Hay 350 grandes consumidores que consumen ellos solos el 30% del total de la energía generada por el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Con ellos (que denomina como CONSUMIDORES "CALIFICADOS") pretende la Secretaría de Energía un sistema en donde "la competencia" se desarrollará en un ambiente de "Mercado Eléctrico Mayorista" (MEM).

Para que este MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) pueda existir se necesitan establecer las siguientes premisas:

1. Las plantas generadoras deben de pertenecer a diferentes dueños.
2. Debe de haber un considerable exceso de generación.

Para lograr este objetivo la Secretaría de Energía pretende llevar a adelante las siguientes acciones:

1. Modificar el régimen de propiedad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado actual, o sea, modificar los artículos 27 y 29 de la Constitución para que 168 plantas generadoras de electricidad termoeléctricas (de turbinas de gas, vapor y de ciclo combinado, de combustoleo, de gas natural y de carbón), hidroeléctricas (con turbinas pelton, francis y kaplan o de hélice), geotérmicas y una planta eólica; con 570 unidades generadoras; 74 mil kilómetros de líneas de transmisión, de 400,000 V, 230,000 V y 115,000 V; y por último los sistemas de distribución con 592,000 kilómetros de líneas de media y baja tensión, aérea y subterráneas (cerca de 15 veces la circunferencia de todo el Planeta), PROPIEDAD DE LA NACIÓN, pasen a manos privadas nacionales o extranjeras, vendidas directamente, o como concesión a 30 y hasta 50 años, renovable.

2. Crear una nueva Ley Federal de la Industria Eléctrica, Reglamentos y cuantas leyes secundarías hagan falta.

3. Crear nuevas leyes y reglamentos para la Secretaria de Energía y para la Comisión Reguladora de Energía.

4. Centralizar en la Secretaría de Energía la totalidad del poder de decisión dentro de lo que quede de la Industria Eléctrica.

5. Dividir en partes todo el Sistema Eléctrico, tanto la generación como la distribución, esta última convertida en varias "Empresas Regionales" con diferentes dueños cada una; y la transmisión "concesionada" a un solo dueño por al menos los próximos 30 años.

6. Inventar toda clase de "reglas" para hacer funcionar el MEM, y reglamentar sobre los conflictos entre propietarios que con toda seguridad aparecerán en un sistema de "competencia" en donde la base de funcionamiento es la confrontación de intereses (los problemas de los "usuarios no calificados" se le dejan a que los resuelva la PROFECO).

7. Destrucción y "reestructuración" de todos los sistemas administrativos con los que trabajan actualmente tanto CFE como LFC.

8. Desaparición de las empresas estatales que actualmente operan el sistema, es decir, CFE y LFC.

9. Crear reglas para simular que existe "competencia" entre los nuevos dueños de las empresas regionales de distribución, dado que según la propia Secretaria de Energía, la distribución conforma de todas maneras un "monopolio natural" y confiesa no poder establecer ahí una competencia real, y

10.Crear el COSEN (Centro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional), organismo que además de operar el sistema eléctrico añadiendo el control de precios por hora a la estabilidad del sistema, manejará el "mercado eléctrico", cobrará y pagará a los diversos integrantes del sistema, servirá de árbitro, vigilará a los concesionarios, será intermediario entre "productores" y "comercializadores", establecerá y aplicará tarifas y verá que se den "incentivos" (el factor K) a los inversionistas (a cargo de los usuarios, desde luego) y que los usuarios calificados se encuentren a gusto y no tengan el menor problema.

Estas acciones, aplicadas en tres etapas, para ir viendo si funcionan o no, serían llevadas adelante "contra viento y marea" sin tomar en cuenta, más que de un modo ligero y superficial las afectaciones sociales que se producirán en todo el País.

En efecto, no se toman en cuenta o se minimizan las consideraciones siguientes:

1. El Sistema Eléctrico Interconectado actual, representa un " esfuerzo de muchas generaciones para poner verdaderamente al servicio de la población la electricidad con un criterio social, considerando que su uso masivo nos incorpora y acerca a todos ayudando a crear nuestra identidad nacional, a acercamos a la tecnología moderna, a desarrollar una industria nacional y tecnología propia, a buscar y mantener un lugar independiente en el concierto de las naciones y defendemos de la "globalización" agresiva que nos desdibuja como nación y genera dependencia en condiciones de inferioridad sobre todo con respecto a las grandes potencias industriales.

2. Es evidente que el criterio meramente mercantil con el que se ha concebido este proyecto está totalmente reñido con la concepción social que impulsó no sólo la nacionalización de la industria sino sus objetivos primordiales, su manera de desarrollarse y de operar, su legislación y el fin último que se persigue.

3. Existe todo el tiempo como trasfondo del proyecto la preocupación evidente por los inversionistas, por sus ganancias, por incentivarlos, etc. cargando la totalidad del costo a la población, de la cual despreciativamente se olvidan, por ejemplo: no les importa que en zonas que consideran de "poca electricidad' se incremente excesivamente las tarifas (porque proponen tarifas diferentes por regiones siendo la capacidad de "la red de transmisión en la región" la base para fijarlas) y consideran un logro el que la gente ya no pueda utilizar la electricidad por su precio y baje el consumo, ya que "al bajar la demanda se resuelve el problema de la falta de oferta", aunque por eso tengan que cerrar medianas y pequeñas industrias y la gente deje de adquirir y utilizar aparatos "electrodomésticos" y baje su calidad de vida.

4. El proyecto adolece además de falta de conocimientos técnicos de sus proyectistas, a los que todo se les hace fácil; el considerar como "servicios secundarios" (que se cobrarán por separado, si el productor los aporta) a la regulación del voltaje y la frecuencia, es desconocer el grado de afectación que pueden tener estos factores a terceros, los perjuicios a quienes utilizan motores síncronos, la infinidad de trastornos que producen los picos de voltaje, los problemas que producen en las líneas las corrientes reactivas, etc. al grado que podría decirse que la operación del sistema (al menos hasta la fecha) tiene como objetivo mantenerlos estables.

5. El introducir "ruido" dentro del sistema (como es por ejemplo el precio de venta de la energía por hora como un factor que incide en la operación) y llenarlo de intermediarios, forzosamente repercutirá en los precios de venta a los consumidores, especialmente a los domésticos, que además se van a encontrar con que no tienen más que aguantarse pues les va a vender su distribuidor regional del que serán cautivos y éste operará con criterio meramente mercantil cobrando más al que consume poco.

6. Todo el proyecto se sustenta en el concepto de la necesidad de establecer un sistema de "competencia".

Como si la competencia fuera la panacea universal que lo resuelve todo sin querer ver que la única manera de competir consiste en bajar los "costos" a como dé lugar aunque para lograrlo haya que bajar hasta donde sea posible los ingresos de los trabajadores, separar a los más que se puedan, utilizarlos intensivamente hasta donde se pueda o se dejen, evitar todo lo que cueste como el mantenimiento preventivo, los sistemas de protección, etc.; adquirir todo lo más barato posible aunque sea de mala calidad y explotar el equipo al máximo; total si a la larga falla pues ahí está el gobierno listo para entrar al rescate como con las carreteras, el fobaproa, etc.

7. El objetivo final es, en última instancia, el retiro del gobierno de la administración de las industrias estratégicas, dejando a la inversión privada la solución de los problemas que como funcionarios de elección popular les toca enfrentar, como si se quisiera reservar para sí únicamente la función de represor del pueblo, que por lo que parece es la única con la que está a gusto, pero con pésimos resultados, basta con ver su actitud ante los indígenas, los campesinos, los maestros, los estudiantes, los obreros, los pequeños y medianos comerciantes y en general la población civil.