Esta medidas se decretaron en julio de 1996, pero sólo fueron implementadas en dos penales del país, en "La Capilla", en Juliaca, y "Challapalca", en Tacna. Hace tres meses, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intentaron aplicarlas en el penal de Huancayo, obteniendo como respuesta un motín.

Pedraza indicó: "En 98 por ciento es idéntico al nivel más rígido de las sanciones a los terroristas. El funcionario aseguró que de continuar los intentos del INPE por implementar este sistema en otros penales de país, comenzará una peligrosa ola de protestas de los internos, que podrían terminar en sucesos que lamentar. Anotó que por ello, es necesaria la modificación de éste y otros decretos a fin de hacer más viable la recuperación del interno.
 

"Una hora de patio no es suficiente. Tampoco la visita una vez por semana de familiares directos. Ello implica a los padres, hijos, cónyuges o hermanos. Pero muchos internos no tienen este respaldo familiar. Y un tío o un primo no pueden visitarlo", manifestó.

Recomienda además que se devuelva la facultad a los jueces de otorgar libertad provisional para delitos graves, como terrorismo, robo en banda y secuestro, cuando se concluye que el acusado no está implicado o tiene responsabilidad venial.

Considera necesario también que los beneficios por trabajo y buena conducta, sean asequibles a todos los que cometieron un delito, sin excepción.
 

"El 48 por ciento de la población penal trabaja o estudia con el ánimo de redimir su pena y obtener un beneficio penitenciario. Limitarlo significa quitarle la posibilidad al interno de realizar labores positivas, aunque sólo busque conseguir su libertad", refirió.

De lo contrario -como ocurre ahora- los condenados a penas muy altas se convierten en "internos parias", que no tienen ocupación, que pueden robar o matar por casi nada, porque no tienen perspectivas ni motivación alguna.

La Defensoría está de acuerdo en que es necesario un régimen especial para internos, pero sus objetivos deben buscar la readaptación del reo, y no un mayor alejamiento de la sociedad. "Creemos que el control humanizado del penal tiene una relación muy estrecha con la seguridad", aseveró el especialista en temas penitenciarios.

Según un reciente informe elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre 37 penales de todo el país, el principal problema que tienen es el de hacinamiento.

Hay un 42% de sobrepoblación promedio a nivel nacional. El caso más grave es el del penal de Lurigancho con un índice de 241% de hacinamiento. Le sigue la prisión de Tarapoto, con 195 % y el penal de Mujeres de Chorrillos con un 164 %. Y ello pese a que se han construido 15 nuevos penales a nivel nacional. El problema es que la población penal lejos de disminuir, se ha incrementado en los últimos años, pasando de 18,000 que había a principios de esta década a los 25,500 internos actuales.

Otro aspecto importante se refiere a los servicios de salud. Apenas hay 56 médicos; ocho penales cuentan sólo con un enfermero, y otros cinco no tienen ninguno de los dos. Este inconveniente se acentúa porque hay muchos limitaciones para evacuar al interno cuando necesita asistencia hospitalaria, y ante la falta de medicamentos básicos en los tópicos de los penales.

Prisiones como "Castro Castro" o "Lurigancho", cuentan con pequeñas clínicas adecuadamente instaladas, pero sufren también la carencia de medicinas y material quirúrgico, por lo que poco es lo que se puede hacer por los enfermos.

La alimentación es un tercer problema que preocupa en los penales. Si bien el presupuesto por reo se ha incrementado de 2 a 2.50 soles por día, aún así es insuficiente. La calidad de la comida en algunos penales pequeños es aceptable, pero en las prisiones grandes y hacinadas, los alimentos carecen de las mínimas condiciones higiénicas y tienen muy poco valor proteínico. En general, las raciones que reciben los internos no cubren los requerimientos mínimos necesarios para mantener un buen estado de salud, agravándose en los casos de enfermos, mujeres gestantes y niños.

Los internos que promovieron el motín del miércoles pasado en el penal Miguel Castro Castro, fueron identificados como elementos terroristas y reclusos antiguos que están acusados por delito agravado y son ellos los que pretendieron tomar el control de dicho centro, reveló ayer el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, general PNP (r) Juan Nakandakari.

El citado funcionario, quien también es presidente de la comisión reorganizadora del INPE, hizo un recuento de los últimos sucesos ocurridos en el penal Miguel Castro Castro de Canto Grande, en una breve conferencia de prensa que se realizó en la sala de audiencias Nº 5 del establecimiento penitenciario Lurigancho, luego de una emisión televisiva internacional sobre el proceso de pacificación.

En el penal Castro Castro se rompió la tranquilidad en la madrugada del miércoles cuando once reclusos expresaron su rechazo contra el nuevo régimen que impone el decreto legislativo Nº 003, promulgado el 26 de julio de 1996, que recorta las visitas semanales a un solo día a todos aquellos que están recluidos en establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.

Durante su intervención, el general Juan Nakandakari negó las versiones periodísticas difundidas en diferentes medios de comunicación, sobre una supuesta "huelga de hambre" que realizaron numerosos internos de dicho establecimiento penitenciario, para impedir la aplicación del mencionado dispositivo legal sobre el procedimiento para las visitas de los familiares de los presos.

En el acto también estuvo presente el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta. Asimismo informó que su despacho ha ordenado las investigaciones respectivas sobre los teléfonos celulares que poseen numerosos reclusos del penal Castro Castro, pese al estricto control policial al que son sometidos permanentemente los familiares de los presos durante las visitas de rutina.