DESAFIOS DEL DESARROLLO SOCIAL EN VENEZUELA
Lewis Pérez
Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática
Venezuela está urgida del diseño y ejecución de una estrategia de desarrollo social de la que, en estos momentos y desde 1974, carece. Esta estrategia de desarrollo social tiene que enmarcarse en las nuevas realidades económicas mundiales y regionales, a saber, la apertura económica, la competitividad, la productividad y la globalización.
El país requiere de una estrategia que integre como dos variables profundamente correlacionadas al desarrollo económico sustentable con el desarrollo social, sencillamente porque lo uno sin lo otro es irrealizable.
Entre 1959 y 1973, la estrategia social que acompañó a la política económica de industrialización por sustitución de importaciones, generadora de empleo sin inflación, se fundamentó en la masificación de la educación, en la construcción de una infraestructura educativa expandida en el territorio nacional, en el desarrollo infraestructural de los servicios de salud y, valga mencionar, en servicios recreativos de calidad para los trabajadores y la clase media (INCRET, Instituto de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, balnearios populares, parques, entre otros).
El resultado de esta primera etapa democrática de desarrollo económico con desarrollo social fue altamente exitosa. En efecto, entre 1959 y 1973, Venezuela tuvo el mayor crecimiento de América Latina 6% interanual , con inflación máxima del 3% al año y una clara elevación de la calidad de vida del venezolano. Logramos un grado de industrialización nunca antes visto en el país; se estableció la mayor red latinoamericana de infraestructura vial y productiva y una importante red de servicios sanitarios y educativos; se obtuvo el mayor crecimiento del sector agropecuario nacional. En esos quince años, el nivel de desarrollo social alcanzado fue cónsono con el del crecimiento económico, sin recurrir a medidas compensatorias, a pesar de haber tomado drásticas medidas de ajuste en las variables fiscales, monetarias y cambiarias en los años sesenta, tales como devaluación, reducción salarial a los empleados públicos y un permanente equilibrio fiscal y monetario.
Con el "boom" petrolero de los años setenta y ochenta, se inicia, en propiedad, la etapa rentista de la economía venezolana contemporánea. Desde entonces incurrimos en la perniciosa creencia de que el desarrollo petrolero era en sí mismo desarrollo económico y social, y pusimos a depender del mismo al resto de la economía, por lo cual la actividad económica no petrolera que representa el 80% del PIB se ha hecho mas ineficiente y, en esa medida, nos hemos sumido en una profunda crisis no sólo económica, sino fundamentalmente social.
Paradójicamente, en la medida en que hemos obtenido un mayor flujo de divisas porque exportamos más petróleo o aumentan sus precios, nuestra sociedad se ha empobrecido, situación que no es culpa del petróleo, sino de la práctica rentista gubernamental y privada.
La avalancha de petrodólares que provocó el "boom" petrolero iniciado en 1974-75 trastornó todos los esquemas de desarrollo equilibrado que caracterizó a la economía nacional, produciendo una significativa caída de su productividad y un fuerte deterioro social. El Estado venezolano dispuso de suficientes recursos monetarios que lo hicieron prescindir de la productividad ciudadana. Una importante fracción del consumo no dependió de la productividad de trabajadores y empresarios, sino que, tanto salarios como beneficios, recibieron un excedente sin contraprestación, que constituyó un subsidio al consumo, abriendo las compuertas para iniciar y exacerbar las políticas que condujeron a las actuales deformaciones estructurales de la economía y al deterioro de las condiciones de vida del venezolano.
En 1989, dado el evidente colapso del modelo rentista, se restablecieron los equilibrios macroeconómicos y se inició un proceso de reformas estructurales y coyunturales importantes.
Entre 1989 y 1992 los resultados económicos fueron positivos: el PIB creció durante 1990, 1991 y 1992: 5,3%; 9,2%; y 7,3%, respectivamente, después de una caída del 8,6% en 1989. Las exportaciones no petroleras se reavivaron; se redujo el déficit fiscal y la tasa de inflación empezó a desacelerarse después de un fuerte salto de 81% en 1989, para ubicarse entre el 36,5% y el 31% entre 1990 y 1992. Sin embargo, el plan de ajuste económico no integró una estrategia de desarrollo social, ni una estrategia política de gobernabilidad del cambio.
El plan de 1989, aunque contempló medidas compensatorias como paliativos al impacto social de los ajustes económicos, las cuales, por cierto, se mantienen hasta ahora, las mismas no fueron derivadas de una estrategia de desarrollo social, ni lo están hoy en día. Es evidente, que al tratarse de paliativos, su efectividad en cuanto a la mejoría y elevación de la calidad de vida del venezolano ha sido altamente ineficiente.
Cuando hablamos de estrategias y planes de desarrollo social, no podemos ni debemos seguir pensando solo en medidas compensatorias. De hecho, desde la década de los setenta, en Venezuela carecemos de estrategia y planes de desarrollo social, a pesar de que tanto en el VIII Plan de la Nación como ahora en la Agenda Venezuela se afirme y divulgue que son planes con gran contenido social. Los hechos demuestran lo contrario.
Yo parto de la premisa según la cual, todo plan de desarrollo económico debe tener contenido social y todo plan de desarrollo social debe tener sentido económico, porque lo social y lo económico se refuerzan mutuamente. Todo plan social debe partir de una estrategia clara de desarrollo económico que contemple como elemento medular la elevación integral de la calidad de vida de los ciudadanos.
En el mundo contemporáneo no podemos pensar en un desarrollo económico y social sostenido y sustentable, sin integrarnos competitivamente a la globalización de la economía, donde la productividad es la clave. La productividad y la competitividad marcan la diferencia entre los países desarrollados y capacitados y los atrasados e incapacitados. Por tal razón, es que el capital humano capacitado es la variable socioeconómica mas importante hoy en día. Requerimos de la superación creativa de los trabajadores a todos los niveles.
El sector privado tiene la responsabilidad fundamental de la productividad, pero el Estado debe impulsar el desarrollo y mantenimiento de una economía competitiva. Debe tener como objetivo la incorporación total de la sociedad a dichos procesos, sin recurrir a políticas artificiales de pleno empleo y contemplar, como elemento fundamental, la equidad, mediante una adecuada distribución progresiva del ingreso nacional.
El acceso a los avances científicos, tecnológicos, financieros, comerciales y culturales en general, base indispensable del crecimiento económico sustentable y del desarrollo social, están al alcance de quien sea capaz de utilizar los instrumentos que los interconectan e interpretan la información que fluye a una velocidad extraordinaria. En este sentido, parte importante del contenido social de un plan de desarrollo económico le corresponde al Estado, creando las infraestructuras tecnológicas y formativas de la sociedad para que todos los ciudadanos logren esa capacitación, base de su elevación de calidad de vida.
Los últimos gobiernos se han preocupado en aliviar las consecuencias sociales de los ajustes económicos. Ahora debemos ir hacia una estrategia nacional de desarrollo social, que al tiempo que proteja a los más pobres, desarrolle las capacidades de la población en general, para que su bienestar sea sustentable.
Una estrategia de esta naturaleza deberá tener dos objetivos básicos:
Asegurar la protección de los grupos más vulnerables de la población.
El Estado no puede eludir la responsabilidad de proteger a grupos particularmente vulnerables de la población durante los procesos de ajuste y desarrollo de la economía, pero no con "paliativos", sino estableciendo una red de seguridad integral para las personas que puedan padecer de los efectos de dichos ajustes hoy y de eventuales fluctuaciones económicas adversas, mañana.
La inserción social de la población venezolana como productora y consumidora en una economía en expansión, nos exige desarrollar actividades productivas que nos integren al mercado mundial, realidad que nos reclama formar la mano de obra necesaria para estos procesos, lo cual requiere de masivas inversiones en educación, salud y servicios sociales en general, que signifiquen una sólida base para elevar la calidad de vida.
Sólo reconociendo que la política social es en sí tan económica como la política económica, y viceversa, es que podemos generar un crecimiento social y económico sustentable y es lo que nos permitirá alcanzar el objetivo medular de las reformas estructurales y desarrollo de la economía: integrar a los pobres al desarrollo económico para mejorar sus condiciones sociales.
Sólo en el marco de una economía en crecimiento, con productividad y salarios en aumento y servicios sociales mejorados, una gran porción de los pobres logrará escapar de la pobreza. Pero ello nos exige un nuevo ordenamiento institucional del sistema de prestación de los servicios sociales, de forma que permita aumentar la eficiencia de su producción y focalizar los recursos disponibles.
Debemos crear y mantener un marco macroeconómico estable que estimule la inversión en capital social y mejor calidad de vida. Debemos modificar el actual sistema presupuestario basado en derechos burocráticos históricamente adquiridos, por uno basado en asignaciones presupuestarias determinadas por los servicios requeridos y prestados, para lograr mayor eficiencia del gasto fiscal. Ello implica la voluntad de reestructurar el gasto público.
Debemos impulsar la descentralización de responsabilidades y autoridad del Estado hacia los gobiernos regionales y municipales, como mecanismo para resolver los problemas cerca de la gente, pero cuidando que las burocracias locales no sean más depredadoras que la burocracia centralizada. Ello requiere de la comunidad, una mayor presencia, participación y contribución al financiamiento en las acciones de sus gobiernos locales.
Debemos buscar fuentes alternativas para financiar los servicios sociales. La focalización y el cobro de servicios son opciones que permiten mejorar la prestación de estos servicios. La focalización permite asignar los escasos recursos disponibles a los grupos que más lo necesitan y el cobro de los servicios es efectivo porque permite a los usuarios escoger entre prestadores alternativos de servicios sociales. Pero se requiere tener los costos bajo control, lo cual es impulsado por la competencia que genera la escogencia entre diversos suplidores de servicios por parte de los usuarios. No obstante, dado que es derecho de todo ciudadano lograr un nivel adecuado y aceptable de educación, salud y seguridad social, debemos mantener el concepto de universalidad. Estoy pensando en los grupos sociales más pobres y vulnerables.
La reforma del sistema de servicios sociales debe abarcar tres aspectos fundamentales:
1. Definición e instrumentación de una concepción global de la política social.
Debemos pasar de la actual dispersión institucional a la coherencia y cohesión institucional; de la fragmentación de la política social, donde cada institución opera sin una estrategia integrada, a políticas coherentes con la estrategia de desarrollo social. Una sola institución debe tener la responsabilidad de definir la estrategia global, el conjunto de objetivos de cada programa, las reglas de financiamiento y el contenido de las acciones, pero no debe tener ninguna responsabilidad operativa y solo actuar como coordinadora de las instituciones del área social. Se debe legitimar su papel de coordinadora que debe organizar el sistema de servicios sociales. Se la debe dotar con personal del más alto nivel, con el objeto de poder apoyar eficientemente el desarrollo de la capacidad técnica y gerencial en el resto del sistema.
2. Fortalecimiento de la capacidad tecno-gerencial del sistema.
La característica actual es el inadecuado uso del personal calificado, las malas prácticas gerenciales y gran debilidad para formular proyectos, producto de las presiones por expandir la cobertura de los servicios y de las prácticas presupuestarias sin criterios técnicos, que dan como resultado la continua expansión de las partidas de personal dentro de los presupuestos sociales, en detrimento de los servicios prestados a los usuarios. Por lo tanto, es necesario crear y mejorar la capacidad gerencial de las instituciones para planificar y formular proyectos.
3. La descentralización del control y la organización de los servicios sociales para aumentar la participación de la sociedad civil.
Por razones de eficiencia y de equidad se requiere descentralizar los servicios. Sin embargo, esto no debe ser sinónimo de creación de burocracias locales. Debemos distinguir entre producción, financiamiento y acceso a los servicios sociales, etapas en las cuales puede haber diferentes participaciones del Estado y del sector privado, sin descartar el mecanismo de mercado el cual puede y debe usarse para aumentar el control del servicio por parte de los usuarios.
Como hay el peligro de que las comunidades más pobres sean dejadas a cargo de sus propios servicios, se corre el riesgo de caer en un círculo vicioso de financiamiento y baja calidad de los servicios. Por consiguiente, el Estado debe desarrollar patrones de calidad adecuados, vigilar su cumplimiento y contar con el apoyo de personal técnico para informar a los usuarios y a la comunidad acerca de necesidades, demandas y costos.
No podemos ignorar los problemas que plantea el aparato tradicional de prestación de servicios de educación, salud y seguridad social. Requerimos crear un nuevo consenso alrededor de la política social para resolver los dilemas que generan la producción, el financiamiento y el acceso a los servicios sociales. En consecuencia, es necesario el desarrollo institucional de los servicios sociales.
Por último, es preciso lograr el consenso de fuerzas para superar las ineficiencias del sistema de servicios sociales para el logro del bien común, lo cual va más allá de las necesarias soluciones organizativas.
Una efectiva estrategia de desarrollo social para Venezuela, es aquella capaz de impulsar la posibilidad real de trabajo para la gente a través de un desarrollo armónico y sustentable, lo cual sólo es posible integrándonos a la competitividad mundial y a la integración regional. Por esta vía, se abrirán diversas y fructíferas áreas de producción y empleo, que redundarán en la elevación de la calidad de vida del venezolano.
En este contexto, se requerirá de un proceso de negociación y consulta entre todos los sectores de nuestra sociedad, que propicie el consenso necesario en torno a las transformaciones que han de realizarse para el logro de esta estrategia de desarrollo social, tomando en cuenta las nuevas realidades impuestas tanto por la globalización a nivel internacional, como por la descentralización y el relanzamiento del crecimiento económico, a nivel nacional, máxime si consideramos la urgente necesidad de introducir modificaciones de fondo en la actual estructura del gasto público, y fundamentalmente en el gasto social.
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