LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA SOCIEDAD CIVIL

EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI

Lewis Pérez

Venezuela vive hoy momentos únicos en su historia republicana y democrática. Una profunda crisis económica, que ha afectado a todos los sectores de la población, se conjuga a la vez con una expansión de nuevos participantes en la escena política y en la convivencia social. Es la aparición de una sociedad civil moderna, que ha crecido y se ha diversificado a la par de la transformación del país, de la complejización y descentralización del Estado venezolano y, por qué no decirlo, a la par del agotamiento del modelo económico, político y social que fue posible mantener con la abundancia petrolera, y que ha hecho crisis a causa de la conflictividad propia de las sociedades que, como la nuestra, se encuentran en proceso de evolución.

Esta evolución ha significado, que en unas pocas décadas hayamos pasado de una Venezuela agrícola, centralista y escasamente urbanizada, a una Venezuela moderna, plural y descentralizada, con grandes instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, que han permitido, en un proceso no exento de dificultades, la construcción de una sociedad de oportunidades igualitarias, mejor preparada y más exigente de participación y de toma de decisiones en los asuntos que le son más cercanos.

Por eso, en momentos cruciales y definitorios de nuestro porvenir, es propicia la ocasión para compartir algunas reflexiones en torno al papel que deben jugar los partidos políticos y la sociedad civil, en un mundo de cambios y transformaciones como el que vive nuestra democracia.

Y es oportuna esta ocasión porque en días recientes, han vuelto a aparecer comentarios respecto a la credibilidad de los partidos políticos y de la satisfacción de los venezolanos con los logros de nuestra democracia.

Es cierto que nuestra democracia y sus instituciones tienen compromisos pendientes y debilidades por superar. El centralismo, el clientelismo y el partidismo exacerbado, nos han distanciado de una parte de la sociedad civil. Los problemas sociales se han extendido y profundizado. Los servicios públicos se han vuelto ineficientes y los sistemas educativo, judicial y de salud, se han vistos desbordados por su incapacidad para responder y satisfacer las necesidades básicas de nuestra población. En suma, las grandes dificultades por las que atraviesa el país, ha obligado al Gobierno Nacional a emprender recientemente un severo programa de reorientación económica, en la búsqueda de un reordenamiento económico y social que, esperamos todos, sea más justo y más equitativo.

Sin embargo, esta situación no debe usarse para el pesimismo apocalíptico, nada nuevo en Venezuela, que no cesa de proclamar el fin de los partidos políticos y de nuestra democracia. No hagamos demagogia: es un hecho definitivo, la gente piensa que la democracia es el sistema de gobierno preferible, antes que ningún otro, y tiene fe en que es perfeccionable. Y en eso coincidimos todos los venezolanos. Por tanto, no es atacándola como vamos a satisfacer las expectativas de la población respecto a la democracia. Es identificando sus problemas y tratando de buscarle salidas a la crisis, con profundo optimismo constructivo, perfeccionando los mecanismos democráticos y promoviendo la participación de la gente. Este es el reto y no el regodeo en el catastrofismo.

La democracia es el mejor sistema político para ejercer plenamente nuestras libertades y la nuestra tiene virtudes indiscutibles, una de las cuales es precisamente su capacidad para transformarse. Es verdad que los cambios necesarios para mejorarla no se han producido con la velocidad que la mayoría de los venezolanos desearíamos. Pero, hay que tener presente que, en un régimen de libertades, el debate y la confrontación de ideas y de propuestas afectan inevitablemente el ritmo de los cambios.

Hemos avanzado. La democracia venezolana no está petrificada. Durante los últimos años el país ha sido un hervidero de discusión y acción transformadora. Se han generado importantes reformas, cuya trascendencia, sin duda, será registrada por la historia. Mucha gente todavía no alcanza a reconocerlas. Y es que, en la medida en que estas reformas se han concretado, otras demandas se han ido formalizando, lo que representa una demostración de que la gente, los ciudadanos, la sociedad civil, ya han alcanzado la madurez que les permite exigir más democracia. Este es, en sí mismo, un gran logro de nuestro sistema democrático.

Son innegables los avances para superar los déficits democráticos. La descentralización, la escogencia directa de gobernadores, el rescate de la figura del alcalde y su elección directa, la adopción de un nuevo sistema electoral que abrió sus puertas a la uninominalidad y la irrupción de nuevas formas de organización social, son muestras de esto. Los partidos políticos han jugado un rol estelar en el desarrollo y fortalecimiento de todo este proceso, que, poco a poco, ha dado lugar al mejoramiento de los mecanismos de participación civil y de negociación sociopolítica, herramientas claves para el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia.

En una sociedad tan compleja como la nuestra, la democracia no sería posible sin la actividad de los partidos políticos, pues sólo su presencia garantiza el debate, el acuerdo y el consenso en medio de nuestras diferencias, cuya ocurrencia es propia de la convivencia social. Pero lo más importante es que, con estas reformas, los partidos también han iniciado un proceso de reflexión en torno a la necesidad de su transformación y de un nuevo liderazgo basado en el concepto de la acción social comunitaria.

Hoy, los partidos políticos reconocen que deben ser organizaciones abiertas, representativas de la colectividad y promotoras de la participación ciudadana. El desarrollo que ha logrado la democracia venezolana exije hoy partidos permeables, transparentes, dispuestos a recibir la opinión y los criterios de la sociedad civil y de todos los sectores del país. Ese es el verdadero camino para demostrar que la política es en realidad una actividad noble que tiene como objetivo fundamental la búsqueda del bien común.

Efectivamente, las nuevas realidades políticas, económicas y sociales del país y los avances en el proceso de descentralización, exigen de los partidos políticos un nuevo liderazgo, basado en la promoción de reformas y consensos que permitan dirigir, conjuntamente con la sociedad civil, proyectos territoriales de desarrollo económico y social. Es aquí donde observamos el nuevo papel que tienen los partidos políticos: impulsadores de la creación y desarrollo de nuevas relaciones entre la sociedad civil y los asuntos públicos, de una forma moderna, activa y participativa, donde la solución de los problemas y la prestación de los servicios sea producto del consenso entre los diversos actores del desarrollo municipal y local.

La moderna sociedad civil, exige la creación de nuevos espacios para el acuerdo y la negociación entre los distintos niveles de gobierno y muy especialmente, con sus gobiernos locales: Alcaldes, Juntas Parroquiales y las comunidades. En estos tiempos, el éxito del manejo de los servicios dependerá en buena medida de la ampliación de la descentralización hacia los municipios y la sociedad civil, del mayor acercamiento del ciudadano con sus gobernantes y de una mayor identificación de las responsabilidades del Estado y del Municipio. Si bien en tiempo pasado se justificaba, hoy los partidos no pueden pretender el monopolio de la vida social y política.

Gracias al proceso de descentralización, hemos visto la emergencia de importantes fuerzas productivas en nuestras regiones y comunidades, precisamente en momentos en que atravesamos uno de los períodos más difíciles de nuestra historia democrática, que nos exige el esfuerzo, el consenso y la participación de todos para el logro de nuestros objetivos de desarrollo social.

Los partidos políticos deben ser promotores de este cambio, creando los canales de participación de la sociedad civil en la orientación de los gobiernos locales, defendiendo los intereses de todas las comunidades y procurando el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Los partidos políticos deben ofrecer a sus mejores activos y lo mejor de su liderazgo, promocionando sólo la eficiencia y la rectitud en el ejercicio de la gestión pública nacional, regional y local. Sólo el esfuerzo conjunto y organizado entre Partidos y Sociedad Civil permitirá hacer de nuestras localidades verdaderas unidades de desarrollo económico y social.

A través del trabajo conjunto entre partidos y sociedad civil, los municipios deben convertirse en unidades geográficas de convivencia política y de equilibrio y armonía social, con sólidas organizaciones vecinales que orienten la participación comunal en los procesos de desarrollo local e incorporen su experiencia en la solución de los problemas, con partidos políticos que reconozcan que el nuevo municipio requiere de un nuevo perfil del Alcalde y el Concejal, actuando como líder social, líder comunitario, servidor público y sobre todo, como un buen ciudadano.

Señoras y señores....

Esta que hoy vivimos, es otra Venezuela. Es una Venezuela consciente de lo que desea. Que rechaza la demagogia y el sectarismo. Es una Venezuela preparada que ejerce su derecho de opinar y que defiende sus espacios de participación civil. Estamos en un país en el que ya no tienen cabida los viejos mecanismos de vinculación entre los ciudadanos y los partidos.

Estamos obligados a cultivar nuevas formas de comunicación, participación y representación popular. Las viejas fórmulas de comunicación, que respondían a otros momentos y realidades, ya no sirven para esta Venezuela moderna. Tenemos que readaptar esos mecanismos a las exigencias de este momento. Si no lo hacemos, estaríamos condenándonos a nosotros mismos.

La nueva realidad social es crítica de los partidos, pero también lo es del resto de las instituciones que hacen vida política, económica, social y cultural en nuestro país. Debemos reconocerlo con franqueza y poner nuestro mejor empeño en recuperar la fé de la gente en sus instituciones democráticas.

La nueva sociedad civil exige cambios sobre la base de la ampliación y modernización de los criterios de igualdad y justicia ante la ley, igualdad de oportunidades de progreso y desarrollo, y justicia en la distribución de responsabilidades, deberes y derechos. La sociedad civil exige también que el liderazgo político reconozca los nuevos criterios de la participación, de la descentralización, de la necesidad de un nuevo proyecto económico, que permita alcanzar la eficiencia y la productividad, y que los beneficios sociales sean el resultado de la riqueza producida por la suma del trabajo de todos los venezolanos. La sociedad civil exige cambios ante un ambiente económico y social altamente deteriorado.

Debemos reconocer que mientras más demoremos los cambios económicos y sociales, más rápidamente se incubará la intolerancia en nuestra sociedad civil. No hay solución política posible a los peligros que acechan a la democracia, si no echamos a andar un nuevo proyecto nacional en el cual se faciliten las soluciones a los problemas económicos y sociales.

Las posibilidades del refortalecimiento de la democracia y de la reconquista de una Venezuela de progreso está frente a nosotros. Sociedad civil y partidos políticos debemos participar afanosamente en el trabajo de revitalización de las instituciones que soportan nuestro sistema político, y profundizar el ejercicio cotidiano de los valores democráticos en nuestra sociedad. Abstenernos y no participar, dejará vacíos y proporcionará espacios para aquellos que peligrosamente nunca han querido respetar nuestra democracia, pero si vivido de ella.

Ninguna reforma política, por importante y trascendente que sea, será suficiente si tanto el liderazgo nacional, regional y local como la sociedad civil, en un esfuerzo responsable y conjunto, no logran un consenso en torno a una transformación del modelo de desarrollo económico y social a mediano y largo plazo, que permita reencontrarnos con la fe en la democracia y con la esperanza de una mejor calidad de vida para todos los venezolanos.

13 de mayo de 1996

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