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EL PAÍS, Madrid
Viernes 19 marzo 1999 - Nº 1050
Castilla-La Mancha sancionará los cortes de luz hasta con 500 millones
Iberdrola y Unión Fenosa suministran a la mayor parte de la región
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, por asentimiento, tomar en consideración una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para garantizar la calidad del suministro eléctrico. La futura ley contempla sanciones hasta de 500 millones de pesetas para las compañías suministradoras por los cortes no justificados del suministro de energía eléctrica. La medida afectará sobre todo a tres suministradores en la región: Iberdrola, Unión Fenosa y, en menor medida, Sevillana.
Las autoridades castellano-manchegas -el Gobierno que preside José Bono apoya la iniciativa socialista- tratan de evitar los habituales cortes de energía eléctrica que afectan especialmente a las zonas rurales y también a la capital de la comunidad, Toledo.
Iberdrola y Unión Fenosa se reparten, prácticamente al 50%, el suministro a la región, con Sevillana de Electricidad con una leve presencia en el sur. Iberdrola suministra a la ciudad de Toledo.
Según fuentes cercanas al Gobierno regional, la ley será un aliciente para que las compañías, poco dadas a invertir en conservación y mejora de líneas en zonas de escasa densidad de población, se preocupen por la calidad del servicio que suministran.
Como anécdota, los promotores de la iniciativa recuerdan que en la pasada Nochevieja amplias zonas de Ciudad Real y de Toledo se quedaron sin electricidad durante horas. Los cortes afectaron también a la capital, Toledo.
La futura norma establece que los cortes programados por las empresas distribuidoras deben contar con la previa autorización administrativa y que las interrupciones del suministro deben ser comunicadas a los consumidores afectados, como mínimo, con 24 horas de antelación.
Asimismo establece la obligación, para las empresas suministradoras, de realizar inspecciones periódicas para garantizar la calidad y seguridad de sus instalaciones y una adecuada prestación de su servicio.
En el comunicado hecho público ayer por la Junta de Castilla-La Mancha para dar cuenta de la iniciativa, se afirma que la ley "pretende acabar con la sensación de impunidad de las eléctricas cuando se producen este tipo de irregularidades en el servicio y proteger el derecho de los ciudadanos a un servicio que consideramos básico y que se debe prestar en igualdad de condiciones para todos, vivan donde vivan".
El consejero de Industria y Trabajo de la Junta, José Fernando Sánchez Bódalo, destacó al respecto que, mientras a las compañías se les ha asegurado más de un billón de pesetas en compensaciones por la transición a la competencia, en las normas aprobadas para el sector (Ley Eléctrica de 1997) sólo se estipulan 10.000 millones de pesetas, a invertir en 10 años, para mejora de la calidad eléctrica.
Según Sánchez Bódalo esta situación trae como consecuencia que las compañías inviertan sólo en aquellos lugares donde esperan rentabilizar sus inversiones, por lo que en las zonas que tienen menos consumo o menor densidad de población nadie les puede obligar a invertir.
"No es una ley contra las compañías", aseguró el consejero, "sino una ley que permite acabar con la opacidad, con la falta de transparencia e introducir en este sector la luz para garantizar los derechos de los consumidores, de los usuarios y también de las compañías eléctricas".
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