre productividad y competitividad, es preciso lograr que los agentes productivos sean capaces de transformar las ventajas comparativas en competitivas, creando las condiciones de competitividad, estableciendo el ambiente que permita a las empresas dicha transformación.
El sector privado tiene la responsabilidad fundamental de la productividad, pero el Estado debe impulsar el desarrollo, mantenimiento de una economía competitiva. Debe tener como objetivo la incorporación total de la sociedad a dichos procesos, sin recurrir a políticas artificiales de pleno empleo y contemplar, como elemento fundamental, la equidad, mediante una adecuada distribución progresiva del ingreso nacional.
Lo que determina la productividad del sector privado, es su capacidad para establecer las condiciones de sus factores productivos, fuerza laboral e insumos productivos, creándolos o formándolos, para desarrollar ventajas competitivas.
Pero, así mismo, es primordial que el Estado consolide la máxima eficiencia, entendiendo por tal, el evitar o eliminar, según el caso, las deformaciones monopólicas y oligopólicas del mercado, así como optimizar la calidad delos servicios públicos esenciales para una mejor calidad de vida de la población: salud, educación, seguridad, distracción y recreación, medio ambiente sano y gratificante, entre otros.
CREANDO EL AMBIENTE PARA LA COMPETITIVIDAD
Es necesario que los agentes productivos sean capaces de transformar las ventajas comparativas en competitivas. Por consiguiente, establecer el ambiente que permita a las empresas crear las condiciones para la competitividad es tarea esencial e indelegable del Estado.
Las políticas macroeconómicas deben mantener los equilibrios ahorro-inversión, fiscal, sector externo y monetario y el manejo sincronizado del tipo de cambio, la tasa de interés y la tasa de inflación, todo ello en coordinación con las políticas dirigidas al aumento de la productividad.
El sector financiero, por su lado, debe canalizar el ahorro hacia la inversión y evitar su traslado a sectores insolventes y a la especulación financiera y cambiaria.
Todo esto exige una revisión y reformulación de las actuales políticas fiscales, monetarias, comerciales y de estímulo al ahorro y a la inversión, y de la reinserción de la política petrolera en el conjunto de la nueva estrategia económica.
A nivel microeconómico y sectorial hay que recomponer la estructura productiva nacional, fortaleciendo los sectores productores de bienes transables internacionalmente, hasta lograr el equilibrio conveniente para el país, entre los transables y no transables y, entre ambos y la economía petrolera nacional.
Se requieren cambios radicales en el manejo de las políticas de incentivos sectoriales, industriales, comerciales y fiscales, a fin de dirigirlas hacia el aumento de la productividad en los sectores susceptibles de transformar sus ventajas comparativas creando cadenas de competitividad.
Deben establecerse las vinculaciones entre las cadenas productivas competitivas, fomentando los nexos de cooperación en cada cadena e intersectorialmente, de manera de conectar las medidas y acciones macroeconómicas con las sectoriales hasta el nivel de las empresas específicas.
Pero, reforzar la capacidad competitiva de Venezuela requiere abrir la economía nacional a la competencia tanto interna como externa; desplegar un intenso trabajo de educación del consumidor, que obligue a las empresas a ofrecer mejores productos y mejores precios. Pero, a fin de someter ventajosamente la economía nacional a la competencia, es preciso que el Estado estimule la productividad y competitividad nacionales.
El Estado deberá ser muy activo en el establecimiento de las condiciones para que las empresas puedan crear y desarrollar ventajas competitivas, fundamentalmente en la dotación de infraestructuras básicas, energía en general, vialidad, seguridad, salud, etc., creando centros y programas de aprendizaje, capacitación, entrenamiento y desarrollo de personas y empresas; fomentando la tecnología para desarrollar las habilidades básicas para generar ventajas competitivas y promoviendo la participación efectiva de las empresas en estos programas, no sólo desde el punto de vista financiero, sino muy especialmente desde el punto de vista operacional.
El Estado también deberá crear, mantener y desarrollar instituciones oficiales de estadística, información y bases de datos sobre tecnología e investigación de operaciones, de mercado y mercadeo, que presten apoyo logístico y de información a las empresas que deseen establecerse o tengan posibilidades de crear ventajas competitivas y, además, facilitar y apoyar la instalación de instituciones de servicios de consultoría y de asistencia técnica para la realización de proyectos.
Finalmente, el capital humano en Venezuela merece una atención especial, como factor fundamental de la productividad y la competitividad. En este sentido, se requiere una reforma educativa que capacite a los agentes económicos para enfrentar creativamente las realidades y necesidades de la globalización. Dicha reforma no puede limitarse al sistema de educación formal de preescolar, básica y superior, sino que debe abrirse y extenderse prioritariamente a las escuelas técnicas y tecnológicas e incorporar a las empresas y sectores conexos para incluir en la reforma, la recapacitación o capacitación, según el caso, de los trabajadores a todos los niveles.
La clave de esta reforma está en la participación efectiva del sector privado en la creación y capacitación del capital humano.
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