Sin embargo, los empresarios del “nuevo gobierno” han empezado a mostrar sus objetivos concretos. La energía nacional tendrá que ser abierta al mercado. Como en los “viejos” gobiernos, con normas menores que minan y destazan la Constitución; contratos en PEMEX y generación de energía en CFE. La apertura empezó con la modificación de la Ley reglamentaria en 1992, cuando se permitió la participación del capital privado en la generación de electricidad.

Ahora, se avanza en el camino de la privatización. Gigantes de la electricidad como Intergen, EDF International, Electricité de France, Mitsubishi Corporation, Nichimen Corporation, Iberdrola, Unión FENOSA y ENRON, están presentes ya en el “mercado de la generación” así como en la distribución de gas natural o en programas de reestructuración de las empresas de energía. No sólo están en el mercado, sino que presionan para comprar las empresas nacionales. Están presentes porque saben que las empresas eléctricas son un negocio, rentable y con futuro. Ganancia e interés son su objetivo, antes que crecimiento nacional y desarrollo soberano.

Hay además otro camino. La debilidad financiera y el recorte del presupuesto federal. No se venden los activos, pero no se incrementan los presupuestos. Se mantiene la propiedad estatal, pero se debilita su fuerza financiera. Se ataca a las empresas por doble sentido, negando su fortaleza financiera y achacando trastornos graves de competencia y eficacia. Argumentando costos elevados a los contratos colectivos, así como ineficacia de sus trabajadores. Mientras que por otro camino se mantiene el pago de una deuda externa inmensa y un fondo financiero para la “banca nacional”, con el IPAB-Fobaproa. Los viejos programas son las metas del “nuevo gobierno”.

Ahora, una nueva amenaza se vierte sobre el poder adquisitivo de la clase media y baja. Se pretende hacer caer sobre el bolsillo de los usuarios domésticos, un incremento desproporcionado e injusto a las tarifas de la energía eléctrica. Con el bautizo de “eliminación del subsidio”, el gobierno anuncia la obtención de 10 mil millones de pesos, equivalentes al 25% del subsidio total de la tarifa doméstica.

El escenario se prepara, no solamente para imponer este desigual incremento en las tarifas domésticas, sino como un primer paso a la privatización de la industria eléctrica nacional, que de acuerdo a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), consiste en lograr un rechazo público hacia el servicio que se pretende privatizar.

En el pasado no hubo pálidas defensas de la venta de la banca nacional, a la banca internacional. No hubo reclamo alguno con el sostenimiento de esos fondos financieros aún pagaderos para la “nueva banca nacional”. Nadie se ha escandalizado del pago sistemático de la enorme deuda externa, que este año será de 20 mil millones de dólares ni de los intereses acumulados del Fobaproa, para la “banca nacional”, de 200 mil millones de pesos.

En cambio hoy se fomenta, por todos los medios posibles, un ambiente de linchamiento social, contra los Derechos Constitucionales de los trabajadores y un ataque directo contra los Sindicatos así como contra el pago en especie de algunas prestaciones, estipuladas en la Ley Federal del Trabajo. El Sindicato Mexicano de Electricistas se opone, en forma categórica, a esta visión de país y a esta descalificación del Derecho Obrero.

Por ello, de nueva cuenta alertamos al pueblo de México, convocamos a todas las expresiones de la sociedad mexicana así como a nuestros representantes parlamentarios, para detener esta nueva ofensiva a la propiedad de la Nación y a su Soberanía, y, manifestamos:

1. Se asegura que los usuarios con consumo mensual de 125 kw-hr/mes o menos, no sufrirán afectaciones y que en esta condición están el 75% de las familias mexicanas. Pero no se demuestra lo que se afirma; por el contrario, las cifras disponibles de Luz y Fuerza del Centro, demuestran que para lograr proteger a esa cantidad de servicios domésticos se necesitaría  elevar el consumo exento de 125 al menos a 200 kw-hr/mes.
2. El retiro del subsidio no es beneficio para persona o consumidor alguno. Esta medida afectará con un incremento promedio del 70% en las tarifas de consumidores pequeños (126 kwh/mes) e irá disminuyendo para quienes más consuman (700 kwh/mes), hasta llegar al 10%. Los que consuman menos pagarán más, inevitablemente son los hogares de menores ingresos.

3. Para las zonas extremas, se hace indispensable el uso de “climas artificiales” y el retiro del subsidio afectará sus condiciones de vida. La tarifa será onerosa, sin duda alguna, golpeará a la ya de por sí crítica situación de alto consumo forzoso que los climas extremosos imponen. La medida de conseguir créditos para compra de electrodomésticos de ahorro de energía resulta una burla, producto de la fantasía neoliberal.

4. De acuerdo a la información estadística de Luz y Fuerza, para el año 2000, al consumo industrial se aplicó el 60% del subsidio total, otorgado por el Gobierno Federal. No se puede pensar en una estructura tarifaria con orientación social, sin tocar a los industriales y recargándose como siempre en los que menos tienen.

Tendremos que detener las presiones de las grandes corporaciones eléctricas. Convocamos al pueblo y todos los mexicanos que desean una patria justa, democrática con trabajo y futuro soberano. La energía eléctrica, como lo señala la Constitución, es una industria estratégica para el crecimiento independiente así como la decisión soberana de nuestra Nación. El retiro de los subsidios responde a esas presiones, para hacer más atractiva la privatización de las empresas eléctricas propiedad de la Nación y eje del desarrollo social de nuestro pueblo.

Hoy como ayer, el Constituyente de 1917 forjó trayectoria y visión histórica para construir una Nación soberana con desarrollo social, con trabajo, democracia e independencia. Ni desviaciones ni sumisión, que sea la norma la forma, por el camino del 27, del 28 y 123 constitucionales. No más pero tampoco menos.

En la defensa irrestricta de la industria eléctrica nacionalizada,

ni un paso atrás.